El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) alertó sobre graves riesgos de ilegalidad y criminalización en los procesos para elegir al nuevo fiscal general y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala. La advertencia fue emitida al presentar un informe preliminar tras su segunda visita al país.

El informe señala que la criminalización contra líderes indígenas y opositores políticos continúa y opera como un “factor intimidatorio” en el entorno político actual.

Además, el PEI-GT expresó preocupación por la situación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), debido a que su Consejo Superior Universitario mantiene autoridades con mandatos vencidos. Según el panel, esta condición podría invalidar su participación en la designación de magistrados de las altas cortes.

“Resulta inaceptable que personas con mandatos expirados participen o influyan en la elección de magistrados”, indicó el grupo, al advertir que esas irregularidades debilitan la legitimidad democrática y generan inseguridad jurídica.

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Entre sus recomendaciones, el PEI-GT instó a la Corte de Constitucionalidad a establecer un mecanismo prioritario de resolución de amparos relacionados con elecciones de segundo grado, para evitar tácticas maliciosas que frenen los nombramientos.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía y a la comunidad internacional a mantener una auditoría social constante, como forma de vigilancia ante eventuales manipulaciones.

Durante el 2026, Guatemala enfrentará procesos clave para su institucionalidad democrática, como la elección del fiscal general, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Contraloría General de Cuentas, en medio de un ambiente de alta tensión política.

El panel, integrado por especialistas internacionales, continuará con la observación hasta que finalicen las designaciones, e insistió en que solo un proceso transparente puede asegurar la independencia judicial en el país.

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