Guatemala
Congreso avala subir pensiones del IPM al salario mínimo y hacer evaluación financiera
El Legislativo aprobó reformas para garantizar que jubilados del IPM alcancen el salario mínimo, además de estudios para evaluar la sostenibilidad del régimen.
El Congreso apruebó nivelar jubilaciones de militares al salario mínimo, pero el costo real dependerá de estudios actuariales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Los diputados del Congreso de la República aprobaron este martes 17 de marzo una serie de enmiendas a la Ley para la Dignificación de los Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM), con el objetivo de nivelar las pensiones al salario mínimo para quienes aún no lo alcanzan.
Durante la sesión plenaria, los congresistas dieron luz verde a las reformas, que incluyen la realización de estudios actuariales para determinar la situación financiera de la institución.
El artículo sobre estos estudios busca generar información sobre la situación financiera del régimen, en un contexto marcado por denuncias históricas de manejo irregular de recursos, inversiones riesgosas y cuestionamientos por transparencia.
Aunque no determina aún el monto exacto que se deberá asignar, servirá como base para conocer la sostenibilidad del sistema de pensiones del IPM y sus posibles ajustes.
Además, los diputados aprobaron una enmienda que instruye al Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la asignación de dignificación a partir del mes siguiente de la vigencia de la normativa.
La reforma al artículo 2 establece que las jubilaciones y pensiones que, aun con la asignación de dignificación de Q1 mil mensuales, no alcancen el salario mínimo no agrícola vigente para el 2026, recibirán un monto adicional equivalente a la diferencia necesaria para llegar a dicho salario. Este monto asciende a Q4 mil 252.28.
Hasta julio del 2025, el IPM buscaba equiparar al salario mínimo las pensiones de 5 mil 221 afiliados que reciben desde Q500 hasta montos inferiores al mínimo vigente.
En cuanto a otros cambios, se aprobó que, en caso de fallecimiento del afiliado, la asignación de dignificación se calculará como un monto total y será distribuida entre los beneficiarios conforme a los porcentajes legales establecidos, garantizando que la suma corresponda al total asignado.
Aprueban estudios técnicos y nivelación
Uno de los artículos nuevos establece que el IPM deberá efectuar estudios actuariales que evalúen la situación financiera y la sostenibilidad del régimen de previsión en el corto, mediano y largo plazo. Para ello, podrá suscribir convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o con firmas internacionales especializadas.
Los resultados deberán ser publicados y remitidos al Congreso en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de la ley.

Contexto financiero del IPM
Desde mediados del 2025, el IPM promovía la aprobación de un plan para obtener Q5 mil millones, con el argumento de que atraviesa una crisis financiera que pone en riesgo la cobertura total de las pensiones.
Actualmente, el IPM impulsa un anteproyecto de ley que contempla un aporte extraordinario de Q265 millones anuales durante 20 años, así como una asignación adicional de Q160 millones por año para cubrir el mínimo de los jubilados.
Estos recursos permitirían sostener el sistema de pensiones para militares activos, jubilados y sus beneficiarios, en un contexto marcado por el incumplimiento del aporte estatal, el aumento de beneficiarios y la baja rentabilidad de sus inversiones.
También puede ver: Comisiones de Finanzas y Defensa avalan ley para que el Estado rescate al IPM
Señalamientos y antecedentes
La crisis financiera del IPM no es reciente. Se atribuye a décadas de decisiones cuestionadas, entre ellas inversiones de alto riesgo con pérdidas, manejo deficiente de empresas vinculadas al instituto y señalamientos de nepotismo y posible corrupción.
Entre los antecedentes figuran inversiones millonarias en el extranjero a inicios de los años 2000, algunas de las cuales derivaron en procesos legales y recuperaciones parciales de fondos. Asimismo, informes recientes han señalado irregularidades en la gestión de recursos y falta de acciones para recuperar inversiones.
Más recientemente, en el 2024 la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó denuncias relacionados con posibles irregularidades financieras y uso indebido de activos del instituto y en el 2025, se llevaron a cabo allanamientos.


