Finalmente, los diputados en el Congreso conocieron, en su primera lectura, la iniciativa 6593, con la que se busca aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que fue presentada por el Organismo Ejecutivo al Legislativo en septiembre del año anterior.

Con esta ley, de acuerdo con los promotores, se busca modernizar y unificar en un solo marco legal las normativas vigentes en el país para prevenir y contrarrestar estos delitos, ajustando la legislación guatemalteca a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y diversos convenios internacionales.

Según han indicado varios diputados, la aprobación de esta normativa es de suma importancia para la protección del sistema financiero nacional y para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris de países que no cumplen con los estándares establecidos en materia financiera y en el combate de estos ilícitos.

“Necesitamos aprobar esta iniciativa porque debemos estar en homologación jurídica y normativa con el resto de los países con los que tenemos relaciones o fronteras, para generar condiciones de inversión para Guatemala. Si nosotros no actualizamos la ley contra la narcoactividad, que es del 2001 y que se viene a modernizar con esta iniciativa de ley, podríamos quedar fuera del grupo de países con condiciones para atraer la inversión o que ofrecen certeza jurídica o garantías para la consolidación del régimen de justicia”, afirmó el diputado Raúl Barrera, del bloque oficial.

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“Esa iniciativa lo que hace es actualizar los dos cuerpos legales que tratan el tema del lavado y el financiamiento del terrorismo en una estructura que cambia también el enfoque basado en riesgo y establece claramente las funciones y las responsabilidades de las personas obligadas y también de las unidades de inteligencia financiera. Consideramos que la ley es una ley importante; recordemos que es una iniciativa que debe ser aprobada con 107 votos y todo su proceso de aprobación requiere ese quorum”, afirmó Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía.

En la sesión ordinaria del martes 17 de marzo se preveía que la propuesta de ley sería conocida en su primera lectura ya que habían más de cien diputados en el hemiciclo, esto luego de que se aprobó en tercera lectura la iniciativa para mejorar las pensiones de los jubilados del Instituto de Previsión Militar (IPM).

Sin embargo, al concluir dicha aprobación, diputados de varios bloques legislativos, principalmente de las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Vamos, comenzaron a retirarse de la sesión, que minutos después fue suspendida debido a que no se contaba con el quorum mínimo de 80 diputados para continuar con el proceso, el cual requiere 107 votos para su aprobación en tres lecturas.

No se entra a conocer subsidios

Además de los puntos incluidos en la agenda, los jefes de bloque habían acordado durante la mañana de este martes, tras una reunión con autoridades de los ministerios de Energía y Minas y de Economía, que había disponibilidad para que se entrara a conocer en el pleno, durante la sesión ordinaria, la propuesta de ley para subsidiar los combustibles, debido al incremento registrado en los últimos días en los precios.

Sin embargo, al concluir la primera lectura de la Ley Antilavado, el diputado oficialista Raúl Barrera solicitó la revisión del quorum dentro del hemiciclo. Al efectuarse la revisión, la Junta Directiva constató que únicamente se encontraban 76 diputados, por lo que no se alcanzaba el número establecido en la ley para continuar con la sesión, la cual fue levantada por el presidente del Legislativo, Luis Contreras.

Sobre las alternativas que se consideran para buscar soluciones a la problemática, el presidente del Congreso indicó que se analizará si se aplica algún subsidio o si se modifica algún impuesto relacionado con los combustibles, y aseguró que la primera alternativa es más viable.

“Que lleguemos a un consenso, qué vamos a hacer con el diésel, con la gasolina super y regular. Esperamos que sea subsidio, el subsidio es más fácil de aplicarlo; el impuesto es un poco más problemático porque necesita opiniones, el subsidio no lo necesita”, puntualizó Contreras.