Delimitación territorial y diálogo: claves para resolver conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán
El Estado debe actuar como mediador imparcial, definir con claridad límites territoriales y facilitar el entendimiento entre comunidades para evitar que el conflicto siga siendo aprovechado por actores externos, señala el experto Miguel Ángel Balcárcel.
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Soldados y agentes de la PNC permanecen en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, luego de los incidentes ocurridos el fin de semana. (Foto Prensa Libre Archivo: Ejército de Guatemala)
En los últimos días, el conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, vuelven a la atención pública debido a los hechos ocurridos durante el fin de semana, que dejaron como resultado a 13 habitantes de Nahualá fallecidos y a siete efectivos militares heridos.
Según indicó el presidente Bernardo Arévalo, los hechos ocurrieron a raíz del ataque al destacamento militar ubicado en la zona limítrofe entre ambas localidades, por parte de grupos al margen de la ley que operan en el lugar y han aprovechado el conflicto entre los habitantes de esos municipios para realizar actividades ilícitas.
Ante la magnitud de los hechos, el presidente Arévalo indicó que, en Consejo de Ministros, se tomó la decisión de implementar el Estado de Prevención en ambas localidades, con el objetivo de mantener el orden y evitar mayor conflictividad en la región.
De esa cuenta, el lunes de la presente semana se publicó en el Diario de Centro América el Decreto Gubernativo 1-2025, por medio del cual se implementa el Estado de Prevención por un lapso de 15 días.
El analista y experto en resolución de conflictos Miguel Ángel Balcárcel, excoordinador del Sistema Nacional de Diálogo del Gobierno, conversó con Prensa Libre y realizó un análisis detallado sobre el asunto, al cual ha dado seguimiento desde hace varios años. Según indica, hay aspectos históricos, sociales y políticos del prolongado enfrentamiento entre las comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX.
“Las rencillas y las desavenencias son históricas y vienen desde ahí. Aunque se han hecho a lo largo de muchos años diversos intentos por distintos presidentes, se suscribieron acuerdos, se suscribieron documentos, porque efectivamente, cuando se hizo la delimitación, no se establecieron correctamente los límites y los mojones de los municipios. Algunos –habitantes– sí tienen títulos originales”, afirma.
Otro de los aspectos abordados por Balcárcel es que esta disputa territorial “tiene sus orígenes en un conflicto familiar” que se ha visto agravado por intervenciones estatales “fallidas” y la sombra de intereses externos en la zona.
“El conflicto es, en esencia, intrafamiliar. Según los estudios y los análisis que yo realicé hace ya un tiempo para la Universidad para la Paz, ambos grupos comparten un mismo tronco familiar, un mismo árbol genealógico, con mismos apellidos y ancestros, pero esta disputa se ha perpetuado por generaciones”, afirma el experto.
Factores que han agravado la situación
El experto afirma que hay varios factores que han agravado la situación durante todos estos años, como una delimitación territorial imprecisa para establecer los límites entre ambas localidades. En este sentido, asegura que el Registro Catastral debe realizar un trabajo importante para poder definirlos.
“En el país siempre tenemos los límites municipales, los límites personales de propiedad privada, inscritos en el registro de la ciudad. En fin, siempre ha sido un problema esa parte y la parte agraria, ¿verdad? Entonces, ahí sí habría que hacer un trabajo intenso, compensar en los casos que amerite, pero delimitar realmente el territorio que pertenece a cada localidad”.
Si bien el problema tiene sus orígenes en disputas familiares por la propiedad de la tierra, asegura que “en el panorama actual hay otras fuerzas o grupos que tienen intereses muy concretos y puntuales”, debido a que en el área donde se encuentran estas dos localidades de Sololá existen varias rutas y caminos de paso que conducen directamente al área de Huehuetenango, en el extremo occidente del país, y que fueron utilizadas por los grupos insurgentes durante el conflicto armado interno.
Esta situación también fue clave para que los pobladores, principalmente de Nahualá, se agenciaran de un buen número de armas, las cuales también aprendieron a utilizar durante el conflicto armado interno, muchas de las cuales quedaron en su poder, asegura el experto.
"Históricamente Nahualá era la comunidad con más armas, pero en el último enfrentamiento - del fin de semana - todos los fallecidos son de ese municipio. Podrían hacer un análisis balístico. Creo que a los fallecidos habría que hacerles los estudios forenses para determinar las causas, las verdaderas causas por las que murieron", asegura Balcárcel.
“Ahora, más recientemente, esas rutas que pasan por ahí siempre fueron rutas de escape. ¿Qué quiero decir con eso? Que durante el enfrentamiento armado interno se utilizaron muchos de esos caminos para subir más al occidente, hasta arriba –Huehuetenango–. Ahí se desplazaban los grupos insurgentes también, o sea, que ahí hay toda una cadena de rutas de paso. O sea, estas rutas ahora son utilizadas, pero en términos de otra actividad delictiva, que no son desconocidos para la gente, porque esas rutas se utilizaron durante el enfrentamiento armado”, asegura.
En este sentido, indica que este conflicto histórico entre las poblaciones podría estar siendo aprovechado por actores externos que se “aprovechan” de la división y del territorio en disputa para otros fines.
Intervenciones fallidas por parte del Estado
Según explica Miguel Ángel Balcárcel, diferentes gobiernos, la Iglesia y distintas organizaciones han intentado mediar para solucionar la conflictividad entre los habitantes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, sin que hasta la fecha se tengan logros duraderos. También asegura que las intervenciones gubernamentales solo han agudizado más la situación.
“Las intervenciones gubernamentales a menudo han agudizado el conflicto por desconocimiento de la cultura e historia local. Existe una brecha enorme, cada comunidad y las autoridades dan versiones distintas de los hechos, lo que impide una comprensión clara de la realidad. O sea, ese es uno de los principales problemas en esta situación”, asegura.
Encontrar una solución es difícil, pero no imposible
Frente al panorama actual, el experto considera que “es un camino difícil, pero no imposible” para solventar el problema. Asegura que la principal solución por parte del Gobierno es delimitar el área territorial que le corresponde a cada comunidad.
“Una delimitación territorial clara y definitiva, respaldada por un catastro oficial, junto con compensaciones –tierras o recursos– donde sea necesario. El papel del Estado debe ser de estricta equidistancia y objetividad, sin favorecer a ninguna comunidad, para no avivar más el conflicto”, asegura.
En cuanto a la decisión del presidente Bernardo Arévalo de decretar el Estado de Prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Balcárcel indica:
“La presencia militar y policial puede ser necesaria para garantizar seguridad mínima, pero solo si se mantiene ese equilibrio y se combina con diálogo constante. No se trata de bajar los ánimos, sino se trata de garantizar condiciones mínimas de seguridad. La solución de fondo pasa por hacer que las comunidades tomen conciencia de su parentesco común y de la insensatez de la violencia fratricida”, concluye.
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