Con 125 votos a favor, fue aprobada este martes en su tercer debate la iniciativa 6593, por medio de la cual se crea la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentada al Congreso por el Organismo Ejecutivo en septiembre del año anterior.

Según se establece en dicha iniciativa, el objetivo de la ley es modernizar y unificar en un solo marco legal las normativas vigentes en el país para prevenir y contrarrestar estos delitos, y ajustar la legislación guatemalteca a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y diversos convenios internacionales de los cuales Guatemala es firmante.

Diputados de distintos bloques legislativos han indicado que la aprobación de esta ley “es de suma importancia para la protección del sistema financiero nacional y para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris de países que no cumplen con los estándares establecidos en materia financiera y en el combate de estos ilícitos”.

En el 2027, el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Para esta evaluación es necesario contar con una norma actualizada en la materia, afirmó Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía.

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“Creemos que es parte de los compromisos que como estado de Guatemala debemos tener ante el Grupo de Acción Financiera, Gafi, que realizará una visita al país en febrero del 2027. Esa iniciativa lo que hace es actualizar los dos cuerpos legales que tratan el tema del lavado y el financiamiento del terrorismo en una estructura que cambia también el enfoque basado en riesgo y establece claramente las funciones y las responsabilidades de las personas obligadas y también de las unidades de inteligencia financiera”, afirmó Ayala.

Dentro de esta iniciativa se introducen cambios estructurales en el sistema antilavado del país. Además, se busca fortalecer el sistema preventivo y el régimen sancionatorio, así como mejorar la coordinación institucional.

En la ley también se introduce el modelo utilizado internacionalmente denominado “enfoque basado en riesgo”, que obliga a las instituciones a identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero.

Dentro del dictamen emitido también se incorporaron enmiendas orientadas a mejorar su aplicación práctica y se introdujeron cambios para armonizar la iniciativa con otras leyes nacionales y con estándares internacionales, con el fin de evitar contradicciones legales.

Los principales aspectos contenidos en la ley son:

• Modernizar la legislación antilavado
• Incorporar un enfoque basado en riesgo
• Precisar definiciones clave del régimen preventivo
• Ajustar el alcance de los sujetos obligados
• Fortalecer la coordinación institucional y la supervisión
• Alinear la legislación guatemalteca con estándares internacionales

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Luego de la aprobación de la ley antilavado, los diputados entraron a conocer en tercer debate la iniciativa de ley 6347, que propone la creación de la Ley de Ciberseguridad.

El diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso, presentó una moción privilegiada para que el dictamen de dicha propuesta de ley fuera devuelto a las comisiones de Asuntos de Seguridad Nacional y de Economía del Congreso, que habían emitido un dictamen conjunto, ya que, según indicó el congresista, "contiene varias debilidades y no tiene una delimitación de las competencias que corresponderían a cada una de las entidades encargadas de su aplicación".

“No necesitamos cualquier ley. Una ley mal diseñada puede generar una falsa sensación de seguridad sin construir capacidades reales de prevención, coordinación y respuesta. La iniciativa en discusión reconoce la importancia del tema, pero presenta debilidades importantes. La principal es que mezcla materias distintas: ciberseguridad, ciberdelitos, respuesta institucional, sin delimitar competencias. Eso no fortalece al Estado, genera confusión y debilidad”, afirmó el parlamentario.

Los diputados de varios bloques legislativos respaldaron la propuesta de Palencia, y afirmaron que el Congreso “no debe responder a la coyuntura del momento”, haciendo énfasis en el “hackeo” de datos ocurrido recientemente en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

Finalmente, la propuesta del congresista para retirar de la agenda la ley de ciberseguridad fue aprobada con 94 votos a favor, por lo que fue remitida nuevamente a las comisiones de Asuntos de Seguridad Nacional y de Economía para que emitan un dictamen por separado sobre la propuesta de ley.