Estados Unidos deja en libertad a Manuel Baldizón quien se había declarado culpable de lavado de dinero  

Manuel Antonio Baldizón Méndez se entregó al Buró Federal de Prisiones (BOP) en la cárcel correccional McRae, de Georgia Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2020 y fue liberado el pasado martes 7 de junio. 

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Manuel Baldizón es requerido por autoridades guatemaltecas por el Caso Odebrecht, en el cual también está implicado el exminstro de Comunicaiones Alejandro Sinibaldi. (Foto Hemeroteca PL)
Manuel Baldizón es requerido por autoridades guatemaltecas por el Caso Odebrecht, en el cual también está implicado el exminstro de Comunicaiones Alejandro Sinibaldi. (Foto Hemeroteca PL)

El excandidato a la Presidencia de Guatemala, Manuel Antonio Baldizón Méndez, salió el martes 7 de junio de 2022 de la cárcel estadounidense en la que se encontraba purgando una condena de 50 meses luego de declarase culpable de lavado de dinero.  

Según el Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos, Baldizón fue liberado el 7 de junio de 2022. El excandidato presidencial del desaparecido partido Líder, estaba en la cárcel correccional McRae, de Georgia, Estados Unidos desde el 1 de septiembre de 2020. 

Mientras estuvo preso en Estados Unidos, el BOP, registraba que Baldizón era el preso 19167-104 y se mencionaba que su fecha de liberación era el 16 de diciembre de 2023. 

Es decir, Baldizón salió libre 18 meses antes de la fecha que se establecía y cumplió 21 meses en prisión. 

Según se informó, Baldizón estaría en Miami, Estados Unidos, mientras soluciona su situación migratoria en ese país y pendiente a un posible retorno a Guatemala. 

Baldizón se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años (50 meses) de cárcel en Estados Unidos, en noviembre del 2019, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. 

Documentos públicos de la Corte del Distrito Sur de Florida detallan que Baldizón se entregó el 1 de septiembre en la cárcel correccional McRae, de Georgia Estados Unidos. 

El excandidato presidencial había retrasado su entrega debido a múltiples factores, pero uno de ellos fue que dio positivo a coronavirus el 10 de julio del 2020, por lo que sus abogados William A. Clay y Carlos León pidieron retrasar la entrega, según los documentos públicos. 

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En los archivos de la Corte del Distrito Sur de Florida, en el caso Estados Unidos de América contra Manuel Antonio Baldizón Méndez, también está un documento fechado 9 de septiembre del 2020 en el que se acordó, que como Baldizón ya estaba en prisión, se le otorgó liberar las fianzas personales y devolución de la fianza en efectivo. 

Expresa que Las fianzas personales (Manuel Antonio Baldizon Vargas, Jorge Eduardo Baldizon Vargas y Rosa María Vargas Morales) quedaban liberados de más responsabilidad u obligación de conformidad con las fianzas personales que previamente ejecutaron en este caso 

Además, se ordenaba al Secretario del Tribunal que devuelva el efectivo de la fianza de US$ 50 mil y los intereses que devengó a favor de la depositante Rosa M. Vargas Morales, esposa de Baldizón. 

Captura de Baldizón 

Baldizón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, el 21 de enero del 2018, por una orden de captura librada a través de la Policía Internacional (Interpol), en la que se le acusaba de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos, vinculado al caso Odebrecht.

En 2018 documentos judiciales señalaron que el dos veces excandidato presidencial guatemalteco (2011 y 2015) “negoció” con la Fiscalía, pero no se hicieron públicos los detalles del acuerdo.  

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La Fiscalía dijo el 12 de noviembre del 2018 que Baldizón “aceptó contribuciones de campaña sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”. 

“A partir de entonces, Baldizon Méndez realizó transacciones financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de que a sabiendas había aceptado contribuciones de campaña (dinero) de narcotraficantes”, detalla el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. 

Una de las propiedades compradas por Baldizón con dinero proporcionado por el narcotráfico estaría valorada en US$800 mil (unos Q6 millones 240 mil) según los documentos publicados por la Fiscalía. 

El fundador de Libertad Democrática Renovada (Lider) “realizó transacciones financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de que a sabiendas había aceptado contribuciones de campaña (dinero) de narcotraficantes”, indicó la Fiscalía. 

Qué dice el MP

Se consultó al MP sobre que procede luego de la liberación de Baldizón en EE. UU. y señaló que aún no han sido notificados.

“Por el momento el Ministerio Público no ha sido notificado al respecto. Al momento de recibir la comunicación oficial se realizarán las gestiones correspondientes”, señaló la Fiscalía sin profundizar en detalles.

Respecto a las acciones que se seguirán el MP dijo que “se analizarán al recibir la notificación”.

Detalles

Mientras Manuel Baldizón era detenido en Miami, Florida, por estar vinculado con el caso Odebrecht, en Guatemala fueron capturados el abogado Diego Chacón Yurrita y el arquitecto Jorge Eduardo Antillón Klüssman, señalados de haber sido colaboradores políticos del excandidato a la Presidencia.

Al momento de su captura, Chacón Yurrita dijo ser abogado corporativo que había hecho operaciones notariales para Baldizón y Según la imputación del MP, Baldizón habría delegado en el abogado la apertura de cuentas a nombre de sociedades formadas en el extranjero y la coordinación de pagos de la constructora Odebrecht.

Chacón Yurrita habría actuado en el marco de una negociación entre la empresa brasileña y funcionarios locales y políticos, entre quienes se encontraría en ese entonces el presidenciable del partido Líder, por el contrato de la ampliación de la ruta CA2 Occidente, por US$399.4 millones.

Un testigo brasileño utilizado por la Fiscalía indicó que conoció al notario en las oficinas de Regal Group, una de las empresas de Baldizón, y que después, junto con un directivo de Meinl Bank, con sede en el paraíso fiscal Antigua y Barbuda, coordinaron la apertura de las cuentas para recibir el dinero de Odebrecht.

“Diego me dijo que abrió la cuenta a nombre de American Legal Advisor Corp. En junio de 2014, Baldizón me pidió que depositara US$100 mil en una cuenta en Panamá, a nombre de Rentamos Ltd”, testificó en su momento un directivo de la constructora brasileña.

Rentamos Ltd. vuelve a conducir a Baldizón, pues era una entidad constituida en las Islas Vírgenes Británicas y facultó a Lubia Edith Catalán Espinoza, según un poder general suscrito en Panamá el 24 de febrero de 2011, para ejercer la representación en toda operación comercial.

Catalán Espinoza no era desconocida en la red de empresas ligadas a Baldizón, ya que fungió como subgerente general de la empresa de cable Telesky, S.A., según un nombramiento registrado el 1 de septiembre de 2016. Telesky, S.A., donó Q2.8 millones a la campaña del partido Líder en 2015.

La firma fue parte de una red más amplia de empresas que registraron Q12 millones de los Q33.95 millones reportados por Líder al Tribunal Supremo Electoral en los pasados comicios.

El equipo legal de Baldizón no niega que este notario haya efectuado operaciones para el político petenero; sin embargo, señala que “fue parte de su labor como abogado mercantilista”.

La trama Odebrecht

El caso de sobornos de la constructora Norberto Odebrecht fue revelado luego de que en Brasil se emprendió la mayor investigación por corrupción.

El caso llevó el nombre Lava Jato y salió a luz pública en 2014. En este la fiscalía brasileña investigó a la petrolera estatal Petrobrás por el cobro de comisiones a empresas contratistas, entre estas la constructora Norberto Odebrecht.

A raíz de esta indagación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició su propia investigación, ya que la compañía llevó a cabo algunas de estas operaciones desde Miami, Florida.

En diciembre de 2016, la empresa reconoció su culpabilidad ante un tribunal federal en Estados Unidos, por el pago de sobornos en 12 países, a través de su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, por un monto de US$788 millones, a cambio de contratos públicos.

Entre estos países se encontraba Guatemala, donde los directivos admitieron el pago de US$18 millones en sobornos.

El 13 de diciembre de 2016, Emilio Odebrecht, hijo del fundador de la compañía, indicó en su testimonio ante la Procuraduría General de Brasil que brindar “ayuda” a los políticos era lo que se tenía que hacer para conseguir contratos, y que si se querían los mejores proyectos había que financiar en secreto sus campañas. “Todo esto que sucedía era normal, institucionalizado”, cita la revista Bloomberg, sobre esa audiencia.

En Guatemala, la investigación parte de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). Esta ya contaba con información que vinculaba al ministro de Comunicaciones del gobierno del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, con Odebrecht, a partir del caso Corrupción y Construcción.

Sin embargo, la ampliaron luego de la colaboración con las autoridades brasileñas.

¿Por qué Baldizón?

En la imputación contra Baldizón el testimonio del directivo brasileño señaló que se hicieron los pagos porque este podía llegar a ser el próximo presidente de Guatemala.

La anuencia de Sinibaldi para permitirle participar en el negocio también podría tener otra motivación.

Tal y como señala la defensa del político, la bancada de Líder no votó por el préstamo que asignó los fondos para la obra y, es más, el entonces jefe de ese bloque, Roberto Villate, denunció públicamente el pago de sobornos por los votos en el Congreso.

Sin embargo, como recuerda una fuente legislativa bajo confidencialidad, la coacción era una de las formas de operar de Baldizón, a través de su bancada.

“Por ejemplo, el caso TCQ —usufructo oneroso en el Puerto Quetzal, por el que se juzga al expresidente Otto Pérez— también fue denunciado originalmente por el bloque del cancelado partido Líder, en 2013. Él operaba así, primero amenazaba y luego negociaba”, señala la fuente.

De hecho, el 17 de mayo de 2013, Líder, por medio del diputado Villate, recibió un amparo provisional para que el presidente Pérez Molina se pronunciara sobre la lesividad del usufructo a TCQ.

El testimonio del directivo brasileño apunta a un intento de presión de parte del político. Asegura que el notario de Baldizón, Diego Chacón, “llamó una o dos veces más para que Odebrecht comprara máquinas chinas de una empresa de la que era representante, para ponerlas a trabajar en el proyecto (…) No accedimos, pues debíamos exportar todo desde Brasil (…) Además, no me pareció bueno, pues ya todos sabían que esa empresa era de él”.

Una investigación de la revista Contrapoder, en abril de 2016, señaló las operaciones de importación de maquinaria china del expresidenciable. El reportaje, El penúltimo negocio de Manuel Baldizón, lo señala de haber constituido una red de empresas para acaparar contratos de construcción por Q79 millones.

La publicación destaca como una pieza de esta operación a la Empresa Transnacional de Construcción, S.A. (Emtrac), una filial para Centroamérica del fabricante de excavadoras Liu Gong.

Emtrac, según pudo constatar Prensa Libre, fue conformada con una sociedad anónima local, Rentamos S.A., y dos entidades extranjeras, Ivers Trade Inc y Conasa Capital Managers Inc.

Estas conducen de nuevo hacia el político petenero y a una de sus propiedades, Casa Praga.

Emtrac tenía como accionista constituyente a Julio Antonio Yool Tay, quien también tenía un mandato registrado en Panamá para representar a Conasa Capital Managers.

Yool Tay también constituyó la Empresa Regional de Autobuses, la cual donó Q4 millones a la campaña de Líder en 2015, según registros del TSE, y cuyo representante legal fue Carlos Gilberto Solórzano Morales, el guardia capturado en Casa Praga.

Otro de los aprehendidos por el caso Odebrecht, Antillón Klussman, obtuvo la representación de la empresa Ivers Trade Inc. en un poder general registrado en Panamá en 2012.

Momentos claves

 La rehabilitación de la ruta CA-2 Occidente, que dio pie al caso.

  •  2011, diciembre: se concreta la primera reunión entre directivos de Odebrecht y el futuro ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
  •  2012, octubre: el Congreso aprueba de urgencia nacional los préstamos para la obra.
  •  2013, mayo: Odebrecht recibe los primeros pagos e inicia las transferencias ilícitas a Sinibaldi y Arturo Batres. En junio comienza la ejecución de la obra.
  •  2014, marzo: continúan los desembolsos a la constructora. A partir de junio empiezan las transferencias a Baldizón.
  •  2015, septiembre: se registra el último desembolso a Baldizón por US$900 mil, a una empresa en China.
  •  2015, septiembre: tras la derrota electoral, Baldizón no recibe más transferencias. Estas suman US$1.36 millones de los US$3 millones acordados.

Caso que salpicó a varios

Odebrecht habría buscado garantizarse adjudicaciones.

  • Según la investigación del Ministerio Público, Baldizón habría viajado a Brasil para reunirse con ejecutivos de la compañía.
  • Los representantes le habrían dado dinero para garantizar el recibimiento de adjudicaciones en caso de que él ganara la Presidencia en el 2015.
  • El objetivo de la firma habría sido pactar el contrato para la construcción de la CA-2 Occidente.
  • El ente investigador informó en enero que también Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones en el gobierno del Partido Patriota, había recibido US$19.7 millones, los cuales repartió.
  • De ese monto, Baldizón habría recibido más de US$3 millones, por medio de un abogado que creó cuentas bancarias para recibir el dinero.
  • El 21 de enero, las autoridades migratorias de EE. UU. detuvieron a Baldizón en Miami, cuando regresaba de República Dominicana.
  • El excandidato presidencial pidió asilo político, lo cual le fue denegado.

Caso Transurbano

Baldizón también es procesado en Guatemala por el Caso Transurbano, un fraude millonario de las arcas del Estado para sus campañas presidenciales.

En ese caso fueron procesadas 18 personas, entre ellas expresidente Álvaro Colom Caballeros y parte de gabinete por anomalías en el proyecto de autobuses y el desvío de fondos a empresas de seguridad del excandidato presidencial por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) Otto Bernal.

Las pesquisas del caso iniciaron en 2011, cuando el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) declaró ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q 11 millones 54 mil 425.00, pero la investigación determinó que el 87.44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas.

La investigación preliminar detalló que en 2015 el monto declarado fue de Q12 millones y la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

El MP contabilizó que Q6.5 millones del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder de Baldizón en 2011 y 2015.