El abogado Luis Alfonso Rosales Marroquín fue reelecto como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Congreso de la República para un nuevo período.

Fue diputado por el Frente Republicano Guatemalteco entre 2000 y 2004 y años después volvió al escenario político con Visión con Valores (VIVA) y posteriormente con Valor.

También ha sido considerado cercano a la exdiputada y excandidata presidencial Zury Ríos Sosa, a quien asesoró durante la contienda electoral de 2015.

Como abogado litigante integró la defensa del exjefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt durante el juicio por genocidio. Tras su etapa legislativa, el Congreso de la República de Guatemala lo eligió en 2021 como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Rosales habla tras su reelección en la Corte de Constitucionalidad

Rosales integra la CC y, con esta decisión, continuará en el cargo durante el próximo período. En entrevista con Prensa Libre, se refirió a su reelección, al desarrollo de la sesión en el Congreso, a las críticas por posibles acuerdos políticos y a su visión sobre el funcionamiento de la Corte.

¿Cuál es su primera reacción tras esta designación como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad?

—Me siento honrado con la designación que me hace el honorable Congreso de la República como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad por segunda ocasión. A la vez, junto con ese honor, siento la alta obligación de cumplir fielmente con las responsabilidades que ese cargo implica.

La sesión en el Congreso estuvo marcada por tensiones y señalamientos sobre posibles acuerdos políticos. ¿Qué opinión tiene sobre cómo se desarrolló la jornada?

—Todos los parlamentos del mundo tienen sus formas de discusión internas y el Congreso de la República de Guatemala no es la excepción. La forma en que se desarrolló la sesión responde a las posiciones que cada bancada o diputado haya tenido frente a la elección del magistrado titular y suplente.

No tengo una opinión favorable ni desfavorable. He sido diputado y entiendo que en el pleno es donde deben tomarse este tipo de decisiones. A veces se elevan un poco los ánimos; no es deseable, pero ocurre en parlamentos de todo el mundo.

Se habla de “pesos y contrapesos” dentro de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo observa ese escenario ahora que ya hay varias designaciones?

—No creo que sea correcto hablar de pesos y contrapesos en un órgano tan importante como la Corte de Constitucionalidad. Creo que todas las designaciones se han hecho conforme a los parámetros constitucionales y cada organismo designante ha tomado su decisión de acuerdo con lo que le corresponde.

Todos los que ya hemos sido designados, y los que están por designarse, estamos claros en la función de la Corte como garante del orden constitucional y comprometidos a cumplir con la Constitución y las leyes.

¿Cómo manejaría posibles presiones políticas o influencias externas en sus decisiones como magistrado?

—No deberían existir presiones, ni políticas ni de ninguna naturaleza. Nuestra actuación está circunscrita a lo que establece la Constitución, la Ley de Amparo y otras leyes.

Yo ya tengo experiencia en la Corte, conozco su funcionamiento y no haré ninguna diferencia en la forma en que he venido actuando durante estos años y en lo que haré en los próximos cinco.

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¿Cuál es su visión para la Corte de Constitucionalidad en los próximos años?

—La función de la Corte es impartir justicia constitucional. Esto tiene diferencias muy marcadas con la jurisdicción ordinaria. La Corte no resuelve asuntos propios de esa jurisdicción, sino que analiza si existen violaciones a derechos, garantías, principios constitucionales o convenciones internacionales.

Confío en que todos los magistrados designados estamos claros en ese rol. Veo para la nueva Corte un funcionamiento normal y eficaz, en el mejor de los sentidos.

¿Considera que son necesarias reformas para mejorar la justicia constitucional en Guatemala?

—En este momento prefiero no opinar sobre ese tema, porque no me corresponde a mí hacer reformas. Ese tipo de decisiones le compete al Congreso de la República o, dependiendo del caso, a otros mecanismos constitucionales.

Usted fue diputado por el partido Visión con Valores (VIVA) y luego Valor, y la familia Ríos Sosa. ¿Puede garantizar que esa relación no influirá en sus decisiones como magistrado?

—Pues no ha influido en los últimos cinco años. Tengo más de seis años de no pertenecer al partido Valor. Fui electo diputado por ese partido, pero cuando decidí dedicarme a la Corte tuve que retirarme de la política partidaria y de la política en general.

No veo ningún conflicto de interés ni injerencia en ese sentido.

¿Mantiene algún tipo de cercanía con ese partido o con otros actores políticos?

—No. Como magistrado no me he permitido tener ninguna relación directa con ese partido, de hecho como magistrado no me es permitido hacerlo. He sido muy claro en mantener esa línea durante los últimos cinco años y así continuará, no he tenido relación ni con el partido Valor, ni con ningún otro.

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