Cómo una resistencia “pasiva” califican algunos diputados la actitud asumida por varios de sus colegas al evitar que se conociera la iniciativa 6593, con la que se busca la creación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que había sido agendada para su primera lectura el martes 17 de marzo.

Esta iniciativa de ley busca fortalecer, reforzar y modernizar el marco normativo actual contra el lavado de dinero, acorde con las recomendaciones y estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera (Gafi, en inglés). Por ello, su aprobación es importante para la protección del sistema financiero nacional y para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris de países que no cumplen con los estándares establecidos en materia financiera y en el combate de estos ilícitos.

En la sesión ordinaria del martes había más de cien diputados en el hemiciclo, por lo que se preveía que la propuesta fuera aprobada en primera lectura, después de que se aprobó en tercera lectura la iniciativa para mejorar las pensiones de los jubilados del Instituto de Previsión Militar (IPM).

Sin embargo, al concluir dicha aprobación, diputados de varios bloques legislativos, principalmente de las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Vamos, comenzaron a retirarse de la sesión, que minutos después fue suspendida debido a que no se contaba con el quorum mínimo de 80 diputados para continuar con el proceso, el cual requiere de 107 votos para su aprobación en tres lecturas.

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Resistencia “pasiva”

A criterio del diputado Orlando Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, existe cierto “temor” entre algunos diputados debido a las implicaciones que podría tener la nueva legislación en torno al lavado de dinero. No obstante, asegura que esto también se debe al desconocimiento del contenido real de la iniciativa, ya que de lo contrario continuará la resistencia “pasiva” para evitar su avance.

“Yo lo que diría es que hay que superar estos miedos infundados y hay que profundizar el tema en el conocimiento en torno al contenido real del dictamen para evitar este tipo de especulaciones y mientras eso no se dé, lo que va a continuar es este tipo de actitudes que al final reflejan una resistencia silenciosa, pasiva, pero siempre resistencia a que la ley avance en las lecturas correspondientes”, afirma Blanco.

Según explica, el primer llamado a los diputados para evitar un bloqueo es informarse sobre el verdadero objetivo de la ley, para que puedan emitir criterios con base en su contenido.

Por su parte, el diputado Samuel Pérez, del bloque oficial, comentó que en el pleno sí se contaba con el quorum suficiente para aprobar la iniciativa en primera lectura. No obstante, algunos diputados comenzaron a retirarse antes de que la propuesta fuera conocida, pese a que existían consensos para su aprobación inicial.

“Yo estaba justo terminando una intervención en el pleno argumentando nuestro voto sobre que es necesario aprobar la ley de jubilación universal – del IPM - y en ese momento empezaron a desmarcarse los diputados de diferentes bancadas porque se requería un quorum de 107 presentes. Había muchísimos diputados, había como 130 pero justo se iba a empezar a conocer la ley antilavado y me imagino que varios diputados que tienen negocios oscuros se empezaron a desmarcar”, comentó.

Pérez indicó que la iniciativa deberá ser agendada nuevamente entre los primeros puntos de la próxima sesión ordinaria, por lo que se esperaría que no se repita la misma dinámica ocurrida el pasado martes.

“Es apenas el primer debate y si vemos que la dinámica se repite pues ya tendremos que ver otras estrategias de evidenciar a quienes están desmarcando porque seguramente tienen negocios relacionados con lavado o terrorismo”, puntualizó.

Existen consensos

El jefe de la bancada UNE, Inés Castillo, afirmó que existe consenso con los demás bloques legislativos para lograr la aprobación de la iniciativa y descartó que el retiro de diputados de su bancada el martes haya sido una estrategia para frenarla.

“Tenemos el compromiso de avanzar en primera lectura con la iniciativa en contra del lavado de dinero. Es el compromiso que hemos adquirido con los otros bloques legislativos. Nos retiramos luego que se cumplió con una labor social equiparando a estos jubilados –del IPM– a una pensión que se equipare por lo menos a un salario mínimo”, afirmó Castillo.

También indicó que continuarán las pláticas con los diferentes bloques si es necesario modificar la propuesta cuando sea conocida en tercera lectura.

Asimismo, la diputada Alexandra Ajcip, subjefa del bloque Elefante, afirmó que la aprobación de la iniciativa es un compromiso adquirido por los jefes de bloque.

“Sin duda alguna es un punto fundamental para todos los bloques legislativos que esta iniciativa pueda ser ley. Guatemala tiene una lucha contra la corrupción y definitivamente, de manera personal, creo que esta ley va a apoyar a que esta lucha se pueda ir fortaleciendo por lo que es importante su aprobación”, afirmó.

Importancia de la ley

En el 2027, el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Para esta evaluación es necesario contar con una norma actualizada en la materia, por lo que el Congreso debe aprobar la normativa, afirmó Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía.

“Creemos que es parte de los compromisos que como estado de Guatemala debemos de tener ante el Grupo de Acción Financiera, Gafi, que realizará una visita al país en febrero del 2027. Esa iniciativa lo que hace es actualizar los dos cuerpos legales que tratan el tema del lavado y el financiamiento del terrorismo en una estructura que cambia también el enfoque basado en riesgo y establece claramente las funciones y las responsabilidades de las personas obligadas y también de las unidades de inteligencia financiera. Consideramos que la ley es una ley importante, recordemos que es una iniciativa que debe ser aprobada con 107 votos y todo su proceso de aprobación requiere ese quórum”, afirmó Ayala.

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Mala priorización de la agenda

Según Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), lo ocurrido el martes evidencia una mala priorización de los temas que deben ser aprobados por los diputados.

“El contraste es dramático, sí se aprueba una disposición legal que aumenta en más de Q4 mil las pensiones a los militares a través del Instituto de Previsión Militar, pero, no se aprueba, por ejemplo, la legislación que se está citando –ley antilavado–”, afirma.

El experto también considera contradictorio que no se haya aprobado en primera lectura la ley contra el lavado de dinero, cuando en ocasiones anteriores se han aprobado iniciativas que, a su criterio, abren la puerta a estos ilícitos.

“En el 2024 se aprobó lo que coloquialmente se conocía como la Segunda Ley Ganadera, y esta disposición legal, a nuestro criterio, tenía ahí un tema que facilitaba a los abogados de decir que esta posible disposición ya fue declarada inconstitucional. Además, en esta legislatura, la mayoría de la alianza oficialista está más inclinada a apoyar disposiciones que se identifican como de alto riesgo para facilitar el lavado de dinero, como la Ley Ganadera, y no la legislación que está orientada a fortalecer el control”, puntualizó.

Fundamento de la iniciativa

La iniciativa 6593, que recibió dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y de la Comisión de Economía, está fundamentada en las 40 recomendaciones del Gafi, estándar internacional aceptado por más de 200 países para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

Estas recomendaciones se estructuran en los siguientes ejes:

1. Políticas y coordinación: Los países deben identificar sus riesgos y designar autoridades para coordinarlos y mitigarlos
2. Tipificación de delitos: Establece que los delitos como el lavado de activos deben estar definidos en la ley, con sanciones y mecanismos para el decomiso de bienes
3. Medidas preventivas: Obliga a entidades financieras y sectores no financieros (abogados, inmobiliarias, etc.) a identificar clientes, verificar el origen de los fondos y reportar operaciones sospechosas
4. Transparencia: Exige identificar a los beneficiarios finales de empresas y fideicomisos para evitar el ocultamiento de recursos ilícitos
5. Supervisión: Las autoridades deben supervisar el cumplimiento de estas normas y aplicar sanciones cuando sea necesario
6. Cooperación internacional: Facilita el intercambio de información y la asistencia legal entre países