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Surgen cuestionamientos por opacidad en divulgación de salarios de personal de fiscalías del MP
El Ministerio Público (MP) analiza la divulgación de salarios de funcionarios y exfuncionarios, una medida que especialistas consideran cuestionable en el caso de figuras públicas.
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Expertos en acceso a la información pública cuestionan la negativa del Ministerio Público a divulgar salarios de funcionarios y exfuncionarios. (Foto Prensa Libre: Javier González)
La negativa del Ministerio Público (MP) a divulgar los salarios de algunos funcionarios y exfuncionarios ha generado cuestionamientos de expertos en transparencia y acceso a la información pública, quienes consideran que la medida carece de una justificación sólida.
Emisoras Unidas solicitó datos sobre los salarios mensuales que devengó la exfiscal general Consuelo Porras, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, así como de los actuales fiscales regionales. De acuerdo con la respuesta del 1 de junio que divulgó el medio, el MP negó la información porque "se considera reservada por disposición legal".
Prensa Libre indagó sobre la reserva y consultó sobre las escalas salariales del personal del MP, como un fiscal de sección, agente fiscal o un fiscal regional, sin los nombres de las personas que ocupan los cargos.
La institución sostiene que actualmente evalúa asuntos relacionados con recursos humanos y disposiciones administrativas antes de definir si estos datos serán divulgados, postura que ha generado cuestionamientos por una posible continuidad de las políticas de opacidad atribuidas a la administración anterior.
"La actual administración se encuentra realizando una evaluación integral de los asuntos relacionados con recursos humanos y de las disposiciones administrativas y legales emitidas durante períodos anteriores. Una vez concluido dicho análisis técnico y jurídico, el Ministerio Público comunicará oportunamente las decisiones y acciones que correspondan conforme al marco legal aplicable", respondió el Departamento de Comunicación.
Un reporte disponible en la página del MP, correspondiente a mayo del 2026, muestra los salarios del personal contratado bajo el renglón 011, encabezado por la entonces fiscal general María Consuelo Porras y luego su sucesor, Gabriel García Luna. Sin embargo, en el reporte no se localizan datos sobre el salario que devengó Curruchiche ni los otros funcionarios por los que indagó Emisoras Unidas.
La institución argumentó que la divulgación de estos datos podría implicar riesgos o comprometer la seguridad institucional. Sin embargo, especialistas consultados en materia de acceso a la información pública consideran que este razonamiento resulta cuestionable, especialmente cuando se trata de funcionarios cuya identidad y funciones ya son ampliamente conocidas.
Esta noche se conoció que durante la tarde se publicaron los datos del personal administrativo, los cuales no se conocían desde hace varios años. Hasta el momento sigue sin conocerse la información de personal fiscal ni las escalas salariales.
Interpretación de la ley
El experto en Acceso a la Información Pública, doctor Silvio Gramajo, consideró que el debate no necesariamente radica en una violación directa de la ley, sino en la forma en que se interpreta el principio de máxima publicidad frente al derecho ciudadano de fiscalizar el uso de recursos públicos.
Según explicó, la reserva de información relacionada con fiscales y personal de investigación busca proteger su identidad y seguridad, pero estimó que ese criterio difícilmente puede aplicarse a figuras de conocimiento público, como la exfiscal general Porras o Curruchiche, quienes incluso han tenido exposición en redes sociales.
“Desde el momento que ellos son personajes públicos y corrieron a la publicidad de la vida y de las noticias, no tiene sentido proteger el salario bajo la condición de proteger a la persona porque ellos son públicos”, señaló.
A su juicio, en estos casos debió prevalecer una interpretación favorable a la transparencia. “Ellos hubieran tenido que atender a la interpretación extensiva de la ley, interpretar la máxima publicidad para que, al momento de la ponderación, se garantizara más el derecho humano de las personas a conocer cuánto reciben de salario porque lo pagamos por medio de los impuestos públicos”, afirmó.
Gramajo añadió que el argumento de seguridad podría tener mayor fundamento en el caso de agentes o auxiliares fiscales cuya identidad no es de conocimiento público, pero no respecto de funcionarios que han mantenido una exposición constante ante la opinión pública.
Coinciden en que no existe justificación legal
Tanto el exprocurador de los Derechos Humanos Jorge de León Duque como el analista de Acción Ciudadana Manfredo Marroquín coincidieron en cuestionar la posible reserva de esta información, al señalar que se trata de datos públicos y que no existe base legal para restringirla.
Marroquín calificó la medida como “injustificable” y advirtió que afecta la credibilidad institucional.
“Yo creo que es una postura injustificable, desde cualquier punto de vista, sea legal y peor aún político, porque al final todos esperamos de esta nueva administración del MP una nueva postura política frente a estos asuntos, y la postura de transparencia es fundamental para darle crédito y credibilidad a una institución”, afirmó.
De León Duque, por su parte, sostuvo que la Constitución y la Ley de Acceso a la Información Pública obligan a la transparencia.
“La Constitución establece que todos los actos de la Administración son públicos… y la Ley de Acceso a la Información Pública se basa en los principios de máxima publicidad y transparencia”, indicó.
Ambos también descartaron que pueda justificarse la reserva bajo argumentos de seguridad.
Marroquín señaló que “no tiene absolutamente nada que ver la función del Ministerio Público de investigar el crimen con los salarios que ganan los fiscales”, mientras que De León Duque fue enfático. “No veo cómo divulgar los salarios pueda poner en riesgo la persecución penal. En verdad, no tiene ningún sentido”, aseguró.
Lo salarios de los jueces y magistrados son publicados periódicamente por el Organismo Judicial. En el caso de la Policía Nacional Civil se han conocido los salarios por puesto, sin detallar los nombres.
