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“La clave aquí va a ser el guardia”: Mingob promete transformar las cárceles tras reconocer fallas históricas en el sistema
El Mingob busca transformar un Sistema Penitenciario marcado por años de rezagos, sobrepoblación y fallas de seguridad, con una reforma que apuesta por profesionalizar a los guardias, fortalecer los controles y reducir los riesgos de corrupción en las cárceles.
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El Ministerio de Gobernación (Mingob) promete una transformación del Sistema Penitenciario de Guatemala después de reconocer rezagos acumulados durante años. La propuesta contempla profesionalizar a los guardias, fortalecer la supervisión y modernizar los procesos dentro de las cárceles, pero el análisis público sobre estas medidas coloca una condición en el centro de la discusión: los cambios tendrán que traducirse en controles capaces de impedir el ingreso de objetos prohibidos, reducir las fugas y enfrentar los riesgos de corrupción dentro de los centros de detención.
La cartera sostiene que uno de los principales pasos será la implementación de la carrera penitenciaria, pendiente de reglamentación desde hace unos 20 años. Según la información oficial compartida, los reglamentos ya fueron elaborados y permanecen en revisión. También se preparan 300 nuevos guardias penitenciarios en la Escuela del Sistema Penitenciario de San José Pinula, como parte de la renovación de la Guardia Penitenciaria.
Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el análisis se concentró en tres puntos: la capacidad del Gobierno para reducir la corrupción entre los custodios, la necesidad de fortalecer la Inspectoría Penitenciaria y los controles internos, y la posibilidad de que la reforma sobreviva a futuros cambios de gobierno. También se planteó que una transformación estructural requerirá coordinación con el sistema de justicia y cambios de infraestructura que reduzcan el contacto de los reclusos con personas ajenas a los procedimientos judiciales.
Corrupción y controles, la principal prueba
Uno de los cuestionamientos centrales fue que la capacitación, los salarios y la nueva infraestructura podrían resultar insuficientes si persisten mecanismos que permitan actos de corrupción dentro de las prisiones.
“La clave aquí va a ser el guardia”, se afirmó durante el programa al analizar el papel de los custodios en el control de los centros penitenciarios.
El planteamiento partió de que son los guardias quienes mantienen contacto directo con los privados de libertad y controlan buena parte de los accesos. Por ello, los analistas consideraron que la profesionalización tendría que ir acompañada de procedimientos efectivos de supervisión, controles disciplinarios y mecanismos que disminuyan las posibilidades de soborno.
“Podemos modernizar las cárceles, podemos hacer todos los trámites, podemos recibir la mejor asesoría, pero la clave aquí va a ser el guardia”, se expuso durante la discusión.
A partir de ese escenario, surgió otra interrogante: qué mecanismos disciplinarios se aplicarán cuando un guardia facilite el ingreso de objetos prohibidos, incumpla los procedimientos de seguridad o contribuya a una fuga.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoció que los problemas del Sistema Penitenciario se arrastran desde administraciones anteriores. Explicó que la legislación obliga desde hace 20 años a reglamentar la carrera penitenciaria, pero ese proceso seguía pendiente.
“Tenemos una ley del Sistema Penitenciario que obliga a reglamentar la carrera penitenciaria desde hace 20 años y no se había hecho”, afirmó Villeda.
El Mingob ha indicado que recibe acompañamiento dela Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) y de la Embajada de Estados Unidos para el proceso de modernización penitenciaria.
Una reforma que deberá continuar en otros gobiernos
Los analistas también pusieron en duda que la transformación pueda completarse antes de que concluya la actual administración y señalaron que el proyecto necesitará continuidad institucional.
El señalamiento parte de que la renovación del personal, la implementación de una carrera penitenciaria, la modificación de controles internos y los cambios de infraestructura son procesos que pueden extenderse durante varios años.
La preocupación expresada durante el análisis es que una nueva administración decida abandonar los procedimientos que ahora se encuentran en desarrollo. Por eso, se planteó que la reforma deberá convertirse en una política de Estado y no depender exclusivamente de las autoridades que ocupen temporalmente el Ministerio de Gobernación.
En la discusión también se mencionó el número de fugas registradas durante la actual administración. Uno de los participantes afirmó que suman alrededor de 25 reclusos fugados.
El cuestionamiento sobre las fugas se utilizó para ilustrar la necesidad de que los cambios anunciados produzcan resultados verificables en seguridad, custodia y supervisión.
Cambios que también alcanzan al sistema de justicia
El análisis de Impacto Directo amplió la discusión más allá de las cárceles. Los participantes señalaron que la seguridad penitenciaria también está vinculada con la forma en que los privados de libertad son trasladados y movilizados en los edificios judiciales.
Según lo expuesto, en algunos juzgados los reclusos transitan por espacios públicos o tienen contacto cercano con otras personas antes de ingresar a las salas de audiencia. Los analistas plantearon que una reforma integral debería revisar esos procedimientos y la infraestructura destinada al traslado y resguardo de los detenidos.
La discusión también abordó la responsabilidad de las autoridades superiores. Los participantes argumentaron que la profesionalización de los guardias resultaría insuficiente si los mecanismos de control no abarcan también a quienes dirigen las instituciones encargadas de la seguridad.
“Si la cabeza está mal, todo lo demás también”, afirmó uno de los analistas al sostener que los controles anticorrupción deben alcanzar tanto al personal operativo como a los funcionarios responsables de la institución.
El Mingob, además de la profesionalización del personal, ha planteado proyectos para enfrentar problemas estructurales del sistema. La información compartida señala que Guatemala cuenta con 24 centros penitenciarios diseñados para albergar a seis mil personas, pero la población recluida alcanza unas 24 mil 700, una diferencia que refleja el nivel de sobrepoblación.
Entre las medidas oficiales se incluyen proyectos de nueva infraestructura penitenciaria, cambios legales para ampliar el uso del control telemático como medida sustitutiva y programas orientados a reducir el hacinamiento.
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