Estados Unidos
El escrito se presenta bajo la figura jurídica de amicus curiae (amigos de la corte), que permite a terceros ajenos a un caso aportar argumentos jurídicos o información relevante para ayudar al tribunal a resolverlo.
Los fiscales recuerdan en el documento que la ley federal establece que los agentes de migración que practican arrestos civiles sin orden judicial deben tener causa probable para creer que una persona se encuentra ilegalmente en el país y que es probable que se fugue antes de que pueda obtenerse dicha orden.
Sin embargo, sostienen que los agentes realizan habitualmente arrestos sin orden judicial y sin determinar si existe riesgo de fuga, una práctica que, según denuncian, ha causado “graves daños” a comunidades de todo el país y ha socavado la salud pública, la seguridad, la educación y las economías locales.
El uso de pasamontañas, gafas de sol oscuras, ropa de civil y vehículos sin distintivos por parte de los agentes federales, así como su negativa a identificarse durante las operaciones, ha contribuido aún más al miedo y la incertidumbre en las comunidades afectadas, señalaron los fiscales en un comunicado conjunto.
Recordaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió deportar a delincuentes violentos, pero sostuvieron que está “aterrorizando” a las comunidades con arrestos sin orden judicial que califican de “plagados de errores y sin fundamento”, y que, según denuncian, han separado a padres e hijos y paralizado negocios locales.
“Sus acciones hiperagresivas, apresuradas y caóticas han causado muertes y lesiones innecesarias. Existe una razón por la que el debido proceso básico existe en Estados Unidos y Trump necesita aprender a respetar la ley”, afirmó el fiscal general de Connecticut, William Tong.
Connecticut es uno de los estados demandantes en el caso Escobar-Molina contra el DHS, una demanda colectiva presentada en el 2025.
Los fiscales señalaron que los territorios que representan albergan en conjunto a más de 30 millones de migrantes, que constituyen aproximadamente el 19% de la fuerza laboral del país y desempeñan funciones “cruciales” para las economías, las escuelas, los servicios públicos y la vida cívica de esas comunidades.
Por ello, los fiscales argumentan en el escrito que los estados tienen un interés “sustancial” en garantizar que la aplicación de las leyes federales de inmigración se ajuste a derecho, preserve la confianza pública, proteja la estabilidad de las comunidades y respete los límites legales establecidos por el Congreso. Estos exigen una evaluación individualizada de la causa probable tanto sobre la situación migratoria de la persona como sobre la probabilidad de que se fugue antes de obtener una orden.
La coalición está integrada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, además del Distrito de Columbia.
