Dos menores de 16 y 17 años remitidos con motos robadas y un arma alterada en la CA-9 Sur

Una denuncia activó operativos en la CA-9 Sur que permitieron remitir a dos adolescentes que viajaban en motocicletas con reporte de robo y portaban un arma con registro borrado.

Sandy Pineda

15 de noviembre de 2025

|

09:02h

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Dos menores fueron remitidos con motos robadas y arma alterada en la CA-9 Sur. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que dos menores de 16 y 17 años fueron remitidos tras recibir una denuncia ciudadana por robo a la comisaría 31 de Escuintla.

Los agentes intensificaran los recorridos en la CA-9 Sur para ubicar a los responsables del robo de dos motocicletas.

Fue así como, en el kilómetro 60, neutralizaron a un menor de 16 años que conducía la moto M-140KYM y portaba una pistola calibre 9 mm con el número de registro borrado, una tolva y cuatro municiones.

Minutos después, en el kilómetro 57 de la misma ruta, otro adolescente de 17 años fue sorprendido mientras manejaba la motocicleta M-798HVB.

EN ESTE MOMENTO

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Al consultar la base de datos policial, se confirmó que ambas motos habían sido robadas el día anterior: la M-798HVB en el kilómetro 39 de la CA-9 Sur y la M-140KYM en el kilómetro 43 de la autopista Palín, Escuintla.

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Según la PNC, la denuncia inmediata fue clave para recuperar los vehículos en un poco tiempo, así como tres teléfonos celulares que también habían sido reportados como sustraídos.

En un caso distinto, agentes detuvieron en la colonia Vista Linda, en Santa Lucía Cotzumalguapa, a Ángel “N”, de 40 años, quien se desplazaba en la motocicleta M-757LPJ.

El vehículo tenía reporte de robo desde el 2 de marzo de 2025 en la aldea El Llanito, Masagua.

#Escuintla

Dos menores remitidos con moto robada y una pistola con número de registro borrado

La denuncia ciudadana interpuesta por las víctimas en la comisaría 31, Escuintla, permitió que los recorridos se intensificaran para localizar a los presuntos responsables del atraco pic.twitter.com/NRWx5POr2U

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 15, 2025

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Tardan hasta seis horas: traslado de pacientes se complica por cierre en autopista Palín-Escuintla

Tras el cierre de la ruta Palín-Escuintla, las ambulancias han tenido dificultades para trasladar a sus pacientes, donde incluso se han demorado hasta seis horas.

Pavel Arellano

12 de julio de 2024

|

18:58h

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Debido al cierre de la autopista Palin-Escuintla, las ambulancias han presentado dificultades para trasladar a sus pacientes, ya que se han quedado en el tráfico por más de seis horas. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Seis horas sería el tiempo que podría tardarse el traslado de pacientes de Palín hacia un centro asistencial, debido al cierre de la ruta Palín-Escuintla a causa de un hundimiento registrado el pasado 13 de junio.

Tras el hundimiento, el tramo continúa cerrado, y el tráfico vehicular complica la movilidad, sobre todo, de las ambulancias.

Ante la situación, los socorristas de la comisaría número 60 debe emplear incluso maniobras especializadas para mantener estables a los pacientes en su camino hacia un centro asistencial.

Hace algunas semanas, bomberos reportaron complicaciones similares para el traslado de pacientes desde Asunción Mita hasta la cabecera departamental de Jutiapa, debido a un hundimiento en el puente Colorado.

*Impacto Directo es un programa informativo que se emite por Guatevisión, de lunes a viernes a las 18 horas.

Dirección de Caminos registra eventos de compras para trabajos en Autopista Palín – Escuintla

La cartera también busca la adquisición de cinco puentes de diferentes longitudes. La entidad espera recibir ofertas este miércoles.

Enrique García

10 de julio de 2024

|

13:14h

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A los conductores les puede tomar hasta cinco horas transitar por la antigua ruta de Palín a Escuitla, la cual funciona como ruta alterna por el hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por medio de la Dirección General de Caminos (DGC) solicitó este miércoles 10 de julio, la contratación “por procedimiento de excepción” para trabajos de limpieza, protección y control de erosión en la tierra, movimiento de tierra que comprende relleno estructural y de tubería, así como retiro de material orgánico y desechos y residuos de la ruta autopista Palín-Escuintla, kilómetro 44.

El pasado 13 de junio se informó de un hundimiento en esta ruta, lo que ha provocado complicaciones en el transporte de carga.

La justificación según expone la cartera en la constancia de causa y daño es por el “ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica en todo el territorio nacional, que produjo el aumento considerable de las lluvias, dando como resultado la sobresaturación del suelo y sumado a los efectos generados por los incendios forestales del volcán de Agua.  Según expone la DGC, esto dio como resultado que se arrastrara material vegetal, rocas grandes, lodo y árboles los cuales obstruyeron la tubería de drenaje lo que provocó el hundimiento de dicho tramo carretero.

El director general de Caminos, Gilberto de Jesús Guerra, planteó en el oficio número 2010-2024, con fecha 10 de julio que se inicie el proceso de contratación de conformidad al Decreto Gubernativo 2-2024 en donde el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de ministros declararon estado de calamidad pública en todo el territorio nacional el pasado 7 de julio del presente año.

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La misma Dirección también recibirá ofertas por medio de adquisición competitiva de cinco puentes tipo medular de uno y dos carriles de diferentes longitudes con una pasarela peatonal. Las bases especifican que estos tienen que ser “nuevos de acero” y listos para armarse.

En el Congreso

El Legislativo sesionará este jueves 11 de julio para conocer el decreto emitido por el Ejecutivo. Este contempla limitar algunos derechos constitucionales, evacuar a los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro, implementar acciones a nivel nacional por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), atender inmediatamente a la población afectada, dejar libre el acceso vial a la población de zonas afectas, entre otras.

De aprobarse en el Congreso, autorizará al Ministerio de Comunicaciones y a la Conred a adquirir bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar las emergencias.

Gobierno aprueba Estudio Definitivo de Ingeniería para autopista Escuintla-Puerto Quetzal

Estudio es requisito para proceder a la reconstrucción y rehabilitación de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, mediante una alianza público privada.

José Manuel Patzán

22 de junio de 2024

|

10:43h

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La autopista Escuintla-Puerto Quetzal se hará mediante la modalidad público-privada.(Foto Prensa Libre:Hemeroteca PL)

El ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) aprobó el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) para el proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, bajo la modalidad de alianza público privada (APP).

El EDI establece las condiciones técnicas de ingeniería civil a desarrollarse, la aplicación de la normativa y reglamentos nacionales, así como el cierre financiero de la obra, entre otros aspectos.

En octubre de 2023, la compañía Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía) presentó el (EDI), después de que el Congreso aprobara el contrato por medio del decreto 18-2021, bajo el esquema de la ley de alianzas público-privadas.

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El Civ emitió un comunicado en el que indica que “es imperativo subrayar que todos los riesgos de inversión en este proyecto son asumidos por el proveedor privado alineados con las disposiciones legales vigentes”.

“También afirma que las repercusiones de no cumplir con la normativa vigente serían profundamente perjudiciales para el país. La judicialización del proyecto podría resultar en años de estancamiento para la mejora de la autopista principal hacia el puerto más importante del pacifico. Además implicaría un riesgo significado de perder en arbitraje frente a la empresa contratista, deteriorando la confianza de los contratistas”.

Tras la aprobación del estudio, se debe informar a la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), para suscribir el acta de inicio de construcción y los seguimientos. Si hay alguna observación, deberán darse a conocer los hallazgos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) ya se había pronunciado sobre los EDI que han sido presentados varias veces, sin que se aprobara.

En el comunicado, el CIV recomienda actualizar el marco legal para la contratación de obra pública adoptando estándares internacionales, calidad y beneficios para el Estado.

“Debemos fortalecer el servicio civil y las instituciones públicas para para una gestión diligente de estas modalidades contractuales. Necesitamos una justicia imparcial que proteja a los funcionarios públicos que actúan con criterio técnico y profesional, que persiga de manera firme los actos de corrupción”.

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Inversión

En una entrevista reciente con Prensa Libre, Sandro Testelli, director de Convía, declaró que el cierre financiero del proyecto rondaba los US$140 millones, y que esperaban los resultados de la revisión del expediente “de la manera más eficiente y consensuada posible”. La fuente de financiamiento es local, con un préstamo sindicado.

Tras la autorización indicada, vendrá la etapa de preinicio con los contratistas que participaran en la edificación; la constitución de un fideicomiso; la obtención de las licencias de construcción; y otros procesos administrativos con Anadie.

En cifras

• El contrato fue adjudicado por Anadie al Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía) en noviembre del 2021.
• Se reconstruirán y habilitarán 104 kilómetros de autopista: 42 km en cada sentido y más de 20 km complementarios.
• La autopista recorrerá del km 60.9 al 102.1 entre Escuintla y Puerto Quetzal.
• Se construirán distribuidores viales, pasarelas, paradas de buses, cámaras de seguridad, sistemas inteligentes y señalización vertical y horizontal.

Y José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE) duda de la capacidad de la Dirección General de Caminos (DGC) para manejar esa infraestructura, por lo que hace un llamado a convocar a una nueva inversión de tipo público-privado.

Agexport: “Esa carretera debe mantenerse en buen estado los 365 días del año”.

¿Qué opina de que la administración de la autopista pase a manos del gobierno?

Es una de las carreteras más estratégicas del país para el sector económico y conduce a uno de los puertos más importantes. Como usuarios de la carretera buscamos eficiencia, reducción de tiempo y de costos de traslado, por lo que queremos vías en buenas condiciones los 365 días del año.

Durante 25 años hemos tenido esa autopista con buen funcionamiento, lo que contrasta con el deterioro de las que están a cargo de otras entidades como la de Escuintla a Puerto Quetzal, que ha estado en muy malas condiciones y hasta hace poco le hicieron algunas reparaciones.

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La preocupación que se mantiene es que el Estado no ha sido eficiente para administrar las carreteras y en los estudios que hacemos, la situación de la infraestructura vial es el tema número uno que aparece dentro de los problemas de competitividad del país.

Además, hace más de 7 años que hay una propuesta en el Congreso que reforma totalmente el modelo de contratación para la infraestructura pública porque ya no es posible seguir igual. Lo que se busca es eficiencia y competitividad porque la actividad económica se basa en costos, pero nos suben las tarifas de los fletes porque se arruinan los vehículos o hay más horas de viaje, si no están bien las carreteras.

Luego se ve también que está en manos de Estado atender una necesidad inmediata de acceso a áreas de producción que hoy no existe y que se ha solicitado en los distintos gobiernos. No solo hay que ver quién operando la ruta, sino cómo lo hace.

¿Puede perfilar los riesgos y oportunidades de una futura gestión estatal? 

La apuesta es ver quien pueda comprometerse bajo un contrato con indicadores de medición y castigos correspondientes, para que la carretera se tenga en un buen estado.

El riesgo es la incertidumbre derivada de la experiencia de décadas de mala atención a la red vial y la preocupación real no es solo de los exportadores, sino de los propios conductores y transportistas. La competitividad está muy baja y vive en los límites.

En el caso de las oportunidades no hay que “inventar el agua azucarada” sino solo ver qué hacen los países que mantienen su infraestructura nítida, independientemente de que la pongan en manos de empresas privadas o del Estado, pero con modelos muy eficientes.

¿Cuáles son los retos que debe asumir la DGC?

El primero es mantener esa carretera en buen estado los 365 días del año. Además, el cumplimiento de los indicadores de éxito en esa función; y tercero, las multas que deberían establecerse en caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones.

Para el Estado es muy complejo manejarse bajo esas condiciones porque sería una multa si mismo. Pero si no existen esas condiciones ni castigos, no hay cumplimiento. En la actividad económica hay sanciones por demorar la entrega de un producto y lo mismo debería pasar si se falta a las condiciones de calidad, mantenimiento y resistencia de una carretera.

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José Andrés Ardón es el director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica y considera que la decisión del precio del peaje debe ser técnica, por el bien de la ruta.

¿Qué opina de que la administración de la autopista pase a manos del gobierno?

Esa decisión sorprende, considerando la importancia que tiene esa autopista para el comercio, el turismo y el transporte en general. Dada la transcendencia de dicha infraestructura, esperábamos que hubiese una discusión técnica con tiempo suficiente para tomar una decisión basada en aspectos financieros y priorizando el resguardo de la calidad de la carretera.

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En ese sentido, factores como la eficiencia en las casetas, el precio del peaje y la capacidad de brindar un mantenimiento adecuado deben ser prioritarios en esta discusión.

A nivel mundial hemos buscado casos en los que la administración de un peaje concesionado pase a manos del Estado para ser administrado por el mismo y no los hemos encontrado, por lo que existe mucha incertidumbre respecto al posible desempeño bajo ese nuevo modelo. En cambio, la tendencia que hemos observado es un mayor involucramiento del ámbito privado en la construcción, operación y mantenimiento de autopistas.

¿Puede perfilar los riesgos y oportunidades de una futura gestión estatal? 

El primer riesgo y el más evidente es que la calidad de la autopista se deteriore, incluso en el corto plazo. Esto podría ocurrir por varios motivos. El primero de ellos es que la DGC no mantenga el mismo estándar en términos de la calidad de las reparaciones y el mantenimiento de la autopista. Nosotros identificamos que el problema de la calidad de la infraestructura vial no es necesariamente por una ausencia de recursos sino por una ejecución deficiente.

El segundo es que el volumen de tránsito en la autopista aumente significativamente.

El tercero es que la DGC no cuente con la capacidad técnica para administrar de forma efectiva y eficaz la ruta. La administración de este tipo de proyectos a nivel mundial comúnmente se lleva a cabo por medio de procesos en los que compiten empresas nacionales e internacionales con experiencia en la materia. En ese sentido, la DGC tendrá que pasar por una curva de aprendizaje.

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¿Cuáles son los retos que debe asumir la DGC?

Primero tener claros los costos de mantenimiento actuales. Por ello, el proceso de transición debe ser transparente e idealmente, público. De esa forma, organizaciones como el ICE, podremos tener parámetros objetivos para medir el desempeño de la administración de la DGC.

Segundo, analizar de nuevo la posibilidad de cobro del peaje, habilitando carriles exprés que mejoren la circulación. La demanda por el uso de la autopista continúa aumentando a lo largo de los años, por lo que tiene que existir un plan a largo plazo para mitigar ese fenómeno.

Tercero, evitar que se politice la decisión, para privilegiar la calidad de la infraestructura y que no termine siendo subsidiada. Por último, tener en cuenta que de igual forma se debe evaluar la posibilidad de retomar el modelo de alianza público-privada en caso de que no se estén logrando los objetivos anteriores.

En este caso la decisión no está siendo competitiva, por lo que existen riesgos financieros y operativos que podrían mitigarse por medio de una concesión.

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La DGC fue creada el 28 de mayo de 1920 y es la entidad encargada de realizar, mantener, actualizar y ejecutar planes regionales de construcción, rehabilitación, mejora y mantenimiento de carreteras, por lo que, por ley, le corresponde la administración del tramo mencionado.

Hasta el momento no hay un plan oficial que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) hayan dado a conocer sobre el manejo, administración y mantenimiento de ese tramo en particular, por lo que diversos sectores productivos demandan la garantía de un programa que evite el deterioro de esa infraestructura.

Lo único que se ha dado a conocer, es que se estaría aplicando una reducción a la tarifa del peaje, pero aún no hay valores específicos del nuevo pliego.

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Esto, a pesar de que la futura administración de la autopista por parte de la DGC tiene aristas técnicas y políticas, aparte de que en el imaginario popular está que todo lo que hace el Estado es malo, ineficiente o que se presta para actos para corrupción. No obstante, es la oportunidad de cambiar el modelo, según la coinciden varios consultados por Prensa Libre.

¿Qué se piensa sobre la administración?

La Coordinadora Nacional para el Transporte (CNT), emitió una postura crítica sobre el traspaso anunciado hacia la DGC, así como la responsabilidad del cobro de peaje, sin que hasta ahora se tenga claro el monto a pagar según tipo de vehículo.

“Nos preocupa muchísimo que dicho trayecto se deteriore al momento de estar en manos gubernamentales, ya que está demostrada la incapacidad para atender la red vial nacional por parte del CIV”, indica un comunicado de prensa de la CNT, entidad que agrupa a todas las asociaciones y gremiales formales del sector transporte.

Este sector es de la idea y está de acuerdo con que se debe mantener el peaje y que lo recaudado por transitar sea “exclusivamente” para el mantenimiento del tramo, “sin que se desvíen los fondos, como ha sucedido (por ejemplo) con el pago del impuesto a la distribución de los derivados del petróleo (IDP), que tiene un determinado objetivo que es el mantenimiento de la red vial, pero se emplea en otros temas”.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indicó que legalmente, la recepción del activo por parte de la DGC es lo que corresponde, pues “dado que el sistema actual de infraestructura vial no fomenta la planificación a largo plazo, y en su momento no se hizo una licitación para otra Alianza Público-Privada, ahora el camino que queda es  mantener el peaje, por las condiciones estratégicas de esa carretera para el desarrollo económico y social del país”.

Abraham Rivera Estévez, alcalde de Escuintla, indica que, de acuerdo con el marco normativo vigente, la DGC deberá administrar la ruta y brindarle el mantenimiento respectivo, pero no está de acuerdo con que se continúe cobrando peaje.

Y para el analista Roberto Santiago Servent, la percepción ciudadana sobre los altos índices de corrupción e ineficiencia de las autoridades a cargo de las instituciones genera que sean negativas las opiniones en cuanto a la administración de bienes por parte del Estado.

Perfil de riesgo y oportunidades

Sobre una matriz de riesgos y oportunidades sobre la futura administración de la autopista Palín-Escuintla por parte de la DGC, hay posturas encontradas.

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Zapata indica que uno de los posibles riesgos es que la DGC no logre administrar correctamente los ingresos que perciba del peaje; pero, por otro lado, existe una gran oportunidad para que una empresa estatal o unidad ejecutiva pueda cobrar una tarifa menor a la actual y mantener en perfectas condiciones el tramo, subcontratando a una empresa privada para el mantenimiento y operación.

El exviceministro del CIV, Douglas González, agrega que, en estos momentos, las garitas de peaje ya son altamente ineficientes, pues generan filas que rebasan el tiempo que los automovilistas podrían ahorrarse, si se invirtiera en la tecnología necesaria para hacer más expedito el tránsito, como sistemas inteligentes de lectura de placas y cobro automático.

“Además, está el riesgo de manejar Q100 millones al año, sin garantías concretas en la administración y sin contar con un programa concreto de inversión en mantenimiento”.

Entonces, se percibe que los riesgos en general serían la falta de mantenimiento del tramo carretero, que conduciría al abandono; la complicación del tiempo para transitar; y el incremento de accidentes por el deterioro del asfalto.

“Como oportunidad podríamos ver que desde el Estado también se pueden administrar bienes de forma correcta, solvente, honesta y honrada, lo que podría abrir las puertas a crear más tramos carreteros bajo esa metodología de trabajo”, puntualizó el Santiago Servent.

Tres retos

A la pregunta ¿cuáles deberán ser los retos de la DGC?, también se recibieron consideraciones relevantes, que van enmarcadas en una buena administración del activo, y se insiste en la posibilidad de hacer las mejoras necesarias para dos opciones: que quede libre el paso de vehículos o dejarlo con cuota, destinando los recursos al mantenimiento indicado. También está la posibilidad de abrir un nuevo proceso de concesión.

Entonces, el primer gran reto es mantener el estándar de servicios que tenía Marhnos; el segundo es el control de los pagos, para asegurar que lo ingresa realmente se utilice para la conservación; y el tercero es evitar la influencia política en la institución que lo administre.

“Se puede considerar una futura administración privada, pero reservándose los mayores beneficios para el Estado como activos de bien común, y lo peor que se puede hacer es generar una concesión como la que va a concluir”, expresó el economista Juan Alberto González, experto en temas territoriales, al agregar que cualquier decisión que se adopte, sea en consenso con las poblaciones de influencia.

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La DGC también debería tener un programa emergente de apertura de las garitas, mientras se acelera una eventual nueva concesión, con condiciones más favorables para el Estado. Por ejemplo, la concesión que está por vencer tuvo que hacer la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, con base de concreto.

Una nueva concesión debería contemplar que la empresa ganadora tenga como contraprestación la construcción de un tramo de similares características: 50 kilómetros en dos sentidos y con carriles; con su infraestructura y equipamiento complementario, puentes y bahías, entre otras, que sería lo más beneficioso para los ciudadanos y usuarios, declaró Douglas González quien también fue ex miembro del directorio de la Agencia de Alianzas Público-Privadas (Anadie).

Por otro lado, la DGC deberá realizar la evaluación técnica de la ruta entregada, hacer las verificaciones y crear un equipo de trabajo que sea el encargado general del funcionamiento del tramo carretero, el cobro por su uso, el trabajo en las casetas, la limpieza, señalización y administración.

Zapata dijo que a futuro se debe mantener el peaje, dadas las condiciones estratégicas para los corredores logísticos que se están desarrollando y la actividad industrial, comercial y turística del departamento, ya que “se necesita una autopista de primer nivel que funcione y esto solo se logra si hay un cobro directo para el mantenimiento de la vía”.

Por otro lado, que en el menor tiempo posible se contraten los estudios necesarios para licitar una nueva Alianza Público-Privada, que mejore las condiciones y que con ello se tengan mayores ingresos para las municipalidades aledañas, así como un canon que le dé un mayor beneficio económico al Estado.

Y finalmente, articular un modelo de pago por uso que encuentre el máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, las administraciones y los agentes sociales para dar una solución al creciente déficit de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado y, en particular, de las vías de alta capacidad (autopistas y autovías).

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Esta es la opinión coincidente de una serie de empresarios consultados por Prensa libre, tras conocerse que este tramo vial será devuelto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para ser administrado por la Dirección General de Caminos (DGC). Por el momento, no se ha dado a conocer un programa de mantenimiento ni el nuevo pliego tarifario para los usuarios, aunque se adelantó que podría haber una disminución.

El principal temor de los consultados es que, al no seguir estrictamente un programa de mantenimiento preventivo o de mejoras en la autopista, el aumento del tráfico por la reducción de la cuota podría deteriorar el tramo, por lo que se debe garantizar su condición de viabilidad.

La empresa concesionaria deberá de dejar un programa de mantenimiento mayor, previo a la recepción y liquidación del proyecto a la Dirección de Concesiones y Desincorporaciones del CIV, para lo cual cuenta con un plazo de 90 días que finalizaría el 31 de julio, de acuerdo con Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala.

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El peaje de 22 kilómetros es considerado como un tramo estratégico para el país, ya que conecta hacia dos puntos fronterizos (México y El Salvador) que son socios comerciales prioritarios; hacia los puertos Quetzal y APM Terminals; y es la vía hacia el resto de la Costa Sur, donde se realizan diversas actividades productivas de tipo comercial, industrial, agropecuaria, de construcción y turismo entre otras.

Cobro para mantenimiento

Héctor Fajardo, directivo de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT), afirmó que el mensaje de una posible reducción a la tarifa es positivo para los usuarios, sin embargo, se debe contar con una propuesta que sea realista, en el sentido de considerar su mantenimiento y funcionamiento, porque ya no se busca rentabilidad ni utilidad por parte del ente administrador, que será el gobierno.

El transportista expuso que al bajar los precios la mayoría del transporte y usuario de la antigua carretera Palín-Escuintla, pasarían por la autopista, por lo que se debe mantener la tarifa de peaje “al costo”, para cubrir gastos de administración más la inversión en mantenimiento.

Y para contar con los elementos necesarios para fijar una nueva tarifa, hay que revisar los análisis y registros de los aforos que obligatoriamente debe reportar la empresa concesionaria, de manera que el principal beneficiado sea el usuario, remarcó.

Recordó que la autopista Palín Escuintla, se ha caracterizado por mantenerse en buen estado “por lo que el precio que se cobre debe garantizar un mantenimiento efectivo, un nivel de servicio aceptable y ojalá óptimo”.

Con esta postura coincidió Charles Bland, presidente de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), al afirmar que “este tramo es estratégico para el agro y es sumamente importante porque es la vía principal desde y hacia la costa sur y el Puerto Quetzal, donde se maneja el 70% de la carga que se exporta”, apuntó.

Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) reiteró que una propuesta es que el tramo debe mantenerse en constante mantenimiento técnico para evitar su deterioro, independientemente de la decisión que se tome (incluida la administración estatal) y eso tiene un costo.

Uno de los temores, es que, si se libera el tramo sin peaje, pierda las condiciones óptimas por la falta de los recursos que debe asignar el CIV para mantener transitable la ruta. “De algún modo, la concesión de la ruta facilitó y brindó cierto orden del tráfico hacia la Costa Sur, que es una infraestructura básica para los puertos y la industria que está en esa zona”.

Bland insistió en que “la parte que nos preocupa es que se han abandonado las carreteras o pareciera que muchos de los trabajos no se han hecho con la calidad debida, así que ese tramo puede convertirse en una carretera descuidada más”.

Y empresarios del sector exportador, explicaron que la clave de esa ruta es el mantenimiento, y eventualmente su posible ampliación, cuando el volumen de tráfico lo requiera, pero el Estado tiene que asumir la carga financiera de la conservación.

Consejo asesor

Una de propuesta de la CGAB es que, al pasar el activo a la administración de la DGC, se apoye la creación y acompañamiento de un consejo asesor del sector privado, con el fin de garantizar el mantenimiento adecuado en la ruta.

“Se ha podido administrar la carretera en buenas condiciones, ordenada y bajo el marco de la regulación legal existente y una administración especial desde el punto de vista público podría hacerlo, pero con un aporte del sector privado-usuario, para conservar bien el tramo”, enfatizó Lacs Palomo.

Expectativa entre vecinos

Comerciantes y usuarios de la cabecera de Escuintla, dijeron esperar que la ruta se mantenga en buenas condiciones a partir del 1 de mayo, de manera que no ocurra lo mismo que con la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que se deterioró antes de que el Congreso aprobara el contrato de Alianza Publico-Privada.

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“Ojalá la Dirección de Caminos de Escuintla le brinde el mantenimiento necesario y se tenga la voluntad de mejorar la red vial en Escuintla y se haga un buen trabajo”, opinó Jorge Loarca vecino de la cabecera departamental.

El comerciante Jairo Quan añadió que hay expectativa sobre las nuevas tarifas y la esperanza es que sean accesibles para que la población las pueda pagar y la ruta se mantenga en buenas condiciones para beneficio de los usuarios.

Propuesta denegada

En la sesión del Congreso celebrada ayer, algunos diputados propusieron un punto resolutivo para incentivar al Organismo Ejecutivo para recibir la autopista Palín-Escuintla y eliminar el cobro de peaje.

La propuesta no prosperó, ya que solo recibió 58 votos y quedó improbada, por lo que la iniciativa no se entró a conocer por falta de consenso.

Asista a la Masterclass sin costo, este 26 de abril, Empresas Familiares: ¿Cómo asegurar su continuidad? Regístrese aquí

Por ello, para este domingo 16 de abril están convocadas las autoridades municipales para la designación de la comisión que organizará la consulta comunitaria con los vecinos. Esta actividad se llevará a cabo en el parque central de Palín, bajo la conocida ceiba del municipio a las 8 horas.

“La sociedad organizada de Palín se tiene programada una actividad y se invitó a las autoridades locales para conformar la comisión que se hará encargada de hacer todo el proceso, la elaboración del reglamento para la consulta comunitaria”, explicó este sábado Jorge Érick Urías Barrera, integrante de uno de los Consejos Municipal de Desarrollo (Comude) de Escuintla.

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La solicitud de la consulta comunitaria se fundamenta en artículo 63 del Código Municipal. Es decir, más del 10% de los empadronados solicitaron dicho proceso. Las preguntas que se estarían formulando van en el sentido que, si están de acuerdo en que siga el peaje por la autopista, o si no están de acuerdo, adelantó el representante del Comude.

Durante este encuentro podría fijarse una fecha para hacer la votación.

Este mes, el Concejo de la Municipalidad de Escuintla dio tramite a una gestión similar que plantearon grupos de vecinos, y también se está en la fase de lineamientos de los reglamentos y la definición de la fecha para llevarlo a cabo.

El viernes 14 de abril, representantes de varias organizaciones y vecinos de Escuintla también se reunieron con el Gobernador departamental, para conocer el futuro de la carretera, que tiene una zona de influencia en ambos municipios de la Costa Sur.

Luego de 25 de años de un contrato de concesión que aprobó el Congreso a la empresa Marhnos, este finalizará en las siguientes semanas. Ante esto, existen varios escenarios sobre lo que ocurrirá con este tramo carretero.

El principal escenario es que el tramo carretero, su administración y mantenimiento regrese al Estado, y el CIV, por medio de la unidad de Concesiones y Desincorporaciones, deberá realizar el procedimiento de recepción, así como la evaluación de los diferentes parámetros que deberá cumplir el concesionario Marhnos.

Otro escenario es renovar el contrato, pero es un proceso que debe pasar por la Comisión de Comunicaciones, la que está en un impasse por el deceso del legislador Hugo Rodríguez, quien era el presidente.

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Sergio Leonel Echeverría López, de 22 años, es el supuesto asaltante que resultó herido en el bus. Además, los pasajeros Marisolina Castañeda, quien es camarera del Seguro Social de esta localidad, y Mario Corado, pastor evangélico, quien había abordado la unidad y predicaba cuando sucedió el altercado, también resultaron heridos.

Según relatos de otros pasajeros, un tercer delincuente se bajó del colectivo y huyó entre la maleza de la referida ruta.

Los afectados informaron a la Policía Nacional Civil (PNC) que al menos tres hombres armados tomaron por asalto el autobús, que viajaba con rumbo a la frontera con El Salvador, y que al ingresar a la autopista gritaron que era un asalto.

“Hubo una persona que se resistió al asalto y empezó a discutir con uno de los asaltantes, al poco momento se empezaron a escuchar los disparos”, dijo una pasajera que prefirió el anonimato.

Los usuarios agregaron que todos se agacharon hasta que se dejaron de escuchar las detonaciones, “Fueron minutos eternos, pensé que resultaría con alguna herida, ya no se puede viajar con seguridad en los buses, y las autoridades no hacen nada para evitar este tipo de hechos”, expresó otra pasajera.

El piloto del bus condujo hasta el kilometro 52 de esa carretera, donde se ubican las garitas de cobro de la autopista, y pidió apoyo, por lo que fueron auxiliados por socorristas de Siva.

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Según pasajeros, luego del asalto los delincuentes le exigían al piloto que tomara la autopista, pero este se negó y se desvió hacia Palín, por lo que fue golpeado en la cabeza por uno de los asaltantes para que detuviera la marcha. En ese momento la Policía Nacional Civil (PNC) ya sospechaba del atraco y una unidad le daba seguimiento al bus.

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Luego de sus exigencias, los asaltantes lograron que el conductor se detuviera en el km 39 de la ruta antigua a Escuintla, donde los pasajeros al ver que un autopatrulla los seguía intentaron detener a los delincuentes, quienes empezaron a disparar de manera indiscriminada.

El resultado fue un pasajero muerto y dos heridos, quienes fueron auxiliados por los Bomberos Voluntarios.

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En la grabación publicada por la comuna de Palín se observa el trayecto del bus y la forma como los delincuentes escapan de los agentes.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que denuncie ese tipo de hechos, pues con ello se facilita el trabajo de las fuerzas de seguridad.

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Mario Charuc Mazit, de 45 años, originario de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, trabajaba como ayudante de la unidad de los transportes Belmont, que había salido de ese municipio con destino a la capital, pero intentó escapar, por lo que fue baleado.

El relato de algunos pasajeros hacia las autoridades detalla que los dos sujetos se subieron en Escuintla, al llegar al kilómetro en mención, uno de ellos amenazó al piloto para que continuara la marcha, mientras el otro despojaba de sus pertenencias a los pocos usuarios que iban a bordo. 

“Cuando íbamos por el kilómetro 45.5 se levantaron de los asientos y gritaron que era un asalto. Me amenazaron para que continuara la marcha, al ayudante le pidieron el dinero del pasaje, pero no lo entregó y le dispararon en la pierna, después él intentó huir, pero lo alcanzaron y lo mataron”, relató el piloto.

“El ataque ocurrió frente a los pasajeros que sufrieron de crisis nerviosa. Fue necesario atenderlos ya que tenían crisis nerviosa. Ninguno fue trasladado”, informó Renzo Mérida, comandante de los socorristas Masagua.

Algunos de los afectados señalaron que cada vez que viajan van atemorizados, debido a que no hay día que no se reporte un asalto en esa ruta, sin que las autoridades puedan controlar ese problema.

“Hace falta que patrullen la autopista, de nada sirven los puestos de registro si en toda la ruta no hay ninguna patrulla que pueda realizar recorridos y estar así atentos ante cualquier suceso”, manifestó un pasajero.