Con 119 votos a favor, diputados del Congreso de la República archivaron este martes 15 de marzo la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia que elevaba las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual, lo que generó una ola de críticas que obligaron al presidente Alejandro Giammattei a advertir que vetaría la normativa.

La Ley fue archiva mientras frente al Congreso se desarrollaban protestas por parte de grupos de la sociedad civil, quienes considerabas que esa normativa atentaba contra los derechos de muchas personas.

El pasado 11 de marzo, el mandatario solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala.

Este martes, la Ley fue archivada mediante un acuerdo presentado por el oficialismo. La Junta Directiva no permitió la discusión de las objeciones y entró a votar directamente, lo cual generó el disgusto de la oposición.

TAMBIÉN LEA

Postuladora recibe 33 tachas contra aspirantes a dirigir el Ministerio Público

El martes  8 de marzo, 101 de 160 diputados aprobaron la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que elevaba de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”.

También castigaba con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de esta.

Lea además: Guatemala realmente está en condiciones para celebrar un día por la vida y la familia?

La norma aprobada había reformado el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala, y restringió a los centro educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual, entre otras limitaciones para la población LGBTI.

#CongresoGT | La Ley fue archivada mediante un acuerdo presentado por el oficialismo. La Junta Directiva no permitió la discusión de las objeciones y entró a votar directamente, lo cual generó el disgusto de la oposición. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/OyIFruMCr4

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 15, 2022

 “De la época medieval”

Partidos opositores y organizaciones feministas y de derechos humanos alertaron que la aplicación de la ley podría provocar la criminalización de los abortos espontáneos, y aumenta el riesgo de crímenes de odio contra personas de diferente orientación sexual.

Lea también: Iniciativa 5272: “No es un ataque a los homosexuales”, afirma representante del movimiento evangélico

Varias bancadas en el Congreso también habían solicitado a la presidencia del Congreso archivar la ley al señalar que viola derechos constitucionales como la libertad de expresión y de conciencia.

“Esta ley estaba hecha demasiado fascista. Parecía ya de la época medieval”, indicó Alma Chacón, activista del Consorcio por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Lea también: Organizaciones advierten violaciones a Derechos Humanos en la aprobación de la iniciativa 5272

Sin embargo, consideró que el pedido de Giammattei para engavetar la ley “no va a terminar” con la política conservadora del gobierno. “No podemos bajar la guardia”, advirtió.

El pasado martes 8 de marzo el Congreso aprobó el decreto 18-2022 la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, lo que desató diversas reacciones, opiniones, reclamos entre los Parlamentarios de la diferentes bancadas y objeciones por parte de los Congresistas de Oposición, lo que conllevo a que la noche del jueves 10 de marzo el presidente Alejandro Giammattei anunciará el veto y la petición de archivar dicha legislación.

Sin embargo, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera indicó que en la presente semana analizará la ley para determinar si tiene inconstitucionalidades “todavía estamos en el plazo para poderla enviar o archivar, vamos a proceder como corresponda” y agregó que solicitarán una opinión jurídica interna.

Lea también

Estos son los alcances legales de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, según dos constitucionalistas

La normativa que fue aprobada con el voto de 101 Diputados contraviene principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es desmedida las penas a imponer en los diferentes tipos de aborto, refleja subordinación de los Organismos de Estado y es inconstitucional, de acuerdo con algunos criterios que compartió el constitucionalista Gabriel Orellana Rojas.

• Contraviene derechos humanos

El profesional refiere que “en tema de derechos humanos es sumamente peligrosa” derivado a que es contradictoria a lo que establecen los principios de Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual los Estados Parte, entre los que se encuentra Guatemala, se comprometen a respetar los derechos, el pleno ejercicio de toda persona y el respeto a su vida.

En la misma Convención en el artículo 3 establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica “esto quiere decir que a toda persona tiene derecho a que se le respete como es, no tiene porque forzársele a cambiar o a ser víctima de discriminaciones” dijo.

Orellana explicó que en el artículo 24 de la referida convención establece que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” se lee y lo relaciona con el último considerando de la Ley de Protección de la Vida y la Familia hace referencia a la existencia de “grupos minoritarios” de la sociedad guatemalteca, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, así como modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio.

El constitucionalista considera que “es algo muy peligroso, porque está estableciendo una discriminación en perjuicio de las personas que no piensan como los Diputados que aprobaron esta ley” y pone a Guatemala en problemas con la Convención porque la misma “prevalece sobre el derecho interno guatemalteco” y es parte de la Constitución Política de la República de Guatemala para efectos interpretativos.

• Penas desproporcionadas

Orellana considera que las reformas al Código Penal que aumenta las penas a imponer ante cualquier tipo de aborto “es desproporcionada el aumento de las penas, si se compara con otros delitos iguales o de mayor gravedad” dijo.

Entre los cambios que fueron plasmados en tres capítulos y 21 artículos se encuentran las reformas al Código Penal y da paso a aumentar las penas a imponer ante cualquier tipo de aborto, entre los que se encuentran el aborto procurado, calificado, preterintencional y terapéutico, este último previo a su práctica debe de contarse con diagnóstico de  médicos gineco-obstétras colegiados activos y se debe realizar sin la intención de provocar la muerte del embrión.

Otro punto importante y que vale la pena recalcar, es la problemática que se puede generar en Salud Pública y esto podría “proliferar posiblemente los abortos clandestinos” y posteriormente se verían obligados a aprobar normativas favorables al aborto.

Es una ley que fue irresponsablemente emitida y a esto se le suman “los prejuicios y conductas violentas” que esto pueda generar

• Subordinación de Organismos

Con relación a la política exterior el experto en materia constitucional hace ver que es una “absoluta monstruosidad porque es una abierta intervención del organismo Legislativo en la conducción de la política internacional del país” y resaltó que es una función que le compete al Presidente de la República “no hay subordinación en los 3 poderes del Estado” subrayó Orellana.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 183 establece las funciones del Presidente de la República, en el epígrafe O se lee: Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar ydenunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución.

La normativa que fue aprobada por el Legisltaivo representa “un retroceso para Guatemala” y además podrían rozar algunas garantías constitucionales y Orellana toma como ejemplo el principio de igualdad resaltando que debe ser “igual protección ante la ley” y esto nos podría colocar en “un nivel muy parecido al de los Estados musulmanes” indicó.

• Inconstitucionalidad

De acuerdo a lo que establece el articulo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece “el principio general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”, lo que da paso a reconocer a los tratados internacionales “como superiores al derecho guatemalteco interno, con esto se niega la obligación adquirida” advirtió Orellana.

El profesional en materia de derecho hace referencia que la nueva ley no se acopla a la realidad sociológica de Guatemala, ni a la realidad jurídica en el mundo debido a que “la diversidad sexual se considera parte integrante de la cuarta generación de los derechos humanos” y este aspecto va a generar muchos conflictos sociales “nacidos de la ignorancia, porque una persona informada puede manejar con libre albedrío, con mejores argumentos y conductas racionales”.

Los posibles escenarios que contempla Orellana a corto plazo es que “está condenada al fracaso, ya sea porque se declare su inconstitucionalidad, o porque no se apega a la realidad de los hechos” y recuerda que el espíritu con el que fue emitida la Carta Magna se basó fundamentalmente en “la garantía y protección de los derechos humanos”

La ley 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia encendió alarmas, incluso fuera de Guatemala, por el impacto directo a los derechos humanos. Amnistía Internacional es una de estas entidades que puso sus reflectores sobre el país.

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, desde México, compartió con Prensa Libre el daño que podría hacer que un Congreso concentre esfuerzos en legislar sobre estos temas.

Lea también:

Estos son los alcances legales de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, según dos constitucionalistas

¿La aprobación en el Congreso de esta ley 18-2022 se puede entender como un antes y un después en materia de Derechos Humanos en Guatemala, o han sido cambios progresivos? 

Esta ley que ha sido aprobada por el Congreso y que además se atreve a llamarse Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que hace todo lo contrario, no protege ni la vida ni protege los derechos humanos de las personas a tener una familia en la concepción que incluye las normas internacionales en materia de Derechos Humanos; esta ley es un síntoma de un grave retroceso, de una grave regresión que estamos viendo en materia de Derechos Humanos en todo el continente, pero particularmente en Guatemala. 

En los últimos años hemos estado documentando graves situaciones que violentan los derechos humanos de las personas en todo el país, que va desde los ataques y la violencia perpetrada en contra de personas defensoras de los derechos humanos o personas impartidoras de Justicia hasta estos ataques desmedidos en contra de grupos de población históricamente marginalizados, que incluyen los pueblos indígenas, las mujeres, las niñas, las personas LGTBI y más y otros grupos de población que lamentablemente siguen estando sujetos a violaciones a los derechos humanos en la protección del Estado.  

Esta ley es una ley discriminatoria que fomenta el odio y pone en peligro la vida de miles de personas. Vulnera los derechos humanos de miles de personas y además es una ley que genera un nefasto precedente, no solo para Guatemala, sino para nuestra región, una región que mientras vemos el avance en progresión en materia de derechos humanos, particularmente de derechos sexuales y reproductivos en algunos países, como recientemente en México y Colombia con la despenalización del aborto, también vemos un ataque.  

Le puede interesar: “¿Cuántos diputados van por su tercer matrimonio?”: Congreso debate sobre la ley de la familia

Esta ley en particular es peligrosa porque, en primer lugar, criminaliza no solo los abortos en la terminación voluntaria del embarazo, sino los abortos espontáneos. La propia ley establece en su definición que un aborto es también la terminación del embarazo de forma natural, quiere decir que cualquier mujer que tenga una complicación obstétrica durante el embarazo y por ende pierda el producto de su embarazo es un aborto espontáneo, como médicamente puede suceder y también será criminalizada y sujeta a una sanción penal, también criminaliza a las personas LGTBI, prohibiendo la posibilidad del matrimonio igualitario, que ha sido una de las grandes reivindicaciones de las personas LGTBI y por muchos años en todo el continente. 

Pero, además, y muy importante, legaliza la discriminación, el odio en contra de las personas LGTBI, porque elimina cualquier sanción a personas que discriminen en contra de la población. 

#Guatemala: mientras mujeres en la región se toman las calles para exigir #DDHH en el #DiaInternacionalDeLaMujer, el @CongresoGuate aprueba Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que viola los #DDHH de #mujeres, infancias, personas #LGBTIQ+ y representa grave retroceso pic.twitter.com/M1fgCdeiIp

— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) March 9, 2022

Esta ley limita algunos derechos sexuales y reproductivos y castiga a la diversidad de género. ¿Esto se debe entender como una afrenta a los derechos humanos según el marco jurídico internacional? 

Transgrede todas las normas internacionales en materia de protección de derechos humanos. Los principios más básicos de proteger a las personas en contra de la discriminación, de la violencia de las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las personas LGTBI y el derecho a la niñez y a la infancia, a las niñas, niños y adolescentes de recibir una educación integral en sexualidad, que ha sido reconocida por estándares internacionales a través de diferentes convenciones de las cuales Guatemala ha firmado y ratificado y, por ende, está obligada a cumplir.  

“Hay que recordar que Guatemala es uno de los países que enfrentan los peores índices de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes”

¿Que pierde un país como Guatemala cuando hay una corriente que discute el derecho al aborto legal en América Latina, que están tratando de abrir esos espacios, y en cambio, países como Guatemala están legislando en contra de esto?  

Pierde la posibilidad de que su población pueda ejercer sus derechos humanos fundamentales. Guatemala pierde la oportunidad de unirse a una serie de acciones en progreso de los derechos humanos; con esta ley nos demuestra que el Congreso está enfocado en violentar los derechos humanos de las personas en Guatemala en lugar de estar estableciendo leyes y mecanismos de rendición de cuentas a los órganos del Estado para que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos con tantísimos desafíos, con las múltiples crisis de derechos humanos que enfrenta Guatemala.  

Vemos con gran preocupación, es perturbador que el Congreso gaste tiempo y energía en leyes discriminatorias que violentan los derechos humanos, en lugar de estar atendiendo los temas más urgentes y emergentes en la agenda de derechos humanos. Hay que recordar que Guatemala es uno de los países que enfrentan los peores índices de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes frentes que conocemos por las propias cifras del Estado y las cifras recolectadas por organizaciones de la sociedad civil que hay más de 65 mil abortos clandestinos al año. Quiere decir que las mujeres y las niñas están arriesgando su vida, pero que además son alrededor de 65 mil embarazos de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, los que ocurren cada año y estas estadísticas son síntomas que te muestran un contexto en donde los derechos humanos de las personas no han estado en el centro de la legislación ni de las políticas públicas. 

Le puede interesar: “No se puede aprobar así como está”: Los cambios que propone la Asociación la Familia Importa a la iniciativa 5272

También tipifica esta ley un modelo de familia nuclear muy estrecho, dejando fuera incluso a padres solteros que por diferentes circunstancias están así ¿cuál podría ser el efecto directo en las relaciones sociales, incluso en la niñez que crecen estos círculos, al negar la existencia legal de estos? 

Niega una realidad, es decir, fomenta esta discriminación en contra de familias monoparentales, familias, sobre todo de mujeres madres que tienen que estar a la cabeza del cuidado de la crianza de hijas e hijos, le niega la posibilidad, por ejemplo, a niñas, niños, adolescentes de ser adoptados por familias monoparentales al establecer claramente que la familia constituida por madre y padre es el único tipo de familia que tiene derecho a adoptar y eso le niega la posibilidad quizás a la infancia guatemalteca, sobre todo aquella que está en situación de más alta vulneración, a violaciones a los derechos humanos, a acceder a los derechos de familia, de identidad y con ellos una serie de derechos como el acceso a la educación, a la salud, entre otros.  

Así es que esta ley, sin duda alguna, es un reflejo de este contexto regresivo de esta cultura que el Estado está intentando instaurar en una Guatemala, que todavía sigue atravesada por enormes desafíos en materia de derechos humanos, por enormes desafíos de racismo y discriminación y que esta ley solo viene a profundizar todos estos temas. 

Desde el punto de vista de derechos humanos, ¿por qué el acceso a un aborto legal y asistido debería considerarse una alternativa, más allá de los dogmas religiosos o morales? 

El derecho al aborto legal y seguro está reconocido en la interpretación de diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en materia de protección a la vida, a la salud, de la integridad de las mujeres y niñas y personas con capacidad para gestar el aborto; es una alternativa el aborto legal y seguro para embarazos no deseados o para embarazos que ponen en riesgo la vida de la persona embarazada, la salud, la integridad, embarazos en donde el producto no tiene ninguna viabilidad y pone en riesgo la vida de la mamá.  

Es decir, el aborto es una alternativa, pero antes del aborto existe una gama de alternativas para atender de manera integral los derechos sexuales y reproductivos. Existe sobre todo la educación sexual integral que ha sido demostrada con evidencia en diferentes partes del mundo que ayuda a prevenir no solo el embarazo en niñas y adolescentes, sino también la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Y es que la educación integral no es más que una educación basada en elementos cognitivos, diferenciados a las a las edades de niñas, niños y adolescentes que les permite tener un conocimiento profundo sobre sus derechos, sobre su cuerpo, sobre las relaciones en que mantienen, inclusive las relaciones sexuales, en dignidad y con pleno respeto a los derechos humanos, y ha sido comprobado en países, sobre todo en países europeos, en otros países en donde se ha asimilado la educación integral en sexualidad, como parte del currículum cotidiano de la educación más primaria, como un elemento que previene la violencia sexual y que empodera a las niñas, niños y adolescentes para tener un derecho a su sexualidad, de manera que respete los derechos humanos. 

“Esto significaría un retroceso de décadas, cuando ya se ha reconocido las violaciones a los derechos humanos”

Esta posición de Guatemala toma oficialmente un papel totalitario ¿esto podría tener un efecto adverso y promover discursos y crímenes de odio, que ya existen en Guatemala?  

Es una ley que no solo fomenta el odio, manda un mensaje peligroso en una situación de violencia extrema que ya enfrentan las personas LGTBI y las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos han documentado que tan solo en el 2021 32 personas LGTBI fueron asesinadas por este contexto de odio, y que a lo que va de este año 9 personas también han sido asesinadas, y esto es solo es un indicador de la violencia radical que enfrentan, pero conocemos de múltiples denuncias sobre discriminación laboral, sobre crímenes de odio que atentan contra la vida, integridad y seguridad de estas personas. 

En el Congreso ya está una propuesta que tipifica como trastornos la identidad de género, es una propuesta de una iniciativa que el mismo partido de Gobierno ya tiene sobre la mesa y que algunos analistas creen que este sería el camino que va a seguir llevando y para seguir en la misma línea de de leyes que están, se están aprobando, ¿que implicaría continuar legislando en esa línea y declarar una enfermedad o anomalía? 

Esto significaría un retroceso de décadas, cuando ya se ha reconocido las violaciones a los derechos humanos que han implicado que han significado la tipificación de trastornos mentales a la identidad sexual, la orientación sexual de las personas donde ha habido cambios significativos para reconocer los derechos humanos de las personas LGTBI y más una ley que atentara contra estos avances, pues significaría un grave retroceso de décadas, sobre todo que, además, expondría a un altísimo riesgo a las personas LGTBI y más a sufrir de situaciones que podrían constituir inclusive tortura.  

El Congreso ha sido blanco de críticas y manifestaciones ciudadanas por la aprobación de la ley para la protección de la vida y la familia, avalada por la alianza oficialista la noche del pasado 8 de marzo.

Los más críticos del proyecto aseguran que es una ley que viola principios tan básicos como el derecho a la educación, la salud y hasta la libertad de expresión.

Destacan que la 5272 viola los Derechos Humanos y por ello organizaciones afirman que es crucial la elección de un Procurador de los Derechos Humanos (PDH) que se enfoque en la defensa de los excluidos y marginales.

Pero pese a que el 7 de marzo la Comisión de Derechos Humanos finalizó con la recepción de expedientes para candidatos, la mesa legislativa no sabe cómo medir sus capacidades y por consecuencia no saben cómo calificarlos.

La falta de acuerdos dentro de la Comisión no permitió que previo a la convocatoria se aprobara un cronograma y una metodología para medir a los aspirantes, por lo que analistas temen que el proceso pase de ser técnico a algo muy subjetivo y político.

Le podría interesar

Estos son los alcances legales de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, según dos constitucionalistas

Por definir evaluación

Esta mesa legislativa está presidida por el diputado Antonio Arenales Forno, integrante del bloque legislativo Valor, quien afirmó que la evaluación de aspirantes se va a definir la próxima semana.

El congresista destaca que parte de esa falta de acuerdos dentro de la Comisión se debe a no todos quieren una tabla de gradación, ya que temen que se busque ayudar a ciertos candidatos.

“Hay una costumbre de tablas de gradación, hay quienes también las objetan por el hecho de que son hechas direccionadas a determinados candidatos, todo esto aún tenemos que evaluarlo en la Comisión y tomar una decisión, yo no tengo criterios preestablecidos, creo que lo más sano es que salga del debate de la Comisión”.

Forno estima que aunque no cuenten con un cronograma no afecta en nada la evaluación técnica, ya que es una Comisión robusta con la representación de un diputado de cada bancada.

“Los 38 candidatos, probablemente la mayoría llenan los requisitos legales, ya en la evaluación entramos a una etapa donde cada quien, oyendo a los candidatos y estudiando los expedientes ve a quien le parece más indicado para optar al cargo”.

Lea también: En medio de la elección del ombudsman ¿Guatemala realmente necesita de una PDH?

Problema legal

El optimismo de Forno no se ha transmitido en todos los integrantes de la Comisión, la diputada Sonia Gutiérrez, que representa al bloque legislativo Winaq cree que las cosas no se han hecho de forma ordenada.

“Esto se tuvo que haber hecho previo a la convocatoria, pero no hubo los acuerdos a lo interno de la Comisión, a lo único que se concluyó fue que se iniciara con la convocatoria para cumplir con el plazo de ley”.

La congresista señala que afinar una evaluación con expedientes prácticamente sobre la mesa podría traer consecuencias, algunas incluso de índole legal.

“Es preocupante que no se haya acordado con antelación la aprobación del cronograma, era lo que algunos planteamos por la importancia que tiene el cronograma, ahora si esperamos que legalmente no tengamos algún grado de repercusión dadas las decisiones que se han tomado”.

La Comisión se va a reunir la próxima semana y se espera que los diputados aprueben un cronograma, que dejaría como fecha tentativa para la integración de la terna el 13 de mayo.

#ElecciónPDH | Según los estándares internacionales de #DDHH, el proceso de selección y nombramiento del Procurador/a de los Derechos Humanos, debe basarse en los principios de:

 Transparencia
 Publicidad
Participación
 Objetividad con base en méritos pic.twitter.com/ja10HjzwCm

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) March 3, 2022

Tabla de gradación

Analistas consideran que lo mejor es que la Comisión de Derechos Humanos mida a cada uno de los 38 aspirantes con una tabla de gradación, donde deben premiar actitudes y experiencia a favor de los Derechos Humanos.

María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señala que se debe de hacer un proceso transparente que permita confiar en las decisiones que tomará la mesa parlamentaria.

“Todo es subjetivo, recuerde que el Congreso es político y los procedimientos al final son ellos quienes tienen la libertad de escoger la terna. Lo que uno quisiera es que fuera por merito pero lamentablemente no hay un parámetro para que se seleccione objetivamente”.

Alejandro Rodríguez, integrante de Alianza por las Reformas, coincide con Aceña, considerando prudente que mediante una tabla de gradación se busque al candidato más apto para no caer en actitudes subjetivas de evaluación.

“Este es un concurso público y no una designación política y eso lo deben que tener claro los diputados, porque si se hace una designación política se corre el riesgo de politizar la institución y que el PDH no cumpla las funciones que está llamado a hacer”.

Diputados y la 5272

La noche del 8 de marzo, día internacional de la mujer, la alianza oficialista aprobó con 101 votos la ley para la protección de la vida y la familia contenida en la iniciativa 5272.

De ese centenar de diputados que apoyaron la ley que es considerada por las organizaciones sociales como un retroceso en Derechos Humanos, 10 diputados de la Comisión de Derechos Humanos votaron a su favor.

Se trata de Antonio Arenales Forno, de Valor; Aníbal Rojas, de Visión con Valores (Viva); Julio López integrante de la Unión del Cambio Nacional (UCN); seguidos por Javier Hernández de FCN Nación.

La diputada Lorena de León Teo, de Bienestar Nacional (Bien); Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) junto a Maynor Mejía, del bloque oficialista Vamos, también votaron a favor.

A ellos se sumaron Cornelio García, de la bancada Todos; José Inés Castillo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y José Alejandro de León de la bancada Podemos.

Este último congresista también se postuló como candidato para ocupar la PDH, junto al exdiputado Fernando Linares Beltranena, que tuvo un papel protagónico en el avance de la 5272.

Linares Beltranena presidió la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mesa legislativa que le dio el dictamen favorable a la ahora ley que es tachada por analistas como un retroceso en materia de Derechos Humanos.

Tanto José Alejandro de León como Fernando Linares Beltranena, ahora candidatos a PDH, demostraron con el dictamen y el pasado evento de votación que apoyan la iniciativa 5272.

La recién aprobada Ley de protección de la vida y la familia, a criterio de Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar), pone en riesgo la salud de las mujeres y coloca barreras al limitarles el acceso a los servicios, principalmente en el área rural, cuando el promedio anual en el país es de 400 muertes maternas, y nueve de cada 10 son prevenibles.

La médica y socióloga da su visión de los alcances de la norma 18-2022, que legisla el tema del aborto, pero según Montenegro estos ocurren de manera espontánea en el 10 por ciento de los embarazos, como una selección natural.

Lea además:

Organizaciones advierten violaciones a Derechos Humanos en la aprobación de la iniciativa 5272

A como está planteada y fue aprobada, ¿esta ley en realidad protege la vida?

Es una ley restrictiva, discriminatoria, bajo una visión particular con fundamento religioso que no corresponde a la realidad de Guatemala. No aporta en el marco de proteger la vida, la coloca en riesgo al limitar el acceso a servicios de salud para las mujeres que presenten un sangrado durante el embarazo y la educación integral en sexualidad en la niñez y adolescencia que es cuando se necesita tener información, formación en el aspecto de derechos, tolerancia, la no violencia contra las mujeres, equilibrar las relaciones de derechos y obligaciones dentro de las familias.

Uno de los puntos que aborda la ley es el aborto y lo sanciona con prisión tanto a quien lo consiente como a quien lo cause ¿desde el Osar cómo ven la aprobación de este tema en la mencionada ley?

El aborto es un problema de salud pública, causa el 7% de las muertes maternas en Guatemala. Existe legislación en relación al aborto terapéutico, cuando coloca en riesgo la vida de la madre. En el monitoreo que realizamos, son pocos los abortos terapéuticos que se realizan en los hospitales, se atienden más hemorragias del primer trimestre durante el embarazo.

Si realmente se quiere disminuir o prevenir los abortos se debe trabajar en dar educación integral en sexualidad, y acceso a métodos anticonceptivos en los servicios de salud.  De igual forma, en los casos de violencia sexual, las personas deben saber que es una emergencia médica, no es culpa de la víctima -a veces se guarda silencio y se esconde la situación-, y es una emergencia médica por lo que debe asistir a un hospital o clínica de Ministerio Público.

¿Incrementar las sanciones de prisión, bajo que marco de comparación? Un violador tiene 8 años de cárcel, una mujer que aborta -tal vez por una violación- tiene 10 años. Es difícil establecer juicios en el marco de que delito es mayor, pero lo mejor es prevenir y eso se logra dando acceso a información, métodos, a la atención de emergencia de violación sexual.

¿Guatemala, de acuerdo con sus indicadores de acceso a salud materno-infantil, está preparada para legislar en relación con el aborto en cualquiera de las circunstancias en que se dé?

Con la legislación que se tiene en relación al aborto terapéutico, todavía es necesario socializarlo como una opción en caso de riesgo de la vida de la mujer embarazada, acá deben incluirse las niñas victimas de violencia sexual embarazadas, algunas se suicidan, otras mueren por complicaciones obstétricas, entonces podrían entrar en el aborto terapéutico al colocar en riesgo su salud.

Lea además: Estos son los alcances legales de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, según dos constitucionalistas

En las tipificaciones del aborto está el terapéutico, que no es punible, y establece una serie de puntos para considerarlo dentro de esta clasificación. ¿En el contexto guatemalteco es factible que esas condiciones se den, cuando los servicios de salud en la provincia son deficientes y el recurso humano es escaso?

Las condiciones de los servicios de salud son deplorables en lo rural, mientras más alejado puede evidenciarse: falta de personal, carencia de insumos, dificultad en las referencias a hospitales, muertes maternas y neonatales, porque la atención del parto está relacionada con la sobrevida del niño/a.

Normalmente en lo servicios de salud  se atienden hemorragias en mujeres embarazadas, durante el primer trimestre -abortos espontáneos, amenazas de aborto- a través de guías y normas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para tratarlos en el segundo nivel de atención -centros de salud, CAP (Centros de Atencion Permanente)- esta ley podría ocasionar que las mujeres ya no asistan -por miedo-  y tengan complicaciones en sus casas porque se sientan amenazadas, y coloca a los prestadores de servicios en una situación difícil porque su función es atender la emergencia y salvar vidas.

Los abortos terapéuticos se realizan en los hospitales, en el tercer nivel de atención.

¿El no contar con los especialistas o médico general que la ley establece para atender el aborto terapéutico pone en riesgo la vida de las madres?

Sí, no solo el aborto terapéutico sino la atención de cualquier complicación durante el embarazo que implique una hemorragia.  Por ejemplo, la comadrona es la opción más cercana a las mujeres embarazadas para tratar sus complicaciones, ellas refieren a los servicios de salud a las mujeres con complicaciones, pero ahora ellas también podrían ser objeto de persecución con la nueva normativa.

Lea además Embarazos adolescentes: la pandemia deja una herencia de subregistro

¿Hasta dónde llega la vulnerabilidad de las embarazadas en el área rural?, ¿cuán preocupantes son los casos de mortalidad materna?

A pesar de los avances con la ley para la maternidad saludable, los planes de reducción de la muerte materna neonatal, las muertes en Guatemala todavía continúan siendo altas.  Aproximadamente 400 muertes maternas anuales, el 90% son prevenibles, hemorragia es la primera causa de muerte materna, factores como la distancia o el transporte para acceder a un servicio de salud, el permiso del esposo para buscar atención médica, son factores de influyen en la muerte materna. Los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz presentan los mayores casos.

Preocupa las muertes maternas en adolescentes, asociadas con trastornos de la hipertensión, los suicidios en adolescentes, poco acceso a servicios que puedan tratar las complicaciones o el poco acceso a control prenatal para identificarlas oportunamente.

¿En qué papel pone a los médicos esta ley en casos de aborto terapéutico?  

No solo es aborto terapéutico sino tratar a cualquier mujer embarazada que presente una hemorragia que podría ser un aborto natural, que sea una emergencia, coloca al personal de salud -incluyendo médicos- en riesgo, sanciones de 20 años de prisión, inhabilitación del ejercicio de su profesión 10-20 años, multas entre Q50 mil-Q200 mil.

La ley también indica que, en caso de la muerte natural o provocada del embrión en el vientre materno, el médico que atienda el caso debe rendir un informe al respecto a quien lo solicite ¿en dónde queda la confidencialidad y el secreto médico?

No es posible implementar este sistema de informe, no se considera el embrión dentro de los registros médicos sino la atención de la mujer embarazada que presenta un aborto.

En el caso de mortinato, debe ser en el Registro Nacional de las Personas -RENAP- donde se encuentre la información.

Se está violentando el principio de confidencialidad y secreto médico entre la mujer y su médico, el registro médico es un documento legal, bajo este artículo cualquiera persona puede solicitar y hacer uso de este registro, violando el derecho de privacidad de datos de la mujer.

Lea además: ¿Por qué nos debe importar que no haya más embarazos en niñas y adolescentes?

Antes de normar el tema del aborto, ¿cree que era necesario que el Estado atendiera otros temas preocupantes, como la mortalidad materna y los embarazos en niñas y adolescentes?

En nuestra función de monitoreo, observamos como la situación de las mujeres, adolescentes, niñas se deteriora, mayor violencia, mayor pobreza, menos acceso a los servicios de salud, a la educación, se necesitan políticas públicas que atiendan estas realidades, estrategias que permitan disminuir la desnutrición, que tienen una relacion directa con el número de hijos y el embarazo adolescente.

Hay avances en los marcos legales sobre acceso a servicios de planificación familiar para toda persona que lo solicite, asi como acceso a la educación integral en sexualidad, que previene la violencia sexual, que empodera a las niñas y adolescentes, que disminuye la violencia que ejercen algunos hombres contra las mujeres.

No todas las mujeres tienen acceso a atender sus partos en servicios de salud, a decidir planificar la familia, a evitar que sus niños se desnutran y mueran. Las adolescentes embarazadas no tienen acceso a consejería para evitar un segundo embarazo, existen adolescentes de 17 años con cuatro hijos, cómo van a alcanzar desarrollo y bienestar, salud, etc.

El tema de aborto está normado en nuestro pais, para cambiar la normativa deben considerarse su impacto, su incidencia y la prevención como parte del derecho a la salud de la población, en este caso de las mujeres.

Representantes de diversas organizaciones nacionales y extranjeras han fijado su postura en las últimas horas para rechazar el Decreto 18-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia, que fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 8 de marzo, pues consideran que viola los derechos humanos, fomenta el odio y la discriminación y además no protege a la familia ni a la vida.  

El pasado 8 de marzo, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la cual penaliza el aborto, regula la educación sexual y rechaza la diversidad de género. La ley puede ser sancionada o vetada por el presidente Alejandro Giammattei. 

Un día después, Guatemala fue declarada como Capital Provida de Iberoamérica por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en un acto en la Plaza de la Constitución, en el día en que el gobierno de Alejandro Giammattei también declaró como Día por la Vida y la Familia, develó un monumento en el que ahora se denomina Patio de la Vida en el Palacio Nacional de la Cultura.   

El día de la aprobación del el Decreto 18-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia, distintas organizaciones del país expresaron su rechazo a la nueva legislación pues la consideran violatoria de muchos derechos humanos.  

Lea además

Estos son los alcances legales de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, según dos constitucionalistas

La nueva ley contra el aborto y las minorías aprobada en Guatemala “es una grave amenaza para la vida de las mujeres y las personas LGBTI”, aseguró la organización humanitaria británica Amnistía Internacional (AI), en un comunicado que publicaron este 10 de marzo.

Explican que la normativa “fomentará el odio y la discriminación”, además de que “no protegerá a las familias ni a las vidas” y pondrá “en peligro la vida y los derechos de innumerables personas”, puntualizó Erika Guevara Rosas, directora de América para AI, en el comunicado.

Lea además: Guatemala realmente está en condiciones para celebrar un día por la vida y la familia?

De acuerdo a la representante de la organización internacional, es “perturbador” que “el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en le país”.

La ley aprobada eleva las penas de cárcel para los abortos en Guatemala y busca combatir a “grupos minoritarios” que son “incongruentes con la moral cristiana”, según un cable de la Agencia EFE.

La Ley para la Protección de la Vida y la Familia fue validada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente Alejandro Giammattei. En contra de la ley votaron 8 legisladores y otros 50 no emitieron voto.

Lea también: Organizaciones advierten violaciones a Derechos Humanos en la aprobación de la iniciativa 5272

De igual forma, la normativa prohíbe enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.

El Congreso aseveró que la iniciativa de la ley debía aprobarse “considerando” la “existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”.

“Criminalización” de mujeres

La directora de América para Amnistía Internacional añadió que “Guatemala ya sufre unos niveles escandalosos de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+”.

“Al criminalizar los abortos espontáneos, prohibir que las escuelas enseñen a los estudiantes sobre las relaciones no-heterosexuales y sancionar la discriminación por motivos de orientación sexual, el Congreso de Guatemala está legalizando la violencia y la discriminación institucionalizadas contra las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQ+”, añadió Guevara Rosas.

Insta al veto presidencial

De acuerdo a AI, la nueva normativa es una “grave amenaza” para las mujeres e instó a Giammattei a que vete la puesta en vigor de la nueva ley.

Por su parte, la organización International Planned Parenthood Federation (IPPF), emitió un comunicado en el que se pronunció por la aprobación del decreto 18-202, Ley de Protección de la Vida y la Familia. 

Eugenia López Uribe, directora regional de IPPF para las Américas y el Caribe, dijo: “Es preocupante que, en el Día Internacional de la Mujer de 2022, el Congreso de Guatemala aprobara una ley que vulnera totalmente los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas marginadas”. 

Agregó que al penalizar el aborto, se corre el riesgo de encarcelar a mujeres y niñas vulnerables que han sufrido violencia sexual o han sufrido la pérdida de un embarazo. “Por Al limitar gravemente el acceso a la atención segura y posterior al aborto, la ley indudablemente conducirá a un aumento de los abortos inseguros y a una disminución de la atención prenatal, lo que provocará discapacidades de por vida para algunas mujeres y un aumento de las muertes maternas”, dice el comunicado.  

“Al mismo tiempo, al prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, limitar la educación sexual integral y permitir la discriminación de la diversidad sexual, el gobierno guatemalteco está creando una sociedad que fomenta la mala educación, el estigma, la intolerancia y la homofobia y alimenta la persecución de LGBTI y no- personas binarias”, se lee en el documento. 

Lea también: Iniciativa 5272: “No es un ataque a los homosexuales”, afirma representante del movimiento evangélico

Condena  

“IPPF condena enérgicamente la aprobación de esta ley arcaica y exige que el gobierno guatemalteco cumpla con los acuerdos internacionales de derechos humanos. Nos solidarizamos con las personas afectadas en Guatemala y las organizaciones que trabajan incansablemente para garantizar que todas las personas tengan la libertad de tomar sus propias decisiones”, concluye el comunicado.  

El pasado 2 de noviembre de 2020, el Ministerio de Gobernación publicó en el Diario de Centro América la autorización para la sucursal de Planned Parenthood Global Guatemala LLC y eso desató una gran polémica en redes sociales y entre diversos sectores del país, puesto que esta organización está vinculada con promover el aborto. 

Ese mismo día, el presidente Alejandro Giammattei dijo que el Gobierno derogaría esa autorización, lo cual cumplió el 4 de noviembre cuando el Ministerio de Gobernación publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Ministerial 385-2020 con el cual derogó el 231-2020 en el cual autorizó a la entidad extranjera de carácter no lucrativo Planned Parenthood Global Guatemala LLC, para que pudiera establecer una sucursal en el país.

Organización llama revisar la ley

La Asociación la Familia Importa (AFI), emitió un comunicado de prensa refiriéndose al tema y señaló los siguientes puntos:  

1. Que ratificamos que Guatemala se ha caracterizado por ser un referente en materia de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y de la institución familiar como base de la sociedad, desde una perspectiva jurídica y social. Como sociedad democrática, hemos realizado grandes avances gracias al trabajo en conjunto de la sociedad civil, las instituciones del Estado y diversos sectores de la ciudadanía.
2. Reiteramos la postura que AFI ha sostenido desde el primer momento en que esta iniciativa fue presentada en el Organismo Legislativo, pues es indispensable que toda ley respete la Constitución Política de la República, así como los instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala en materia de Derechos Humanos. Esta postura fue directamente comunicada a los congresistas ponentes de la misma y publicada en diferentes canales de comunicación.
3. Reconocemos la labor de los congresistas, quienes, en un legítimo afán por proteger, mediante la legislación, aquellas instituciones por las cuales el Estado guatemalteco existe y subsiste, han aprobado el respectivo proyecto de ley, haciendo al mismo tiempo un llamado urgente para que tan importante labor se continúe haciendo en armonía con las garantías individuales recogidas en nuestra Carta Magna y en diversos tratados suscritos y ratificados por el país.

Solicitan revisión de la ley 

“Respetuosamente solicitamos al presidente de la República, Dr. Alejandro Giammattel que en adecuado uso del derecho de veto, -prerrogativa que en virtud de su cargo desempeña en el proceso de creación de las leyes ordinarias de nuestro país-, realice un exhaustivo análisis técnico-jurídico del contenido del decreto 18-2022, de tal forma que no sea ratificada una ley que pueda poner en riesgo derechos y garantías fundamentales de los guatemaltecos, sea por razón de su contenido o de la ambigüedad o falta de precisión en su interpretación y posible aplicación”, cita el comunicado. 

 Añade que Giammattei honrando tanto su cargo, como la responsabilidad que ostenta frente a cada guatemalteco y guatemalteca, no puede sancionar ni promulgar dicho decreto, en tanto no se tenga la plena certeza jurídica de que el contenido completo del mismo se encuentra apegado a Derecho y está en armonía tanto con la Constitución Política de la República, como con los respectivos Instrumentos internacionales aceptados y ratificados por el país. 

“Reiteramos, con especial urgencia, nuestro compromiso de velar por el fortalecimiento y defensa del Estado de Derecho guatemalteco, mismo que tiene su verdadero cimiento en los derechos fundamentales de cada ciudadano, la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y la dignidad humana reconocida a todos los guatemaltecos, sin distinción alguna”, concluye el comunicado.  

Protestan frente al Congreso 

Ciudadanos e integrantes de varias organizaciones manifestaron este jueves 10 de marzo su rechazo a la publicación del decreto 18-2022, Ley de la Vida y la Familia.  

Con banderas, instrumentos musicales y consignas, los manifestantes exigían la derogación de dicha ley, pues la consideran violatoria de los derechos humanos.  

Agentes de la Policía Nacional Civil rodearon el edificio del Organismo Legislativo y luego el acceso en las avenidas cercanas.  

Diputados buscan que ley sea archivada 

Diputados de oposición presentaron una serie de objeciones a la Ley de Protección de la Vida y la Familia y buscan que esta sea archivada.  

Consideran que la ley tiene violaciones a los principios fundamentales de Libertad de Expresión y Conciencia que protege la Constitución Política de la República en el artículo 35, pues se menciona en la nueva ley la frase “que ante la existencia de grupos minoritarios y pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”, y no se reconoce que existen otras prácticas religiosas de conciencia en el país.  

#Ahora | Diputados de oposición presentan una serie de objeciones a la Ley de Protección de la Vida y la Familia. Buscan que la ley sea archivada. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/vNrYi9uQli

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 10, 2022

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 8 de marzo, en el día de la mujer, una ley que a palabras de organizaciones sociales ataca garantías fundamentales de grupos históricamente excluidos.

Se trata de la ley para la protección de la vida y la familia, promovida desde el 2017 por el bloque legislativo de derecha Visión con Valores (Viva), que según críticos coloca en serios aprietos a las mujeres y a personas de la diversidad sexual.

La norma que se convirtió en el decreto 18-2022 enlista 21 artículos, que engloban castigos más amplios a cualquier tipo de aborto, regula la educación sexual en los centros educativos y rechaza el matrimonio o unión entre personas del mismo sexo.

Lo anterior representa los aspectos más generales de la norma que califica a la familia como la integración entre un hombre, mujer e hijos, excluyendo del esquema familiar cualquier otro modelo social.

Le podría interesar

Congreso aprueba ley que penaliza el aborto, regula la educación sexual y rechaza la diversidad de género

Discriminación

Ximena Aguilar, coordinadora de incidencia política de la organización Incidejoven, explicó que un primer efecto colateral de la nueva ley será un incremento en casos de discriminación.

“En términos de discriminación es una violación  a los Derechos Humanos, incluso a la libertad de expresión porque se prohíbe hablar del aborto cuando vivimos en un país en el que al día, en el 2021, se violaron a 27 mujeres”.

Aguilar estima que la alianza oficialista afino el marco jurídico en Guatemala para atacar y excluir a las minorías, ya que en las últimas semanas el Pleno aprobó leyes que se complementan una con la otra.

“Primero fue la etapa simbólica, pero ahora al aprobar esta ley están pasando a la etapa material porque esta ley castiga el aborto, censura la educación sexual, censura las diferencias sexuales, valida la discriminación y valida los crímenes de odio”.

Lea también: ¿Guatemala realmente está en condiciones para celebrar un día por la vida y la familia?

Violencia

La lectura de Incidejoven coincide con otras organizaciones sociales que detallan en 2021 un promedio de 30 crímenes de odio, cifra que está creciendo en el 2022, ya que a menos de tres meses se reportan 12 hechos de violencia contra integrantes de la diversidad sexual.

Para Anneliza Tobar, doctora en ciencias sociales e integrante de la organización Familias por la Diversidad, la aprobación del Congreso no puede pasar inadvertida porque sus alcances son amplios.

“Si vemos es un combo de intolerancia ante la educación sexual, ante los derechos de las mujeres, ante la crianza de los hijos y las personas de la diversidad sexual, es un combo regresivo, autoritario y conservador”.

Intolerancia

Tobar considera que la discriminación y violencia que ya existen en Guatemala se verán intensificadas por esta nueva ley, amplificando de esa manera un nivel de intolerancia social.

“Si se refuerza la idea de que la única relación amorosa es entre un hombre y una mujer se niega el derecho civil a personas del mismo sexo, hay una privación; incluso en términos de tolerancia manda un mensaje muy fuerte de negación de las diferencias humanas”.

Algunas organizaciones decidieron manifestarse en redes sociales contra la aprobación de 5272 o ley para la protección de la vida y la familia, otras organizaciones también en contra optaron por no hacer acciones de hecho.

Temen que por estas vigente la Ley de Oenegés el Gobierno encuentre alguna excusa para clausurarles, por eso algunas entidades optaran por permanecer en silencio pese a no estar a favor de la norma.

La iniciativa 5272

La iniciativa fue presentada por 18 diputados de la octava legislatura, encabezados por el diputado Aníbal Rojas, del bloque legislativo Visión con Valores (Viva).

Dicha propuesta llegó a Dirección Legislativa el 27 de abril del 2017, sus primeros dos debates fueron en agosto de 2018, para que finalmente fuera aprobada el 8 de marzo de 2022. El documento consta de21 artículos, divididos en tres capítulos.

• Capítulo 1: Disposiciones generales. Comprende los primeros dos artículos y hace una clasificación de que es una familia para el Estado de Guatemala.
• Capítulo 2: De la protección al derecho a la vida. Del artículo 3 al 13, explicando todas las implicaciones y sanciones legales que contempla el aborto en Guatemala según el Código Penal.
• Capítulo 3: De la familia y el matrimonio. De los artículos 14 al 21, prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y regulando a los centros educativos en temas de educación sexual.

Diversas reacciones y pensamientos han generado la reciente aprobación de la ley de Protección de la Vida y la Familia, sin embargo, es importante conocer la interpretación jurídica que se le pueda dar a la nueva normativa y los diferentes escenarios que se podrían dar al cobrar vigencia.

Luis Fernández Molina, abogado constitucionalista, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y catedrático universitario compartió que si bien, parte de lo que aparece en el texto está en la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que no se encuentra en la carta magna es cuestionable si pudiese “atentar contra la libertad de conciencia o de acción” advierte Fernandez.

A criterio del profesional en derecho, en dicha normativa se mezclan diversos temas como el aborto, otro la diversidad sexual, la educación y la familia; lo que carece de lógica incluir lo antes señalado en una sola ley y percibe que considera que el fin puede tratarse de “quizás para dar un impacto publicitario” dijo.

También considera que esta normativa esta dedicada a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) que “de alguna forma promueven el aborto, aunque sea encubierto pero allí va, y por otro lado la diversidad sexual” y esto podría generar “enfrentamiento, un choque en el sentido de las tendencias” advirtió.

Lea también

Congreso aprueba ley que penaliza el aborto, regula la educación sexual y rechaza la diversidad de género

El decreto tiene varios cuestionamientos según Fernández Molina, entre los que menciona el aborto culposo, epígrafe que no contempla “si una mujer por cuestión natural o de trabajo tiene un aborto espontáneo, no define si debe incluirse en este” dijo.

Además, modifica el artículo 78 del Código Civil sobre todo en la figura del matrimonio en el que refiere una institución social por el que un hombre y una mujer “así nacidos, obviamente está cerrando las puertas a aquellos cambios de sexo” indicó.

En cuanto a la libertad de conciencia y expresión en el que establece a no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales, a lo que Fernández Molina señala que “si una persona tiene libertad de conciencia es libre de aceptar o no aceptar, no tiene porque la ley decirle que no está obligado”, a esto le suma que la persona no podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual “los que iban a ser perseguidos en un Estado conservador son los que aceptan la diversidad y aquí lo invierte”.

Respecto a la educación a los hijos en el que prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género, incompatibles con los aspectos biológicos “el problema no es la prohibición, sino que se necesitan censores, o cuestionadores, o inquisidores que determinen que tipo de educación roza con lo que dice esta ley e incumplen con la disposición” refiere Fernández.

Las personas que utilizan insignias y colores característicos de diferentes movilizaciones en apoyo a la diversidad sexual “no estaría incurriendo en ilegalidad, porque no es parte en sí de la educación, o sea la declaración de diversidad de sexo no es punible” lo que si es cuestionable es en el ámbito educativo, compartió el abogado constitucionalista.

No obstante, dicha legislación a criterio de Fernández Molina quien se ha manifestado en contra del aborto y de la diversidad sexual “es totalmente innecesario” porque toda persona tiene derecho de pensar y actuar sin afectar o violentar derechos de terceros.

“Elevar las penas del aborto no tiene sentido”

Con los recientes cambios que fueron plasmados en tres capítulos y 21 artículos de la ley para protección de la vida y la familia, existen cambios al Código Penal y da paso a aumentar las penas a imponer ante cualquier tipo de aborto, lo que carece de sentido a criterio del abogado Mario Fuentes Destarac.

“Ya estaba establecido en el Código Penal, no tiene sentido elevar las penas al delito de aborto” dijo el profesional respecto a que aumenta las penas a cualquier tipo de aborto, dejando en una situación legal complicada a las mujeres que por quebrantos de salud deben practicarse un aborto involuntario. Los castigos contemplados en cualquier tipo de interrupción del embarazo podrían ser desde los 5 hasta los 25 años de cárcel, penas que son inconmutables.

La normativa establece el aborto procurado, calificado, preterintencional y terapéutico, este último previo a su práctica debe de contarse con diagnóstico de  dos médicos gineco-obstetras colegiados activos y se debe realizar sin la intención de provocar la muerte del embrión.

La legislación justifica que su creación y principal objetivo es la protección del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y de expresión, así como el derecho de los padres en orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad.

Fuentes Destarac considera que en la actualidad “la tradicional familia de hombre y mujer, ya no se da en la generalidad de los casos” y toma como ejemplo que hay familias en donde solo hay un padre o madre, o bien los abuelos, tíos, entre otros familiares cercanos y subraya que “hay que ser amplios y no restrictivos” y considera que no responde a la realidad del país.

El abogado comparte que es necesario analizar procede una acción de inconstitucionalidad  y las interpretaciones tradicionales y conservadores ya no deben asumirse en la época actual. Respecto a la diversidad sexual  en el ámbito educativo considera que merece un análisis de lo que ha señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto.

Guatemala fue declarada como Capital Provida de Iberoamérica por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en un acto que se llevó a cabo este miércoles 9 de marzo, fecha en la cual el gobierno de Alejandro Giammattei también declaró como Día por la Vida y la Familia, develó un monumento en el que ahora se denomina Patio de la Vida en el Palacio Nacional de la Cultura.  

La designación se realiza un día después de que el Congreso de la República aprobó en su tercer debate y en redacción final, con 101 votos, la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que quedó plasmada en el decreto 18-2022. 

Esta ley busca proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre hombre y mujer y penaliza el aborto, regula la educación sexual y rechaza la diversidad de género. 

La declaratoria de Guatemala como Capital Provida de Iberoamérica se llevó a cabo en un acto en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, al que asistió el presidente Alejandro Giammattei, su gabinete de Gobierno y otros funcionarios.  

Lea además

Congreso aprueba ley que penaliza el aborto, regula la educación sexual y rechaza la diversidad de género

Luego de esa actividad, los funcionarios ingresaron al Palacio Nacional para develar el Monumento a la Vida, 

Giammattei estuvo acompañado de la ministra de Educación, Claudia Ruiz; la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera y otros miembros del Gabinete de Gobierno.  

Al evento también asistieron, según lo dijo el maestro de ceremonias en la transmisión del Canal de Gobierno, Roberto Molina Barreto, presidente de la Corte de Constitucionalidad; María Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público; José Luis Donado, procurador General de la Nación; Edwin Salazar, contralor General de Cuentas; el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñonez; representantes de iglesias, embajadores acreditados en Guatemala y diputados nacionales y de 23países que participan en el Congreso Iberoamericano por la vida y la familia, que se lleva a cabo en Guatemala. 

Sobre la asistencia del alcalde Quiñonez al evento, la Municipalidad de Guatemala aclaró que este no se hizo presente a la actividad.

Luego del Himno Nacional de Guatemala y de oraciones que realizaron Juan Manuel Castañeda, de la Iglesia Evangélica Evangelio Completo y al padre Jose Luis Colmenares, de la Catedral Metropolitana, el primer discurso lo dio el embajador de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas, Luis Lam Padilla, quien ofreció una reseña del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. 

Lam Padilla fue uno de los abogados que se apersonó para la defensa del entonces presidente Jimmy Morales cuando denunció a una persona que lo habría insultado después de una reunión oficial en un hotel capitalino. Además, participó en la vista pública de la Corte Suprema de Justicia, por el retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass, en agosto de 2018.  

Lea también: Iniciativa 5272: “No es un ataque a los homosexuales”, afirma representante del movimiento evangélico

Lam se refirió al evento como una fiesta y celebración y agradeció al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia por “la valiosa función que ejerce como organización en la defensa de la vida y los derechos de las familias.  

Dijo que esta designación surgió luego de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia que lanzó en julio de 2021 el gobierno de Giammattei para el período 2021-2032 como una prioridad.  

Shirley Rivera, presidenta del Congreso de la República, leyó en su discurso el decreto 18-2022 que contiene la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que fue aprobada por el Congreso el martes pasado.  

Dijo, al referirse a la designación de Guatemala como Capital Provida de Iberoamérica, que esta conmemoración tiene que conllevar a la responsabilidad, porque “como luz de las naciones los ojos del mundo estarán puestos en Guatemala” 

“Hoy los invito a que llamemos a la paz, a la unidad y trabajo en equipo. No más confrontación. Hay que dar amor al prójimo, porque debemos ser luz, no solo en el ámbito nacional, sino que tenemos que ser luz a las naciones”, dijo la funcionaria.  

Agregó que el país va a ser ejemplo de cómo han sacado a la nación de la pobreza y cómo se ha construido riqueza, porque “será Guatemala una nación rica como sus ciudadanos”. 

Añadió: “Hablemos más palabras de amor y optimismo, porque eso dará luz a nuestra nación y otras querrán ser como nosotros y seguir la ruta que marcó Guatemala”. 

Lea además: Sin consensos se aprueba política de protección a la vida y la familia

Llamado de Giammattei 

En su discurso, Giammattei hizo un llamado a los guatemaltecos a unirse para proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural. 

“Este es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hacia la muerte natural. También somos un país que respetamos a los disidentes, también somo un somos un país que oímos a los que protestan, pero también pedimos a todos que en lugar de protestar nos unamos en lograr construir esa Guatemala diferente que todos queremos”, señaló el presidente. 

Afirmó que Guatemala no tenía una política para proteger la vida y la familia y entonces el Gobierno se puso manos a la obra y trabajaron 11 de los 14 ministerios para lograr 99 programas de Gobierno que desde el primero de enero de este tienen la meta de cumplir las metas de la vida, de lograr que el ser humano tenga la posibilidad de engendrarse, de nacer, de crecer, de desarrollarse, de llegar a la edad adulta mayor y poder fallecer naturalmente. 

Habla de Rusia y Ucrania 

“Mientras en otros países ahorita se están tirando bombas, como Rusia atacando a Ucrania, nosotros aquí le decimos sí a la vida, alto a la guerra, sí a la paz, porque somos un pueblo de paz y somos un pueblo que quiere vivir en paz y para vivir en paz tengo que respetar y para respetar tenemos que respetar la vida desde su concepción”, dijo el mandatario. 

Agregó que no hay excusa para que no puedan cumplir lo que manda la Constitución Política de la  República que dice que se protege la vida desde su concepción y más aún cuando tienen la fe de que así debe ser, porque se lo manda la fe. 

También hizo referencia al monumento que develaría minutos más tarde dentro del Palacio Nacional de la Cultura y dijo que, así como tienen el Patio de la Paz y en el otro lado tendrían el Patio de la Vida y que, si los dos se unen, puede haber una vida en paz, que es lo que anhelan los guatemaltecos.   

Lea también:_¿Guatemala realmente está en condiciones para celebrar un día por la vida y la familia?

Monumento a la Vida 

Luego de eso, el presidente y los otros invitados ingresaron al Palacio Nacional de a Cultura para la develación de monumento. 

Junto al presidente estuvieron la ministra de Educación, Claudia Ruiz, y el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar. Además, estuvieron presentes el nuncio apostólico Francisco Montecillo Padilla; Mayron Herrera, rector de la Universidad Panamericana; monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano; Juan Manuel Castañeda, de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo; élder Darío Lorenzana, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; Mohamed Shalia, guía espiritual de la comunidad musulmana en Guatemala y David Rushec, rabino principal de la comunidad judía en nuestro país.  

Luego de discursos de líderes religiosos y el presidente Giammattei, varios niños acompañaron al mandatario a develar el monumento, el cual consiste en un mapa de américa y en el sitio en donde está Guatemala se observa una luz, en referencia a que es la luz de las naciones.  

Arriba se lee la palabra Guatemala y abajo Capital Provida de Iberoamérica. 

El ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, leyó el Acuerdo Ministerial 195-2022 con el que se denomina “Patio de la Vida” al patio ubicado en el ala oriente del primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura. 

Esto se implementó en el marco de la declaratoria del Día por la Vida y la Familia, que mediante el Decreto 9 – 2022 establece que los organismos de Estado deben “realizar actos pertinentes a su conmemoración”. El referido decreto establece que cada 9 de marzo se conmemorará el Día por la Vida y la Familia. 

Postura de los líderes religiosos  

El nuncio apostólico Francisco Montecillo Padilla dijo en su discurso que esta declaración significa el compromiso de Guatemala de defender la existencia de la familia, fundada en el matrimonio, que según el papa Benedicto XVI, es el patrimonio de la humanidad. 

Dijo que es una institución social fundamental, es la célula vital, el pilar de la sociedad y que esto afecta tanto a creyentes como a no creyentes y que es una debilidad por lo que todos los Estados deben tener la máxima consideración, porque el futuro de la humanidad siempre actúa en ella. 

Lea además: Congreso declara el 9 de marzo el Día por la Vida y la Familia para impulsar actividades en contra del aborto y en favor de la familia

Añadió que eso significa también defender la vida en todas las formas.  

El arzobispo metropolitano, Gonzalo de Villa, dijo que la vida humana es algo que surge desde la concepción y debe tener su fin en este mundo por causa natural. 

“Ser provida no es meramente estar en contra del aborto, de la eutanasia, aunque sí lo presupone, es defender la vida, es promover la vida, y es defender la vida con dignidad para todos los seres humanos”, señaló el arzobispo. 

Dijo que ciertamente la vida de los no nacidos es la que está más en peligro cuando tantas legislaciones ignoran su condición humana por ello hay que defenderla siempre, como hace ciertamente la Iglesia católica 

Las otras amenazas a la vida 

“Ser pro vida es también hablar de la vida, ser defendida cuando está amenazada por tantas violencias, la guerra como desgraciadamente hoy presenciamos en que mueren civiles inocentes y también soldados, unos enviados a invadir y otros defendiendo su tierra y su hogar. Es hablar contra la violencia del hambre y la desnutrición crónica, es hablar contra la corrupción y la impunidad que la sostiene la vida humana”, comentó De Villa. 

Hizo referencia que el papa Francisco ha dicho en varias ocasiones que hablar en defensa de los descartados y desechados, de los atropellados y golpeados, de las mujeres y hombres de todas edades que sufren como víctimas de la negación de sus derechos más elementales, comenzando precisamente por el derecho a la vida y a una vida digna. 

“Sabemos de las inmensas dificultades de familias rotas y desintegradas y del derecho de todo ser humano a fundar una familia, la familia es nuestro núcleo más íntimo y a la vez aquello que más debemos afirmar y defender. En Guatemala en medio de tantas desgracias que nos afligen lo que más sentido de felicidad da a las personas es aquello que tiene que ver con las familias, con su familia. Defendámoslo siempre, defendamos siempre la vida entera de todo”, concluýó monseñor De Villa.  

Juan Manuel Castañeda, de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, señaló que la iglesia evangélica de Guatemala se congratula por la designación de Guatemala como Capital Provida de Iberoamérica y recalcó que la mayoría de los guatemaltecos son cristianos, en sus diferentes confesiones. 

“Es inmoral pretender ser neutral en el tema de defender la vida cuando la vida está en juego. Esta acción nos compromete a confrontar las amenazas contra la vida, como la desnutrición, violencia, deserción escolar, índice de niñas embarazadas”, dijo el pastor.  

Celebró también la creación de los 99 programas que se desarrollan para defender la vida.  

“La declaratoria de Guatemala como Capital provida estimulará el trabajo hasta que en este bendito país se establezca una cultura provida y profamilia.  Hoy Guatemala envía un mensaje poderoso al mundo: la vida es sagrada y la protegemos, sigue siendo el núcleo de la sociedad y lo protegemos”, dijo Castañeda .  

El élder Darío Lorenzana, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo que los padres tienen el deber de criar a sus hijos con amor y proveer para sus necesidades físicas y espirituales.  

Refirió que la familia puede lograr tener éxito si se mantiene por los principios de fe, perdón arrepentimiento, amor y compasión, trabajo y actividades recreativas.  

“Hacemos un llamao a los ciudadanos para que fomenten las medidas designadas a fortalecer a la familia y que sea el centro de la sociedad”, comentó.  

Lea además: Congreso declara el 9 de marzo el Día por la Vida y la Familia para impulsar actividades en contra del aborto y en favor de la familia

Por su parte, Mohamed Shalia, guía espiritual de la comunidad musulmana en Guatemala, señaló que l familia es el corazón de la comunidad. “Dios creó la familia para que los individuos puedan crecer en un ambiente sano y seguro. Es ahí donde aprendemos la bondad, misericordia y compasión”.  

Agradeció a Giammattei porque se sienten libres en Guatemala y por decir sí a la vida y por el respeto.  

Se enciende una luz 

Entretanto, el rabino David Rushek, afirmpó que se encendió una luz de esperanza y vida, por los que aún no pueden hablar. 

“Hay que valorar la familia. El hombre fue creado uno solo para mostrarnos que el universo fue creado por uno solo. Hay tres socios en la creación de una vida: mamá, papá y Dios. Somos socios en cientos de vidas, cientos de mundos que harán por nosotros más de lo que nosotros por ellos”, comentó. 

Plaza por la vida en el OJ

Como parte de los actos que se llevaron a cabo este 9 de marzo, por la instauración del Día por la Vida y la Familia, el Organismo Judicial informó que la plaza frente a la Corte Suprema de Justicia ha sido nombrada Plaza por la Vida.

Además, se develó un monumento y una placa conmemorativa como parte de los requerimientos aprobados en la ley que fue aprobada en el Congreso de la República, en la que se instauró el Día por la Vida y la Familia.

En dicha ley se establece que los organismos del estado deben desarrollar programas en pro de la vida de los guatemaltecos.

En el Palacio de Justicia se realiza el acto de “Conmemoración del Día por la Vida y la Familia y Declaratoria de Plaza por la Vida"

Sigue nuestra transmisión en vivo:https://t.co/6hlrK9zU1B#OJProVida #OJesFamilia #GuateEsVida pic.twitter.com/6hxMCndCVh

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) March 9, 2022

El Congreso de la República aprobó en su tercer debate y en redacción final con 101 votos  la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. 

La iniciativa 5272, que ahora le corresponde el decreto 18-2022, se presentó en el Congreso el 27 de abril de 2017, y desde ese momento despertó las críticas de organizaciones sociales por considerar que la norma ataca a grupos sociales.

Entre los ponentes desfilaron 18 congresistas de la pasada legislatura encabezados por Aníbal Rojas, secretario de la actual Junta Directiva e integrante del bloque político Visión con Valores (Viva).

LE PUEDE INTERESAR:

Mujeres de Guatemala se manifiestan por sus derechos en medio del aumento de la violencia de género

Algunos de los entonces congresistas que le apoyaron firmando la iniciativa de ley son Raúl Romero, actual ministro de Desarrollo Social; ministro de Estado que en 2021 fue señalado por presuntamente aparecer en unas escandalosas fotografías con un grupo de señoritas.

La norma propuesta por Rojas es titulada como Ley para la Protección de la Vida y la Familia, destaca que el modelo familiar de Guatemala es aquel contemplado únicamente por hombre, mujer e hijos.

Sin considerar la fragmentación social que genera la migración; uno de los ponentes fue el exlíder migrante Marcos Yax, quien desfiló como diputado de FCN Nación y por el bloque Podemos.

La norma llegó para su dictamen a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ante manifestaciones de organizaciones sociales, las entidades advertían serías violaciones a los Derechos Humanos.

Pero pese a ello la Comisión encabezada en ese entonces por Fernando Linares Beltranena, actual candidato a Procurador de los Derechos Humanos (PDH), emitió un dictamen a favor.

En agosto de 2018 la propuesta de ley caminó en su primer y segundo debate, pese a la crítica social que advertía que uno de los grupos más vulnerables con la norma es la mujer guatemalteca.

Pero el Pleno del Congreso liderado por la tercera mujer en su historia, Shirley Rivera, decidió aprobar la normativa que contempla una serie de artículos que levanta sospechas y críticas entre sectores sociales.

Los artículos

El artículo 1 hace referencia al objeto de la norma, señalando que la misma busca proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre hombre y mujer.

Seguido su artículo 2 hace referencia a los términos que toca la normativa, dejando claro que la familia está conformada por hombre y mujer.

Diversidad sexual: El conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano.

Familia Nuclear: El núcleo paterno-filial o agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad.

Familia ampliada: Es el conjunto de personas ligadas por un vínculo de orden natural o jurídico, que alcanza a los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, a los afines hasta el segundo grado y en el orden civil a los cónyuges, quienes no forman grado.

Del artículo 3 hace referencia al respeto a la vida y de los numerales 4 al 13 existen cambios al Código Penal, que aumenta las penas a cualquier tipo de aborto, dejando en una situación jurídica compleja a las mujeres que por quebrantos de salud protagonicen un aborto involuntario.

Lea además: Sin consensos se aprueba política de protección a la vida y la familia

Independiente el tipo de aborto las sanciones penales podrían ir desde los 5 años de cárcel hasta los 25 años penas que no son conmutables.

El artículo 14 habla que antes la falta de ambos padres el menor de edad merece un núcleo familiar, por lo que deberá ser dado a una pareja en adopción, aunque la norma deja claro que este tipo de procedimiento no se permitirán a parejas del mismo sexo.

“A falta de padre o madre naturales del menor y una vez agotado el procedimiento correspondiente a la tutela legítima, el Estado deberá otorgar el cuidado y la protección
del menor a un padre y una madre adoptivos, atendiendo siempre al interés superior del niño o de la niña y en atención al criterio jurídico de que la adopción es un derecho del
menor y no del adoptante”.

El artículo 15 habla de que la educación sexual es exclusiva de los padre de familia, impidiendo a cualquier centro educativo dar orientación sexual.

“Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de
género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

El artículo 16 de la norma es bastante directo, ya que tras argumentar parámetros civiles señala que, “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

La norma 17 va ligado al artículo anterior, al indicar que no será válida cualquier unión de hecho entre una pareja del mismo sexo.

Seguido el artículo 18 expresa lineamientos a la sociedad en general, explicando que toda vez no se transgreden normas, cualquier persona está en la libertad no compartir “la diversidad sexual”.

“Ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género, siempre que no hubiere infringido disposición legal alguna o hubiere atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas o grupos que manifiesten conductas y prácticas distintas a la heterosexualidad”.

El artículo 19 va dirigido a los funcionarios de Estado, explicando que cualquier participación oficial en representación de Guatemala debe de ir de la mano con los lineamientos legales vigentes en el país, de no hacerlo podrían incurrir en responsabilidades legales.

“Las posiciones o compromisos expresados o adquiridos en contravención a esta disposición, serán nulas de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que serán deducidas al infractor”.

Reclamos

Desde el comienzo de la sesión, mujeres le reclamaban a la directiva del Congreso, encabezada por Shirley Rivera, que no cedía la palabra a todos los diputados por igual.

El debate, específicamente de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, causó airados reclamos de varias diputadas, que argumentaron que la normativa, aprobada por una mayoría de hombres en el Congreso, violaba los derechos de la mujer.

La parlamentaria Lucrecia Hernández, del partido Semilla, dijo que con esta ley se coloca como “sospechosas” a las mujeres que pueden sufrir un aborto por complicaciones médicas.

Además, dijo que criminaliza a las personas que no son heterosexuales.

En tanto, la diputada oficialista Patricia Sandoval, defendió el aval a la normativa. “Qué mejor día que hoy para aprobar una ley en favor de la familia”, expresó.

La diputada Vicenta Jerónimo denunció que la ley “violenta los derechos de las personas”.

Al defender la iniciativa, Armando Castillo dijo que esta no está en contra del aborto terapéutico ni contra los derechos de los no heterosexuales.

“Creo que es pertinente que todos escuchemos atentamente y no nos opongamos”, agregó.

En tanto, en las afueras del Congreso un grupo se manifestaba golpeando la puerta mientras se discutía la aprobación por artículos.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, también se hizo presente al Congreso.}

Tras la aprobación de la normativa, se suspendió la sesión por falta de cuórum.

¿Qué opina sobre esta iniciativa?

Antes que nada, este no es un ataque directo contra los homosexuales, las lesbianas, no es un ataque como personas. Todos tenemos libertad, en Guatemala la Constitución nos da libertad de acción y cada quien puede hacer lo que quiere. No estamos en contra de las prácticas que cada uno pueda tener, descartamos que la Iglesia esté atacando a los homosexuales o lesbianas.

LE PODRÍA INTERESAR

Por qué resurge en plena campaña la iniciativa 5272 a favor de la vida y la familia

¿Qué es lo que buscan entonces?

Buscamos la estabilidad familiar, que no nos vengan corrientes ideológicas del exterior a imponer algunas cuestiones que atenten contra la moral, ética y espiritualidad. En otras palabras, lo que hacemos es prevenir algo que pueda venir o que ya viene en camino, ideologías externas. Queremos aclarar eso porque se está tergiversando nuestra participación.

¿Qué aspectos destaca de la iniciativa?

Hay dos cosas: primero, las diversas ideologías que están en camino, entendemos que ya están en el Congreso, y lo segundo es la formación del niño, que consideramos debe ser en el seno del hogar. No debe ser el Estado. La orientación sexual la deben dar los padres, así de sencillo. En segunda instancia podría ser la Iglesia, pero no el Estado. Otro elemento es el asunto del aborto, porque en Guatemala ya hay leyes establecidas, pero lamentablemente las penas son muy limitadas y definitivamente no se respetan porque las personas no acatan leyes tibias, se está tratando de elevar las penas.

Lea más: “¡Bésalo, pídele perdón! ¡Tú lo mataste!”: el drama de las 700 mujeres presas por aborto en México, muchas veces espontáneo

¿Qué postura tienen sobre la posibilidad de penalizar a una madre que pierde a su hijo por accidente con el aborto culposo?

La misma palabra de Dios no condena al pecador, sino que le permite arrepentirse de su pecado. Esta iniciativa, si se ve desde el punto de vista espiritual, lo que estamos tratando de hacer en esta ley es que las personas tengan la oportunidad de defender sus propios criterios.

No es tanto que queramos que la iniciativa condene a todos, porque el mismo Jesús le dijo a la samaritana: “Yo no te condeno, vete en paz y no peques más”.

De lo que se trata es que no haya libertinaje, que haya un control más estricto, no es que la ley se vaya a ir encima de cualquier persona, sino que todo ser humano tiene derecho a defensa según la misma ley.

Entonces no estamos condenando a nadie, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Nosotros apoyamos la iniciativa que busca pasar en tercer debate. Habrá artículos que tendrán que ser revisados y hacerle algunos cambios.

¿Creen que esta iniciativa esté siendo usada por los diputados para generar simpatía por el proceso electoral?

Probablemente algunos lo vean así, pero no es la intención. Esta iniciativa la venimos trabajando desde hace cinco años.

Incluso en 2017 fue que se presentó al pleno y pasó por dos comisiones, la primera dio un dictamen favorable pero le quitó una gran parte de lo original.

Luego pasó por otra comisión que casi la pasó íntegra, pero la revisó y la presentó con dictamen favorable. No tiene nada que ver con el proceso electoral.

Recordamos: Francisco elogia a los padres que deciden no abortar

¿Qué sigue?

Obviamente nosotros vamos a estar vigilantes en relación a quienes estén a favor de la iniciativa, nosotros catalogamos que quienes estén a favor están a favor de la vida y la familia.

Nosotros daremos cierta orientación, no diremos vote por fulano o zutano porque el voto es secreto, cada quien tendrá sus tendencias y favoritismos, pero como Iglesias y pastores, nuestro deber es orientar al pueblo a la feligresía sobre temas puntuales: La moral, la ética y la espiritualidad.

Contenido relacionado

> El mapa que muestra dónde el aborto está restringido o prohibido en América Latina

> “Pedí el aborto porque mi hijo se retorcía de dolor dentro de mi vientre”

> El papa Francisco compara el aborto con las prácticas nazis

El 30 de abril, representantes de las organizaciones Movimiento Evangélico Nacional de Acción Pastoral (Menap), la Coordinadora Nacional de Confraternidades de Ministros Evangélicos de Guatemala (Conacome) y ProVida acudieron al Congreso para presentar 50 mil firmas en apoyo al proyecto de ley.

LE PODRÍA INTERESAR

Entregan firmas a favor de polémica iniciativa 5272 de Protección de la Vida y la Familia

Ese mismo día la noticia provocó debate en redes en torno a la iniciativa de ley. Incluso la etiqueta #NoAla5272 se volvió tendencia.

Este 1 de mayo, varios colectivos en favor de la diversidad sexual hicieron una protesta frente al Congreso de la República para pedir a los legisladores que no aprueben la iniciativa porque la consideran regresiva y que atenta contra los derechos humanos.

La iniciativa 5272 fue presentada en abril del 2017 por un grupo de parlamentarios que se autodenominan Provida y ya avanzó en dos debates en el pleno del Congreso, por lo que falta que sea aprobada en tercer debate, por artículos y redacción final.

Dicho proyecto establece una serie de medidas que, según sus ponentes, buscan proteger el derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia, el derecho de los padres a educar y orientar libremente a sus hijos en el ámbito sexual, y al matrimonio como base de la sociedad.

Su dictamen expone: “Se plantea la necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto, además de realizar una definición de matrimonio, que es acorde y continuista con criterios constitucionales, y que busca evitar que dicha institución pueda ser desvirtuada en sus elementos y fundamentos”.

Sin embargo, la promoción de esta ley en el Congreso es considerada como una estrategia para ganar simpatía por parte de algunos diputados de cara a las elecciones, según algunos diputados y activistas de organizaciones sociales.

Lo que propone la iniciativa

Dicha iniciativa tiene 21 artículos y está separada en tres capítulos, el primero es de disposiciones generales, el segundo habla sobre la protección del derecho a la vida y el tercero que habla sobre la familia y el matrimonio.

Lea más: Hijo del ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, es inscrito como candidato a diputado por el PAN

Sin embargo, varios puntos de la ley ha levantado polémica, entre ellos está el artículo 2, que presenta las definiciones.

El primero es de diversidad sexual, como “el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

También define el concepto de familia nuclear como “el núcleo paterno-filial o agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad” y familia ampliada como “el conjunto de personas ligadas por un vínculo de orden natural o jurídico, que alcanza a los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, a los afines hasta el segundo grado y en el orden civil a los cónyuges, quienes no forman grado”.

Según algunas organizaciones, estas definiciones dejan fuera a las familias monoparentales (solo padre o madre con hijos), por lo que el Estado no reconocería a este tipo de familias.

Otro de los artículos que generan dudas el artículo 10, que reforma el artículo 139 del Código Penal, que habla sobre el aborto culposo —el cual se puede producir por accidente y que actualmente no es punible—:  “La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de dos a cuatro años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo”, es el texto propuesto.

A través de los artículos 16 y 17 también se pretenden hacer reformas al Código Civil para que en la definición de matrimonio y unión de hecho se agreguen las frases “así nacidos” cuando se refieran a hombre y mujer, para evitar de cualquier manera que en el futuro se pueda realizar un matrimonio igualitario.

En el artículo 19 se habla de la postura oficial y se busca que “los dignatarios y funcionarios públicos que representen al Estado de Guatemala en foros, cónclaves, cumbres o asambleas generales de los organismos internacionales de los que Guatemala sea parte, deberán observar fielmente los principios y normas establecidas en la Constitución y la presente ley como posición oficial del Estado de Guatemala”.

Acción electorera

Según Luis Barrueto, de la organización Visibles, la iniciativa contiene una diversidad de prohibiciones que atendería contra derechos y libertades fundamentales de la población, porque restringe ampliamente la libertad de expresión y de asociación.

Lea también: Las iniciativas opuestas que causan polémica en el Congreso

“Creemos que está siendo puesta nuevamente en la agenda legislativa porque estamos en un momento cercano a las elecciones y se busca capitalizar el rechazo que una parte importante de la población aún mantiene ante la diversidad sexual y de género”, aseveró el activista.

Barrueto instó a los legisladores a que se privilegie un diálogo verdadero sobre este tema “para entender las diferencias y solventarlas, pero esta propuesta solo cierra la puerta y deja más excluido a un grupo de la población que ya lo está”.

Gabriela Dávila, de la organización Gente Positiva, criticó que la iniciativa 5272 criminaliza a las mujeres y lo único que logrará, si es aprobada, es que las mujeres tengan miedo de acudir a los centros de Salud y aumentar las muertes maternas.

Dávila también consideró que los diputados están utilizando esta iniciativa como una herramienta para darle impulso a sus campañas y lograr simpatía entre la población que un discurso que lo único que logrará es un retroceso a la población.

“No dudamos que este tema sea utilizado para generar simpatía en la población. Queremos decirle a la población que un plan de Gobierno no tiene que basarse en la persecución y criminalización de las personas de la diversidad sexual y a las mujeres embarazadas”, afirmó la activista.

Sandra Morán, diputada del bloque Convergencia, también consideró que este tema está siendo aprovechado por algunos diputados para generar simpatías a pocos días de las elecciones.

Lea además: “¡Narcodiputada!”: Manifestantes increpan a diputada Patricia Sandoval

“Es una ley populista que solo busca sumar votos”, aseguró la congresista.

El diputado Fernando Linares-Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien presidió el año pasado la  Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que dictaminó favorablemente la iniciativa, no negó que esta iniciativa traiga réditos electorales a los diputados.

“Totalmente. Creo que es mejor que salga en época electoral, porque entonces se pintan los candidatos si están a favor de la vida y a la educación sexual, de acuerdo con el sexo con que nacieron los niños o si están a favor de toda esta moda perversa que tiene que ver con el cambio de sexo y promoción de la homosexualidad”, afirmó el congresista.

Niegan que se busque simpatía

Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores (Viva), ponente de la iniciativa, rechazó todos los señalamientos y defendió el proyecto de ley.

El congresista aseguró que la ley no pretende perjudicar a nadie en lo que refiere a su individualismo. “A lo que nos oponemos es al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual es diferente, porque la Constitución y las leyes ya lo regulan”, aseguró.

Lea más: TSE abre expediente contra Jimmy Morales por inauguración de libramiento de Chimaltenango

Por último, negó que se esté aprovechando la iniciativa para generar simpatía en época electoral. “Es una iniciativa que la empezamos a trabajar en abril del 2017 y de ahí ha llevado una serie de procesos”, afirmó.

“Llevamos más de dos años con la ley, y si eso le suma votos a los diputados que voten a favor de la iniciativa, enhorabuena. Esta no es una ley únicamente de Aníbal Rojas o Viva, es una ley que presentaron 22 diputados representantes de la mayoría de bancadas”, puntualizó Rojas.

Elvis Molina, del MENAP, concordó con el Rojas y aseguró que la iniciativa ya tiene más de dos años en su proceso legislativo.

“Para nosotros es meramente circunstancial y coyuntural que en este momento la iniciativa tenga ese realce porque nosotros desde hace varios meses hemos buscado que la iniciativa se conozca en tercer debate”, afirmó Molina.

Afirmó que el rezago que ha tenido la iniciativa “es por el bloqueo” que diputados que están en contra de la iniciativa han hecho desde la Instancia de Jefes de Bloques del Congreso.

Contenido relacionado

> Debaten sobre interrupción de embarazo en niñas víctimas de abuso

> La histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llama a 12 países de América Latina a legalizar el matrimonio gay

> Cuando intentábamos agarrar comida nos quemaba las manos: El drama de tres hermanos que fueron obligados a ayunar por 40 días