El Ministerio Público (MP) pidió este viernes 26 de mayo una pena de 24 años de prisión (con reducción en una tercera parte) para el ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cambara, quien el pasado miércoles se declaró culpable de haber hecho negociaciones fraudulentas en el IGSS con la compra y alteración de medicamentos, informaron fuentes judiciales.

El pasado miércoles, Alejos Cámbara aceptó los cargos que el MP le imputaba por su implicación en el caso de corrupción Negociantes de la Salud, una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), algunos de los cuales, según la investigación de la Fiscalía, eran sometidos a modificaciones irregulares.

Ese día, los jueces del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal no dictaron sentencia contra Alejos y otros cuatro sindicados que, al igual que él, se declararon culpables de haber hecho negociaciones fraudulentas para beneficiar a farmacéuticas en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social.

Este viernes se informó que la sentencia se dictará el 9 de junio próximo en el mismo tribunal.

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Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, aceptó los cargos por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo de manera continuada.

También aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, quien fue procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo, y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.

Además, se declararon culpables José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica, acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS, quien fue procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo.

El caso

Según la investigación del MP, la organización criminal señalada en el caso Negociantes de la Salud utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos.

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Todo eso con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto de que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de algunos productos era solo de dos.

Según el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Alejos Cambara, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.

Alejos Cambara es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura.

El ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara, aceptó los cargos que el Ministerio Público (MP) le imputaba por su implicación en el caso de corrupción Negociantes de la Salud, una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del IGSS, algunos de los cuales, según la investigación, eran sometidos a modificaciones irregulares.

Alejos Cámbara, quien fue secretario Privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, aceptó los cargos por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo de manera continuada, siete años después de haberse dado a conocer el caso.

Durante su declaración antes los jueces, Alejos Cambara dijo: “le pido disculpas por todo el daño que le hice al pueblo de Guatemala, a mi familia en especial, es una lección para todos (…).

La declaración del exsecretario privado de la presidencia fue escueta y no brindó detalles de la acusación que expuso el Ministerio Público.

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De momento se desconoce si los cinco implicados en el caso que aceptaron culpas serán sentenciados, pues la audiencia se suspendió y se reprogramó para el jueves 25 de mayo a las 9 horas en la misma judicatura.

En la misma audiencia, desarrollada este miércoles 24 de mayo en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, también aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, quien fue procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo, y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.

Además, aceptaron cargos José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica, acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS, quien fue procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo.

El empresario Alejandro Enrique Toledo Paz al momento de aceptar la culpa en el caso Negociantes de la Salud dijo: “Creamos necesidades para vender medicinas”.

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El caso

Según la investigación del MP, la organización criminal señalada en el caso Negociantes de la Salud utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos.

Todo eso con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto de que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de algunos productos era solo de dos.

Según el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Alejos Cambara, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.

Alejos Cambara es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura.

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EE. UU. lo sanciona

El 8 de junio de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Alejos Cambara por su vinculación en casos de corrupción y le prohibió ingresar en su territorio junto a algunos integrantes de su familia.

Se trató de una designación pública “dada su implicación en graves casos de corrupción”.

En la designación de ese día se lee que “en su calidad oficial de secretario privado del expresidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción que socavaron el estado de derecho y la confianza del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno”.

Ese día se informó que esa designación se efectuó “en virtud de la Sección 7031 c) de la Ley de Asignaciones relativas al Departamento de Estado, Operaciones en el Exterior y Programas Afines, 2020 (División G, Ley pública 116-94).  Conforme a la Sección 7031 c)”.

“Una vez el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su implicación, directa o indirecta, en casos graves de corrupción, esas personas no están autorizadas a ingresar a los Estados Unidos”, señala el documento.

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El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, solo promovió a juicio a Kestler por ese delito y sobreseyó el cargo de asociación ilícita.

Kestler fue capturado y ligado a proceso en noviembre de 2017.

Según el Ministerio Público, el excongresista utilizó su influencia como diputado y presidente de la Comisión de Salud para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) adjudicara servicios de salud a empresas vinculadas.

Hechos

La investigación del MP determinó que una estructura criminal convirtió la salud pública en un negocio, “sin interesarle el bienestar de los afiliados” del Seguro Social. Concertaron de manera organizada proveedores de medicamentos, empleados públicos y directivos del IGSS, quienes incrementaron su patrimonio en detrimento de las finanzas del instituto.

La estructura controlaba los procedimientos para asegurar que sus empresas y las de sus copartícipes obtuvieran la mayor cantidad de adjudicaciones del IGSS.

Para lograr su objetivo, los sindicados coordinaban, se reunían periódicamente y acordaban los acercamientos con los funcionarios claves del IGSS, entre estos los médicos Walter Omar Linares Pacheco, entonces director de la Unidad de Consulta Externa, y  Byron Humberto Arana González, subgerente de Prestaciones en Salud, así como Érick Noé Estrada García y Patricia Lizethe Juárez Fernández.

Kestler formaba parte de la organización, ejercía tráfico de influencias entre los funcionarios del IGSS para que sus intereses fueran favorecidos a través de la adjudicación de contratos, ya sea en compra directa, en  cotizaciones o licitaciones.

Durante una audiencia en la Cámara de Apelaciones, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pidió trasladar al Juzgado de Mayor Riesgo el caso Negociantes de la Salud, con el argumento de que se corre peligro procesal.

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Sandoval refirió que el riesgo se deriva del secuestro de una lista de contactos de magistrados y fiscales, esto luego de que hace unas semanas se reveló un audio en el que el empresario Gustavo Alejos, sindicado por ese caso, sostiene una conversación con Édgar López, magistrado de Apelaciones de San Marcos, y en la que supuestamente se negocia una apelación a cambio de un traslado de judicatura.

En su exposición ante los magistrados María Eugenia Morales, José Antonio Pineda y Manuel Duarte, quienes integran la Cámara Penal, Sandoval expuso que Alejos ha buscado los contactos al más alto nivel, por lo que se advierte un riesgo.

“Entre las cuestiones, en un audio de cuatro minutos, el magistrado está buscando su traslado hacia la Sala de Femicidio. Precisamente, fue trasladado, y se encuentra en una sala de Apelaciones de San Marcos. No estoy diciendo que haya sido derivado de esta conversación, pero denota la existencia de una conversación de un magistrado de sala desde que el sindicado tenía asuntos en esa sala, y puede ser perniciosa para el proceso”, indicó el fiscal.

Agregó, como otro argumento, que durante un allanamiento el 27 de octubre del 2015, para capturar a Alejos, se localizó la lista de contactos con magistrados de sala y de la Corte Suprema de Justicia, fiscales del Ministerio Público, mandatarios de la Cicig y medios de prensa.

Caso es ajeno

Los defensores de Alejos solicitaron a la Cámara que rechace el planteamiento de la Feci, con el argumento de que la petición fue en el 2017, y “no se recordó alguno de los argumentos de esa fecha”.

“Los hechos que mencionó el fiscal son totalmente ajenos a este proceso”, refirió el abogado Jorge Mario de Jesús Cajas.

Un representante de Juan Pablo Muralles Morán, otro de los señalados en ese caso, consideró que el caso no puede ser elevado a proceso de mayor riesgo, y ve con suma preocupación que la Fiscalía haga referencia a medios de investigación que no forman parte de la carpeta.

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“No estamos hablando de la comisión de delitos violentos, para recordar la normativa de los juzgados de Mayor Riesgo”, dijo el abogado Ranferí Díaz.

La Cámara informó que revisará el expediente y las argumentaciones, para emitir una resolución que será notificada a las partes por escrito.

El caso

La investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) determinó que en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) existió una estructura criminal que se dedicó a hacer de la salud un negocio.

Para ello se unieron de manera organizada proveedores de medicamentos, empleados públicos y directivos del IGSS, quienes incrementaron su patrimonio en detrimento de las finanzas del Seguro Social.

Según la investigación, la organización criminal utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos, con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de ese producto era solo de dos.

Los 18 sindicados en el caso esperan debate desde el 18 de julio del 2017.

Regresa a prisión

Gustavo Alejos enfrenta cuatro procesos: Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud, Transurbano y fue recientemente vinculado a un caso de financiamiento electoral ilícito y no reportado durante la administración de la UNE.

El ex secretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom, Alejos Cámbara, recobró su libertad desde el pasado 4 de diciembre, tras haber sido beneficiado con arresto domiciliario por el caso Transuarbano; sin embargo, el 6 de febrero último fue detenido por un delito relacionado con financiamiento electoral.

Además de haber sido secretario privado de la Presidencia, Alejos Cámbara, de 51 años, trabajó hasta el 2014 en la empresa farmacéutica Agencias J.I., propiedad de Jack Irving Cohen.

Sus empresas farmacéuticas son Droguería Colón, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma.

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La conversación se desarrolla con un objetivo: que Alejos consiga su libertad condicional. El empresario está procesado en los casos Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado de Guatemala, Construcción y Corrupción y recientemente en el caso de financiamiento electoral en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde enfrenta un antejuicio la candidata presidencial Sandra Julieta Torres Cassanova.

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Gustavo Herrera, implicado en estafa al IGSS, recibe asilo en Nicaragua

Según se puede escuchar, López y Alejos repasan las acciones jurídicas a seguir para que él (Alejos) consiga su libertad. Asimismo, el magistrado indaga a través del empresario si tiene posibilidades de ser reelecto en el cargo en el próximo proceso de elección de cortes de este año, a lo cual Alejos le dice que sí, confiado en los hilos que pueda mover Gustavo Herrera, implicado en una estafa de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), asilado en Nicaragua y de quien se ha sospechado que es un operador del sistema de justicia.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), fue consultado al respecto de la grabación.

“Pues estamos analizando el contexto de la conversación que recién hoy lo conocimos”, dijo el fiscal.

Más tarde Julia Barrera, portavoz del MP informó que se abrió un expediente de investigación acerca del caso que fue remitido a la Feci.

La conversación se presume que podría haber sido en la cárcel militar Mariscal Zavala, según reportó el programa de radio Con Criterio.

Prensa Libre ha intentado contactar a la abogada Astrid Paola Gómez, abogada defensora de Alejos; sin embargo, no se ha obtenido respuesta.

También se consultó a Carlos Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) su postura en relación a alguna falta o la forma en que lo toma la entidad y explicó que “se dará la postura del Consejo” por la tarde.

Magistrado suplente

En el Organismo Judicial (OJ) sólo confirmaron que López Espaillat integra la Sala de Apelaciones de San Marcos aunque sin aportar más detalles.

El magistrado fue electo por el Congreso el 31 de octubre del 2017 para integrar las salas de apelaciones. Inmediatamente fue designado a la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo como suplente. El año pasado fue designado como suplente a la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de San Marcos.

López Espaillat integró la Fiscalía de Delitos Económicos en 2016. Fue asignado a casos de defraudación tributaria. También integró la Fiscalía Municipal de Moyuta, en Jutiapa, en 2015 donde investigó diversos temas de delincuencia y hechos de violencia.

El magistrado integró la Sala de Femicidio en 2016 junto con Noé Ventura Loyo y Henry Alejandro Elías Wilson.

El 19 de septiembre del 2016 se conoció una resolución de la Sala de Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y Delitos Contra la Mujer a favor del exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom Caballeros. Ese día la Sala se detuvo la audiencia de apertura a juicio por el caso Negociantes de la Salud. La acción judicial fue enfocada la decisión de la jueza Silvia de León acerca del auto de procesamiento a Alejos Cámbara.

Después esa misma Sala autorizó a Alejos Cámbara para ser enviado a la cárcel Mariscal Zavala al avalar un recurso de exhibición personal.

Gustavo Herrera y la estafa en el IGSS

El 22 de agosto del 2018 se conoció que Gustavo Herrera, un empresario que fue sindicado en una estafa de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2002, fue beneficiado por Nicaragua con asilo político.

La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que da vida al asilo político a favor de Gustavo Herrera fue firmado el 14 de agosto de 2018 por el canciller Denis Moncada Colindres.

Herrera fue sindicado de haber sido el propietario de dos financieras offshore -fuera de plaza- Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd empleadas para la estafa de Q350 millones al IGSS entre diciembre de 2002 y abril de 2003, dentro de un proyecto para la construcción de vivienda para jubilados de la institución, para lo cual se constituyó el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social

Las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil, según la investigación. Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el IGSS en el fideicomiso, solo se habían recuperado Q228.5 millones.

El MP pidió el 5 de agosto de 2008 el retiro de la orden de captura contra Herrera luego de llegar a un acuerdo para la devolución de US$7 millones.

El 3 de junio de 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde vivía. Sin embargo, él logró escapar. Durante un cateo se encontró un pasadizo secreto, por el cual se fugó. Esa vez le decomisaron una póliza de seguro por US$1 millón de un banco de Nueva Orléans, Estados Unidos, a favor sus hijos; una computadora y una libreta de ahorros con US$15 mil.

Es originario de Cobán, Alta Verapaz. Es empresario relacionado con inmobiliarias y negocios de agroquímicos. Contrajo matrimonio con María Elena Acevedo, de quien se divorció en 2002. El 27 de abril de 2004, Otto Pérez, entonces comisionado presidencial en la gestión de Óscar Berger, declaró.

¿Quién es Alejos?

El empresario Gustavo Alejos Cámbara, de 51 años, fue secretario privado del presidente Álvaro Colom Caballeros de 2008 a 2012. Asumió ese cargo luego de que Fernando Fuentes Mohr no pudo hacerlo por ser familiar de Juan Alberto Fuentes, quien fue ministro de Finanzas Públicas, prohibición establecida en la Constitución.

Además, trabajó hasta 2014 en la empresa farmacéutica Agencias J.I., propiedad de Jack Irving Cohen.

Sus empresas farmacéuticas son Droguería Colón, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma. Colón en 12 años, firmó contratos con el Estado y en especial el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por Q273 millones 179 mil 696.

Alejos es mencionado en el informe de la Cicig denominado “El financiamiento de la política en Guatemala”, que se presentó el pasado 16 de julio de 2015. En ese análisis se dice de él lo siguiente: “En cada gobierno puede identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo. Uno de los casos emblemáticos más recientes en el que el recaudador se enriquece y construye redes de tráfico de influencias es el de Gustavo Alejos”.

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El empresario y exfuncionario fue detenido el 28 de diciembre de 2015 y procesado por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. Recuperó su libertad, de forma condicional, el 30 de noviembre del 2018 por una resolución del juez Víctor Cruz, quien cubría las vacaciones de Eduardo Cojulum, y  la fianza fue de Q100 mil.

Alejos Cámbara volvió a la cárcel el 6 de febrero pasado cuando se reveló el avance de una investigación de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sobre financiamiento electoral en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.

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Luego de una apelación planteada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Corte de Constitucionalidad resolvió revocar un amparo otorgado a Alejos, que fue brindado por supuestos problemas de salud.

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Por qué Gustavo Alejos no pudo gozar de prisión domiciliar que le fue otorgada

Según el MP y la Cicig, Alejos, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.

Alejos, quien fungió como secretario de la Presidencia de Álvaro Colom, es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura, por lo que fue sindicado de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

El 18 de julio del 2017, la jueza Sexto Penal, Silvia de León, envió a juicio a 18 sindicados en el caso Negociantes de la Salud, entre ellos el empresario Gustavo Alejos.

EN CLAVE DE FO | Gustavo Alejos fue beneficiado con arresto domiciliar por el proceso que enfrenta por el caso Cooptación del Estado, no obstante, no puede gozar de él por su implicación en el proceso Negociantes de la Salud. https://t.co/XpVUjx2LZP pic.twitter.com/nQPW8MRsYs

— Prensa Libre (@prensa_libre) November 13, 2017

Padecer hipertensión, una de las enfermedades que afecta a 2.9 millones de personas en Guatemala (según estimaciones del Ministerio de Salud), fue el argumentó por el cual la defensa de Gustavo Alejos solicitó el pasado 8 de noviembre una medida sustitutiva para el empresario.

¿Lo recuerda?

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Gálvez argumentó que el delito por el que estaría implicado, puede gozar de medida sustitutiva y no existe peligro de fuga.

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¿Por qué seguirá en prisión?

Pese a que Alejos ha logrado obtener dos beneplácitos de los juzgadores, para que abandone la prisión y goce de medida sustitutiva, el empresario seguirá en la cárcel de Mariscal Zavala.

Alejos enfrenta otro proceso por el caso Negociantes de la Salud, en el que anteriormente había apelado una medida sustitutiva, que le fue otorgada.

Por esos motivos, Alejos aún no puede gozar de los beneficios obtenidos, será hasta que el juez Rodríguez lo decida, cuando Alejos vuelva a su casa, con la obligación de presentarse mensualmente al Ministerio Público, dentro de los primeros cinco días del mes, para dar fe de su permanencia en el país.

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No los benefició

Durante la audiencia de hoy, Fernando Peña, exdirectivo del Banco de Desarrollo Rural, y el empresario Carlos Gabriel Guerra Villeda, también pidieron al juez Gálvez que los beneficiara con medidas sustitutivas, pero el juez rechazó la petición.

A Peña le autorizó permanecer durante un mes en un sanatorio, sin custodia del Sistema Penitenciario, para someterse a una cirugía y que pueda pasar el tiempo de recuperación, posteriormente volverá a considerar la medida solicitada.

El juez séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez, decidió ligar a proceso al diputado Roberto Kestler por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, además dictaminó que guarde prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala, mientras dio un plazo de tres meses al Ministerio Público para que presente las pruebas que lo incriminan en el caso. 

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Sandoval detalló que 19 personas se encuentran vinculadas al caso, el cual se encuentra en etapa de apertura a juicio y ofrecimiento de pruebas. 

“Kestler utilizó su influencia como diputado en servidores públicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para beneficiar a empresas vinculadas en adjudicaciones de eventos por servicios públicos”, aseguró Sandoval.

Así fue la llegada del diputado Roberto Kestler a Torre de Tribunales, detenido por el caso #NegociantesDeLaSalud. Video: Erick Ávila. pic.twitter.com/RaWXJ9KvQ7

— Prensa Libre (@prensa_libre) November 3, 2017

Hechos

La investigación del MP determinó que  esta estructura criminal convirtió  la salud en un negocio, sin interesarle el bienestar de los afiliados del Seguro Social. Concertaron de manera organizada proveedores de medicamentos, empleados públicos y directivos del IGSS, quienes incrementaron su patrimonio en detrimento de las finanzas de esa institución de salud.

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La estructura controlaba los procedimientos para asegurar que sus empresas y las de sus copartícipes obtuvieran la mayor cantidad de adjudicaciones del IGSS.

Para lograr su objetivo, los sindicados coordinaban, se reunían periódicamente y acordaban los acercamientos con los funcionarios claves del IGSS, entre estos  los médicos Walter Omar Linares Pacheco, quien era director de la Unidad de Consulta Externa, y  Byron Humberto Arana González, subgerente de Prestaciones en Salud, así como Érick Noé Estrada García y Patricia Lizethe Juárez Fernández.

Roberto Kestler formaba parte de la organización, ejercía tráfico de influencias entre los funcionarios del IGSS para que sus intereses fueran favorecidos a través de la adjudicación de contratos, ya sea en compra directa, en  cotizaciones o licitaciones.

Antecedente

La investigación por el caso Negociantes de la Salud comenzó en noviembre del 2014.

Según el MP, identificó a una estructura que buscaba obtener beneficios a través de la venta de servicios médicos e insumos en el IGSS, los cuales procuraban colocar en el listado básico de medicamentos de la entidad y manipular los procesos de compra para resultar favorecidos.

El 15 de junio del 2016, Óscar Armando García Muñoz, quien fungía como gerente del Seguro Social, fue detenido por su presunta participación en el caso.

El Ministerio Público (MP) informó que Rodríguez, expresidente del Insituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala, y los vocales Jesús Arnulfo Oliva Lea, Max Erwin Quirin Schöder y Julia Amparo Lotán Garzón enfrentarán a la justicia por defraudación aduanera, según la resolución que este jueves emitió el juez Wálter Villatoro.

La Fiscalía sindica a los procesados por haber avalado la compra de 50 ambulancias para el Seguro Social sin que se haya pagado el impuesto de importación por los vehículos.

Se estima que los impuestos dejados de pagar ascienden a Q880 mil por cada ambulancia -Q44 millones-.

El fallo alcanza al subgerente administrativo del IGSS, Álvaro Manolo Dubón González.

Los señalamientos son parte de una investigación por hechos de corrupción en la referida entidad, en la cual se describe no solo la adquisición de las ambulancias, sino también la compra de un programa informático  para controlar la transparencia en el manejo de los recursos financieros y el arrendamiento de un inmueble para la entidad.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) los acusa de haber integrado una red que buscaba beneficiar a proveedores de medicamentos para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a cambio de comisiones ilegales.

Alejos acudió a la audiencia de este lunes en silla de ruedas. Luego de escuchar la resolución, tuvo que ser evaluado de la presión por un enfermero. 

De León otorgó el sobreseimiento por el delito de asociación ilícita en favor de Gustavo Adolfo Castillo Rojas, médico de la Unidad de Infectología del IGSS, pero lo envió a juicio por cohecho pasivo.

Los empresarios Gustavo Alejos Cámbara, Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán fueron enviados a juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

Según la Cicig, ellos eran los operadores y también proveedores de la estructura criminal.

Entre los implicados que enfrentarán juicio también están Marcelo Noguera Sagastume, Erick Noé Estrada García, Patricia Lisset Juárez Hernández, Hugo René Navas Bonilla, Roberto Francisco Estrada Morales y Carlos Rodolfo Salvatierra Soto.

La jueza rechazó varias solicitudes de sobreseimiento de los cargos que hizo el MP en contra de los señalados.

Los acusados acudieron a la audencia vestidos de negro en señal de luto por la muerte de Carlos Enrique Palma Carranza, quien fungió como director del IGSS de la zona 6 y era procesado por el delito de asociación ilícita.

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La defensa de Palma Carranza pidió la devolución de Q100 mil que pagó de fianza para gozar de arresto domiciliario; mientras que la fiscalía solicitó la suspensión de la persecución penal en contra del fallecido.

Una falla en el suministro de energía eléctrica en la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad para casos de Alto Impacto afectó el inicio de la audiencia.

Palma Carranza estaba sindicado en el caso Negociantes de la Salud, una red integrada para favorecer a ciertos proveedores de medicinas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El exfuncionario dirigía el hospital del IGSS de la zona 6 y enfrentaba el delito de asociación ilícita. 

Palma Carranza gozaba de arresto domiciliario y esperaba la audiencia a celebrarse este jueves, en la que se decidiría si los implicados en el caso enfrentarán juicio.

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Muere médico

En septiembre de 2016 falleció el médico Erwin Raul Castañeda Pineda, de 61 años, implicado en el caso IGSS-Pisa.

Castañeda Pineda murió a su ingreso al Hospital Militar, zona 16, a donde fue trasladado por padecimientos cardiorespiratorios.

Integró la junta directiva del IGSS como representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y según la acusación en su contra, participó en la adjudicación anómala de un contrato a la droguería Pisa para atender a los enfermos renales.

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Sindicados

Entre los sindicados en el caso Negociantes de la Salud están los empresarios Gustavo Alejos, Juan Pablo Muralles Morán y Alejandro Enrique Toledo Paz, quienes presuntamente eran los operadores de la estructura.

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También son procesados proveedores de medicamentos, exfuncionarios de alto rango y extrabajadores que modificaban los listados de medicamentos en el sistema.

Alejos Cámbara es señalado por el Ministerio Público (MP)  de haber buscado beneficios en los eventos de medicamentos,  a cambio de comisiones.

“Yo no estaba enterado de los eventos que salían, y además no había forma de manipularlos. Le pregunto yo a usted: ¿El Seguro Social los cambiaba a su antojo?”, expuso el imputado  durante la audiencia de fase intermedia que se desarrolló en el Juzgado Sexto Penal, a cargo de Silvia de León.

Cuestionó por qué en la investigación no hay reporte de medicamentos, y explicó que parte del proceso para ofrecer los productos era jugar con  los precios, según las cotizaciones de las demás empresas.

“¿Dónde está el daño que le hice al Seguro Social? ¿Dónde están los pagos que hice de las comisiones? No existen”, refutó  Alejos Cámbara, señalado  por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.

Agregó que no había razón para que él le entregara un apartamento al expresidente del IGSS Juan de Dios Rodríguez en el 2012, si desconocía si él sería funcionario en el 2013. “¿Qué objetivo tenía yo para darle un apartamento en el 2012 y cómo sabía yo que él iba a llegar a la Presidencia en el 2013, si hubo un problema legal?”, expresó.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), mencionó que en intercepciones telefónicas del 18 de marzo del 2015 entre Juan Pablo Muralles Morán —también señalado— y  Alejos Cámbara hablaban de los eventos y resaltaban el pago de comisiones. “Alejos menciona que él hará los cuadros  porque ya tiene listos los médicos que pueden regañar los directores”, narró el fiscal durante su intervención el lunes último antes de solicitar que Alejos Cámbara y 13 personas más fueran enviadas a debate oral y público por su vinculación con el caso  Negociantes de la salud.

Presencia fiel

 Roberto Alejos Vásquez —padre de Gustavo Alejos—, a pesar de su avanzada edad, ha acompañado a su hijo en todas las audiencias.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad, del MP, pidió ayer a la jueza sexta penal, Silvia de León, que los 14 acusados por el caso Negociantes de la Salud sean enviados a juicio por diferentes delitos relacionados con hechos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Las investigaciones señalan que en el IGSS habría operado una estructura que benefició a personas particulares y empresas con contratos para suministrar medicamentos.

Se presume que las acciones ilícitas se habrían cometido por convenios entre empleados del Seguro Social, distribuidores de medicamentos y personas particulares.

Investigación

Las pesquisas desarrolladas por el MP muestran hubo interés en licitaciones específicas, para la compra de medicamentos, y que el fin habría sido beneficiar a personas o empresas vinculadas a la estructura.

Ese hecho, manifestó el fiscal Juan Francisco Sandoval, se manifiesta por la inclusión de fármacos al listado básico de medicamentos, lo cual ocurrió durante la gestión de Juan de Dios Rodríguez como presidente de la Junta Directiva del IGSS.

Una de las fases, según el órgano investigador, consta en formar la necesidad de compra, derivado de constantes recetas que médicos daban a pacientes.

Esa situación se evidenció en hospitales del IGSS como el de la zona 6, y la unidad periférica de la zona 5, dijo Sandoval.

Escuchas telefónicas

El MP reprodujo una serie de grabaciones de audio, en las que se registraron varias conversaciones telefónicas sostenidas por los acusados.

En los autios consta cómo se planificó el ingreso de medicamentos al listado básico, por la demanda que se hacía en las clínicas.

Tres capturados conducidos a la Torre de Tribunales y una nueva solicitud de antejuicio contra  un diputado fue parte ayer de un nuevo capítulo en el seguimiento al caso conocido como Negociantes de la Salud.

Byron Humberto Arana González, ex subgerente de Prestaciones;  Érick Noé Estrada García, médico especialista; y Wálter Omar Linares, exjefe de la consulta externa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fueron detenidos.

A ellos, especificó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), se les vincula con el caso Negociantes de la Salud, que es la carpeta judicial que contiene las investigaciones de una red que, por medio de  influencias sobre funcionarios, directores de hospitales y médicos, lograron adjudicaciones irregulares de medicamentos.

La estructura estaba integrada, entre otros, por Juan Pablo Muralles Morán, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Alejandro Enrique Toledo Paz y Germey Alonzo Ramírez, de acuerdo con la información oficial.

Antecedentes

Linares ya había sido capturado el 24 de julio del 2015 por su  participación al aprobar un contrato irregular relacionado con la droguería Pisa, que puso en riesgo la vida de pacientes renales, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El 27 de mayo del 2015, David Gaitán —entonces abogado de Acción Ciudadana, hoy de la Cicig— denunció a cuatro autoridades del IGSS, entre ellas a Arana González.

Gaitán dijo en esa ocasión que  la denuncia se sustentó en testimonios de pacientes renales del IGSS y de algunos de los familiares de quienes fallecieron por los servicios recibidos en la empresa Pisa.

Los detenidos fueron llevados ante la jueza sexta Penal, Silvia de León, y hoy rendirán su primera declaración. Los tres son señalados de asociación ilícita y cohecho pasivo.

Linares manifestó que desconocía por qué lo habían detenido. Arana respondió que trabajó durante 15 años en el Seguro Social y que todas sus acciones han sido transparentes.

Aún se encuentra pendiente de ser detenida una mujer, identificada como Patricia Lizethe Juárez Fernández, informó  la Cicig.

“Estas personas formaron parte de una estructura dedicada a cometer delitos —entre mayo del 2013 y julio del 2015—,  con el fin de obtener beneficios en procesos de adquisición de servicios médicos e insumos en el IGSS.

Uno de los fines de la estructura era acordar procedimientos para asegurar a sus empresas y las de sus copartícipes”, según la comisión.

“Existe la noción de que a cambio de apoyar a un grupo de operadores, ellos aceptaron la promesa de algún beneficio”, afirmó Sandoval.

Más vínculos

En el curso de las investigaciones  se descubrió la relación de José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de Wellnes Center, a quien se le vincula con el legislador Roberto Kestler, de la bancada Todos,  contra quien se solicitó antejuicio.

Un total de 37 personas han sido capturadas por distintos casos de corrupción en el Seguro Social, de acuerdo con datos de la Feci, a cargo de estos procesos.

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Solicitan antejuicio

El fiscal especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, presentó ayer una solicitud de antejuicio contra el diputado Roberto Kestler.

De acuerdo con Sandoval, el diputado pudo haberse beneficiado de su posición política de los negocios en el Seguro Social.

Kestler “tenía inversiones en una entidad beneficiada, en contratos por servicios de cirugía estética”, explicó el fiscal.
El legislador presidió en varias ocasiones la Comisión de Salud del Congreso. Prensa Libre intentó comunicarse a su celular, pero estaba fuera de servicio

El médico Gustavo Adolfo Castillo Rojas, quien laboraba en la unidad de Infectología del Seguro Social, permanece prófugo, sindicado de asociación ilícita y cohecho pasivo.

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EL MP y la Cicig investigaron, entre noviembre del 2014 y abril del 2015, la existencia de una organización que buscó obtener beneficios ilícitos a través de servicios médicos e insumos en el Seguro Social, los cuales procuraban colocar en el listado básico de medicamentos de la entidad y manipular los procesos de compra para resultar favorecidos.

El exgerente del Instituto Guatemalteco de seguridad Social (IGSS) Óscar Armando García Muñoz fue enviado ayer a prisión preventiva por el Juzgado Sexto Penal, luego de haber sido ligado a proceso por supuestos actos de corrupción en la referida entidad.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan a García Muñoz por asociación ilícita y cohecho pasivo en forma continuada, pues supuestamente habría integrado una estructura delictiva que operaba en el Seguro Social, la cual habría beneficiado a empresas con contratos para la adquisición de medicamentos, a cambio de entregar sobornos.

La jueza Silvia de León Santos determinó que las evidencias presentadas por la Fiscalía tienen relación con los cargos  en contra del sindicado, por lo que se debe investigar a profundidad si sus acciones originaron delitos.

Hechos

Las pesquisas preliminares efectuadas por el MP, detallan que García Muñoz se habría unido a la red delictiva en mayo del 2013, después de haber asumido su cargo en la institución, y que participó en las acciones ilegales de la red hasta julio del 2015.

Durante ese tiempo, y por su cargo, conoció de las licitaciones para adquirir medicamentos, así como de los productos que tenían mayor demanda entre los afiliados de la entidad.

En la estructura también estarían involucrados el empresario Gustavo Alejos Cámbara y el visitador médico Juan Pablo Muralles Morán, ambos procesados por el caso.

Se presume que el sindicado habría recibido un soborno de Q2.9 millones por incluir en el listado básico de medicamentos un producto utilizado por enfermos de diabetes, el cual era distribuido por Droguería Colón, en ese entonces propiedad de Alejos Cámbara, y posteriormente haber ampliado el contrato de compra.

En el 2013, la droguería fue contratada para suministrar el producto y atender a 502 pacientes, por lo cual el IGSS desembolsó Q1.3 millones.

En el 2015 se amplió el servicio a dos mil 663 pacientes, así como su costo, el cual  llegó a Q6.8 millones.
A García Muñoz también se le señala por haber aprobado la compra de molgramostím —utilizado por pacientes con cáncer— en su presentación de 400 microgramos a 300 microgramos, lo cual puso en riesgo la seguridad de los enfermos.

Negociantes de Salud

La pesquisa detalla hechos de corrupción en compra de medicinas.

Las investigaciones señalan que un grupo de funcionarios y empleados del IGSS, así como distribuidores de medicamentos y personas particulares se habrían asociado para beneficiarse, de manera ilegal, con la compra de medicamentos y adquisición de servicios.

Se habría generado necesidad de compra de medicamentos o determinados servicios, desde las clínicas del Seguro Social, donde se ordenaba a médicos recetar los productos que suministraban los empresarios que tenían relación con la estructura.

El órgano investigador estima que por medio del pago de sobornos entregados a distintos funcionarios, se obtenía la manipulación de los listados de compras.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), coordinó la aprensión de García Muñoz.

La detención del gerente general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se llevó a cabo en las oficinas centrales de esa institución en la zona 4 capitalina.

La Fiscalía sindica a García Muñoz de presuntamente recibir comisiones por incluir medicinas en el listado básico de medicamentos.

Los delitos por los cuales se señala al gerente del Seguro Social son cohecho pasivo y asociación Ilícita.

El MP pidió la captura de García Muñoz luego de efectuar más investigaciones por el caso conocido como Negociantes de la Salud.

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Antecedentes

Según el MP la investigación por el caso Negociantes de la Salud comenzó en noviembre del 2014, la acusación en contra de los primeros procesados se presentó en abril del año pasado.

Durante los cinco meses de investigación se logró establecer que la estructura buscó obtener beneficios a través de la venta de servicios médicos e insumos en el IGSS los cuales procuraban colocar en el listado básico de medicamentos de la entidad y manipular los procesos de compra para resultar favorecidos.

Según las pesquisas algunos proveedores acudían a los operadores para procurar la venta de su producto o servicio al Seguro Social.

Los operadores, después de recibir el requerimiento, acudían a los funcionarios periféricos que eran técnicos o profesionales del IGSS, trabajadores de algunas de las unidades de atención a los pacientes y que podían modificar el listado básico de medicamentos.

Los funcionarios periféricos entonces hacían lo que se denominó “mover códigos”, es decir cambiar en el listado básico los productos para incentivar o promover el consumo de ese producto o servicio en las unidades del IGSS.

Los operadores también acudían a los funcionarios centrales, trabajadores del IGSS que se desempeñaban en las unidades administrativas, desde donde podían intervenir en la generación, desarrollo, supervisión y decisión de los procesos de adquisición. Con estas visitas, lograban manipular las compras.

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Más denuncias

El pasado 27 de mayo del 2015, Acción Ciudadana (AC) presentó una denuncia por las muertes de pacientes renales del IGSS.

La FECI del @MPguatemala coordinó la detención de Óscar Armando García Muñoz, gerente del @IGSSGT pic.twitter.com/3EZkzrfFvX

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) June 15, 2016

La organización pidió al MP que se adhieran a la primera denuncia los expedientes de otros pacientes, con lo que subiría a 14 los fallecidos.

En la querella se incluyó al gerente del Seguro Social, Óscar Armando García Muñoz; subgerente de prestaciones en Salud, Byron Arana y la subgerente de integridad y transparencia administrativa, Estela Cuellar Hernández por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude.

Zulma Calderón, supervisora de Hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), indicó que hay un incremento alarmante de la afección y se refleja en que en marzo del 2014 había un caso registrado, pero hasta marzo de este año la cantidad se incrementó a 37.

Los pacientes renales culpan de los decesos e infecciones al Seguro Social por el contrato que firmó con la Droguería Pisa, pues señalan a esa empresa de brindar malos servicios.

En noviembre de 2015, la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Mélida Vásquez, decidió imponer, entre otras medidas sustitutivas, arresto domiciliario, una “caución económica”  de 35 mil quetzales  (unos 4.500 dólares) y la prohibición de salir del país sin autorización a 10 de los implicados.
Entre ellos se encontraban el director del hospital de enfermedades generales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  (IGSS) , Roberto Francisco Estrada Morales, el director del hospital Juan José Arévalo, Carlos Enrique Palma Carranza, y el jefe de la unidad financiera de ese centro médico, Marcelo Noguera Sagastume.
Asimismo, se beneficiaron el funcionario del IGSS, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, y los proveedores de medicamentos Mateo Ramazzini Menéndez, José Rafael Arriaga Fuentes, José Rodolfo Barrientos Montepeque, Hugo René Navas Bonilla y César Estuardo Hernández Monroy, acusados de asociación ilícita y cohecho pasivo.
Estas medidas sustitutivas también fueron aplicadas a Juan Carlos Umaña Velásquez.
A los proveedores Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán se les confirmó la prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.
Con la decisión de la CSJ, tras el amparo presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG), los 10 implicados deberían regresar a prisión preventiva, informó la entidad liderada por Iván Velásquez en un comunicado.
Según las investigaciones, la red, conformada por funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  (IGSS) y particulares, buscaba favorecer a determinados proveedores de medicinas a cambio de comisiones.
La red “negociadores de la salud”  fue desmantelada por el Ministerio Público  (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el 27 de octubre de 2015, cuando fueron detenidos los implicados.
Sin embargo, queda pendiente de captura uno de ellos, Gustavo Alejos Cámbara, quien fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom  (2008-2102).

Los abogados  defensores de Alejos intentaron sin éxito dejar en libertad a su cliente. El empresario durante la audiencia presentó como garantía de su libertad a su padre, Roberto Alejos Vásquez y la certificación de sus 120 empleados.

El pasado 29 de diciembre, Alejos, quedó ligado a proceso penal y fue enviado a prisión preventiva sindicado de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.

Negociaciones ilícitas  

https://twitter.com/jramos_pl/status/709416718045544448

Según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Alejos es uno de los operadores principales de la red de corrupción llamada Negociantes de la Salud.

Esta estructura, por la que ya fueron enviadas a prisión preventiva 11 personas, presuntamente favorecía a determinados proveedores de medicamentos a cambio de comisiones.

El empresario, ligado a varias farmacéuticas y exsecretario privado del expresidente de Guatemala Álvaro Colom, según las autoridades se “aprovechaba”  de la “posición privilegiada”  de algunos funcionarios dentro del Seguro Social, e incluso “realizaba gestiones”  para que los médicos recetaran “un mismo medicamento”.

El MP presentó escuchas telefónicas en las que se ponía de relieve la relación de Alejos con directores y financieros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  (IGSS), así como su vinculación con varias empresas proveedoras de la entidad, como Droguería Colón, Evolución Farmacéutica S,A y Sabiapharma S.A.

Según la acusación, el empresario ejercía de mediador, favoreciendo la contratación de estos proveedores a cambio del cobro de comisiones.

Durante su declaración, celebrada en el Juzgado Sexto Penal, el exsecretario presidencial insistió en repetidas ocasiones en que no tiene ningún vínculo con ningún directivo, por lo que no existe el delito de tráfico de influencias, y que algunas de las pruebas son “suposiciones”  o conjeturas, no hechos.

La red de corrupción, que operaba en el IGSS, fue desarticulada a finales de octubre por la Fiscalía y la Cicig.

El exsecretario privado de Colom logró evadir entonces a las autoridades, estuvo prófugo de la Justicia desde el 27 de octubre y tres días después, el 30, se emitió en su contra una alerta internacional en los 190 países donde tiene presencia la Interpol.

Por medio de un comunicado, la Comisión pide a la CSJ que se dejen sin efecto las resoluciones de la referida Sala emitidas el 12 y 28 de enero último para no entorpecer las investigaciones que llevan en conjunto con el Ministerio Público. Esto implicaría que se revoquen las libertades otorgadas por medio de fianza.

Los favorecidos  con medidas sustitutivas de arresto domiciliario y fianza, por el Juzgado Sexto de Instancia Penal son Hugo René Navas Bonilla, César Estuardo Hernández Monroy, Marcelo Noguera Sagastume, Roberto Francisco Estrada Morales, Carlos Enrique Palma Carranza, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez, José Rafael Arriaga Fuentes y José Rodolfo Barrientos Montepeque. Mientras que le otorgó medidas sustitutivas a Juan Carlos Umaña Velásquez.

Los argumentos de la Cicig son que todos fueron ligados a proceso por el delito de asociación ilícita. Además las resoluciones emitidas por la Sala carecen de fundamentación.

“Los magistrados obviaron fundamentar el daño causado al patrimonio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como la violación a los derechos fundamentales de los pacientes de dicha institución”, dice el comunicado de la Comisión.

Antecedentes

Según el MP las investigaciones por el caso comenzaron en noviembre del 2014 y terminaron en abril del año pasado.

Durante los cinco meses de investigación se logró establecer que la estructura buscó obtener beneficios a través de la venta de servicios médicos e insumos en el IGSS, los cuales procuraban colocar en el listado básico de medicamentos de la entidad y manipular los procesos de compra para resultar favorecidos.

Según las pesquisas algunos proveedores acudían a los operadores para procurar la venta de su producto o servicio al Seguro Social.

Los operadores, después de recibir el requerimiento, acudían a los funcionarios periféricos que eran técnicos o profesionales del IGSS, trabajadores de algunas de las unidades de atención a los pacientes y que podían modificar el listado básico de medicamentos.

Los funcionarios periféricos entonces hacían lo que se denominó “mover códigos”, es decir cambiar en el listado básico los productos para incentivar o promover el consumo de ese producto o servicio en las unidades del IGSS.

Los operadores también acudían a los funcionarios centrales, trabajadores del IGSS que se desempeñaban en las unidades administrativas, desde donde podían intervenir en la generación, desarrollo, supervisión y decisión de los procesos de adquisición. Con estas visitas, lograban manipular las compras.

Gustavo Alejos, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, señalado por corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se quedó sin defensa durante algunas horas porque sus abogados renunciaron al caso.

Los abogados Jonathan Altalef y Carlos Andrés López presentaron su renuncia al Juzgado Sexto Penal, que conoce el proceso en contra de Alejos, considerado operador en la red denominada Negociantes de la Salud que buscaba beneficios a través de corrupción en el Seguro Social.

Según Altalef, la decisión se debe a que durante los dos días de audiencia de primera declaración del empresario recibió varias llamadas para amenazarlo de muerte.

El abogado trabajó para el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en distintos momentos. Según su hoja de vida, entre el 2004 y el 2008 ofreció sus servicios para el MP en el área de litigios.

Después fue mandatario con representación de la Cicig, donde conoció la investigación contra una red que falsificaba  documentos personales de identificación y pasaportes.

En el 2012 concluyó su trabajo en la Cicig y se dedicó al ejercicio profesional libre. El perfil del abogado Carlos López Coronado es desconocido. 

En prisión

El 29 de diciembre recién pasado, la jueza Silvia de León ligó a proceso y envió a prisión preventiva a Gustavo Alejos, quien es señalado  de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.

Según las pesquisas del MP y la Cicig, el empresario sería uno de los operadores principales de la red de corrupción llamada Negociantes de la Salud.

Esa estructura, por la que ya fueron enviadas a prisión preventiva 11 personas, presuntamente favorecía a determinados proveedores de medicamentos a cambio de comisiones.

La fiscalía afirma que el empresario, ligado a varias farmacéuticas y exsecretario privado del expresidente de Guatemala Álvaro Colom, se “aprovechaba”  de la “posición privilegiada”  de algunos funcionarios dentro del Seguro Social, e incluso “realizaba gestiones”  para que los médicos recetaran “un mismo medicamento”.

El MP presentó varias escuchas telefónicas en las que se ponía de relieve la relación de Alejos con directores y financieros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  (IGSS), así como su vinculación con varias empresas proveedoras de la entidad, como Droguería Colón, Evolución Farmacéutica S,A y Sabiapharma S.A.

De León reanudó este martes la audiencia de primera declaración del exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom, acusado de liderar una red de corrupción en el Seguro Social y al final de la jornada lo ligó a preceso y envió a prisión preventiva, hasta el 12 de abril cuando el Ministerio Público deberá presentar la acusación formal.

Alejos, quien se presentó este lunes ante el Juzgado, luego de permanecer dos meses prófugo, es sindicado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), de ser uno de los operadores principales de la red de corrupción llamada Negociantes de la Salud.

Esta estructura, por la que ya fueron enviadas a prisión preventiva 11 personas, presuntamente favorecía a determinados proveedores de medicamentos a cambio de comisiones.

La juzgadora se refirió a contradicciones en la declaración del exfuncionario, respecto a la propiedad de una computadora incautada, y dijo que en las escuchas telefónicas consta que no es el sindicado quien ofrece dinero, “pero es usted quien también se beneficia”, aseguró.

El empresario, ligado a varias farmacéuticas y exsecretario privado del expresidente de Guatemala Álvaro Colom, según las autoridades se “aprovechaba”  de la “posición privilegiada”  de algunos funcionarios dentro del Seguro Social, e incluso “realizaba gestiones”  para que los médicos recetaran “un mismo medicamento”.

"Aquí me declaro inocente", dice Alejos a jueza Silvia de León. @prensa_libre

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) December 28, 2015

Alejos está señalado de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo por la parte acusadora, que en base a escuchas telefónicas, documentos e informes contables, estableció la supuesta participación del empresario en la red.

El MP presentó el lunes varias escuchas telefónicas en las que se ponía de relieve la relación de Alejos con directores y financieros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  (IGSS), así como su vinculación con varias empresas proveedoras de la entidad, como Droguería Colón, Evolución Farmacéutica S,A y Sabiapharma S.A.

Según la acusación, el empresario ejercía de mediador, favoreciendo la contratación de estos proveedores a cambio del cobro de comisiones.

Durante su declaración, celebrada en el Juzgado Sexto Penal, el exsecretario presidencial insistió en repetidas ocasiones en que no tiene ningún vínculo con ningún directivo, por lo que no existe el delito de tráfico de influencias, y que algunas de las pruebas son “suposiciones”  o conjeturas, no hechos.

La red de corrupción, que operaba en el IGSS, fue desarticulada a finales de octubre por la Fiscalía y la Cicig.

El exsecretario privado de Colom logró evadir entonces a las autoridades, estuvo prófugo de la Justicia desde el 27 de octubre y tres días después, el 30, se emitió en su contra una alerta internacional en los 190 países donde tiene presencia la Interpol.

Nació en la capital, aunque su familia proviene de Retalhuleu, en donde su padre, Roberto Alejos Vásquez, heredó varias fincas de ganado; por tal razón estudió Agronomía. Abandonó esa profesión cuando se unió a la empresa J. I. Cohen, donde trabajó durante varios años y a la que supuestamente renunció cuando se unió al gobierno de Colom, para luego regresar.

Aunque siempre buscó mantener un perfil bajo, funcionarios y diputados recuerdan que con una llamada de Alejos hasta las discusiones más acaloradas se detenían y las cosas se hacían como él “proponía”.

Ese poder lo mantuvo durante mucho tiempo. En varias campañas se le señaló de haber financiado partidos políticos, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lo mencionó en su informe El financiamiento de la política en Guatemala.

La primera agrupación en la que Alejos tuvo participación financiera fue el Partido de Avanzada Nacional (PAN), cuando Álvaro Arzú ganó la Presidencia. Continuó con la Gran Alianza Nacional (Gana), con Óscar Berger, a quien habría financiado en dos campañas. Luego, se pasó a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con Colom, cuando tuvo una participación más activa y abierta.

Con un patrimonio de US$180 millones —Q1 mil 440 millones— reportados a la Contraloría General de Cuentas, Alejos ha reconocido públicamente ser propietario de un jet que le compró a Mario López, accionista de una empresa de telecomunicaciones; de un yate que le vendió Roberto Arzú, hijo del alcalde capitalino; de un apartamento en Miami, de un avión y de un helicóptero.

Incluso, en una entrevista a una revista local reconoció haberle prestado su helicóptero a Sandra Torres, candidata de la UNE, en la reciente campaña electoral.

Inicios

Allegados a Alejos recuerdan que este comenzó a trabajar para J. I. Cohen cuando Álvaro Arzú era presidente, época en la que también su primo Enrique Alejos Close fue electo diputado y secretario del Congreso, cargo que dejó un año después cuando el ahora alcalde capitalino lo nombró presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

“Fue en ese momento cuando Gustavo tuvo su primer acercamiento con el IGSS”, detallan.

Familia de políticos

Gustavo no es el único de su familia que ha participado en política. Su padre, Alejos Vásquez, se postuló, sin éxito, a diputado por Retalhuleu, en 1974, con el partido Frente Nacional de Oposición. Ganó la curul en 1978, apoyado por el Partido Revolucionario, cuando fue presidente Romeo Lucas García. Al terminar su período, Alejos Vásquez se retiró a su bufete.

Regresó en el 2008, cuando con la UNE se lanzó para diputado al Parlamento Centroamericano, puesto que ganó y que ocupará por segunda ocasión a partir del 2016. Roberto Alejos, hermano de Gustavo, fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en 1983, por el Partido Revolucionario.

En la época de Vinicio Cerezo también fue congresista. Al terminar su legislatura se retiró y se dedicó a la formación política de organizaciones civiles.

También regresó con la UNE, con la que obtuvo una curul y la presidencia del Congreso por tres años. Luego se separó de ese partido y formó su propia agrupación política —Todos—, de la que fue precandidato presidencial, pero cedió su lugar a un binomio que no captó mayores simpatías.

La cantidad reportada de dinero asciende a unos  Q 201 mil 760. Montos  que serán embargados por el Juzgado de Extinción de Dominio luego que el Ministerio Público (MP) lo reporte.

El pasado 28 de octubre la Fiscal General, Thelma Aldana informó haber notificado a 18 bancos y 9 financieras la inmovilización de las cuentas del  ahora prófugo,  luego que se le vinculara a  la red que negociaba contratos millonarios con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a través de varias empresas.

Los primeros reportes remitidos al ente investigador, son dos cuentas que suman unos  Q 201 mil 760. La primera     asciende a Q 133 mil y en una segunda se registran US$ 9 mil es decir  Q 68 mil 760 —cambio del día  Q 7.65—.

El MP informó que falta recibir varios reportes, para obtener el dato final del dinero que se le embargará al exfuncionario,  quien se encuentra prófugo de la justicia.

La última vez que  el MP  tuvo información de Alejos, fue el último 27 de octubre, en las instalaciones de un gimnasio cerca de su residencia.

Allanamientos

Con influencias

El empresario guatemalteco Gustavo Alejos Cámbara se mantiene prófugo de la justicia y existe desde el 2 de noviembre una orden de captura internacional, vigente en 190 países.

Alejos Cámbara es señalado de integrar una estructura denominada Negociantes de la salud, dedicada a la venta de medicamentos al Estado de forma irregular.

El empresario farmacéutico es buscado por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.

Afiches con la fotografía de Luis Mendizábal también serán distribuidos en todo el país.

Mendizábal es buscado por su participación en la estructura denominada La Línea, señalada de manejar una red de defraudación aduanera liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, actualmente en prisión.

El Ministerio Público durante un allanamiento en una boutique de su propiedad localizó el 16 de abril Q1.5 millones pero ningún rastro de Mendizábal, que fue declarado prófugo en mayo.

Son cuatro mil afiches los que se distribuirán a través de la Policía Nacional Civil en todo el país y la recompensa por información que permita la captura de los prófugos es de Q100 mil.

El 02 de abril de 2013, Juan de Dios Rodríguez asumió la presidencia de la Junta Directiva de la entidad, en sustitución de Luis Alberto Reyes Mayén, luego que este último se viera involucrado en un escándalo sexual con una empleada.

Luego de una investigación  de la Cicig y el Ministerio Público, el 20 de mayo 2015 fueron capturadas 17 personas, entre ellas, Juan de Dios Rodríguez; implicados en un contrato anómalo a favor de la farmacéutica Pisa. 

El último caso de corrupción en esa entidad salió a la luz pública el 27 de octubre, en donde fueron capturadas 11 personas vinculados a la red denominada ¨Negociantes de Salud¨,  dirigida por el exsecretario de la Presidencia de Álvaro Colom, Gustavo Alejos, y proveedores de medicinas, quienes junto a funcionarios y particulares se dedicaban a la compra irregular de medicamentos en el Seguro Social.   Alejos, se encuentra prófugo de la justicia. 

Historia 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue fundado el 30 de octubre de 1946, durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, con el fin de garantizar el derecho a la atención médica de los trabajadores del país, mediante el aporte de éstos, los patronos y el Estado. 

Por medio del artículo 63 de la Constitución de la República de 1985  se estableció que el seguro social era obligatorio. 

Actualmente el número de afiliados superan el 1,2 millones de personas, y entre los servicios que presta están: Protección Materno Infantil, programa de accidentes laborales,  el programa de invalidez, vejez y sobreviviencia, entre otros.

Alejandro Toledo, Juan Pablo Muralles, Hugo René Navas y César Hernández explicaron detalles sobre su trabajo e intentaron desvanecer los señalamientos en su contra, los cuales sustenta el Ministerio Público (MP) con las escuchas telefónicas.

Entre los sindicados de integrar la red figuran proveedores y personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como directivos de hospitales.

Uno los señalados de estar entre los operadores es Gustavo Alejos Cámbara, ex secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, quien está prófugo.

Once personas fueron detenidas relacionadas con el caso conocido como Negociantes de la salud.

La Fiscalía les imputa asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo y tráfico de influencias.

El exfuncionario Gustavo Alejos, señalado de integrar la red, está prófugo.

Se incriminan

Aunque las declaraciones vertidas por los sindicados no aportaron mayores detalles a la investigación, algunas respuestas serán útiles, expresó Juan Francisco Sandoval, fiscal del MP.

En el caso del empresario Muralles, declaró haber conocido a Alejos a finales del 2014, cuando este adquirió la Droguería Colón, S. A., y le pidió reunirse para hablar de negocios.

Muralles declaró que engañó a Alejos al afirmarle que tenía la posibilidad de influenciar en las compras —de fármacos— que realizaba el IGSS.

“Con mucha pena debo de decir que yo en esa oportunidad le mentí, pues yo no tengo ninguna capacidad de influenciar en las compras”, detalló Muralles.

Para el fiscal, las declaraciones de Muralles confirman el tráfico de influencias. “Hay que recordar, el delito también lo comete quien lo simula”, indicó.

Muralles intentó desvanecer parte de los señalamientos en su contra mostrando videos de la labor social que realiza con su empresa, con la intención de mostrar el lado humanitario de la firma de la cual es accionista.

Mientras que el oncólogo Toledo declaró que además de trabajar en el ámbito público posee una clínica privada, y que tiene claro que las empresas farmacéuticas regalan viajes a médicos para que asistan a congresos científicos.

“En las escuchas telefónicas presentadas, yo hablo sobre las ganancias y me refiero a los viajes, porque eso son. Gano yo como médico, pues aprendo; ganan mis pacientes, porque son atendidos por alguien que conoce”, agregó.

Sin embargo, al ser cuestionado por el MP, afirmó que los viajes son prebendas. Para el fiscal, ese tipo de actos encuadran en el delito de tráfico de influencias.

Continúa audiencia

Durante la audiencia, 10 de 11 señalados indicaron que declararán ante el juez. Solamente Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez dijo que se abstendrá.

Para este miércoles a las 8.30 horas se tiene prevista la declaración del resto de implicados en la red.

El Juzgado Sexto Penal ordenó la prisión provisional de los sindicados, quienes fueron trasladados a la cárcel de Matamoros, donde también guarda prisión preventiva Juan de Dios Rodríguez expresidente del Seguro Social.

Alejandro Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt y señalado de ser uno de los operadores de la estructura, pidió ser enviado al Preventivo de la zona 18 pero minutos después la defensa del médico rectificó la solicitud y pidió que también se le recluya en Matamoros.

La audiencia contra las once personas se aplazó para el próximo 3 de noviembre debido a que el lunes se otorgó como asueto a todos los trabajadores del Estado por la conmemoración del Día de los Santos el próximo domingo.

Amenazas

Durante la audiencia de este viernes la defensa de los acusados pidió que se declararan ilegales las escuchas telefónicas que el Ministerio Público (MP), presentó en contra de los acusados pero la jueza Mélida Vásquez, negó esa petición.

El abogado Maynor Berganza, defensa de Juan Pablo Muralles Morán, señalado de ser otro de los operadores en la estructura, insistió en su petición e incluso amenazó a los periodistas con demandas si publican la información proporcionada en las escuchas.

El MP asegura que se cumplió con los requisitos para que se autorizara la interceptación de llamadas y que se ha tenido cuidado de no reproducir aspectos de carácter personal de los acusados, ya que todo se limita a información del caso.

Los once sindicados fueron capturados el miércoles y desde entonces se busca a Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, señalado de ser lider de la red.

Según el MP las investigaciones por el caso comenzaron en noviembre del 2014 y terminaron en abril de este año.

Durante los cinco meses de investigación se logró establecer que la estructura buscó obtener beneficios a través de la venta de servicios médicos e insumos en el IGSS, los cuales procuraban colocar en el listado básico de medicamentos de la entidad y manipular los procesos de compra para resultar favorecidos.

Los implicados en este caso son: Roberto Estrada Morales, Carlos Enrique Palma Carranza, Marcelo Sagastume, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, César Estuardo Hernández Monroy, Hugo René Navas Bonilla, José Rafael Arreaga Fuentes, Juan Pablo Muralles Morán, Alejandro Toledo Paz, Mateo Ramazzini Menéndez y José Rodolfo Barrientos.

Escuchas implican a Alejos

Gustavo Alejos declarado prófugo desde el pasado jueves, quedó implicado por varios audios reproducidos por el MP y donde conversa con Alejandro Toledo Paz, sobre unos contratos de medicamentos que podrían haber superado los Q14 millones.

El audio reproduce una conversación del pasado 30 de marzo y donde Toledo Paz le confirma a Alejos que “hay Q14 millones 342 mil”, en contratos producto del suministro de medicamentos contra la diabetes, así como personal para atender a los pacientes.

La escucha presentada por el MP confirmaría que Alejos tenía conexión con la red Negociantes de la Salud.

Al final de una actividad pública en el Organismo Judicial (OJ), la fiscal general, Thelma Aldana, informó haber “inmovilizado” las cuentas de Alejos Cámbara, señalado de ser operador y proveedor de la red que negociaba contratos millonarios con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a través de siete empresas.

Informe

“Ya están inmovilizadas las cuentas bancarias en todo el sistema (…) la medida se envío a todos los bancos y ellos procederán. En caso de encontrar cuentas a su nombre, a informar al MP y al juzgado”, explicó Aldana.

Afirmó que la solicitud se hizo entre la noche del martes último y la mañana de ayer —miércoles—, pero no indicó el número de las cuentas ni el monto al que ascienden porque los bancos no han hecho reportes. “No puedo dar el dato (…) lo que puedo asegurar es que ya están inmovilizadas”, recalcó.

Además, no descartó que la medida alcance a los otros 12 implicados en el caso.

El juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda manifestó que no recibió la solicitud para embargar las cuentas inmovilizadas por el órgano investigador.

Villeda explicó que existen dos mecanismos para inmovilizar los bienes: uno, a través del juzgado, y otro, por el MP. En la última, las autoridades tienen 24 horas para informar a la judicatura.

Audiencia

Mientras Aldana informaba que las cuentas bancarias de Alejos Cámbara fueron congeladas de forma judicial, en el Juzgado Sexto de Instancia Penal se desarrollaba la audiencia de primera declaración de 11 supuestos integrantes de una red que negociaba contratos millonarios en el Seguro Social.

Debido a la cantidad de sindicados, así como al número de abogados defensores que figuran en el proceso, la diligencia se desarrolló en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, en la sala que pertenece al Tribunal A de Mayor Riesgo.

Los sindicados permanecieron en la carceleta de la Sala, desde donde escucharon los señalamientos que la Fiscalía hizo en su contra.

El mecanismo para leer los cargos, según explicó el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), consiste en hacer los señalamientos de cada sospechoso, uno a uno, y reproducir las grabaciones de las llamadas telefónicas en las cuales participaron.

La investigación detalla que la estructura operó al menos desde noviembre del 2014 y sus actividades se extendieron hasta abril del 2015.

Los primeros imputados fueron los empresarios Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, así como Hugo René Navas Bonilla, subdirector médico de la Policlínica del IGSS ubicada en la zona 1.

Se presume que los tres podrían ser los operadores de Alejos Cámbara en la institución, quienes se encargaban de beneficiar a la estructura al escoger los negocios de compra del Seguro Social por montos millonarios, para que las empresas investigadas fueran seleccionadas para suministrar los productos que requería la entidad.

Sandoval explicó que aunque fueron más de cinco mil sesiones de interceptación de llamadas, solo se reproducirán 150 escuchas telefónicas, las cuales son consideradas las más importantes y que demuestran cómo la red corrompía los negocios de la institución.

La defensa de los sindicados intentó que no fueran reproducidos los audios y atacó la legalidad de la interceptación de llamadas.

De acuerdo con las pesquisas, Toledo Paz pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, pues su función en la estructura era aprovechar su relación con autoridades del IGSS para lograr que los médicos de la entidad recetaran los medicamentos que se adquirían en forma irregular, lo cual creaba la necesidad de adquisición.

Muralles Morán es señalado de asociación ilícita y cohecho activo.

Los resultados preliminares de la investigación detallan que era él quien ofrecía beneficios económicos a funcionarios del IGSS, para tener acceso a información privilegiada de los concursos de las compras que efectuaba la entidad, así como las empresas que participaban, y así beneficiar a las que estaban vinculadas con la red.

Navas Bonilla habría aprovechado el trabajo que desempeñaba en la institución, así como la jerarquía que mantenía, para entregar información de importancia a la red.

Además, habría influido en la contratación de personal que pudiera “alinearse” a las solicitudes del grupo, dijo Sandoval.

Los delitos que se le impu-tan son asociación ilícita y cohecho pasivo, pues habría recibido sobornos por cumplir su función en la red.

El órgano investigador también leyó los cargos en contra de César Estuardo Hernández Monroy, médico de la Unidad de Oncología del IGSS, sindicado de asociación ilícita y cohecho pasivo.

Al final de la diligencia el MP había presentado 46 escuchas telefónicas. Se espera que la audiencia se extienda por tres días más.

Los detenidos permanecerán en la carceleta del sótano de la Torre de Tribunales hasta que se resuelva su situación legal.

Expresidente

Hubo dos escuchas telefónicas en las cuales se mencionó al expresidente del IGSS Juan de Dios Rodríguez, pero Sandoval indicó que por el momento no hay indicios de su participación en los hechos, por lo cual todavía no ha sido vinculado al caso.

Rodríguez fue nombrado por primera ocasión por Toledo Paz, quien le dijo a Muralles Morán que se había reunido con aquel.

La segunda mención fue hecha por Alejos Cámbara, quien le indicó a una persona que Muralles Morán era su sobrino, por lo cual tenía mucha información privilegiada de las compras del IGSS.

Rodríguez permanece en prisión vinculado con el caso IGSS-Pisa, por haber otorgado en forma irregular el contrato de hemodiálisis.

El pasado martes se reveló detalles de la investigación que involucra a farmacéuticas, directores y personal administrativo del Seguro Social, que supuestamente manipulaban la existencia de medicamentos para suministrar determinado producto.

Aldana aseguró que las investigaciones por este caso no señalan a Colom, pues se trata de pesquisas que abarcan de noviembre del 2014 a abril de 2015, cuando él ya no era Presidente y no tenía una relación directa con Alejos Cámbara.

Aunque la funcionaria no descartó que las investigaciones puedan extenderse a meses o años anteriores a las fechas de este caso, tampoco dijo que haya un a investigación directa en contra del exmandatario Colom.

Tampoco descartó que en esas nuevas investigaciones puedan surgir señalamientos contra otros funcionarios o exfuncionarios de Gobierno.

Problema crónico

El encargado del área de salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Adrián Chávez, aseguró que la falta de transparencia en la compra de medicamentos es un problema crónico y que otras administraciones deberían ser investigadas, pues se trata de un tema de justicia y se debe llegar hasta las últimas consecuencias.

El experto recordó que en un informe anterior, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), había advertido sobre el financiamiento de las empresas de medicamentos a los partidos políticos.

Chávez dijo que al analizar la cantidad de recursos que se invierte en la compra de medicamentos es fácil entender el nivel de incidencia en la corrupción, pues señaló que en 2014 el país compró Q7 mil 571 millones en medicinas, lo que representa el 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

El analista pide tomar en cuenta las implicaciones que estos actos de corrupción tienen para los usuarios, pues existe desabastecimiento debido a que se prioriza la compra de otros medicamentos, no se tiene garantía de la calidad de los productos y podría no haber un tratamiento adecuado, pues los médicos deben recetar la medicina en existencia, aunque sea otro producto el que se necesite. 

Otra vez señalado

En mayo del 2009 Colom y Alejos fueron señalados de asesinato en un video difundido después de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, acusaciones que fueron desestimadas por el entonces jefe de la Cicig, Carlos Castresana.

La acusación de Rosenberg giraba en torno a su muerte y la del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie Musa.

La circular vinculante 002-2015, explica que “el artículo 449 bis del Código Penal tipifica y penaliza el tráfico de influencias”.

La publicación señala que es necesario “informar y conminar” a todos los servidores públicos dependientes del Organismo Ejecutivo, “tomando en cuenta las posibles injerencias indebidas y abusivas de personas ajenas a las funciones de la Presidencia”.

En las directrices giradas por Maldonado Aguirre se informa a los trabajadores que “ninguna persona particular ni funcionario o empleado del Ejecutivo está facultado por el Presidente para emitir opiniones o trasladar órdenes de otorgar empleos o adjudicar contratos de compras o de ejecución de obras o servicios para la administración pública”.

También se indica que “en caso de alguna duda, consultar inmediatamente a la superioridad” y que se debe “denunciar inmediatamente a quien fuera responsable de tráfico de influencias abusando de una supuesta orden presidencial”.

La advertencia a los trabajadores es sobre la infracción a la orden presidencial que “es causal de destitución inmediata y de trasladar la denuncia a los órganos competentes del sistema de justicia”.

La directriz se publica un día después de la desarticulación de la estructura Negociantes de la Salud, en donde uno de los principales operadores sería Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Ni durante la administración de Colom, ni durante el tiempo en que gobernó Otto Pérez Molina, se emitió una circular como la firmada este miércoles por Maldonado Aguirre.

Según el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez, en la estructura trabajaban los operadores, los proveedores, los funcionarios periféricos y los funcionarios centrales.

Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom; Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán, son los principales operadores señalados por el Ministerio Público y la Cicig. Alejos Cámbara no ha sido capturado.

La forma de operar, detallada este martes en conferencia de prensa, consistía en que algunos proveedores acudían a los operadores para procurar la venta de su producto o servicio al Seguro Social.

Los operadores, después de recibir el requerimiento, acudían a los funcionarios periféricos que eran técnicos o profesionales del IGSS, trabajadores de algunas de las unidades de atención a los pacientes y que podían modificar el listado básico de medicamentos.

Los funcionarios periféricos entonces hacían lo que se denominó “mover códigos”, es decir cambiar en el listado básico los productos para incentivar o promover el consumo de ese producto o servicio en las unidades del IGSS.
Los operadores también acudían a los funcionarios centrales, trabajadores del IGSS que se desempeñaban en las unidades administrativas, desde donde podían intervenir en la generación, desarrollo, supervisión y decisión de los procesos de adquisición. Con estas visitas, lograban manipular las compras.

Otros proveedores recurrían directamente a los funcionarios centrales para poder manipular los procesos de adquisición y favorecer sus productos o servicios.

Por efectuar esa actividad, lo operadores cobraban una comisión a los proveedores y luego compartían el dinero con los funcionarios periféricos y centrales. 

Denuncia

En abril del 2014, el IGSS fue señalado de incurrir en una millonaria compra irregular de vitamina D porque adjudicó ese proceso a dos empresas que, según el portal Guatecompras, tienen el mismo representante legal.

A pesar de que en esa compra participaron cinco empresas, la adjudicación se otorgó a dos: Servicios Médicos Profesionales Meproser, S.A., y Prizm, S.A, por un monto de Q11.3 millones. Hoy se sabe que dichas empresas están vinculadas a Muralles Morán.

La Droguería Colón, vinculada a Alejos Cámbara, fue beneficiada este año con 333 adjudicaciones, lo que equivale a un monto de Q200 millones 482 mil 411.83, según Guatecompras. De estas compras, más de 200 fueron efectuadas por el IGSS.

Quejas de pacientes

Prensa Libre ha reportado la denuncia de pacientes del seguro social cuando han ocurrido quejas sobre cambios de medicamentos, aunque no se ha determinado si las empresas señaladas en este caso de corrupción tienen que ver con esos cambios.
En mayo del año pasado, pacientes que padecen mieloma múltiple denunciaron que en el IGSS dejó de proporcionarles el medicamento Bortezomib, de nombre comercial Velcade, debido a que según las autoridades se revocó un amparo que les garantizaba este servicio.

En lugar del producto, los pacientes recibieron un medicamento genérico, que según ellos no está regulado por ninguna entidad internacional y lo rechazaron ante el temor de perjudicar su salud.

En junio de este año, también se denunció que los pacientes renales que debían recibir tratamiento de hemodiálisis con nombres comerciales Eritropoyetina y Venofer —con los que mantienen estable la presión y evitan padecer anemia— fueron cambiados por un medicamento sin marca, que se ofrecía preparado y cuyo contenido no les fue informado.

Los pacientes dijeron que después de recibir la primera dosis de ese producto sufrieron diarreas, náuseas, calambres y desmayos.