EDITORIAL
Todo acuerdo requiere voluntad

El llamado hecho por el Gobierno para que el jueves próximo se inicien las reuniones a fin de lograr un acuerdo nacional para implementar el gasto social y reducir la pobreza, puede ser analizado desde la perspectiva idealista y, entonces, es una idea no sólo buena, sino imprescindible. Sin embargo, al verlo a la luz de los resultados de intentos anteriores, es imposible evitar que surjan dudas acerca de sus posibilidades prácticas.

Todo acuerdo requiere, sobre todo, voluntad de intentar alcanzarlo. De lo contrario, se vuelve un ejercicio inútil o una simple prueba de fuerza entre sectores o entre personas. Necesita también del convencimiento de que se necesita ceder en algo para obtener otras cosas, así como de respetar el derecho de los demás. Por ello su conocida complejidad, a lo que se suma el espejismo de ser algo muy fácil que depende en forma exclusiva de la participación.

Los acuerdos tienen mejores posibilidades de ser exitosos en la medida en que estén circunscritos a un área reducida, alcanzable. En este caso, el concepto de gasto social y de reducción de la pobreza debe ser definido previamente, a fin de que no dependa de la forma de pensar individual, lo cual se traduce en largas discusiones. Se requiere, además, establecer prioridades, porque los gastos sociales son útiles y necesarios para todos los sectores, no sólo para los beneficiados directamente.

En verdad, la historia indica que los intentos de acuerdos sociales, bautizados con nombres distintos pero básicamente muy similares, no han sido exitosos por la falta de voluntad de los participantes. Ha habido falta de unanimidad para ponerse de acuerdo, en algunas ocasiones debido a la falta de credibilidad de los representantes de un sector ante los de otros, o porque no se han tomado en cuenta los criterios de éstos últimos.

Por eso, la participación de sectores, el jueves próximo, será una consecuencia directa de la capacidad de convocatoria de quien la hace, pero también de la voluntad de escuchar que tienen los representantes de los grupos que han sido históricamente marginados. El mensaje fundamental que las autoridades deben dirigir es que algo debe hacerse, pues mantener el status quo sólo afianzará los ya muy graves problemas del país.

Ello podrá ser criticado por quienes consideran que tales reuniones son inútiles, o que las rechazan por razones de no querer intentar un cambio. Hacer eso es, en la práctica, equivalente a oponerse a que se avance en la solución de los problemas sociales, de los que la pobreza es uno de los factores fundamentales.

Por ello, es necesario apostar porque habrá éxito no sólo en la negociación, sino en la posterior tarea de convencer a los participantes y a sus representados, para que cumplan con lo ofrecido y acordado.

Rechazar de oficio el intento de acuerdo es asumir una posición difícil de defender. El otro lado de esa medalla es que esta vez se hagan esfuerzos en realidad serios, dentro de procesos transparentes a los cuales tenga acceso la opinión pública, que tiene pleno derecho de conocer con cuánta confianza, por fin, puede esperar un resultado positivo.