EDITORIAL
El criminal vive inmune e impune

La legítima defensa planteada hace poco en favor del piloto de autobús José Natividad Trejo, para quedar exonerado de responsabilidad en la muerte de un criminal reincidente, trae a la actualidad el asunto, poco abordado, del derecho ciudadano de accionar por sus propios medios para salir bien librado de las embestidas de los delincuentes.

Con frecuencia, las personas honradas se lamentan de la diversidad de recursos a disposición de los antisociales para evitar el castigo por sus fechorías, cuando son detenidos por la fuerza pública. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) suele ser la primera voz a su favor, para reclamar supuesto exceso de fuerza o ilegalidad en su captura.

Pero, después, hay una amplia cohorte institucional a su servicio, como la Defensa Pública –cuyo empeño por sumar éxitos basados en inocencias fabricadas es bien conocido–; de policías vinculados al crimen y dispuestos, por eso, a manipular los partes en favor de los detenidos, y de abogados con una amplia experiencia en los malabares penales puestos al servicio de la maldad.

Por otra parte, a fuerza de tanto entrar en la cárcel, los delincuentes se han vuelto diestros en rudimentos jurídicos, en especial de naturaleza penal, gracias a lo cual no pocas veces sus argumentos asombran e intimidan a quienes redactan los informes para su consignación.

A su vez, cifran sus esperanzas en la Defensa Pública, un servicio irónicamente pagado con los impuestos de los ciudadanos honrados, porque es bien conocida la propensión de esa instancia al retorcimiento argumental en beneficio de sus clientes, aunque ello implique vulnerar la verdad y el derecho de los ofendidos.

En el último eslabón de esa amplia posibilidad de defensa de los transgresores se encuentran los jueces y sus oficiales venales, quienes junto a los abogados de aquéllos fabrican tramas de inocencia. Por eso, más tarda la Policía en capturar a un malhechor, que la así llamada “justicia” en dejarlo en libertad.

En el otro lado de la medalla se encuentra el guatemalteco justo, quien por estar apartado del mundo perverso de los criminales, conoce poco o nada de las posibilidades legales de hacer uso de la “defensa necesaria”, para evitar las agresiones ilegítimas o no provocadas.

Hasta ahora, instancias del Estado, como la PDH, el Organismo Judicial, la Fiscalía o el Ministerio de Gobernación, han obviado su obligación de informar y capacitar al ciudadano para ejercer su legítima defensa, con el propósito de familiarizarlo con los medios racionalmente necesarios para impedir o repeler un agravio, bajo la premisa de que nadie puede ser obligado a soportar arbitrariedades.

Si el fomento de esta cultura, muy desarrollada en otras naciones, fuera parte en Guatemala de las políticas del Estado para cumplir con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los habitantes de la Nación, se habrían salvado miles de vidas de seres valiosos, y frenado, además, el libertinaje y las dispensas institucionales exageradas, a favor del delincuente, quien tiene, por eso, un amplio entorno de protección que lo mantendrá siempre inmune e impune.