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Con motivo de la visita del presidente Álvaro Colom a Estados Unidos, que terminó ayer, el tema de los guatemaltecos indocumentados ha salido a la atención pública con mayor fuerza de la que normalmente se le concede, a causa de la primera importancia económica que tienen las divisas que envían al país. Por eso, no era de extrañarse que surgiera uno de los aspectos menos conocidos relacionados con la actual política estadounidense de captura y expulsión de quienes han entrado en ese país de manera ilegal. Nos referimos a la posibilidad de que reciban malos tratos de parte de las autoridades estadounidenses.

Debido a los avances en el campo legal que tiene aquella nación, aunque el hecho de permanecer ilegal es un delito, y desde la perspectiva del respeto a la ley no se puede criticar en sí el hecho de que las autoridades actúen, sí es punible que éstas abusen o de cualquier modo maltraten a las personas capturadas. Esto va contra la tradición estadounidense y los valores que han hecho grande a ese país.

Por simple deducción, es necesario admitir que debe haber casos de guatemaltecos y centroamericanos que han sufrido algún tipo de vejaciones en el proceso de su aprehensión y deportación de Estados Unidos. De esto, poco se sabe, por razones tan variadas como la virtual soledad en que se encuentran las víctimas, sin apoyo alguno de parte de las autoridades guatemaltecas, y porque en un porcentaje enorme de casos se trata de personas de escaso nivel socioeconómico y cultural.

La tarea de las autoridades guatemaltecas para intentar la solución de estos casos es la de presentar una posición conjunta con los gobiernos tanto de México como de los restantes países centroamericanos, a fin de pedir garantías de que estas acciones no ocurran y que, de suceder, los autores sean castigados con la misma firmeza con la que se aplica la ley en contra de quienes trabajan en condiciones muchas veces deplorables y contribuyen no solo a enviar remesas a sus lugares de origen, sino al nivel de vida del país anfitrión.

Es importante también que entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos se dediquen a recolectar información de casos, a fin de que sea posible dar algunas pruebas a la parte estadounidense cuando se concreten las necesarias conversaciones entre las partes. Debe entenderse también que esta clase de abusos es producto de acciones personales de quienes los cometen, y no constituyen una práctica apoyada ni aceptada por el gobierno de un país que se distingue por el respeto a la ley y a las instituciones.

Ayer, la PDH hizo públicos algunos lamentables casos a este respecto. Esa información puede constituirse en la primera parte de lo que se debe de ser una cruzada de los gobiernos para proteger de esa manera a sus ciudadanos residentes en Estados Unidos. No está de más recordar que el hecho de residir en un país sin papeles legales no necesariamente convierte en criminal a la persona que se encuentra en esa circunstancia. Es, más bien, víctima de la falta de oportunidades para una vida mejor en su país de origen.