Prensa Libre - Edición Electrónica

Los empresarios de autobuses urbanos advirtieron ayer en el Congreso que, o sube la tarifa o se baja el valor del diésel, pero que así no pueden seguir trabajando, y rechazan más subsidio porque, afirman, no es la solución.

Ellos dieron al Gobierno hasta el 30 de mayo próximo para que atienda sus demandas, o liberarán el precio de la tarifa del transporte. Ayer venció el compás de espera solicitado por el Gobierno a los transportistas para alcanzar acuerdos y evitar el incremento de esa tarifa.

Durante una reunión con las autoridades de los ministerios de Comunicaciones y Finanzas, los dirigentes de esa gremial informaron que ya no pueden seguir operando con la misma tarifa, y que la idónea es Q4.25.

Los miembros de ese grupo amenazaron con entregar las unidades del transporte colectivo al Gobierno, para que se encargue de ellas, si no se atienden sus demandas.

Luis Gómez, vocero de esa asociación, informó que han recibido críticas por el manejo del subsidio que les otorga el Gobierno cada mes, pero afirmó que hasta ayer no les habían depositado los recursos asignados para marzo y abril.

Pluvio Mejicanos, viceministro de Finanzas, propuso buscar una alternativa mixta para evitar el aumento de esa tarifa, y detalló que si se otorga un incremento en el subsidio podría subir el precio del pasaje, pero destacó que solo es una idea, que podría someterse a discusión. Declaró: “No nos corresponde hacernos cargo del transporte; eso le atañe a la municipalidad capitalina”.

Luis Alejos, ministro de Comunicaciones, propuso la implementación de la tarjeta prepago, para dotar de un subsidio directo a los usuarios del transporte.

Prevé crisis

Noé Orellana, presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, destacó que, de no encontrar una solución, “el país está al borde de un estallido social”.

Demandó a las autoridades de la municipalidad capitalina que se involucren en las discusiones, “porque se han lavado las manos hasta el momento”, expuso. La asesora en comunicación de la alcaldía María José Salas dijo que ellos han accedido a formar parte del diálogo, pero que la postura oficial es que no debe haber incremento a las tarifas.

Antes de proponer la prórroga, los transportistas se quejaron de que no pueden mantener los autobuses si siguen cobrando Q1. “El transporte está colapsado (...) si tuviéramos recursos, los dotaríamos de seguridad privada, pero no podemos”, refirió Gómez, y resaltó el incremento en los precios del diésel.

Aseguraron que el cobro de Q4.25 podría aliviar la crisis, aunque no incluya los gastos de depreciación de los vehículos, y que elevar ese precio a Q5 les permitiría brindar un servicio seguro y cómodo al usuario.

El viceministro de Finanzas explicó que para elevar el precio de la tarifa se requiere de una nivelación en los ingresos de los guatemaltecos, por lo que urgió la integración de una comisión de alto nivel, para buscar una solución.

Otro de los argumentos planteados por los empresarios fue la proliferación de taxis rotativos en la capital, lo que consideran una muestra de que los guatemaltecos pueden pagar más por el servicio.

Rudy Maldonado, presidente de la Asociación de Empresas y Autobuses Urbanos, aseguró: “Hay más de siete mil taxis de ese tipo que ocasionan congestionamiento, y por lo menos 400 buses pirata que cobran Q5 a los pasajeros”.

Estuardo Villatoro, viceministro de Comunicaciones, dijo que prevén instalar Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés), para vigilar rutas y horas de recorrido de los autobuses, y así detectar quiénes cumplen efectivamente con prestar el servicio y cuántos permanecen guardados, a pesar de que se les da su cuota de subsidio.

Explicó que el Banco Interamericano de Desarrollo financiará los estudios de factibilidad de ese proyecto, y su implementación.

Villatoro afirmó que a partir de este año fiscalizarán la forma en que se invierte el subsidio, para evitar que se haga mal uso del dinero. La Contraloría General de Cuentas ya ha señalado anomalías en los documentos contables que respaldan ese gasto por parte de las empresas de transporte.

Mantienen negociación

Ronaldo Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, informó que el Ministerio de Comunicaciones y la comisión de análisis establecida han sostenido reuniones para alcanzar acuerdos. “Seguimos discutiendo para encontrar alguna alternativa, y buscamos las soluciones de fondo, a largo plazo. Por ejemplo, un sistema de prepago en el transporte, para conocer cómo se estructura el funcionamiento y cuánto recauda al final de un día.

Comentó que lo anterior podría eliminar la cantidad que el Estado invierte en subsidio, y añadió que aún no ha sido presentada una propuesta de plan de prepago.

La diputada Nineth Montenegro y Robles coincidieron en que urge verificar quiénes son los empresarios que cumplen con mantener en funcionamiento las unidades declaradas con servicios adecuados.

Los transportistas reciben Q12 millones cada mes como subsidio. A pesar de que desde hace tres meses subió a Q22.6 millones, éstos se quejan de que el último pago no se ha hecho efectivo.