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La idea de terminar con el subsidio al transporte urbano, presentada ayer por la Asociación de Autobuses Urbanos (AAU), es un criterio que se explica con facilidad desde la perspectiva puramente económica, porque al hacerlo queda liberado el precio y, con eso, según la teoría, la competencia beneficia a todos los usuarios, al ser la causa del mantenimiento de las tarifas bajas o con alzas mínimas. Pero otra forma de verlo es la posibilidad de alianzas entre grupos para fijar artificialmente el precio, con lo cual el público no obtiene los beneficios esperados.

En la realidad de la economía guatemalteca familiar promedio, el costo del transporte es muy alto. Quienes tienen vehículo propio deben pagar no sólo altos precios de gasolina y demás productos necesarios, sino las cuotas cada vez más exageradas de los estacionamientos, sometidos a la teoría de la libre competencia sin haber logrado la disminución de las tarifas, cuyos gastos, en algunos lugares capitalinos, ya sobrepasan los US$2 por hora. Algo similar, en menor escala, sucede con quienes necesitan utilizar el transporte público. Los incrementos tarifarios serán casi automáticos, a causa de la tradición guatemalteca de pagar altos precios por un servicio deficiente.

La eliminación de los subsidios es una buena medida, pero necesita ser acompañada de una serie de condiciones en verdadero beneficio a los usuarios.

Si ya se está hablando de una tarifa de Q3 por boleto, una familia de cuatro personas deberá gastar Q24 diarios; es decir, Q480 mensuales sólo para transportarse a sus sitios de trabajo, una vez de ida y otra de vuelta. A esto se debe agregar el valor de los pasajes de paseos de fin de semana, cuyo monto es más difícil de calcular.

Para una familia con Q8 mil mensuales de ingresos, ello significa aproximadamente un 8 por ciento sólo en este rubro. Si a esto se agrega la necesidad de absorber los costos del aumento del costo de la vida, se hacen evidentes las dificultades de todo tipo que les esperan a los usuarios.

Por otra parte, la liberación del precio del pasaje del transporte urbano no debe quedarse sin una medida vinculante de mejoramiento de las unidades, sobre todo en el estado general de los vehículos en cuanto a llantas, frenos, luces, afinación de los motores y demás. Debido a esto, la eliminación del subsidio no es un asunto tan fácil como podría parecer a primera vista. Se debe hacer, pero al mismo tiempo tomar medidas adicionales, a fin de impedir que los usuarios se vean obligados a utilizar vehículos en las condiciones de precariedad de ahora.

Las teorías económicas no funcionan igual en todas las sociedades, y por ello se les debe adaptar de acuerdo con la realidad objetiva del país donde se piensa aplicarlas. La solución al precio del transporte urbano debe ser considerada un reto, más que una fácil posibilidad de ensayar soluciones exitosas en países con idiosincrasia diferente de la complicada manera nuestra de pensar.