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La propuesta de reformas a la Ley de Antejuicio pretende efectuar cambios para que los funcionarios a quienes se les dicten medidas como arresto domiciliario sean suspendidos de sus labores sin goce de sueldo.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable desde febrero último, y pese a ello no fue incluida en la agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas en el Legislativo.

La diputada Nineth Montenegro afirmó que es viable efectuar esas reformas, porque el antejuicio es utilizado como escudo protector por funcionarios que incurren en prácticas ilícitas.

La propuesta persigue que el funcionario pueda renunciar, en casos específicos, a la aplicación del derecho de antejuicio, y someterse de inmediato a la investigación que se le inicie.

Con las autoridades del Congreso se planificaron talleres para discutir el contenido de la nueva norma, el próximo mes. Al respecto fueron unificadas dos iniciativas de ley.

Uno de los casos que más sonó en corrillos parlamentarios, recordó Montenegro, es el del diputado Eduardo Meyer, ligado a proceso por la pérdida de Q82 millones del Legislativo en una casa de bolsa. El congresista tiene arresto domiciliario, acude al Congreso y cobra su sueldo.

Roberto Alejos, presidente de la Comisión Permanente, dijo que además de las reformas en trámite hay otras de impacto que deberán ser aprobadas cuanto antes, y enumeró cambios a la Ley de Amparo, para crear los tribunales especiales de ese tipo; reformas a las normativas de la Carrera Judicial y de Empresas Privadas de Seguridad; y tipificación del delito de obstrucción de la justicia.