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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) puede continuar con las pesquisas contra Alfonso Portillo, porque de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no amparó al ex gobernante.

Por unanimidad, 12 magistrados titulares y un suplente denegaron la acción legal que presentó el ex mandatario contra Amílcar Velásquez Zárate, fiscal general, porque, según Portillo, era inconstitucional la participación de la Cicig en las pesquisas.

Argumentos

Vladimir Aguilar, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, argumentó que no se otorgó el amparo a Portillo porque el fiscal Velásquez no violó el derecho de defensa, debido proceso y preeminencia constitucional, como indicó el ex mandatario en la acción legal.

Agregó que el Ministerio Público (MP) está facultado para crear el número de fiscalías que considere conveniente para cumplir con sus objetivos, como es la Fiscalía Especial para la Cicig.

“La Cicig fue creada con el acuerdo suscrito con la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, y fue ratificado con el decreto legislativo 35-2007, con el objeto de fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y persecución penal contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos que operan en el país”, señala el fallo de la CSJ.

Trascendió que hubo resistencia de tres magistrados para firmar el fallo.

En este caso está pendiente que la Sala Tercera resuelva una apelación de la Fiscalía contra el fallo de la jueza Irma Leticia Valenzuela, quien rechazó la petición de la Cicig de adherirse al proceso contra el ex gobernante.

El ex mandatario es sindicado de peculado, por el desfalco de Q120 millones que se descubrió en el Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001; una parte de esos fondos terminó en cuentas de allegados y familiares de Portillo.