Estados Unidos
Presidente entrevistará a los aspirantes al MP; diputados oficialistas afirman que no incidirán en la elección
En los próximos días el presidente Bernardo Arévalo realizará entrevistas a los seis candidatos a ocupar el cargo de fiscal general, mientras diputados de las dos facciones oficialistas aseguran que no influirán en la decisión del mandatario.
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La Secretaría General de la Presidencia recibió la nómina y los expedientes de los seis candidatos que serán entrevistados por el presidente Bernardo Arévalo, previó a la elección del nuevo fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo. (Foto Prensa Libre: SCSP).
El presidente Bernardo Arévalo llevará a cabo en los próximos días la elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), quien el próximo 17 de mayo relevará a Consuelo Porras, que ha ostentado el cargo durante los últimos ocho años.
Según fuentes cercanas a la Secretaría General de la Presidencia, los expedientes serán evaluados por el presidente a partir de la próxima semana. Esto se debe a que durante estos días aún tiene varias actividades en su agenda de trabajo.
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, recibió la nómina, así como los expedientes de los seis aspirantes, el pasado 21 de abril, por parte de la comisión de postulación, que elaboró la nómina el 20 de abril.
“Por mandato constitucional, el cambio a realizarse es el 17 de mayo, por lo que probablemente en esa semana, previo al 17 de mayo, sabremos quién va a ser la persona designada por el presidente de la República de Guatemala”, afirmó Guerrero al momento de recibir la nómina.
Realizará entrevistas
El presidente aseguró el mismo día en que la comisión de postulación elaboró la nómina final que, al tener el listado de los seis candidatos a ocupar el cargo de fiscal general, llevará a cabo varios procedimientos para conocer a detalle la trayectoria de cada uno de los profesionales. En ese sentido, afirmó que entrevistará a los candidatos que se consideren más idóneos o que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo.
“Esto implica evidentemente una entrevista con aquellos candidatos que se consideren idóneos en una primera revisión a partir de los expedientes. Será a partir de allí que se identifique cuáles son los candidatos que tienen una probabilidad y que responden a los criterios que la presidencia tiene en la necesidad de una justicia independiente, objetiva, certera y efectiva y esas serán las personas a las que se les haga una entrevista”, afirmó Arévalo.
Con estas entrevistas, el mandatario conocerá los planes de trabajo, así como detalles de la trayectoria profesional, académica y de servicio de cada uno de los postulantes. Esto, con el objetivo de tomar una decisión acorde a los principios constitucionales y de independencia que requiere el cargo y la función al frente del ente investigador, afirmaron las fuentes consultadas.
Por su parte, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que, con la recepción de la nómina, el gobernante evaluará los expedientes de acuerdo con lo establecido en la ley.
“El Presidente de la República ha recibido la nómina correspondiente y procederá a evaluar los expedientes con la seriedad y responsabilidad que el cargo exige, a efecto de ejercer el mandato constitucional que le confiere el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, se indicó.
No incidirán en decisión del presidente
En el Congreso, los diputados oficialistas José Carlos Sanabria, quien representa a la línea del cancelado Movimiento Semilla, y Samuel Pérez, quien encabeza la línea del partido en formación Raíces, afirmaron que no corresponde a los diputados del bloque oficial incidir en la decisión del presidente sobre la designación del nuevo fiscal general.
“Creo que esta es una decisión del presidente, él ya oficialmente recibió la lista. Entiendo que está analizando qué procede en este momento, pero él tomará la decisión, él va a evaluar a los candidatos y está buscando, evidentemente, un perfil que busque recuperar la institucionalidad del Ministerio Público del deterioro y del desgaste y del daño que hizo Consuelo Porras, y en ese sentido él buscará tomar la decisión”, indicó Sanabria.
Por su parte, el diputado Samuel Pérez destacó en primera instancia que dentro de la nómina final no haya sido incluida la fiscal general Consuelo Porras. También afirmó que la decisión del presidente debe estar basada en los principios constitucionales y enfocada en recuperar la institucionalidad del Ministerio Público.
“Es importante celebrar el hecho de que no está Consuelo Porras. Eso creo que es uno de los hitos más importantes que va a tener este período de gobierno. Yo no dudo que él –Arévalo– va a escoger a una persona que sea afín a la visión y los principios que hemos defendido. Así que no es un tema que me preocupe mucho. La decisión está en manos del presidente y sí, así es como debe ser”, afirmó.
Cambios a la ley del MP
Pérez también aseguró que, con la designación del nuevo fiscal general por parte del presidente, es el momento adecuado para retomar la discusión para modificar la ley orgánica del Ministerio Público.
“Yo creo que esto también tiene que abrir espacio a tener una discusión sobre la ley orgánica del Ministerio Público, específicamente en la parte de nombramiento y remoción del fiscal general, que ahorita está blindada en un extremo y hay que procurar que sea en cumplimiento de la Constitución, porque el presidente es quien nombra y que sea él quien también pueda remover”, indicó Pérez.
No obstante, aseguró que por parte de los diputados del bloque oficial no se abordará este asunto en el Congreso, ya que, según indicó, se debe hacer en un consenso general entre distintos sectores de la sociedad.
“Yo no creo que nosotros vayamos a mover eso particularmente, sino que debería ser un consenso amplio, no solo de los diputados, sino que en general de la sociedad guatemalteca, escoger un modelo democrático como pasa en otros países, por ejemplo, que nomine el Congreso y que sea el presidente quien decida, pero seguir politizando espacios como las universidades o el colegio de abogados es inadecuado para designaciones políticas como el fiscal general”, aseguró.
En el 2024, tanto Pérez como Sanabria cabildearon sin éxito la aprobación de una iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo en mayo de ese año, con la que se buscaba devolver al presidente de la República la potestad de destituir al fiscal general. Posteriormente, en diciembre del 2024, la bancada oficial también presentó una propuesta en el mismo sentido, que tampoco obtuvo el respaldo de los distintos bloques legislativos.
No emitirá opinión
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien fue excluido dentro del proceso de elección de fiscal general, afirmó que ha interpuesto acciones legales en este tema que deben ser resueltas. También aseguró que ya “no emitirá opinión” con relación al proceso de elección del nuevo fiscal general.
“El proceso de postulación ya ha pasado, yo ya he planteado las acciones pertinentes, no me voy a pronunciar más en este tema porque ya está en manos de la justicia y eventualmente si los tribunales deciden no darme la razón pues ya será el señor presidente quien tendrá que decir quién será el fiscal general”, afirmó Villeda.
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