Siete meses después, el “Vigilante” aún no se ha usado en operaciones contra el crimen organizado, debido al tiempo de traslado de un lugar a otro, para lo cual debe ser desmontado y vuelto a armar.

Una minoría quiso legalizar aspectos polémicos como el aborto, la eutanasia o la fragmentación territorial, camuflándolos con otros artículos pertinentes. La ciudadanía notó la treta y dijo “no”, para evitar complicaciones peores.

La subasta llega con marcado retraso, pero lo importante es que por fin se concretará. La implementación de las nuevas frecuencias debe servir no solo para la optimización de los actuales servicios de conectividad de personas y empresas; también debe formar parte de la mejora de los procesos educativos híbridos y una mayor extensión de la cobertura escolar en todos los niveles.

El viernes último, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos hizo un llamado al Estado de Guatemala a garantizar de manera efectiva y plena el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, a raíz de numerosos hechos que más parecen apuntar a una estrategia concordada de desgaste contra los medios independientes.

La CC aún puede rectificar su error y no privar de la oportunidad de participar a los jóvenes guatemaltecos, pero también es tiempo de que los administradores del deporte nacional den un golpe de timón a su estrategia, si es que existe, para multiplicar el hallazgo y apoyo de talentos atléticos.

Guatemala es uno de los países con mayor vulnerabilidad climática, debido a combinaciones de factores como la deforestación, que debilita los suelos; la instalación de viviendas o poblados enteros en zonas próximas a laderas, la deficiente o inexistente planificación del desarrollo urbano y los endebles sistemas de alerta temprana.

El pacto oficialista amplió vorazmente el gasto a instancias del Ejecutivo, so pretexto de la recuperación económica y la atención de los efectos de la pandemia: con ello creó entre otras cosas un botín vial de Q3 mil 191 millones.

Es contradictorio que se planteen aumentos en el monto de gasto de campaña y también en el pago de deuda política; es decir, aquel dinero que el Estado transfiere a cada partido según los votos obtenidos en elecciones. Se plantea calcular tales montos en dólares americanos. Sin embargo, para las multas por infracciones electorales los diputados ponentes toman como unidad de medida “de 1 a 50 salarios mínimos” en moneda nacional.

Si no hay nada impropio, si no existe nada inconfesable, si la ejecución de tan enorme fondo público es correcta, eficiente y transparente, no existen razones prácticas para tratar de esconder su fiscalización.

Es llamativo que hasta ayer no se reunían, después de seis meses, las firmas necesarias para el dictamen favorable de tan sospechosa iniciativa, que a las claras busca cooptar el manejo de los recursos naturales.