Diversas han sido las reacciones ante la adición de nuevos nombres de personas señaladas por el Departamento de Estado de estar supuestamente vinculadas con prácticas tendientes a la impunidad, el entorpecimiento de la labor de justicia e incluso de abierta corrupción.

La pandemia ha sido un factor de retraso para todo el país, pero tampoco puede ser una excusa indefinida ante los incumplimientos.

Es pasmosa la inacción de la Procuraduría General de la Nación, que seguramente espera una invitación chapeada en oro para entrar profesionalmente a defender los intereses del Estado de Guatemala.

Se utiliza el término negocio porque dicha compra ha estado rodeada de polémicas, suspensiones, secretismos, inconformidades, requisitos que parecen tener dedicatoria y que no necesariamente apuntan a brindar una mayor seguridad en el documento de identificación internacional guatemalteco.

Al ser evidentes la premeditación, la complicidad y la flagrancia de este delito, dados sus efectos en todo el proceso eleccionario, es prácticamente improcedente la invocación del derecho de antejuicio.

No debería ser el temor, sino el optimismo, el que motive el refuerzo de precauciones.

Cuando en los gobiernos no hay voces disidentes, sino únicamente corifeos —por temor o zalamería—, se acrecienta el riesgo de traspiés como el que protagoniza el Ejecutivo, pero cuyas consecuencias padece la ciudadanía.

Gracias a la maestra de primeras letras. Gracias al profesor de matemática y física. Gracias al docente de música, de artes plásticas. En fin, a todos los que comparten sus saberes en aulas físicas y virtuales de preprimaria, primaria y diversificado; a los que atienden a alumnos con capacidades especiales, a los maestros que forman a maestros.

A estas alturas de la pandemia es penoso que el pueblo de Guatemala esté sujeto a la venia de las autoridades rusas para disponer de las vacunas que ya fueron pagadas.

El Estado de Guatemala, al participar en dicha declaración, también queda obligado a garantizar los derechos ciudadanos, a respetar los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.