La situación es preocupante, pero el Estado tiene las herramientas, siempre y cuando se quieran aplicar.

El mundo vive tiempos violentos, conflictivos, y Guatemala no escapa a ello.

Este tipo de dificultades se deben agradecer a la falta de visión de sucesivos gobiernos, que ya sea por conflictos de interés, desidia o incapacidad no se han lanzado a completar el proyecto de un anillo regional interdepartamental, que por su costo es improbable que pueda ser desarrollado por el Estado.

Es inexcusable que un padre o madre descargue su cólera, su frustración o sus problemas a través de puñetazos, insultos y vejámenes en contra de sus hijos, quienes no solo no alcanzan a dimensionar las causas de la agresión sino que terminan hundidos en espirales de culpa, depresión y odio.

Este año se cumplen 15 de la aprobación de la Ley de control y tratamiento de aguas servidas, cuya vigencia ha sido retrasada varias veces.

Sigue vigente el reto de monitorear y sancionar las conductas policiales que vulneran la dignidad de las personas.

Lamentablemente, gobierno tras gobierno, el Ministerio de Agricultura continúa envuelto en la inercia burocrática y la repetición de metodologías asistencialistas que solo prolongan la agonía.

A través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro se combatirá a las empresas de cartón, de fachada o fantasma que hasta ahora se han utilizado para desviar fondos, amañar licitaciones o encubrir robos.

Es tiempo de reforzar el cambio de paradigmas, de retomar el pedaleo y decidirse a recuperar la ilusión de un niño que aprende a andar en bicicleta.

Quizá haya que empezar a deducir responsabilidades a los encargados de tales cuerpos policiales, no solo a los jefes designados, sino a quienes los nombran; es decir, los alcaldes, como un aliciente poderoso para reforzar la instrucción de evitar abusos.