Es necesario que el Ejecutivo y el Legislativo creen una estrategia a mediano y largo plazos, no solo para viabilizar la competitividad de algunos de estos conceptos empresariales, sino para potenciar su expansión como generadores de empleo.

La misma ciudadanía tiene en sus manos la capacidad y la posibilidad de frenar el avance de la enfermedad.

La falta de directrices y sanciones abre la puerta a que ciertos agentes se aprovechen de la discrecionalidad e incluso sugieran, con disimulo, compensaciones, ya sea con el chantaje de faltas o delitos inexistentes o, peor aún, con el ofrecimiento de dejar pasar flagrantes transgresiones.

La colaboración del Gobierno y del Ministerio Público es clave para mantener incólume la soberanía, a fin de que no se use de pretexto, como ocurrió en el período anterior, cuyos rezagos, fiascos, impertinencias y hasta millonarios proyectos de mala calidad están hoy en elocuente perspectiva.

Todavía es tiempo de defender a los empresarios lícitos y correctos de las gavillas que solo se aprovechan de la necesidad cotidiana de los usuarios.

Los ejemplos recientes de parsimonia en el actuar estatal son notorios, lo cual constituye un serio desafío para todas las autoridades de los poderes del Estado.

La primacía de la ley es un principio ineludible en una república, y lo mismo cabe decir de la igualdad.

Resulta llamativa la súbita apología de la posible vacunación prioritaria opcional a alcaldes formulada por la propia Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), justo después de que trascendiera la transgresión del jefe edil de Villa Canales.

No es la primera vez que el covid-19 se usa como pretexto para tratar de frenar el éxodo, como tampoco es la primera ocasión que tal medida fracasa debido a la porosidad de los 965 kilómetros de frontera entre Guatemala y México.

El problema no es solo del Ejecutivo y las alcaldías, sino también del Congreso, plagado de negligencias e irresponsabilidades en sucesivas legislaturas.