Por lo menos dos efectos adversos inmediatos para la economía real tendrían Guatemala si no avanza la aprobación de la reforma para modernizar la ley antilavado, según la postura del sector privado organizado.

Guatemala recibirá durante la primera semana de junio una misión técnica del Gafilat, como parte de las actividades de preparación estratégica del país de cara a su Evaluación Mutua en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.

El sector bancario y financiero está a la expectativa de la aprobación de la iniciativa de ley antilavado, que se encuentra en su fase final de enmiendas previo a ser conocida en el Pleno.

La próxima semana se cumplirá el primer mes de vigencia del subsidio estatal a los precios del diésel y la gasolina, y esa será la primera evaluación que efectuarán los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso para decidir si continúa el apoyo, debido a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

La propuesta de avanzar en un diseño final, la realización de estudios técnicos y la estimación de costos son las principales áreas en los acuerdos de cooperación en infraestructura entre los gobiernos de EE. UU. y Guatemala para la modernización de la EPQ.

La discusión técnica sobre las últimas enmiendas a la iniciativa sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT) en el Legislativo continuará el próximo lunes 25 de mayo y se agendará para ser discutida el 2 y 3 de junio en sesiones extraordinarias.

La posible restricción al envío de remesas desde EE. UU. hacia Guatemala, derivada de una nueva orden ejecutiva general, podría afectar en el consumo interno, principalmente de las familias receptoras, y afectar la estabilidad macroeconómica del país, advirtió Fundesa. Minex dice que iniciará diálogo con autoridades de ese país.

El envío de remesas hacia Guatemala de nuevo podría verse impactado este año por las recientes disposiciones para reforzar la vigilancia financiera mediante una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

El relevo del presidente del Banguat y del superintendente de Bancos se suma al de otros funcionarios que este año han dejado sus cargos al concluir sus mandatos legales. A partir del 1 de octubre asumirán nuevas autoridades de la banca central y del ente regulador del sistema financiero.

Corte de Constitucionalidad conocerá esta semana al menos 14 expedientes relacionados con la elección del fiscal general. Analistas y sectores consultados advierten de que, según sea la resolución, podría haber incertidumbre jurídica y posibles efectos institucionales.