En medio de los constantes incrementos en los precios de los combustibles y las medidas impulsadas por el Gobierno para mitigar su impacto, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) informó que mantiene acciones de control y vigilancia, en paralelo a la implementación de un nuevo subsidio aprobado por el Congreso.

Históricamente, Guatemala ha recurrido a subsidios temporales para amortiguar el alza en los precios internacionales del petróleo, una medida que, según analistas, busca proteger el bolsillo de los consumidores, pero que también plantea desafíos en su fiscalización y transparencia para evitar distorsiones en el mercado.

En ese contexto, la directora de la Diaco, Leslie Yvonne Tzicap, indicó que actualmente se contabilizan 79 denuncias penales relacionadas con posibles irregularidades en la comercialización de combustibles.

“Todas estas denuncias ya han sido judicializadas, lo que significa que no fueron desestimadas y el Ministerio Público les está dando el seguimiento correspondiente”, explicó Tzicap tras participar en una citación en el Congreso.

Las acciones forman parte del denominado Plan Centinela, mediante el cual la institución ha intensificado las verificaciones en expendios de combustible para detectar anomalías como especulación o incumplimientos en la calidad y cantidad del producto.

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Respecto al subsidio aprobado recientemente, la funcionaria señaló que la Diaco se mantendrá vigilante desde su entrada en vigencia. “Se va a sentir un alivio para la población y nosotros vamos a estar controlando y en pro de los derechos del consumidor”, afirmó.

Sin embargo, detalló que la implementación dependerá del reglamento que debe emitir el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual establecerá los lineamientos operativos.

Por su parte, el viceministro de Energía, Erwin Barrios, explicó que ya se iniciaron reuniones de coordinación entre distintas entidades para definir cómo se ejecutará la medida.

“El Ministerio tiene que ver las cantidades, calidades y la trazabilidad del combustible; la SAT debe asegurar que el subsidio se refleje en la factura final; y la Diaco verificará que no haya especulación ni abuso”, indicó.

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Barrios subrayó que la responsabilidad es compartida entre las instituciones para garantizar que el aporte estatal llegue íntegramente al consumidor. “Debemos asegurar que el subsidio que se da en el ‘rack’ del importador llegue al tanque del comprador”, puntualizó.

Aunque aún no se han detallado todos los mecanismos de control, las autoridades anticipan que se aplicarán prácticas similares a las utilizadas en subsidios anteriores, sin embargo, analistas refieren sobre la importancia que tiene la supervisión para evitar incrementos injustificados o aprovechamiento indebido por parte de algunos distribuidores.

Las autoridades prevén que en los próximos días se definan los procedimientos específicos, previo a la entrada en vigencia del subsidio.