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Comercio Exterior
Exportadores y agro piden al Gobierno actuar para evitar nuevos aranceles de EE. UU. por importaciones vinculadas a trabajo forzoso
Guatemala tiene hasta julio para presentar argumentos ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. El sector privado urge a activar el acuerdo comercial bilateral firmado este año y demostrar avances para prevenir la importación de productos vinculado al trabajo forzoso en terceros países.
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Guatemala podría verse obligada a establecer mecanismos de control más estrictos sobre determinados productos importados desde países señalados por Estados Unidos de prácticas de trabajo forzoso, expuso ejecutivo de Agexport. (Foto, Prensa Libre: cortesía Empornac).
La amenaza de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos volvió a encender las alarmas entre exportadores y productores guatemaltecos. Ante una nueva investigación impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), representantes del sector exportador y agropecuario consideran urgente que el Gobierno de Guatemala tome medidas para evitar que el país sea incluido en un esquema de sanciones comerciales relacionadas con la prevención del trabajo forzoso en productos importados.
Las acciones prioritarias, según los empresarios, pasan por exigir la entrada en vigencia del Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre Guatemala y Estados Unidos en enero de 2026, así como presentar evidencia y argumentos técnicos que demuestren que el país está cumpliendo con los compromisos asumidos para prevenir el comercio de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
La preocupación surge después de que la USTR propusiera la aplicación de aranceles adicionales de entre 10% y 12.5% a 60 economías evaluadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense. Según la entidad, dichas economías no han adoptado o implementado adecuadamente medidas para impedir el ingreso de productos vinculados a prácticas de trabajo forzoso.
Un nuevo frente comercial
Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), explicó que estas medidas surgen en un contexto de cambios en la política comercial estadounidense.
Según el ejecutivo, los nuevos aranceles constituyen una alternativa encontrada por la administración estadounidense después de que la Corte Suprema de ese país anulara los llamados aranceles recíprocos impulsados anteriormente y ante el próximo vencimiento de otros gravámenes aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio.
Carballido considera que la nueva propuesta devuelve al presidente Donald Trump un amplio margen de discrecionalidad para imponer diferentes tasas arancelarias según el país o producto involucrado.
“Sin duda que se mantiene la incertidumbre porque la discrecionalidad regresa”, afirmó el directivo, al señalar que recientemente Estados Unidos amenazó a Brasil con aranceles del 25% por investigaciones relacionadas con deforestación, una situación que, a su juicio, podría replicarse con otros países.
El acuerdo bilateral, la principal apuesta
Para el sector exportador, la mejor salida consiste en que Estados Unidos honre el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Guatemala a principios de año.
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Carballido indicó que ese convenio brindaría certeza a los exportadores y compradores estadounidenses, quienes actualmente desconocen cuáles serán las condiciones comerciales aplicables en los próximos meses.
“El primer escenario es exigirle o tratar de negociar con Estados Unidos argumentando que Guatemala acudió de buena fe a negociar un acuerdo y que se ponga en vigencia este y no se le incluya en la sección 301”, señaló.
El dirigente empresarial recordó que actualmente existe incertidumbre acerca de si el acuerdo sigue siendo válido, ya que fue negociado bajo un paquete arancelario que posteriormente quedó suspendido.
“Lo que sabemos es que el acuerdo aún no está vigente, aún no sabemos cuándo entrará en vigencia; aún está en el aire”, indicó.
A juicio de Agexport, mantener esa incertidumbre afecta la capacidad de negociación entre exportadores guatemaltecos y sus compradores en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones nacionales.
Presentar evidencia para evitar sanciones
Si el acuerdo bilateral no llega a activarse, el segundo escenario consiste en convencer a las autoridades estadounidenses de que Guatemala está cumpliendo los compromisos asumidos en materia laboral y comercial.
Carballido explicó que el país debe demostrar que no existen cadenas de exportación vinculadas al trabajo forzoso, ni procesos de deforestación asociados a productos exportados, además de evidenciar controles sobre mercancías provenientes de países donde sí se han identificado estas prácticas.
“Hay que dar evidencia de que aquí no hay trabajo forzado, de que aquí no hay deforestación relacionada a productos de exportación, que aquí no hay importaciones de países donde se hacen ese tipo de cosas”, afirmó.
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El directivo también advirtió que, eventualmente, Guatemala podría verse obligada a establecer mecanismos de control más estrictos sobre determinados productos importados desde países señalados por Estados Unidos, una medida que actualmente se gestiona principalmente mediante certificaciones internacionales.
Tasas y exenciones
- El ejecutivo expuso que la única certidumbre que tienen en este momento es que, según la propuesta del USTR con la sección 301, si se impone una sanción a Guatemala, se aplicaría un arancel del 10%.
- Agregó que, con los anexos, el país tiene exentas casi las mismas partidas arancelarias que quedaron exentas en el Acuerdo Bilateral, las cuales ya fueron comparadas por Agexport.
- Derivado de ello, la situación sería similar a la de dicho convenio, con alrededor del 72% de las exportaciones hacia EE. UU. exentas y el 28% restante con arancel, que en la actualidad también es del 10%, comentó el directivo.
Camagro: Guatemala ya asumió compromisos
Desde el sector agropecuario existe una lectura más optimista sobre el proceso.
Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), destacó que la revisión de la USTR no constituye una investigación específica contra Guatemala, sino una evaluación simultánea de 60 economías, equivalentes a 87 países.
Según explicó, el informe analiza dos aspectos: si los países cuentan con medidas para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y si esas disposiciones se están implementando efectivamente.
Caballeros resaltó que Guatemala figura entre las economías que ya asumieron compromisos formales para prevenir este tipo de comercio.
“Lo relevante del reporte es que USTR reconoce a Guatemala como uno de los países que ya asumió compromisos formales para prevenir el comercio de mercancías producidas con trabajo forzoso. El siguiente paso es demostrar resultados en su implementación”, indicó.
Fechas decisivas para Guatemala
La directora ejecutiva de Camagro recordó que la USTR abrió una nueva etapa de consulta pública en la que los países evaluados pueden presentar documentación, argumentos y pruebas sobre las medidas adoptadas.
Las fechas clave del proceso son el 22 de junio, plazo para solicitar participación en las audiencias; el 6 de julio, fecha límite para presentar comentarios escritos; y el 7 de julio, cuando se celebrarán las audiencias públicas convocadas por la entidad estadounidense.
Por ello, el sector empresarial considera fundamental que el Gobierno acelere la emisión de normas pendientes y reúna evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Las entidades señaladas por Estados Unidos
Uno de los compromisos asumidos por Guatemala dentro del Acuerdo de Comercio Recíproco consiste en reconocer las decisiones adoptadas por Estados Unidos respecto de empresas y entidades vinculadas a presuntas prácticas de trabajo forzoso.
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De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), actualmente existen 55 entidades cuyos productos están bajo sospecha de haber sido elaborados mediante trabajo forzoso, explicó Caballeros. La mayoría de ellas, 44, se encuentran en China; cuatro están ubicadas en México y otras corresponden a embarcaciones pesqueras.
Estas designaciones permiten a las autoridades estadounidenses emitir órdenes de retención de mercancías y bloquear su ingreso al mercado norteamericano mientras se investiga el origen de los productos, se agregó.
En opinión de los sectores exportador y agropecuario, el reto inmediato para Guatemala consiste en aprovechar las próximas semanas para presentar pruebas de cumplimiento y evitar que el país enfrente nuevas barreras comerciales en su principal socio económico. De lo contrario, la incertidumbre sobre los costos de acceso al mercado estadounidense podría mantenerse durante los próximos meses y afectar las decisiones de inversión y exportación.
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