A casi un año del secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, las autoridades no han logrado ubicar a la trabajadora doméstica Anelsy Adeli Quiñónez Corado, a quien consideran una pieza clave en el caso, puesto que habría coordinado el plagio.

Quiñónez Corado fue declarada prófuga de la justicia y tanto la Fiscalía como la Policía Nacional Civil (PNC) coinciden en que posee información que podría contribuir a avanzar en la investigación del secuestro del facultativo, hecho por el cual otras cinco personas guardan prisión. Entre ellas figura Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, presunto cabecilla de la banda y amigo cercano de la víctima.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), el 28 de mayo del 2025 Martínez Murillo fue interceptado mientras se dirigía a su clínica, trasladado contra su voluntad y utilizado para exigir un rescate millonario a su familia. Después de varios días de negociación, el 5 de junio los parientes entregaron Q763 mil a los secuestradores; sin embargo, la víctima nunca fue liberada y continúa desaparecida.

Quiñónez Corado, quien al momento del secuestro se desempeñaba como empleada doméstica del supuesto cabecilla de la banda, es la única persona pendiente de captura en este caso. Según la investigación, mantenía comunicación directa con Carlos Antonio González y González, a quien identifica como su pariente y quien ya está en prisión.

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En los mensajes de WhatsApp localizados en el teléfono de este último, el MP sostiene que encontraron evidencia de que ella ordenó exigir Q5 millones por la liberación de la víctima y mantuvo contacto constante con el supuesto negociador, Carlos Antonio González y González.

La Fiscalía también afirma que en los chats extraídos de los teléfonos aparecen conversaciones sobre otros detalles operativos del secuestro. Además, se localizaron fotografías de equipo que posteriormente fue encontrado en la vivienda del presunto cabecilla de la estructura criminal, Girón Castañeda.

Detenidos por el caso

Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda: presunto cabecilla y, según el expediente, conocía a la víctima y habría aprovechado esa cercanía para vigilar sus movimientos y planificar el secuestro.

Carlos Antonio González y González: supuesto negociador. La Fiscalía lo identifica como la persona que habría mantenido contacto con la familia entre la noche del 28 de mayo y la mañana del 5 de junio. En el celular de González y González encontraron evidencia que lo vincula directamente con el cabecilla de la banda y con la coordinadora, Anelsy Adeli Quiñónez Corado.

Juan Ubaldo Tzun Castillo: señalado de recoger el dinero. El MP asegura que participó, junto a otras dos personas, en la fase final del secuestro: el cobro del rescate, en una gasolinera ubicada al final de la Avenida Hincapié.

Juan Oswaldo Tzun Hernández: hijo de Juan Ubaldo Tzun Castillo. La Fiscalía sostiene que también integró el grupo encargado de recibir el dinero pagado por la familia.

Paola Isabel Díaz Ramírez: apoyo logístico. Es esposa de Tzun Hernández. Según el MP, para recoger el dinero los implicados se movilizaron en dos vehículos: una motocicleta y un automóvil. La investigación señala que ella viajaba en el carro.

Detalles de la desaparición

El 28 de mayo del 2025, el odontólogo Julio Martínez salió de su casa en Fraijanes hacia un centro comercial ubicado en el kilómetro 21.7 de la ruta a El Salvador y, luego de hacer unas compras, habría sido seguido por al menos tres vehículos.

De acuerdo con el MP, la persecución terminó en el kilómetro 36, en el ingreso a la aldea El Jocotillo, donde presuntamente fue interceptado y privado de libertad. Horas más tarde comenzó la negociación, en la que los secuestradores exigían Q5 millones a cambio de liberar a la víctima.

Tras varios días de negociación, la familia logró reunir Q763 mil y el 5 de junio del 2025 entregó el dinero en una estación de servicio al final de la Avenida Hincapié; sin embargo, Julio Martínez no fue liberado y los captores dejaron de comunicarse.

Para el MP, el caso del odontólogo no se trató de un hecho improvisado. La investigación sostiene que hubo seguimiento previo a la víctima y coordinación entre varios participantes. Como respaldo, la Fiscalía presentó al juez videos, fotogramas, escuchas telefónicas, chats de WhatsApp, registros telefónicos y evidencias decomisadas en allanamientos.

Rectificación y actualización

En una nota anterior se informó que la Policía Internacional (Interpol) había activado una alerta roja para capturar a Quiñónez Corado. Sin embargo, este viernes 8 de mayo, se hizo nuevamente la verificación con la Policía Nacional Civil, la cual dijo que no existía ese requerimiento.

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