El caso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señala que llegó al partido dinero de las comisiones que recibía Mario Leal Castillo, exvicepresidenciable de la UNE en 2015 y localizado en Estados Unidos, gracias a su vinculación con Geovanni Marroquín Navas por el cobro de comisiones ilegales por la agilización del trámite de crédito fiscal.
Los procesados son:
- Maynor Feizal Zimeri Corado: asociacion ilícita y financiamiento electoral no registrado.
- Antonio Juan Cristiani Burkard: financiamiento electoral no registrado.
- Héctor Rafael Leal Valdes: financiamiento electoral no registrado.
- Edin Alberto Álvarez Pérez: financiamiento electoral no registrado.
- Nelson Alexis García Morales: financiamiento electoral no registrado.
- Per Michael Erichsen Rydhager: financiamiento electoral no registrado.
- Susana Patricia Castellanos González: financiamiento electoral no registrado.
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De acuerdo con el Ministerio Público (MP), a Susana Patricia Castellanos González le fue otorgada la medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal, por haber pagado impuestos defraudados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por Q2 millones 743 mil 396.41, que incluye intereses y mora.
Ella tenía una orden de captura por defraudación tributaria. La jueza ordenó el pago de Q25 mil a la ONG Yo’O Guatemala, en Purulhá, Baja Verapaz, y recibir cursos de cultura tributaria.
En este mismo caso hay cuatro más procesados, entre ellos Gustavo Alejos, el exoperador del partido y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012. Está preso por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por supuestamente haber aportado Q500 mil en un cheque en mayo de 2015.
Contradictoriamente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó las solicitudes de retiro de inmunidad de Sandra Torres, candidata uneísta de 2015 y 2019, cuatro diputados y dos alcaldes.
El MP fue ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el caso lo vuelva a conocer la Suprema. En medio de la campaña electoral de este año, la Fiscalía consiguió un amparo provisional, pero la Corte estableció que primero deberá resolver en definitiva antes de que el expediente regrese a la CSJ.
Mientras tanto, Torres, derrotada en segunda vuelta y quien a la fecha aún tiene inmunidad por ser candidata presidencial, se puso a disposición de la justicia.
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