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Usac en mantenimiento: campus cerrado y obras podrían prolongarse hasta el 2026 y coincidir con elecciones del CSU, CC y rector

Los trabajos podrían extenderse y coincidir con las elecciones del 2026: de Consejo Superior Universitario, Corte de Constitucionalidad y rector.

La Usac cierra su campus central en diciembre debido a mantenimientos generales y obras específicas en algunos edificios. (Foto Prensa Libre: José Sanchez)

A pocas semanas de iniciar el proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), así como los relevos en cortes y tribunales, la casa de estudios se encuentra en una fase de renovaciones y mantenimientos que provocó el cierre de las instalaciones centrales. Los trabajos podrían prolongarse hasta los primeros seis meses del 2026.

Un documento oficial de la Secretaría General de la universidad detalla la serie de mantenimientos y trabajos que se realizan en la sede central y algunas departamentales. El mismo hace alusión al cierre de instalaciones, sin especificar un cronograma de los trabajos.

La sociedad civil advierte que el rector Walter Mazariegos podría usar todos los mecanismos a su alcance para evitar críticas en los procesos de elección, tanto del Consejo Superior Universitario (CSU) como de la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el propio cambio en la Rectoría.

Desde inicios de diciembre, el campus central se cerró debido a los trabajos de mantenimiento. Las actividades académicas son mayormente en línea. El documento justifica que, por las vacaciones del personal y el fin del semestre, esta medida era la más adecuada.

“Derivado de que en el mes de diciembre se autoriza el periodo vacacional para el personal de la Usac, las instalaciones del campus central permanezcan cerradas, ya que se aprovecha este periodo para la ejecución de proyectos”, puntualiza el acta.

El texto expone que el cierre de la sede durante la pandemia y la toma de las instalaciones en el 2022, durante la última elección de rector, deterioraron la infraestructura y prolongaron la falta de mantenimiento.

“Por la pandemia fue evidente la falta de mantenimiento y, aunado al cierre de las instalaciones por la ocupación ilegal durante más de un año —en el cual hubo deterioro, destrucción y hurto cuando fue abandonado el campus central— se realizó la inspección respectiva, donde se identificaron condiciones que requerían intervención inmediata para garantizar la seguridad, salubridad y operatividad de los edificios”, se lee en el documento.

El documento está avalado por el secretario general, Luis Cordón Lucero, cercano a Mazariegos. Cordón también es secretario en la recién creada la Universidad Juan José Arévalo Bermejo, autorizada en el 2024.

Las intervenciones

Los proyectos que se realizan este mes se centran en el mantenimiento de los sanitarios de varios edificios, así como reparaciones en el sistema de abastecimiento de agua potable y en la red eléctrica.

Sin embargo, el documento alude varias veces a que deben considerarse los tiempos de licitación y ejecución por inconvenientes que podrían retrasar los procesos.

Guatecompras da cuenta de que, hasta el momento, se han gastado más de Q8 millones en reparaciones y compras de mobiliario, según el acta de la Secretaría General.

Los trabajos menores, de rutina o compra de equipos nuevos fueron realizados durante el año, y la mayoría ya concluyeron, según el portal público.

Sin embargo, otros, como las reparaciones en el Aula Magna, están previstos para finalizar hasta marzo del 2026. Por lo menos otros dos proyectos más se iniciarán hasta esa fecha. Por ejemplo, se realizará la perforación de un pozo mecánico en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media (Efpem), lo que conllevará la suspensión del servicio de agua en el campus durante al menos 90 días.

La Secretaría General también detalla que se realizará la ampliación del viaducto en el ingreso periférico, para lo cual se requerirá el cierre parcial de los carriles. En el área cercana a Efpem se construirá una torre de parqueos, cuya ejecución tomará unas 17 semanas, según el cronograma, y afectará varias áreas, aunque estas no se describen en el documento debido a que aún no se tienen los planos.

Esos tres proyectos son los mayores que se ejecutarán. Son los que conllevan más tiempo de trámites administrativos y afectarán el ingreso a la universidad. A la fecha, ninguno de ellos aparece en Guatecompras.

Por otro lado, la excavación para la torre de parqueos requerirá una logística especial, debido a que en el área podría encontrarse un asentamiento arqueológico.

En el 2025, la Usac recibió Q3 mil 70 millones del Presupuesto del Estado y, en total, tuvo cerca de Q4 mil millones, de los cuales hasta octubre se había ejecutado el 45%, según los reportes institucionales. La asignación constitucional creció en Q69 millones para el 2026.

Se activan alertas

Organizaciones de la sociedad civil sostienen que Mazariegos utilizará todas las herramientas posibles no solo para buscar la reelección, sino también para evitar críticas públicas en los procesos de elecciones de segundo grado.

“No hay que verlo solo desde el punto de la elección en la Usac, sino como un universo de todo lo que va a suceder: al cerrar la Usac, se limita el tránsito humano, los espacios de reunión de estudiantes y, por ende, las críticas que puedan surgir derivado de lo que suceda en el 2026”, explicó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia.

Mazariegos, por mandato legal, preside la comisión de postulación del TSE. Hace algunas semanas el Congreso le notificó que, también por fuerza de ley, la comisión debe reunirse en alguno de los salones del Palacio Legislativo.

La posibilidad de sesionar en otro sitio ha causado inquietud entre las organizaciones que fiscalizan las elecciones. Ibarra considera que el rector podría limitar la veeduría pública de los procesos en los que esté involucrado.

En tanto, la Usac no es el único lugar donde estudiantes y catedráticos pueden reunirse para expresarse o formular críticas sobre estos procesos públicos, advierte Ibarra.

Se buscó una postura de la Usac pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

El caso Toma Usac

En el 2022, la elección de rector de la Usac fue a puerta cerrada, luego de deshabilitar al candidato de oposición. Cerca de 15 días después, el CSU dio posesión a Mazariegos en una reunión convocada exclusivamente para ese propósito.

Catedráticos, estudiantes y trabajadores adversaron la elección y la toma de posesión. Grupos detractores de Mazariegos tomaron distintas instalaciones de la Usac para denunciar irregularidades en el proceso. La acción se prolongó durante un año y el rector continuó en el cargo.

Como respuesta, la Usac abrió cerca de 70 procesos disciplinarios contra los involucrados en la toma del campus central y del Paraninfo Universitario. El Ministerio Público (MP) vinculó a 46 personas en procesos penales, incluidos el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

Ibarra añadió que el MP podría asumir un rol similar en los procesos del 2026, especialmente contra los candidatos opositores, aunque algunos fiscales no estén de acuerdo con el actuar de Consuelo Porras.

“El MP puede de nuevo jugar este rol, pero quienes deciden la judicialización de casos son los jueces, y hay una parte que ya no les es afín; incluso, también perdieron algunos agremiados”, indicó.

Atraso en el CSU

La renovación del CSU es otro aspecto criticado por la comunidad estudiantil y la sociedad civil. Hace nueve meses, una resolución judicial ordenó renovar las representaciones que ya cumplieron su periodo.

Si bien se ha realizado el cambio de algunos, la falta de elecciones en los demás casos, así como la no toma de posesión de quienes ya fueron elegidos, impacta en la legitimidad de la instancia y, por ende, en los procesos donde participa.

Projusticia, en un informe reciente, señala que la falta de legitimidad del CSU afecta la vida democrática del país, debido a su participación en la designación de magistrados titular y suplente en la CC, del rector y del decano de Ciencias Jurídicas en la comisión de postulación de magistrados al TSE.

“La ausencia de elecciones en los diferentes cargos administrativos y de representación sectorial, así como la falta de control democrático y las limitaciones a la participación de la comunidad universitaria, han generado una crisis de legitimidad en los órganos de gobierno internos y una vulneración al derecho a la educación superior”, cita el informe.

El mismo informe también menciona que las sanciones disciplinarias aplicadas por el CSU, así como las expulsiones o suspensiones de estudiantes por su participación en manifestaciones, son restricciones arbitrarias y desproporcionadas al derecho a la educación. Estas acciones conforman un patrón que limita el ejercicio pleno de los derechos académicos y compromete la autonomía universitaria.

ESCRITO POR:

Fátima Najarro

Periodista que colabora con Prensa Libre. Especializada en el Organismo Ejecutivo, fiscalización y política