El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará la convocatoria a elecciones generales del 2023 el próximo 20 de enero, según su calendarización la primera ronda de votaciones será el 25 de junio.
A menos de un año del evento democrático más importante del país son 24 los partidos políticos que están inscritos ante el TSE, sin contar con las agrupaciones que aún están en proceso de formación.
La oferta partidaria será amplia para las próximas elecciones, pero buena parte de la población no ha tenido tiempo u oportunidad para informarse de manera correcta.
Existen una serie de problemas nacionales que van desde la salud y la economía hasta llegar a la administración de justicia, todo esto repercute en una sociedad desinformada de la vida política y en consecuencia desconectada de su propio futuro.
“Todos estos acontecimientos que ahora se están dando en buena medida estaban anticipados, era un escenario previsible tras la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y las acciones del Gobierno anterior y el actual, junto a todo un control de instituciones, prácticamente una subordinación de los poderes de Estado”, eso según la opinión de Renzo Rosal, analista político independiente.
El experto también observa como toda la coyuntura será aprovechada por la vieja política para “colarse” en un nuevo proceso electoral debido al debilitamiento del sector justicia, mismo que en los últimos dos procesos de elecciones freno a candidatos vinculados con actos de corrupción y financiamiento no registrado.
“Los actores vinculados a actos ilícitos que estuvieron lejanos del proceso electoral del 2015 comenzaron a volver en las elecciones de 2019, pero ahora vienen con fuerza en el 2023; son los beneficiados porque se libran de procesos legales, ahora están respaldando partidos, candidatos o listos para ellos mismos postularse”, indicó.
Actualmente son 11 los escenarios emblemáticos de la coyuntura nacional que servirán de alfombra roja para recibir a candidatos no tan nuevos, junto a posibles ofertas de campaña nada novedosas para las elecciones del 2023.
La pandemia
El Gobierno del doctor Alejandro Giammattei flexibilizó las medidas sanitarias; en los espacios abiertos ya no es obligatorio el uso de la mascarilla y la limitación en los aforos es cosa del pasado.
Pero a mediados de junio el Ministerio de Salud Público y Asistencia Social (MSPAS) comenzó a registrar un aumento de casos, mientras que la mayoría de la población de 6 a 11 años sigue sin ser vacunada.
La administración de Giammattei afirma que realizan gestiones para la compra de vacunas especializadas para este grupo, pero los discursos no se traducen a hechos y algunos centros educativos están retornando a las clases presenciales.
En lo que va de la pandemia más de 18 mil personas han perdido la vida, y aunque algunos adultos ya cuentan hasta con una cuarta dosis de vacuna los casos van en aumento.
Nadie quiere contagiarse de covid-19 pero mientras la mayoría se cuida de la pandemia descuida la vida política. Actualmente los partidos y agrupaciones en formación están corriendo con sus asambleas para estar disponibles en la oferta política del 2023.
Crisis económica
Es difícil que una familia piense en la oferta política cuando tan solo está pensando en la manera de llevar un plato de comida a la mesa. La crisis económica posterior a la pandemia no vino sola, la inflación a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania le acompaña.
Durante la quince de junio el galón de combustible alcanzó poco más de los Q40; el aumento de precios también se ha visto reflejado en el gas propano y en artículos de alimentos tan básicos como el pan.
Expertos auguran un escenario nada alentar para Guatemala. La crisis económica tendrá un nuevo rostro y será el de la crisis alimentaria, problema que no es nuevo.
Actualmente ya hay familias que con suerte pueden comer una vez al día, pero el aumento de precios derivado de la inflación parece no tener fin y este escenario podría verse en distintos puntos de Guatemala.
Analistas consideran que la única forma de ayudar a las familias será entregando un apoyo económico directo, ya que los subsidios no se ven reflejados en la economía y los más críticos temen que ese dinero llegue a futuros financistas.
CIDH y la lista negra
Este año Guatemala fue incluido en la lista negra de países violadores de Derechos Humanos, según una medición hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La forma en que el Gobierno del doctor Alejandro Giammattei ha guiado la nación ha colocado a Guatemala al mismo nivel que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Algunos de los factores por los cuales la CIDH tomó esta decisión es que, a su criterio, han visto como desde órganos de Estado ha existido una resistencia sistema a la lucha contra la corrupción.
Y en consecuencia ha existido un retroceso que hizo que Guatemala sea catalogada como una de las naciones menos transparentes y garantes a favor de los derechos de sus ciudadanos, según un informe de la institución adscrita la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cuando se conoció la noticia la Cancillería de Guatemala dijo que no se está contando toda la verdad porque el Estado si está combatiendo la corrupción, pese a esa postura Guatemala forma parte de una lista negra internacional que podría asustar a cualquier empresario de invertir en el país.
Lea: Guatemala vuelve a la lista negra de violaciones a los derechos humanos de la CIDH
¿Guatemala vs Estados Unidos?
El principal socio comercial que tiene Guatemala es Estados Unidos, pero durante la administración de Alejandro Giammattei pareciera que esa buena relación se ha ido perdiendo.
El momento más emblemático de esta aparente disputa binacional ocurrió en el marco de la Cumbre de las Américas, ya que el presidente guatemalteco decidió no asistir y delegó la representación de país al Canciller.
No se trataba de un evento cualquiera, incluso el New York Times reveló que el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió una delegación a Guatemala, Honduras y El Salvador para invitar personalmente a sus mandatarios.
La presidencia de Guatemala al ser consultada no emitió postura, pero las declaraciones de Giammattei han dejado claro que se ha sentido “presionado” por algunos funcionarios de aquel país, ya que a su criterio han tratado de interferir en decisiones de Estado.
Estados Unidos ha sido un pilar para el proceso de vacunación en Guatemala por sus constantes donaciones, y es el principal país de receptor de migrantes donde buena parte son de origen guatemalteco.
MP y Consuelo Porras
No es solo una la razón porque aparentemente existe un alejamiento entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, pero una de ellas es sin lugar a dudas la reelección de María Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Público (MP).
La jefa del ente investigador ha sido tachada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un actor a favor de las mafias y la corrupción, por ello fue incluida en la famosa lista Engel.
La acción norteamericana no fue del agrado del presidente, de quien se dice es amigo de Consuelo Porras y cuya amistad habría servido para evitar investigaciones contra su gobierno, según denunció previo a salir de Guatemala el exjefe fiscal Juan Francisco Sandoval.
Giammattei mostró su rechazó cuando el Departamento de Estado tachó de corrupta ala Fiscal General, pero pese a llamados internacional y nacional el mandatario decidió reelegir a Consuelo Porras para dirigir por otros cuatro años el MP.
Los señalamientos contra la Fiscal General van desde frenar investigaciones, cambios administrativos contra fiscales independientes y remociones aparentemente injustificadas.
Congreso oficialista
El Organismo Legislativo además de hacer leyes debe de servir como un contrapeso al Organismo Ejecutivo para evitar un control absoluto, pero la novena legislatura en vez de cumplir con esa función parece ser otro brazo de la presidencia guatemalteca.
Durante los casi tres años del actual Congreso su Junta Directiva ha estado presidida por diputados del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), el partido oficial, y sus objetivos han sido claros.
Acaparar apoyo de otros bloques para servir como una aplanadora política que cumple los designios de Alejandro Giammattei, lo que para algunos analistas políticos es peligroso porque se está dando pie a un régimen dictatorial.
Los diputados que agrupa Vamos son conocidos como la “Alianza Oficialista”; han conseguido en una sola noche la aprobación de préstamos, subsidios y ampliaciones presupuestarias, prácticamente todo lo que tiene que ver con dinero.
Pero proyectos enfocados en desarrollo social permanecen engavetados en un Congreso, donde pese a que existen algunos bloques de oposición son insuficientes para hacer frente a la alianza.
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La eterna CSJ
El otro Organismo de Estado que a criterio de analistas también responde a los deseos presidenciales es el Organismo Judicial (OJ), un poder de estado que ha sobrepasado su periodo constitucional.
Para este 13 de octubre de 2021 se estarán cumpliendo tres años de retraso en la renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad que ya sobrepaso más de la mitad del periodo que correspondía a nuevos magistrados.
Existe un entramado legal que a la fecha el Congreso no ha preocupado por resolver ya que son ellos quienes tiene que elegir a la CSJ, pero el proceso empezó con obstáculos desde que se conoció el Caso Comisiones Paralelas 2020.
Presuntamente una red de corrupción que estaba negociando bajo la mesa quienes serían electos magistrados, para así seguir asegurándose impunidad en caso que algún proceso contra políticos de la elite llegase a caer el sistema de justicia, eso según analistas judiciales.
La actual CSJ que sigue en el poder fue electa por una alianza entre diputados de los extintos Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder), ambas agrupaciones canceladas por financiamiento electoral ilícito.
Persecución judicial
Algunas de las dudas que rodean el trabajo de la Fiscal General, María Consuelo Porras, radica en una aparente persecución a ex operadores de justicia, justamente quienes tuvieron a su cargo casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción del año 2015.
Entre los casos más significativos destaca la captura de la abogada Leily Santizo, quien formó parte de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como el de la exfiscal Xiomara Sosa, que formó parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).
Otros abogados del antiguo equipo de Feci decidieron escapar del país por tener órdenes de captura pendientes, pasaron de ser operadores de justicia a ser perseguidos por aparentes crímenes cometidos cuando ocuparon el cargo de fiscal.
Ante los ojos de entidades internacionales es una represalia y una persecución por los golpes que dieron a la clase política dominante, quienes presuntamente aún tienen a otros operadores de justicia en la mira.
Recientemente la CSJ admitió a trámite un antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien se encargó de enviar a prisión a funcionarios de la época, ex funcionarios y empresarios involucrados en posible corrupción.
¿Venganza judicial?
En contra sentido, buena parte de los casos penales que vieron la luz en el 2015 fue tras la declaración en anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón, exsecreario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, testimonios que el MP busca dejar sin efecto.
Recientemente la nueva Feci encabezada por el jefe fiscal José Curruchiche, explicó que los acuerdos que acreditaron a Monzón Rojas la calidad de colaborador eficaz se dieron con anomalías, sin garantizar los Derechos Humanos de los sindicados ni de él como colaborador.
Monzón brindó datos clave para procesos que podrían venirse abajo, entre ellos Caso La Línea, Caso Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción y Aceros de Guatemala.
Otra acción similar ya se dio en el Caso Odebrecht, cuando la Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló un acuerdo de colaboración eficaz que fue suscrito por el exfiscal Juan Francisco Sandoval.
Sandoval habría acordado un acuerdo jurídico bajo abuso de poder que, a criterio de la nueva Feci, violenta el Derecho internacional y que no garantiza el debido proceso.
La cuestionada CC
Independientemente de que ocurra en Guatemala quien tiene la última palabra en procesos penales, administrativos, civiles y sociales es la Corte de Constitucionalidad (CC).
Pero la nueva magistratura no tiene el aval de las entidades sociales quienes estiman que es una Corte plegada a las elites, que se ha encargado de respaldar actitudes dictatoriales y contrarias a la lucha contra la corrupción.
Fue esta nueva CC quien dio luz verde a la Ley de Oenegés, quien también respaldó la Ley de Aceptación de Cargos y quien ordenó anular la elección de Gloria Porras como magistrada Constitucional.
La CC tiene que ser el ente más objetivo y encargarse de velar porque se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala para todos, por eso es imprescindible que esta Corte sea independiente.
Aunque su integración también está rodeada de dudas ya que existen políticos y abogados afines a la elite gubernamental de turno, lo que pone en entre dicho, a criterio de analistas, el fondo de sus fallos.
¿Y la libertad de expresión?
Los medios de comunicación y la prensa independiente son vitales en una democracia, pero en Guatemala las acciones de Estado, que ante críticos se asemeja a un régimen dictatorial, han ido limitando el trabajo de la prensa.
Actualmente el medio de comunicación El Periódico enfrenta un proceso penal por haber divulgado información sobre familiares de la presidenta de la CC, Dina Ochoa, bajo el resguardo de la Ley de Femicidio.
Expertos en libertad de expresión aseguran que estas acciones no son aisladas y que tan solo son el primer paso para ir frenando a la prensa independiente, que cuestiona al poder y que revela las verdaderas intenciones de las cúpulas del poder.
Incluso desde que inicio la pandemia las autoridades tomaron como excusa el covid-19 para ir frenando el acceso de la prensa, incluso datos que son de información pública han sido restringidos. Uno de los eventos más destacados fue cuando el Ministerio de Gobernación restringió datos de muertes violentas.
Tan solo del 13 al 17 de junio la PNC también amenazó con capturar a dos periodistas por tan solo dar cobertura a sucesos nacionales, intimidando a su vez al resto de comunicadores que hacían la misma cobertura.
