Nuevas autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán asumen cargos este 1 de enero

Con una ceremonia en la plaza central de Totonicapán, Eduardo Cresencio Tax asumió la presidencia de los 48 Cantones para el período del 2026.

Carlos Gómez

1 de enero de 2026

|

13:35h

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Los 48 Cantones de Totonicapán renovaron sus autoridades para el 2026. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú. Archivo)

Con una ceremonia pública en la plaza central de Totonicapán, se llevó a cabo el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, que estará presidida por Eduardo Cresencio Tax.

El acto, que marca el inicio del período de gestión del 2026, incluyó la entrega simbólica de las varas de mando, símbolo de autoridad y servicio comunitario, a las juntas directivas de cada uno de los cantones.

La ceremonia de transición, arraigada en los usos y costumbres de la comunidad, no solo formalizó el cambio de liderazgo, sino que también sirvió como escenario para reafirmar los principios y la vigencia del sistema de gobierno comunitario existente en el departamento, se informó.

En sus intervenciones, tanto las autoridades salientes como las entrantes subrayaron el papel fundamental de la institución en la defensa de los derechos, el territorio y la identidad de los pueblos originarios.

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El nuevo presidente, Eduardo Cresencio Tax, definió en su discurso a los 48 Cantones como un sistema legítimo de gobierno comunitario, justicia propia y defensa del territorio.

“La fuerza de esta entidad ha sido siempre la unidad, el trabajo colectivo, el respeto a los valores, la palabra, la armonía con la Madre Tierra y el servicio”, afirmó Tax ante los presentes en el acto.

El nuevo presidente de los 48 Cantones estableció como una de sus líneas de acción la defensa frente a la criminalización de las autoridades ancestrales.

“Mi compromiso es claro: seremos una sola voz frente a quienes intenten dividirnos y seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestras comunidades”, declaró, haciendo énfasis en la continuidad de la lucha histórica de la organización.

Por su parte, las autoridades que concluyeron su período agradecieron el apoyo recibido durante su gestión e hicieron un llamado a la unidad. Instaron a la población a mantenerse firme en la defensa de los intereses colectivos y el bienestar del pueblo, legado que ahora pasa a las nuevas juntas directivas.

El momento principal de la ceremonia fue la entrega de las varas de mando. Este acto constituye un reconocimiento público de la autoridad conferida por la comunidad hacia los representantes electos. La vara representa el compromiso de servir y guiar conforme a los principios ancestrales y a las decisiones tomadas de manera colectiva. La recepción de estas varas por parte de los representantes de los 48 Cantones refrenda la estructura descentralizada de la organización, que es una de las más antiguas y representativas de la gobernanza indígena en Guatemala.

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Representatividad y autonomía

Los 48 Cantones de Totonicapán son reconocidos por su lucha en defensa de los recursos naturales, especialmente los bosques comunales, y por su oposición a políticas estatales o privadas que consideran lesivas para sus comunidades.

Su estructura de autogobierno, basada en el servicio rotativo y no remunerado, ha permitido mantener una fuerte cohesión social y una voz política propia frente al Estado y otros actores.

La toma de posesión del 1 de enero es, por tanto, un evento de gran significado para los habitantes de la región, ya que marca la renovación del liderazgo de una institución que se percibe a sí misma como garante de un proyecto comunitario frente a presiones externas.

El mensaje emitido por el nuevo presidente, Eduardo Cresencio Tax, se basa en la conciencia de que su principal fortaleza reside en la cohesión interna, un factor que será crucial para enfrentar los desafíos que se presenten durante el 2026.

La ceremonia concluyó con la expectativa puesta en la nueva directiva, que deberá ejercer sus funciones entre la preservación de las tradiciones, la defensa del territorio y la búsqueda de soluciones a las demandas de desarrollo de las comunidades que representa.

Alcaldía Indígena de Sololá manifiesta por captura de Esteban Toc y denuncia persecución contra líderes

Autoridades indígenas de Sololá manifiestan en rechazo a la captura del exvicealcalde indígena Esteban Toc Tzay.

Óscar García

5 de septiembre de 2025

|

15:57h

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Manifestación en la ciudad de Sololá en rechazo a la captura de Esteban Toc. (Foto tomada de la página de Facebook La Súper de Sololá)

Esteban Toc Tzay, de 61 años, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, fue capturado el jueves 28 de agosto en la Cumbre de Alaska, cuando se dirigía a la capital para recibir tratamiento médico, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC).

Toc Tzay es señalado por terrorismo, sedición y otros tres delitos, mientras que autoridades indígenas han denunciado criminalización de sus líderes.

Este viernes 5 de septiembre, la Alcaldía Indígena de Sololá organizó una manifestación en rechazo a la detención de Toc.

Según medios locales, la manifestación partió del caserío Santa María y culminó en el parque central de Sololá.

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Los manifestantes portaban pancartas con la consigna: “Libertad para Esteban Toc”. Además, colocaron banderas negras con blanco y la imagen de Toc como parte de la protesta.

El exdirigente es señalado por su participación en las protestas de 2023 contra las acciones del Ministerio Público (MP) hacia el partido Movimiento Semilla, con el cual Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.

“La colocación de las banderas negras fue una decisión de la asamblea celebrada el 1 de septiembre, cuando los alcaldes comunitarios de las 84 comunidades manifestaron que no hay nada que celebrar. No hay libertad, no hay independencia”, publicó la Alcaldía Indígena en su página de Facebook.

Ese mismo día, la organización indígena emitió un comunicado titulado: “Condenamos la criminalización del Ministerio Público en contra de las autoridades indígenas”.

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También se refirieron a los casos de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes también enfrentan proceso legal por las manifestaciones de 2023.

“Las Autoridades Indígenas de los Pueblos Maya y Xinca de Guatemala condenamos enérgicamente la detención arbitraria de nuestros hermanos Esteban Toc, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes prestaron servicio comunitario en la Alcaldía Indígena de Sololá y la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en el año 2023, respectivamente. Nuestros hermanos cumplieron un mandato delegado por nuestras comunidades y no son delincuentes, por lo tanto, no deben estar detenidos en una prisión”, argumentaron en el comunicado.

Para leer más: Claudia Sheinbaum lamenta la captura de Luis Pacheco, acusado de terrorismo

Agregaron: “Exigimos al Organismo Judicial que libere a nuestros hermanos y a los jueces que no se presten a las actuaciones ilegales del Ministerio Público”.

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Arévalo propone reforma para permitir construcciones del Estado en tierras de comunidades indígenas

El presidente Bernardo Arévalo presenta propuesta de reforma a la ley que permitiría construcciones del Estado en tierras de comunidades indígenas.  

Óscar García y Leslie Sánchez

7 de agosto de 2025

|

09:01h

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El presidente Bernardo Arévalo en compañía de autoridades indígenas se refiere al a la iniciativa para reformar el artículo 30 de la Ley Orgánica del Presupuesto. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

En la conferencia de prensa de este jueves 7 de agosto, en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, presentó una iniciativa para reformar el artículo 30 BIS de la Ley Orgánica del Presupuesto.

“Hablamos de la posibilidad de construir escuelas, hospitales, centros de Salud, de atención permanente, en tierras de propiedad indígena que se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de comunidades indígenas”, refirió Arévalo.

Mientras que representantes de los pueblos indígenas pidieron que la iniciativa  sea aprobada de urgencia nacional.  

Este artículo se refiere a construcciones del Estado. Establece que, para efectos de ejecución de obras de infraestructura que el Estado construya y que incrementen el capital fijo, estas deberán llevarse a cabo en inmuebles cuya propiedad o posesión pertenezca al Estado, incluidos los municipios y las entidades descentralizadas y autónomas.

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Dispone que, bajo ningún caso, se podrán realizar construcciones en inmuebles inscritos en los Registros de la Propiedad a nombre de personas individuales o jurídicas de carácter privado.

Sin embargo, con la reforma se pretende autorizar construcciones en terrenos inscritos bajo la tutela de pueblos indígenas o comunales, en lo referido específicamente a inversión en infraestructura.

La iniciativa destaca que el 3 de julio de 2024, durante el Cuarto Encuentro de Diálogo entre Autoridades Indígenas y Ancestrales y la Presidencia, el presidente instruyó a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) a contribuir en la viabilización de la inversión pública en tierras y territorios comunales indígenas, obstaculizada por restricciones procedimentales de índole jurídica en la interpretación y aplicación del artículo mencionado.

Según la propuesta, resolver esta problemática reviste crucial importancia para las Autoridades Indígenas y Ancestrales, en materia de desarrollo, bienestar y cumplimiento de derechos emanados de la Constitución Política de la República. Se requiere de fuertes intervenciones gubernamentales de dotación y provisión de servicios públicos para superar la pobreza y el insuficiente desarrollo humano que afecta con mayor severidad a los pueblos indígenas.

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Además, señala que las tierras y territorios comunales de los pueblos indígenas constituyen una parte significativa del territorio nacional, estimada en al menos una cuarta parte, según cifras proporcionadas por la Mesa de Tierras Comunales de las Autoridades Ancestrales Indígenas.

La propuesta aún debe ser conocida y aprobada por el Congreso de la República.

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Gobierno presenta amparo en contra de la fiscal general del MP por “criminalizar” a los pueblos indígenas

Bernardo Arévalo señala “criminalización” contra los pueblos indígenas y afirma que presentaron un amparo contra la fiscal Consuelo Porras.       

Óscar García y Leslie Sánchez

29 de abril de 2025

|

10:47h

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Bernardo Arévalo informa que presentaron un amparo contra la fiscal general del MP por supuesta criminalización contra los pueblos indígenas. (Foto Prensa Libre: René Rivera)

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, junto a su Gabinete de Gobierno, la vicepresidenta Karin Herrera, y autoridades indígenas ancestrales de Guatemala brindaron conferencia de prensa con relación a la captura de dos exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán.

En la conferencia en el Palacio Nacional este martes 29 de abril, Arévalo indicó que están unidos para reivindicar una construcción democrática.

“La criminalización de Luis Pacheco y Héctor y Héctor Chaclán, la criminalización de autoridades indígenas y la criminalización de cualquier persona que defiende la democracia, los derechos humanos y que combate a la corrupción, es un ataque a todos los pueblos del país, a los cuatro pueblos de Guatemala”, dijo Arévalo.

Además, señaló criminalización contra jueces, fiscales probos y periodistas independientes.

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Afirmó que estos embates se suman a actos de hostigamiento a miembros del gabinete de gobierno mientras “constatamos cómo gravísimos casos de corrupción y gravísimos casos cometidos por el crimen organizado quedan en total impunidad, casos que realmente han tocado la salud, la educación, el bienestar y el desarrollo social del pueblo de Guatemala”.   

“Al pueblo digno de Guatemala le decimos, estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia por parte de los actores de la impunidad, es el momento de hacer escuchar su voz contra el uso abusivo de las instituciones de justicia como armas para atacar a quienes construimos la democracia y buscamos el desarrollo para todos”, según Arévalo

Añadió: “Por eso, ante la actual agresión que se lleva a cabo desde el Ministerio Público en contra de los pueblos originarios y de la defensa de la democracia, anunciamos primero que desde la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y en coordinación con las autoridades indígenas ancestrales, las organizaciones de sociedad civil, representantes de la academia, del sector religioso y representantes de organismos internacionales se presentó una acción de amparo contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público”.

Para leer más: Los 48 Cantones de Totonicapán se pronuncian tras captura de Luis Pacheco y lanzan advertencia

Dijo que esta acción busca que se garantice el debido proceso de los liderazgos de los pueblos indígenas “ahora espuriamente criminalizados”.

El amparo fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia.

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El presidente Arévalo aseguró que no actuará fuera del marco de la ley ni se romperá el orden constitucional sobre la situación de la fiscal general, Consuelo Porras.

El mandatario agregó que el amparo busca que se de protección a los pueblos indígenas “ante la clara inobservancia del Ministerio Público de normas nacionales e internacionales que protegen las formas propias de organización social de los pueblos indígenas, lo que pone en riesgo la responsabilidad del Estado de Guatemala ante sus obligaciones internacionales”.

“Que la fiscal general se comprometa con el legítimo ejercicio de los liderazgos indígenas que actúan de conformidad con sus asambleas y no a título personal, que se declare la arbitrariedad de catalogar como actos terroristas estos ejercicios legítimos del derecho de protesta y libre expresión de los pueblos indígenas”, afirmó.

Informó que están activando las vías nacionales e internacionales de verificación de justicia y de protección de los derechos humanos, “porque el mundo debe estar atento a las graves y constantes violaciones de derechos fundamentales que un grupo corrupto está perpetrando”.

Arévalo manifestó: “Insistimos en exigirle la renuncia a Consuelo Porras y en la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, una reforma fundamental para recuperar a nuestras instituciones de justicia de la gavilla corrupta que le han quitado su dignidad”.  

“¿Alguien me puede decir cuáles son los caminos legales que no estamos haciendo? yo le puedo decir cuáles son los caminos ilegales que no vamos a hacer”, dijo el presidente Arévalo sobre la permanencia de Consuelo Porras en el cargo.   

Representantes de los pueblos indígenas señalaron que son víctimas de “criminalización” y afirmaron que defenderán su dignidad en la lucha por la democracia.

El 23 de abril recién pasado, Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, fue capturado afirmó el Ministerio Público. Ese día también capturado Héctor Manuel Chaclán Batz.

Pacheco, quien lideró protestas contra la fiscal general Consuelo Porras en 2023, fue nombrado viceministro el 22 de agosto de 2024.

El 25 de abril, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exmiembros de los 48 Cantones de Totonicapán, fueron ligados a proceso por terrorismo y obstaculización a la acción penal derivado de las manifestaciones del 2023 en Guatemala.

Autoridades indígenas piden que Congreso apruebe a la “brevedad” iniciativa de reforma a ley orgánica del MP

Pueblos indígenas exigen a diputados conocer y aprobar iniciativa que busca reformas a la ley orgánica del MP y anuncian acciones si no son escuchados.
 

Oscar García

7 de mayo de 2024

|

14:23h

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En octubre del 2023, varios sectores, entre estos los pueblos indígenas, se manifestaron contra la corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL) 

Las autoridades de los pueblos indígenas este martes 7 de mayo emitieron un comunicado dirigido el Congreso de la República en el que remarcan su “lucha por la defensa de la democracia”.

En la comunicación destacan han “sido testigos de cómo en los últimos años una pequeña minoría a través de la corrupción se ha adueñado de las instituciones de gobierno, utilizándolas como una herramienta para reprimir y criminalizar a quienes reclamamos nuestros derechos, para amasar riqueza, sin importarles que juegan con los derechos a la vida, la salud, educación y desarrollo del pueblo guatemalteco”.

Recordaron que como pueblos indígenas, desde octubre 2023 intensificaron su “lucha para empezar a rescatar al país de la corrupción y exigir que aquellos funcionarios que han servido como instrumento del pacto de corruptos para asegurar impunidad sean destituidos, ya que el principal afectado con el actuar de estos, es el pueblo de Guatemala”.

Según los pueblos indígenas, gracias a esa “lucha”, el presidente y vicepresidenta de la República, 90 nuevos diputados y 231 alcaldes nuevos, todos electos para el período 2024- 2028, lograron asumir el poder.

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Agregó que estos funcionarios asumieron el poder “a pesar de los constantes intentos de golpe de Estado por parte del pacto de corruptos, liderado por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, que al retorcer la ley de manera descarada y extralimitarse en sus funciones dejó de ser idónea y capaz para el cargo que ostenta”.

“Ante el claro actuar ilegal de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, durante octubre 2023, solicitamos al Congreso de la República que reformara la Ley Orgánica del Ministerio Público, de tal manera que él o la fiscal general pueda ser removida por causa debidamente justificada, ya que el artículo 14 de la referida Ley procura impunidad aun cuando realizan actos ilegales en el ejercicio del cargo”.  

Sin embargo, debido a que “la mayoría de los diputados de la novena legislatura forman parte del pacto de corruptos y se hicieron ricos a cambio de llevar el país a la miseria, dicha petición nunca fue conocida”.

Para leer más: MP califica de “amenazas” las acciones de Bernardo Arévalo y presenta amparo ante la CC

Resaltaron que ahora la décima legislatura tiene la oportunidad de demostrar que en realidad tiene la voluntad de legislar a favor del pueblo, por lo que les exigen a los diputados que a “la brevedad conozcan y aprueben la iniciativa de ley número 6391, la que pretende aprobar reformas a la ley orgánica del Ministerio Público” y que fue presentada por el Organismo Ejecutivo.

“Les recordamos que se deben a su pueblo y no deben traicionar la representación que les fue conferida”, indican a los diputados en el comunicado.

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“De no atender nuestra petición, estaremos tomando las acciones que en conceso y asamblea se determinen, ya que no estamos dispuestos a permitir que se sigan burlando del pueblo”, advierten los pueblos indígenas.

El 5 de mayo pasado, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció una iniciativa para reformar la ley orgánica del MP, con el objetivo de destituir a la fiscal general, Consuelo Porras.

Por lo menos son ocho acciones con las que el gobernante Bernardo Arévalo ha expresado mensajes políticos a sus receptores, y que son considerados como “transcendentales hacia la ciudadanía en general”, pero a su vez, a un “grupo determinado”.

Entre las decisiones que ha desarrollado en los primeros días de su mandato y que son visibles están:

• Retirar el acuerdo que brindaba la seguridad a exfuncionarios del presidente Alejandro Giammattei.
• Enviar una carta para que la fiscal general Consuelo Porras informe de ciertos temas.
• Llevar a cabo el acto de presentación como comandante general del Ejército en la Plaza de la Constitución.
• Reunirse con empresarios de EE. UU., en el foro de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).
• Retiro de vallas del Palacio Nacional de la Cultura y de la Casa Presidencial.
• Anunciar con el alcalde de la Ciudad de Guatemala la construir de la primera línea de metro, y que también conectaría con Mixco.
• Asistir a una ceremonia maya en Kaminal Juyú.
• En la madrugada del lunes 15 de enero visitar a los alcaldes indígenas en el plantón frente a la sede del Ministerio Público en Gerena.

Estas acciones surgidas en las primeras horas y días como jefe de Estado tienen un “valor estratégico”, según la apreciación de analistas consultados, quienes hacen una evaluación sobre los primeros puntos de agenda de Arévalo.

¿Qué se lee?

El internacionalista Roberto Santiago Servent, asegura que las acciones de la primera semana de la Presidencia de Arévalo y Karin Herrera van enfocadas a la integración de los diferentes sectores sociales, religiosos, políticos y económicos al macroplan de Gobierno que ellos han desarrollado y desean ejecutar.

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Se trata de reconstruir el concepto de nación, “que fue marginado en las últimas administraciones de gobiernos previos”, según Servent. “Buscan crear esos espacios de diálogo, negociación, necesidades, visión de país y puntos claves a trabajar inmediatamente”, puntualizó.

Asimismo, el politólogo independiente Douglas González enfatiza que luego de la intentona final de “golpe de Estado”, el presidente Arévalo tuvo poco tiempo para emprender sus primeras acciones.

En su lectura resalta el hecho de que el presidente asistió al tradicional Te Deum en Catedral Metropolitana, pero se abstuvo de asistir a alguna de las “mega iglesias” que jugaron un papel político en la pasada elección.

Además, que la presentación de Arévalo como comandante general del Ejército tiene un símbolo muy poderoso para la democracia y para la consolidación del Ejército de Guatemala como institución subordinada al poder civil. “La presencia del presidente en la ceremonia maya de Kaminal Juyú es ya una tradición y símbolo de reconocimiento al igual que con las religiones cristianas, de la espiritualidad del pueblo maya”, comenta.

También acompañar a los pueblos indígenas, que junto a los 48 Cantones liberaron las gestas ciudadanas frente al MP, tuvo un alto contenido político.

“Por un lado, reconoció la valía que las movilizaciones indígenas tuvieron en la consolidación de la transición de mando frente a la amenaza del golpe; y, por otro lado, sellaron el compromiso del nuevo Gobierno con las poblaciones mayoritarias y más abandonadas del país”, opina González.

Posiciones claves

Para Renzo Rosal, analista político independiente, se están dando las señales de un Ejecutivo y de un gobierno que está “al pie del cañón” desde un inicio.

Y que eso se demuestra con haber derogado el acuerdo gubernativo que brindaba seguridad a los exministros del anterior gobierno, y hasta haber quitado las barreras metálicas frente al Palacio Nacional y de la Casa Presidencial.

Una segunda acción, explicó, es demostrar que es un presidente que “está presente” y empezará a manejar una agenda estratégica también con la reunión con AmCham, “lo cual indica con bastante claridad la relación no solo en términos de seguridad, sino de agenda económica-comercial con Estados Unidos, y como tal será muy fundamental para un elemento clave”.

A su juicio, hay dos puntos clave: la solicitud de la reunión que se hizo con la fiscal general Consuelo Porras, y “aunque probablemente la fiscal no asista al citatorio, pero habría que verlo, ya que era algo que se esperaba que le pidiera la renuncia, lo cual ya es un hecho público, pero lo que se plantea es que le rinda un informe al presidente de cuatro temas que han sido de lanza y que el MP ha manejado con exceso de discrecionalidad y de una forma totalmente mal intencionada”.

“Me parece que es un ‘¿quiero hablar con usted, pero sobre estos temas?’. A mí me parece que es muy estratégico y muy inteligente”, añade Rosal.

Lo otro que consideró importante y estratégico fue la participación del presidente con el Ejército, en un acto donde se le rinde la atención correspondiente en su calidad de comandante general del Ejército, en la Plaza de la Constitución.

“Lo estratégico tiene que ver con la solicitud del informe de la fiscal, que es la parte clave”, afirma Rosal.

¿Qué pudo haber dicho?

El semiólogo Carlos Velásquez apunta que hay tres aspectos en términos semióticos que el gobernante realizó en sus primeros días de trabajo, y que pudo haber dicho:

• Lo que hizo en el ritual con las autoridades ancestrales pudo significar un mensaje por parte de Arévalo de: “Los comprendo, estoy con ustedes, pero en el plano simbólico”.
• En lo que hizo con el Ejército pudo haber dicho: “Tengo el respaldo de la fuerza”.
• Y en lo que hizo con AmCham, pudo decir: “Vamos a buscar alternativas, sin necesidad de ser radicales”.

Esto significaría que hay tres brazos, según Velásquez, el social, el militar y el económico, por lo que es congruente con lo que ofreció en campaña, consideró el especialista. “El numero uno es el reconocimiento, valoración y cercanía con las autoridades ancestrales indígenas, que marca cómo desarrollará su política social. El numero dos es el acto símbolo de fuerza con el Ejército en la Plaza de la Constitución, demostrándole disciplina y apoyo, y el tercero es la reunión con AmCham, que es dentro de todos los elementos empresariales una vertiente no tan orgánica, y un poco distante de otros grupos”, precisa.

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A su juicio, los mensajes pudieron ir dirigidos en un inicio al ciudadano, “pero los mensajes fueron más dirigidos para los conocedores que para la población en general”.

Para la población en general, la apertura hacia la prensa es que la está marcando y las personas al fin están viendo lo que se está haciendo, con una percepción de transparencia “y respondiendo a las expectativas”.

Lo que se podría percibir en términos generales, concluyó Velásquez, es que puede ser temporal a un principio de esa apertura total y de esa transparencia que la población lo recibe muy bien, “como la esperanza del cambio”.

Relación diplomática con EE. UU

A los consultados también se les preguntó sobre un perfil del nuevo embajador de Guatemala en Washington D.C. en una administración del presidente Arévalo, pues de momento no se conoce de manera oficial algún posible relevo.

El perfil del embajador de Guatemala en Estados Unidos debe ser el de alguien con una amplia visión, noción y conocimiento de las relaciones internacionales y geoestratégicas, “un personaje intachable, sin compromisos sectoriales específicos, que tenga carrera diplomática y compromiso con la propuesta del plan de Gobierno de Semilla” en relación a la política exterior e internacional, apunta el internacionalista Servent.

González agrega que el próximo embajador guatemalteco debe ser un diplomático de carrera al más alto nivel. Un funcionario bien empapado de las dinámicas políticas en Washington y con un reconocimiento bipartidario ante los actores clave de Washington en un año electoral para ese país.

Finalmente, Rosal opina que es fundamental la designación de un embajador, que está en paralelo con la llegada de Tobin John Bradley, quien tomó juramento el pasado 18 de enero como embajador de EE. UU. en Guatemala.

En ese sentido, remarca que está claro que esa nación va a respaldar la nueva administración, ya que se contará con el apoyo en todos aquellos asuntos que se consideran sustantivos, que arranca con el acompañamiento con la agenda de seguridad, de inteligencia civil, combate al crimen organizado y abordaje a la corrupción, que son temas que a Estados Unidos particularmente “le toca cuidar” en esta administración.

El analista anticipa que se tendría un embajador de EE. UU. “muy presente, muy cercano, muy metido e incidente”.

“Busca atención de medios”

El analista político José Carlos Ortega Santa Cruz, consideró que las acciones que ha llevado a cabo el presidente Arévalo, se enfocan en intentar atraer a los medios de información para que estén cercanos a é y puedan difundir los cambios que está realizando.

“Su visita a Gerona, horas después de haber tomado posesión, donde estaban las autoridades indígenas ancestrales, se debió a la crítica de la confirmación del gabinete, en cuanto a que no tomó en cuenta a las personas que lo habían apoyado, y el nombramiento de sus ministros era por la línea que había dado a conocer anteriormente”.

El analista dice percibir que hay una línea en cuanto a seguir con las designaciones de los viceministros técnicos por parte de los ministros, pero con la venia de la dupla presidencial, y aunque algunos de ellos sigan siendo cuestionados, son cuadros básicamente técnicos.

También calificó de importantes los acercamientos con AmCham, lo que era predecible, dado el apoyo que brindó la embajada de EE. UU., al proceso de transición y los intereses muy cercanos al gobernante.

Ortega enfatizó que el tema de la Fiscal General es lo más difícil respecto a lo que Arévalo puede o no puede hacer, dado que es una promesa de campaña, pero la ley que fue modificada en 2016, generó la imposibilidad de que gobernante pueda remover al titular de ese cargo de manera directa.

“Sin embargo, la Constitución establece un mecanismo para esa remoción. Los dos funcionarios están en una abierta disputa y no solo en estos días, sino durante el proceso de transición política”, concluyó.

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En el comunicado argumentan que atienden al llamado de los pueblos originarios para defender el derecho a vivir en una democracia y estar vigilantes ante las situaciones que se puedan presentar.

“Los próximos días serán decisivos para defender los objetivos de la resistencia pacifica que se ha sostenido por los pueblos. Puesto que, los absurdos intentos y amenazas por consumar el golpe de estado continúan latentes”, se lee en el comunicado.

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En ese sentido, convocan a los vecinos de San Juan Comalapa a participar en la caminata el viernes 12 de enero desde las 14 horas, desde el parque del municipio hasta la sede local del Ministerio Público, donde se hará la “oración por la paz y la democracia de Guatemala”.

Y para el domingo 14 de enero, día de la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, viajarán hasta la capital desde San Juan Comalapa con el objetivo de unirse a la concentración de los pueblos originarios.

El domingo, además, el binomio electo preparó una serie de actividades culturales sobre la sexta avenida de la zona 1 capitalina para que la población se una, esto en simultáneo a los actos protocolarios de la transmisión de mando presidencial.

Otras alcaldía indígenas también han anunciado acciones. Las autoridades de la alcaldía indígena de Palín anunciaron en diciembre que se unirían a los llamados en pro de la democracia.

El 3 de enero, también el alcalde indígena de Sololá, Simión Palax Chiroy, advirtió de que de no tomar posesión el binomio llevarán a cabo movilizaciones ciudadanas en la capital.

Lea también: Linchamientos frente a niños: las graves consecuencias que tienen en la infancia guatemalteca estos actos violentos

“El pueblo de Sololá está listo para el 15 de enero salir nuevamente a las calles para manifestar nuestros derechos”, delcaró Palax en esa ocasión.

Las nuevas autoridades de la alcaldía indígena señalan intentos por entorpecer al alternancia del poder en esta organización por lo que las bases tuvieron que ser reconstruidas.

“Por el entorpecimiento de un proceso de transición adecuado por parte de algunos miembros de la anterior representación, hemos tenido que reconstruir nuestras bases, lo cual nos ha impedido acuerpar de forma inmediata las movilizaciones sociales, por lo que no ha sido sinónimo de desinterés o falta de hermandad”, aclaran los nuevos dirigentes.

Esto debido a que desde octubre pasado se mantienen movilizaciones sociales lideradas por las autoridades ancestrales del país. Además de una presencia frente al edificio central del Ministerio Público (MP) exigiendo la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras.

Dan certeza que están en la disposición de continuar sumándose a las convocatoria que se hagan en pro de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la democracia del
país. Añaden que esperan poder unirse a las luchas que mantiene  la población desde hace años.

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“A las Alcaldías Indígenas y Organizaciones Indígenas a nivel nacional informamos que estamos en la entera disposición de sumarnos a las acciones y convocatorias que realicen en favor del respeto de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la democracia del país”, dice el comunicado.

El cambio fue dado a conocer por medio de un comunicado el pasado 22 de diciembre, en el que aseguran que realizarán el cumplimiento de sus acciones en el municipio con ética buscando soluciones.

“Nuestro compromiso es actuar bajo los valores, principios y enseñanzas de nuestras abuelas y abuelos, con ética en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que aquejan a distintos sectores de este municipio sin el afán de la generación de conflictos que menoscaben la imagen de esta organización”, se lee en el comunicado por medio del cual se dio a conocer sobre el cambio.

Además señalan que asumirán la agenda de trabajo acorde con la situación coyuntural del municipio a manera de continuar con el rescate de la asociación y representación de los pueblos originarios.

“Seremos respetuosos de la periodicidad de nuestra representación, la cual durará dos años esperando generar la confianza y fortalecer la importancia de este órgano de gobernanza para que el Pueblo Maya Poqomam de Palín acuda a elegir a sus representantes”, aseguran.

“Esperamos y pedimos que el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera sean la diferencia. Tomen en cuenta a los pueblos”, solicitó Santos Alvarado de la alcaldía indígena de Chuarrancho.

Herrera afirmó que las diez propuestas presentadas serán analizadas y evaluadas conforme al plan de gobierno que tiene el binomio presidencial.

“Tenemos que ver qué está dentro de nuestro plan de gobierno, las diez semillas, y dentro de eso ir priorizando. No es posible atender exactamente lo que cada propuestas dice, pero hay puntos en común”, refirió la vicepresidenta.

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También comentó que otras organizaciones se han hecho llegar sus propuestas como Álvaro Pop que reunió 17 asociaciones. Así como que hay otros grupos que también están preparando las suyas.

Las propuestas presentadas son:

•  Acordar pacto entre el gobierno y los cuatro pueblos para establecer un modelo de Estado plurinacional
• Equipos multidisciplinarios permanentes integrados por personas indígenas para implementar consultas
•  Pacto para impulsar presupuesto nacional para que ataque las desigualdades
• Declarar al país libre de minería
• Recupera la rectoría estatal del modelo energético del país y fomentar la inversión pública comunitaria
• Recuperar la rectoría estatal de las telecomunicaciones
• Reestructurar la institucionalidad pública de acceso a la tierra
• Impulsar participativamente un nuevo modelo económico que asegure una nueva relación con la naturaleza
• Universalizar la Educación Bilingüe Intercultural en todo el sistema educativo nacional
• Crear la Universidad Maya sobre la base de los compromisos internacionales sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas

Respecto a la propuesta sobre la minería, Alvarado comentó que no se oponen al desarrollo sino que buscan  otras maneras de crecimiento tomando en cuenta a los pueblos originarios porque están dispuestos a dialogar.

“Se ha tratado la manera de que el gobierno se siente con los pueblos indígenas, pero también los que son los dueños. Hasta el momento nosotros no hemos visto la buena voluntad de los empresarios”, señaló Alvarado.

Por otro lado, Karin Diaz del Movimiento Indígena Guatemalteco explicó que varias de las propuestas van encaminadas hacia el rol de la mujer, revalidar a las comadronas y participación en los ministerios.

“Las más afectadas fueron nuestras hermanas como mujeres indígenas y es importante para nosotros presentar una propuesta para que sena recuperados los derechos históricos”, indicó.

Declaración patrimonial

Durante el evento, Prensa Libre y Guatevisión consultaron a la vicepresidenta electa si presentará su declaración patrimonial. Herrera afirmó que lo haría porque es parte de los procedimientos pero no especificó cuándo.

“Está previsto porque es algo que pide la Contraloría General de Cuentas”, aseveró aunque tampoco especificó si esto lo harán de conocimiento para la opinión pública.

La máxima instancia de justicia del país acogió el jueves 14 de diciembre un recurso de amparo para que se garantice “la efectiva toma de posesión” de los funcionarios electos en los comicios de este 2023, ante las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público en el tema del proceso electoral.

Sin embargo, la CC señaló que su resolución no perjudica “las facultades de investigación y acusaciones” de las fiscalías y jueces.

“Deja abiertas las puertas al Ministerio Público y a los jueces corruptos para que continúen su ruta de consumar el golpe de Estado en cualquier momento”, señaló un comunicado de las Autoridades Ancestrales de Guatemala, leído en rueda de prensa por la dirigente maya Cristina Solís.

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La organización, que acuerpa una protesta que cumplió 75 días frente al MP, pidió a la comunidad internacional endurecer las sanciones como las aplicadas por Estados Unidos, que recientemente retiró la visa a 300 funcionarios y empresarios guatemaltecos por “socavar” la democracia.

La fiscalía gestionó la suspensión del partido Semilla de Arévalo y pidió a la justicia despojar al presidente electo de su inmunidad por supuestas anomalías en la creación de su agrupación política y la ocupación de la universidad estatal en 2022.

Arévalo, sociólogo de 65 años, ha asegurado que su elección molesta a los “corruptos” poderosos del país y que las acusaciones en su contra son parte de un “golpe de Estado” en curso.

Hace una semana, el fiscal Rafael Curruchiche, también sancionado por Washington, presentó una investigación de la fiscalía sobre supuestas anomalías en las elecciones, por lo que consideró que son “nulas” y pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) “adoptar” una posición al respecto.

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, reiteró este viernes ante la prensa que, aunque analizan el informe, los resultados de los comicios son “inalterables” y descartó cualquier “fraude”.

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Curruchiche también pidió a la justicia iniciar un proceso para retirarle la inmunidad a Alfaro por supuesto incumplimiento de deberes.

Alfaro respondió con humor este viernes al concluir la rueda de prensa diciendo que obsequiaría al fiscal un muñeco de “Grinch”, el personaje de ficción que detesta la Navidad.

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“Queremos mandarle un regalo al señor fiscal Curruchiche. Esperemos que el espíritu de la Navidad lo cambie y que respeten, por favor, las elecciones”, señaló, con el muñeco en las manos.

Activistas de Derechos Humanos protestaron el jueves 14 de diciembre contra las acciones de la fiscalía frente a las embajadas guatemaltecas en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Honduras, El Salvador y Bélgica.

El documento, presentado a un juzgado de turno de Mixco, señala que “surge la duda” de si Porras “se encuentra disminuida o cohibida en sus facultades” como “persona y funcionaria”, luego de que se ausentó a la conferencia de prensa que el MP brindó el viernes 8 sobre las investigaciones que realiza por supuestas irregularidades en las elecciones generales de 2023 y la conformación del partido Movimiento Semilla.

“La población guatemalteca y las autoridades indígenas no sabemos dónde se encuentra. No la hemos visto en su cargo, no hemos visto el resultado del trabajo que está dando. Al contrario, estamos viendo acciones inconstitucionales que van en contra de la voz de la población guatemalteca”, declaró Cristina Magdalena Solís, representante de la alcaldía indígena de Nebaj, Quiché.

El juzgado de Mixco tiene 24 horas para darle trámite al recurso, conocido como exhibición personal, y esclarecer dónde se encuentra la fiscal.

URGENTE Acción Ciudadana @AcGuatemala presentó exhibición personal, junto a autoridades indígenas a favor de Consuelo Porras, ya que su paradero es incierto, siendo importante que se esclarezca a fin de determinar su situación, libertades y garantías. pic.twitter.com/cf88SzuZYQ

— Accion Ciudadana TI Guatemala (@AcGuatemala) December 9, 2023

Porras, señalada por Estados Unidos de obstruir investigaciones para proteger a aliados políticos y conseguir favores, ha disminuido sus apariciones públicas desde inicios de octubre, cuando se intensificaron las protestas ciudadanas que exigen su renuncia.

Autoridades ancestrales de distintos puntos del país y parte de la comunidad internacional acusan a la titular del MP de fabricar casos penales para evitar el traspaso de mando al presidente electo, Bernardo Arévalo, un extremo que el MP ha negado.

En dicha conferencia de prensa y en donde se encontraban autoridades indígenas de Sololá, aseguraron que la caminata es no solo para exigir la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público , Consuelo Porras y otros funcionarios, sino también como muestra de rechazo a la aprobación del Presupuesto 2024.

El presupuesto, que fue aprobado el pasado 30 de noviembre por el Congreso de la República, ha generado reacciones de parte de cámaras empresariales y diversos movimientos nacionales.

Por ello, las autoridades ancestrales lanzaron una convocatoria para llevar a cabo una caminata “masiva” en diferentes partes de la ciudad.

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También hicieron un llamado a la población guatemalteca, universidades, comercios y otras entidades a formar parte de la caminata.

Por medio de un video publicado en redes sociales, las autoridades ancestrales de Iximulew indicaron que la caminata iniciará a las 8 de la mañana en la 9 calle y 7 avenida de la zona 1 capitalina.

Indicaron que algunos comerciantes ya confirmaron su participación en la caminata.

Con respecto a los puntos en donde se movilizará la caminata, las autoridades indígenas y Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la ciudad capital, señalaron que serán en puntos cercanos a la zona 1 capitalina.

Algunos de estos puntos son Casa Presidencial, el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.

Por ello, Montejo recomienda a los conductores que transiten por esos sectores que utilicen vías alternas como el bulevar La Asunción, la avenida Elena, el Centro Cívico y la calle Martí.

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Actualmente, no se tiene conocimiento de la hora en que finalizará la caminata.

Indicaron que están en asamblea permanente y que continuarán en la resistencia para seguir pidiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de otros funcionarios.

También rechazaron la aprobación del presupuesto nacional 2024 por parte del Congreso de la República y que diputados les hayan retirado la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral.

“Sin bajar la guardia”, afirmó uno de los dirigentes, quien añadió que lo acontecido “va en la línea de la corrupción, en la línea de dar un golpe de Estado”.

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Anuncia marcha

Anunciaron que la próxima acción será una marcha “masiva” en la capital este lunes 4 de diciembre.

Los líderes convocaron a la población en general y a los distintos sectores a que se unan a esta convocatoria.

Tienen planificado que la marcha inicie a las 8 horas en la 9a calle y 7 avenida en la zona 1 para partir a distintas instituciones.

La marcha llegará al Organismo Judicial, a la sede del Ministerio Público en Gerona, a la Corte de Constitucionalidad, al Congreso de la República y evalúan llegar a Casa Presidencial.

Indicaron que algunos comerciantes ya les confirmaron que se unirán a la marcha y convocarán a más comerciantes.

Señalaron que algunas autoridades “crean casos” para dar persecución a las personas que se pronuncian o manifiestan por la coyuntura nacional.

Los dirigentes agregaron: “repudiamos las acciones de la Junta Directiva del Congreso de la República, por lo que rechazamos rotundamente y categóricamente el presupuesto nacional aprobado por 115 diputados, ya que beneficia a los diputados que no pudieron reelegirse para la siguiente legislatura”.

Agregaron: “Responsabilizamos a los 108 diputados que votaron a favor del retiro de la inmunidad de los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por la debacle política que pueda derivar de esa acción que asegura el golpe de Estado”.

Declararon no gratos a los 115 legisladores que votaron en favor del presupuesto 2024.

También pidieron al presidente Alejandro Giammattei a que vete la ley del presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 2024.

Indicaron que el mandatario aún tiene “la posibilidad de demostrar su buena voluntad hacia el pueblo de Guatemala”.

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Anunciaron que también tienen contemplado volver a sus comunidades a recuperar energía y reorganizar la lucha, pero no precisaron fechas.

En un comunicado informaron que organizan una caravana de vehículos en la capital para apoyar las acciones encaminadas a defender la democracia del país.

Este lunes 20 de noviembre se informó que serán dos puntos de reunión. El primer punto de reunión será en Ciudad Satélite, Mixco, Guatemala, a las 7 horas.

El segundo punto de reunión será a las 8 horas en el Parque Morazán, zona 2, para luego desplazarse por la sexta avenida.

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Se tiene previsto que ambas caravanas recorran distintos puntos de la capital.

En la convocatoria, la Municipalidad Indígena de Sololá hace la invitación a toda la población en general para que se apoye a los transportistas de Sololá a una caravana que contará con la participación de taxis, mototaxis, microbuses, buses urbanos y extraurbanos, así como camiones.

Otra convocatoria publicada por la Municipalidad Indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango, destaca que los pueblos indígenas desde el 2 de octubre recién pasado ha estado en resistencia en defensa de la democracia.

Invita a los pobladores de ese municipio que los acompañe a una “caravana masiva” que saldrá de la esquina del Nazareno, San Juan Comalapa, a las 4:30 de la mañana.

La referida Municipalidad tiene planificado distribuir a las personas en buses y luego dirigirse a la capital para unirse a la convocatoria.

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La Alcaldía Indígena de Sacapulas, Quiché, también hizo convocatoria a una manifestación pacífica y masiva en la ciudad de Guatemala este 21 de noviembre.

La salida de los manifestantes será a la 1 de la mañana del parque de Sacapulas.

Según esta alcaldía: “durante los últimos días, los corruptos ha realizado acciones que atentan contra la incipiente democracia del país. Lo anterior va en deterioro de las luchas históricas de los pueblos que en la coyuntura actual llevan 49 días de resistencia continúa”.

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Las autoridades indígenas comenzaron con manifestaciones el 2 de octubre recién pasado para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios, a quienes señalan de atentar contra la democracia.

Juan Carlos Toj, representante de la comunidad indígena aliadas de Chichicastenango, Quiché, que este domingo 19 de noviembre acudió al plantón frente al MP, lamentó el actuar de la Fiscalía la última semana, en la que se incluye la solicitud de seis antejuicios contra diputados, incluido el binomio presidencial electo, y la persecución que ha realizado con la incautación de las actas electorales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que, asegura, continuarán luchando por el respeto a la democracia.

Al preguntarle sobre las futuras acciones como representantes indígenas por lo actuado recientemente por el MP, afirmó que “nosotros siempre estaremos en la lucha, no nos vamos a detener hasta el 14 de enero”.

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Reiteró que debe respetar la decisión de cada guatemalteco -el voto- sea de la universidad, indígena, sea capitalino o de la Costa, del Occidente o del Norte, “todos somos guatemalteco y por eso estamos peleando”.

Advirtió que próximamente se estarán tomando nuevas acciones en manifestación de rechazo a las investigaciones del MP en contra del resultado electoral y los funcionarios que obtuvieron los cargos, sin embargo, el dirigente indígena no quiso adelantar alguna posición sobre las manifestaciones para presionar la salida de funcionarios del MP y del Organismo Judicial.

Públicamente han pedido la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.

“No me puedo adelantar a algo, porque somos varios en los 22 departamentos; por lo tanto, el tiempo lo dirá. Nosotros aquí estamos y aquí estaremos por nuestra democracia y que se respete nuestra democracia, y si van a haber manifestaciones, aquí estamos y no nos hemos detenido”, sentenció.

Toj insistió en la salida de los funcionarios judiciales, y que “dejen en paz al nuevo presidente”, Bernardo Arévalo para tomar posesión, solo entonces levantarán la protesta pacífica frente al edificio del MP.

El líder indígena aseveró que están organizados a escala nacional para el llamado a una manifestación general, tal como ocurrió en octubre, si las peticiones no son escuchadas.

En una conferencia de prensa que las autoridades ancestrales ofrecieron este 17 de noviembre en la capital guatemalteca, expresaron que repudian “las acciones ilegales, espurias y prefabricadas de la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público -Consuelo Porras”.

Agregaron que Porras y demás agentes fiscales y el juez Víctor Cruz siguen realizando acciones que atentan contra la democracia, los derechos fundamentales, el estado de derecho y especialmente “por desafiar el ejercicio democrático expresado en las urnas, para garantizar el principio de autonomía y alternabilidad democrática y todas aquella acciones que pretenden limitar la libertad de expresión y libre opinión de los ciudadanos”.

“Exigimos a la Organización de Estados Americanos aplicar de urgencia la Carta Democrática Interamericana como ha sido solicitado por las autoridades indígenas maya, xinka y garífuna al existir suficientes elementos que demuestran la intención del pacto de corruptos de destruir nuestra débil democracia y los derechos más elementales del pueblo guatemalteco”, se lee en un comunicado que publicaron.

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Piden sanciones

También piden a los países democráticos firmantes de las Convenciones Internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción, “aplicar las cláusulas de competencia extraterritorial a todos los funcionarios corruptos de Guatemala a efecto de que sus autoridades judiciales emitan las correspondientes órdenes de captura internacional y así contribuir a la defensa que hacemos de nuestra democracia y estado de derecho. Y en caso, de que por esta defensa seamos reprimidos aplicar la justicia universal e instar la investigación de la Corte Penal Internacional”, señalan las autoridades ancestrales.

También piden al sector empresarial organizado en Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), a las cámaras empresariales y asociaciones comerciales pronunciarse y tomar acciones para condenar las acciones del MP y los jueces, a quienes califican de corruptos.

Le piden al sector empresarial pronunciarse claramente sobre lo que los pueblos originarios creen que es la única solución a la crisis política y el inicio de un proceso hacia la democracia y es la renuncia de la fiscal María Consuelo Porras Argueta; los fiscales José Rafael Curruchiche Cucul, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y Leonor Eugenia Morales Lazo, así como la del juez Fredy Raúl Orellana Letona.

 No hay duda sobre un golpe de Estado

“Toda la información conocida púbicamente ya no deja dudas del proceso de golpe de Estado y las intenciones de acallar a toda voz disidente a la corrupción y la cooptación del Estado y, en este caso, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se utiliza como excusa para perseguir a las personas legítimamente electos”, se lee en el comunicado.

Las autoridades ancestrales también piden a la ciudadanía pronunciarse sobre esta crisis política, especialmente a cada votante en las elecciones 2023 a defender los resultados electorales, como ejercicio democrático sin importar si su voto fue o no emitido por las personas electas.

“ Se trata de defender la democracia y el Estado de Derecho, que será un legado para nuestros hijos e hijas.  Nos solidarizamos con todas y cada una de las personas criminalizadas por este Estado criminal, actitud que ha asumido este gobierno autoritario, por lo que responsabilizamos al gobierno de Alejandro Giammattei y demás organismos del Estado por todos los atropellos a los derechos humanos”, se lee en el comunicado.

“Es hoy o no veremos la luz de la verdadera democracia en muchísimos años; y será la historia y nuestros hijos e hijas quienes nos recordarán por nuestra lucha, nuestros esfuerzos y sacrificios, o por no a ver hecho nada para defender su futuro”, concluye el comunicado.

Desde temprana hora, representantes de los distintos cantones, autoridades ancestrales y presentantes de distintos sectores se dieron cita para elegir a quienes dirigirán el rumbo de los 48 Cantones en el 2024.

Este sábado también serán electas la Junta Directiva de Alguaciles de Primea y Segunda Quincena, Junta Directiva de Recursos Naturales y para este domingo 12 de noviembre se prevé la elección de la Junta de Baños Comunales.

Durante la actividad se ha desarrollado una ceremonia especial y los aspirantes al cargo tuvieron la oportunidad de dirigirse a los presentes.

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Luego de la elección que hicieron las autoridades, las papeletas pasaron a la mesa de escrutinio y al tribunal de honor para saber quiénes son las nuevas autoridades que tomarán posesión el 1 de enero de 2024.

Luis Pacheco, actual presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, en su intervención señaló que “vivimos en un país de mucha corrupción”.

Recordó que la junta directiva cumple la función que el pueblo les ha delegado.

Indicó que los funcionarios se deben al pueblo y que los 48 Cantones de Totonicapán han marcado la historia.

Resaltó que en esta asamblea de elección quedará como consigna publica de que van a seguir en la resistencia en defensa de la democracia.

En declaraciones a la prensa, Pacheco añadió que siguen en resistencia y han cambiado estrategias.  Mencionó que más pueblos se han unido a la defensa de la democracia.

Afirmó que han tenido amenazas y que están “buscando cómo criminalizar esta situación,  pero nosotros creemos que no es ningún crimen defender la democracia”.

Cabe recordar que los 48 Cantones de Totonicapán han liderado manifestaciones en las que miles de guatemaltecos han pedido la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de otros funcionarios por acciones en torno al proceso electoral.

Lea también: Los 48 Cantones reciben documento del Congreso en el que se hace constar que la iniciativa sobre uso de fuerza fue engavetada

Nueva junta directiva

Presidente:  Vicente Juan Tzoc de la comunidad Chipuac con 16 votos

Vicepresidente:  Manuel José Lacán de la comunidad Tierra Blanca con 5 votos

Las marchas forman parte de las estrategias, que según los líderes indígenas, implementarán para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Séptimo Fredy Orellana.

Las organizaciones hicieron un llamado para que a las movilizaciones se unan el magisterio, los sindicatos de Salud y estudiantes universitarios.

Mizrahí Xoquic Chiroy alcalde indígena de Sololá, informó ese día que analizan la posibilidad de establecer un plantón en la plaza de los Derechos Humanos ubicada frente a la CJS, similar al que mantienen frente al MP desde el 2 de octubre pasado.

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Los puntos de donde saldrán

En un comunicado difundido por autoridades ancestrales en redes sociales se menciona que tanto el viernes 3 de noviembre como el sábado 4 de noviembre habrá caminatas en la capital, las cuales han denominado como Gran Marcha por la Democracia, que saldrá de los siguientes puntos.

• Punto 1: Calzada Roosevelt, bajo el puente del Periférico
• Punto 2: Ruta al Atlántico, CA9 Norte, frente a Portales
• Punto 3: Calzada Aguilar Batres, bajo el puente del Periférico
• Punto 4. Bulevar Vista Hermosa, zona 15, frente al edificio de Multimédica

Explican que el 3 de noviembre se reunirán en esos puntos y de allí saldrán a las 8 horas y de allí enfilarán hacia el edificio del MP, en el barrio Gerona en la zona 1 capitalina.

Luego caminarán hacia la Corte de Constitucionalidad para luego hacer una concentración masiva en la Plaza de la Constitución.

El sábado 4 de noviembre, los manifestantes se concentrarán a las 8 horas frente a la sede central del MP en Gerona y a las 14 horas se trasladarán hacia la Plaza de la Constitución.

Las exigencias

En el comunicado de las autoridades indígenas, se menciona que las exigencias que tendrán son la renuncia de Porras, Curruchiche, Monterroso y el juez Orellana y también pedirán que se respete la democracia de Guatemala.

Dentro de las prohibiciones que mencionan las autoridades indígenas está la de no generar violencia por ningún motivo y estar atentos a posibles infiltrados en las marchas que tengan la consigna de generarla.

Los residentes denunciaron que desde el inicio de las protestas los negocios no han podido abrir sus puertas, además que los bloqueos dentro del caso urbano no permiten que salgan del municipio y la única manera de movilizarse es caminando.

“Es una situación muy delicada la que estamos viviendo, nosotros estamos prácticamente secuetrados en nuestro pueblo”, manifestaron.

Explican que por decisión de las autoridades indígenas ninguna empresa ha podido laborar normalmente y para no desabastecer las casas las tiendas de barrio abren de 6 a 8 de la noche y algunos mercados pequeños se instalan en los barrios a vender alimentos a precio elevado.

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Esta semana cerca de 225 personas se reunieron para solicitar la reactivación del municipio a la alcaldía indígena por medio de una misiva. La respuesta fue que la petición debe de ser hecha por los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode), según los relatos.

A la fecha los negocios siguen sin  poder abrir incluido el supermercado, las agencias bancarias, cooperativas y empresas más pequeñas.

A decir de los vecinos que denunciaron los hechos, cuando un local se encuentra abierto las personas que pertenecen a la Alcaldía Indígena bajan las persianas y amedrantan con amenazas a los propietarios y trabajos, al igual que lo hacen con quienes se pronuncian en contra de las disposiciones.

“No tenemos quién vele por nosotros, háblese de ladinos indígenas, no indígenas o mestizos como se quiera decir”, señalaron.

Los vecinos y comerciantes se reunieron esta semana para solicitar que se reestablezca la movilidad, las actividades económicas y se garanticen los derechos.

“En esta oportunidad se hace más que necesario pedirle a las personas que representan a los Cocodes que nos sentemos y que platiquemos, ellos pueden continuar con su lucha, pero no nos pueden obligar a cerrar nuestros negocios”, comentó uno de los comerciantes en una petición pública.

Servicios básicos

Hasta el momento los servicios básicos no se habían visto afectados a excepción de la recolección de basura. La Municipalidad de Sololá dio a conocer en su página de Facebook que no podrán recolectar los desechos hasta que los autoricen las autoridades ancestrales.

Los vecinos estaban buscando la manera de obtener el serivicio por su cuenta aunque no es regular por lo que los desechos se han acumulado.

Además, que el servicio del agua podría verse afectado si se desabastece de combustible.

Respecto al tema Édgar Tuy de la Alcaldía Indígena de Sololá respondió que es la Municipalidad quien debe de aclarar el tema.

Los vecinos confirmaron que el combustible sí está ingresando al municipio y el precio es el habitual. El gas es el que se encuentra escaso y el precio se ha elevado por la misma razón.

Sin autoridades

El actual alcalde, Carlos Guarquez, no se ha pronunciado ante los hechos y los vecinos indican que no se encuntra viviendo en el municipio ante la crisis.

El alcalde electo Andrés Iboy intentó mediar en la negociación para que los negocios puedan ser abiertos sin estar en contra de las peticiones respecto a la renuncia de los funcionarios, sin embargo recibió amenzas, segun relataron los vecinos.

El pasado 5 de octubre el gobernador de Sololá, Rodolfo Salazar, renunció a su cargo debido a que las autoridades indígenas del lugar le pidieron estar del lado del pueblo y hacerelos escuchar con el presidente Alejandro Giammattei.

Circuló un video donde se escucha decir al exgobernador afirmar que presentó su renuncia, además de una carta memebretado de la Gobernación y firma de Salazar solicitando al mandatario  atender las demandas de la población que exigen la renuncia de los funcionarios en cuestión.

“Ya presenté mi renuncia verbal al señor presidente, lo único que estoy esperando es que me traigan el documento para firmarlo”, admite Salazar en el video.

Sin embargo, el miércoles 18 de octubre la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó liberar el acceso a las instalaciones para que se permitiera el ingreso de personal.

Alrededor de las 12 horas, la CC emitió un comunicado en donde ordenó al Ministerio de Gobernación (Mingob) y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) que en un plazo de seis horas se restituyera el orden público y habilitara el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público.

Luego de conocer esta resolución, los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán dieron una conferencia de prensa en donde llamaron a la tranquilidad a toda la población. “Creemos que hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que muchas veces creemos que pueden ser para alterar el orden público”, manifestaron.

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También indicaron que con la intervención del Procurador de los Derechos Humanos tendrían una mesa de diálogo. Esta se llevó a cabo horas después y uno de los acuerdos fue liberar los accesos al edificio, para permitir el ingreso del personal del MP y de los ciudadanos que quisieran llegar a colocar alguna denuncia o hacer algún trámite.

Por la noche, la PNC, PDH, Ministerio de Gobernación y líderes ancestrales hicieran una supervisión del edificio del MP. Las autoridades colocaron vallas metálicas y de agentes de la policía en entradas al edificio.

Las autoridades ancestrales indicaron que las manifestaciones en contra de Consuelo Porras y otros funcionarios continuarán por tiempo indefinido.

Esta mañana, la sede central del Ministerio Público amaneció con las vallas metálicas y con agentes de la PNC alrededor. Sin embargo, la protesta continúa al frente del edificio.

En la parte lateral del edificio, en la 15 calle A, el parqueo amaneció habilitado y alrededor de las 7:30 horas ya se observaban vehículos en el lugar. Sin embargo, no era gran afluencia de trabajadores ya que el MP dejó a criterio de las fiscalías evaluar el nivel de riesgo para retornar.

(Vídeo Prensa Libre: Andrea Domínguez)

En el edificio central se vio a varias personas ingresar y salir con maletas, mientras que otros empleados entraban con bolsas. Previo a su ingreso, eran registradas.

(Vídeo Prensa Libre: Andrea Domínguez).

Alrededor de las 8:30 horas, una marcha de autoridades ancestrales e indígenas de Huehuetenango llegó a la sede del MP. Minutos después, se hizo presente otra marcha que venía de Santa Catarina Palopó, Sololá. “No venimos a rendirnos, venimos a ganar” y “el pueblo unido, jamás será vencido”, eran algunas de sus consignas.

(Vídeo Prensa Libre: Andrea Domínguez).

Ayer, 18 de octubre, se llevó a cabo una manifestación en donde convergieron varios mercados de la capital y marchas que provenían de diferentes puntos del país, como Jalapa. Estos se reunieron en la Plaza de la Constitución y luego llegaron a la sede central del Ministerio Público.

Asimismo, señala que el rol de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) debe de ser más activo en cuanto a buscar también las condiciones para el diálogo y un balance en cuanto al respeto de los derechos humanos que están en discordia.

¿De qué manera se percibe que hasta el momento no se ha dado una reunión de diálogo entre las autoridades ancestrales y el Ministerio Público (MP)?

Las autoridades indígenas al solicitar la reunión con el MP dan muestra de una madurez muy orientada hacia una actitud de diálogo y búsqueda de soluciones. Es claro que ellos están pidiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y de otros actores en el conflicto, pero aún dentro de ese marco están dispuestos a sentarse, a dialogar y a conversar con la persona con la que ellos están manifestando tener ese ese desacuerdo.

Me parece que ahí hay una señal de una buena intención de el deseo de entender a la contraparte y reconocerla como una contraparte válida en el proceso de diálogo y me parece, por el contrario, que parte del MP hay una actitud mucho más cerrada, una actitud meno de menor apertura al diálogo, porque si bien uno entiende que las partes generalmente plantean algunas condiciones mínimas para esa apertura al diálogo también uno tiene que entender que como parte del diálogo podría hablarse sobre el tema por ejemplo de permitir el acceso a las sedes del MP, pero como parte del proceso y no necesariamente descartar la posibilidad del diálogo.

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La CC fijó ayer una postura para que se liberaran las afueras del MP instruyendo a las fuerzas de seguridad a que reestablezcan el orden, ¿cómo se puede analizar esta resolución mientras se encuentra un proceso de diálogo en proceso liderado por la misión de mediación de la Organización de los Estados Americanos?

Las últimas resoluciones de la CC nos no han sido resoluciones que estén contribuyendo a la búsqueda de soluciones, sino por el contrario, me parece que lo que lo que hacen es aumentarle la tensión.

Las señales han sido claras en términos de que se busca el diálogo de las autoridades ancestrales que fueron quienes buscaron el diálogo, han sido los que mandaron el mensaje a la fiscal de querer dialogar, pero la CC en ese sentido está forzando a Estado a tomar disposiciones mucho más en la ruta de la represión y de y del uso de la de la fuerza.

Me parece un error, en los procesos de diálogo nunca son sencillos, no son de una hora ni de un rato. Los procesos de diálogo son siempre procesos más largos, procesos que requieren de tiempo, de paciencia, de mucha tolerancia, de creatividad.

Parece que aquí la corte aún y pudiera argumentar que está actuando en el marco de la ley está cerrando las posibilidades de la búsqueda negociada de acuerdos y eso en el clima que estamos me parece totalmente contraproducente.

¿Esto podría repercutir en que la misión de mediación se retire del país?

Los negociadores de OEA son expertos, saben que las negociaciones generalmente empiezan con posturas cerradas e inflexibles de las partes y estarán, me imagino yo, buscando todas las diferentes opciones y alternativas para no dar por finalizada la fase de diálogo.

Sería muy dañino para para todos el hecho de que la OEA saliera a decir que no hay opciones o ninguna alternativa para que esto se pueda resolver por la vía de la de la negociación, pero sí puede llegar el momento en el que abiertamente digan que no existen las condiciones y de cara a eso dan sus recomendaciones a la Asamblea General de la OEA para decidir cuál será el siguiente paso.

Ante un contexto en el que es probable que hayan hechos de violencia, ¿aún sería posible resolver el conflicto a través del diálogo?

Muchos de los diálogos que se abren en la experiencia en el mundo es que muchos de los espacios de diálogo que se logran instalar son posteriores a crisis y muchas     que tienen costos humanos o costos materiales muy altos.

Yo creo que incluso el momento es inadecuado para implementar la resolución de la CC porque se están desarrollando marchas y en dos días tenemos un aniversario importante para el país, en términos de plazos, en momentos muy inoportuno.

Es muy peligroso, es muy peligroso porque los costos, principalmente costos humanos, pueden ser demasiado altos porque sería como un paso más hacia un modelo que irrespeta los derechos básicos del ser humano.

Un nuevo ministro inicia en la cartera del Interior, ¿cómo percibe que puede ser su actuar ante esta resolución de la CC?

Aún y cuando se pueda entender que el ministro ejecute una orden que viene de parte de CC y de no cumplir la disposición que la corte mandata pueden caer en desacato, él tiene una decisión que tomar y es importante no solo para el país, sino también para él en términos personales.

En el marco de los derechos humanos, actuar de manera violenta en contra de los manifestantes tendría graves implicaciones no solo para el país y las personas que pudieran ser víctimas de esa de esas acciones, sino también tiene repercusiones de carácter legal para para el ministro a futuro. Yo esperaría que si actúan, pues actúen dentro del marco del respeto a los derechos humanos y que y que se agoten todas las vidas.

¿Qué rol debería de jugar la Procuraduría de los Derechos Humanos?

Yo creo que hemos visto por su parte muy poca actuación. La PDH tiene una enorme responsabilidad en garantizar que todo lo que acudimos para lo haga hematología del respeto a los derechos humanos y que cuando no lo haga, pues tiene una enorme responsabilidad en denunciar esos atropellos que pudieran ocurrir.

Debería de tener un papel activo en la búsqueda de soluciones negociadas en la búsqueda del diálogo. Es cierto que hay derechos que chocan, pero en el derecho a manifestación también estás otros derechos como el de a libre expresión. La PDH debería saber como balancear eso, pero el derecho a la vida está por encima de cualquier otra cosa y eso es lo que debe garantizarse.

Las autoridades indígenas, según dice el oficio enviado por el mandatario, solicitaban que la reunión pudiera llevarse a cabo este viernes 13 de octubre, a las 13 horas.

En respuesta, el MP dijo que la carta había sido recibida por el despacho de la Fiscal General “sobre la hora de la reunión propuesta, por lo que fue materialmente imposible atender la misma”.

El MP notificó que para atender la reunión se deben contar con “las respectivas garantías de seguridad”, ya que señalan que “la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, como los demás fiscales a los cuales las autoridades ancestrales han pedido la renuncia, se han visto amenazados tanto en las redes sociales como en sus respectivas residencias, por distintos grupos de manifestantes”.

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Por tal razón, el MP propuso que el diálogo “se lleve a cabo un día de la próxima semana, en las instalaciones centrales de este Ministerio”.

Además, solicitaron que las autoridades ancestrales garanticen el “acceso y egreso de los funcionarios y demás trabajadores del Ministerio Público de forma permanente a las instalaciones”, tanto en la sede central ubicada en Gerona como todas aquellas que estén tomadas.

En la carta dirigida a Giammattei, el MP aseguró que “es una institución de puertas abiertas” y que la institución “durante la administración de la doctora Consuelo Porras siempre ha estado y estará al servicio de los guatemaltecos”.

El MP publicó esa respuesta minutos después de que Giammattei, en cadena nacional, reiterara que entre sus facultades no está la remoción de la fiscal general Consuelo Porras.

En su mensaje, el mandatario recordó que se reunió con ocho representantes de las autoridades ancestrales. “En algo soy claro, el presidente de la República no puede remover de forma directa a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, tal y como quedó demostrado en la reunión del día de ayer —12 de octubre—”, dijo.

Además, Giammattei aseguró  que “en cumplimiento de mi compromiso con ellos hoy se han girado los oficios correspondientes al Organismo Judicial, al Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad para que los reciban y escuchen lo que tienen que decirles”.

#MPenAcción #MPfuerteYfirme
1/2 Atendiendo solicitud de la Presidencia de la República relacionada a sostener un diálogo institucional con Autoridades Ancestrales, ante la imposibilidad de acceder al edificio Gerona derivado del bloqueo que un grupo de personas mantienen, pic.twitter.com/Qgcbn5KHvp

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 13, 2023

Este 13 de octubre, las autoridades indígenas emitieron una carta abierta en la que señalaron que “Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el Juez Fredy Orellana decidieron intensificar su embestida contra la democracia y la voluntad popular”.

Además, las autoridades ancestrales aseguraron que “los resultados del primer acercamiento fue una demostración de poca voluntad política del Presidente de la República al exponer que no tiene facultades para pedir la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras”.

Las autoridades indígenas, representadas por la Asociación 48 Cantones de Totonicapán y alcaldías indígenas de Sololá y otros departamentos ofrecieron una conferencia de prensa frente al plantón que está ubicado frente a la sede del Ministerio Público (MP), en la que dieron detalles de su reunión con la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la que responsabilizaron a las autoridades de cualquier hecho violento que pudiera darse si procede a despejar las carreteras.

Los líderes comunitarios reiteraron que las manifestaciones y bloqueos que están haciendo han sido en el marco del respeto y aseguraron que las personas que causaron actos vandálicos en la zona 1 de la capital, fueron personas infiltradas, que incluso estaban cubiertos con máscaras, cuando todo el movimiento en el país se ha caracterizado por siempre dar la cara.

Los líderes ancestrales responsabilizaron al presidente Alejandro Giammattei, al ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos; a la fiscal general María Consuelo Porras; al jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, a la fiscal Cinthia Monterroso y al juez Fredy Orellana de cualquier incidente que pudiera ocurrir durante los desalojos de carreteras.

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Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones, pidió a la población dijo que era lamentable que ellos por defender y velar por la democracita tuvieran que estar empezando a preocuparse por su vida y por la judicialización que están iniciando contra ellos.

Expresó que la autoridad indígena es una autoridad colectiva y no individualizada que todas las acciones que se han hecho se hacen en nombre del pueblo.

Afirmó que ninguna persona ha sido obligada o coaccionada a sumarse a las protestas, como lo han querido hacer ver las autoridades.

Rechazó también que las protestas estén financiadas por grupos extranjeros, como lo dio a conocer el presidente Giammattei en su mensaje a la nación la noche del 9 de octubre, en la que dijo también que los bloqueos son ilegales y que las manifestaciones hay degenerado en actos de vandalismo.

Dijo que el financiamiento que están obteniendo es del propio apoyo que el pueblo de Guatemala está dando.

Pidió prudencia a la población que esté atento, pues consideran que no hay voluntad en solucionar el problema y por eso no claudicarán en su lucha.

Reiteró que esto no es una lucha de un pueblo o un grupo, es de toda Guatemala que se ha levantado por voluntad propia.

Reconoció que los que ocasionaron los daños en la Plaza de la Constitución fueron infiltrados y que si hay personas que quieren seguir actuando así será entregada a la Policía Nacional Civil.

Reunión con OEA

Pacheco comentó que ser reunieron con la comisión de la OEA que evalúa la situación en el país y allí expusieron la situación que se está viviendo en Guatemala y esperan que ellos hagan llegar el informe al Gobierno.

Dijo que lo que quiere el Gobierno es que las manifestaciones se tornen violentas y que eso no se debe permitir, por lo que hay que mantener la cordura.

Edgar Tuy, síndico de la alcaldía indígena de Sololá, lamentó que ninguna autoridad quiera dar la cara para solucionar este conflicto, y que ellos desde hace tiempo trataron de dialogar, pero no lograron nada y por eso la población se vio obligada a salir a las calles.

Condenó los hechos vandálicos ocurridos en la Plaza de la Constitución y dijo que las autoridades quieren responsabilizarlos de esa situación, cuando las protestas llevan 9 días en todo el país y no ha habido ningún incidente, solamente exigiendo que se respete la decisión del pueblo.

“No somos un pequeño grupito -en referencia a las declaraciones que hizo Giammattei en su mensaje-, somos el pueblo y estamos exigiendo respeto y justicia porque estamos cansados de tantas injusticias que han cometido estos personajes”, comentó Tuy, en referencia a Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana.

Exigió al Gobierno que asuma su compromiso y que resuelva esta situación lo más pronto posible y reiteró que la lucha se mantendrá.

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“Resistamos en esta lucha hasta alcanzar el objetivo”, comentó Tuy.

Otro líder comunitario dijo que la población salió a las calles no para defender un partido político sino para defender que las autoridades -el MP y el juez Orellana- violentaron la pureza del proceso electoral.

“Para eso existen leyes, y cada ley se debe de respetar, de conformidad de su ámbito. Las leyes están para respetarse. Para eso existe en tribunal -Tribunal Supremo Electoral- que esté a cargo de los de los procesos electorales”, señaló.

Añadió el presidente Giammattei tiene en sus manos que los bloqueos y manifestaciones se levanten y es destituyendo a Consuelo Porras, porque él fue el que la nombró.

“No tenemos presidente”

Luz Emilia Ulario, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá, tomó la palabra y dijo: “Consideramos que no tenemos presidente, porque nadie lleva el orden. Creo que aquí todos quieren mandar. La fiscal ya se cree presidenta, le da órdenes al señor presidente, el presidente no lo cumple”.

Agregó que el ministro de Gobernación amenaza con despejar las vías por la fuerza si los manifestantes se oponen y le dijo: “señor ministro de Gobernación, con toda educación, ni siquiera lo intente, por favor”.

Comentó que son respetuosos de las leyes, del MP y del Organismo Judicial, aún cuando estas instituciones no han cumplido sus funciones a cabalidad.

Aseguró que los que causaron destrozos en la Plaza de la Constitución eran personas infiltradas, contratadas por alguna autoridad para hacer desorden y vandalismo.

“El presidente o el ministro o la fiscal, ellos son astutos, ya conocemos sus estrategias. Sabían que hoy o iban a llegar los de la OEA para justificar que sí hay vandalismo”, señaló Ulario.

La conferencia de prensa la ofrecieron la tarde del pasado 30 de agosto y en ella señalaron que de continuar las acciones emprendidas por el MP y el OJ contra el proceso electoral y contra Semilla, podrían salir a las calles a manifestar de forma pacífica.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis social e institucional creada por el Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juzgado Séptimo de Instancia Penal al judicializar el proceso electoral del presente año, criminalizando a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a las Juntas Receptoras de Votos y a los dirigentes del partido Movimiento Semilla”, se menciona en el documento.

Según el documento, las acciones del MP son “evidentemente selectivas y violatorias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Constitución Política de la República y a los derechos humanos de los guatemaltecos”.

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Es por ello que los líderes comunitarios y autoridades indígenas solicitan

1. “Al gobierno Central: el respeto a la legislación en materia de seguridad a fin de evitar la zozobra que se está creando al permitir que el Ejercito este en las calles creando un ambiente de provocación con la sociedad civil que en forma pacífica ha reclamado el cumplimiento de sus derechos ciudadanos y principalmente el respeto por los resultados de las elecciones de Segunda Vuelta cuyos resultados favorecer con toda honra al partido Movimiento Semilla”.
2. “A la Corte de Constitucionalidad, constituirse en los verdaderos garantes para el cumplimiento de los preceptos constitucionales y demás legislación constitucional para mantener el Estado de Derecho y por ende la Paz de la ciudadanía guatemalteca permitiendo que el Tribunal supremo Electoral haga valer la voluntad popular expresada en el voto del 20 de agosto y desempeñe sus funciones en un ambiente de armonía y no de acoso, como hasta el momento sucede”.
3. “Al Ministerio Público y Organismo Judicial: respetar el accionar del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos pues según el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos el proceso Electoral no ha finalizado (sino hasta el 31 de octubre) por lo que las acciones actuales del MP. Del Fiscal Rafael Curruchiche y del Juez Fredy Orellana son totalmente inadmisibles pues están fuera de tiempo. Y solo evidencian una desesperación por la pérdida del poder del pacto de corruptos”.
4. “Al Congreso de la República: Respetar las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral para que todos los diputados electos el 25 de junio puedan tomar posesión de sus cargos con las preeminencias que los cargos significan, en representación de los guatemaltecos que ejercieron su derecho de elegir. Pues se procedió conforme a derecho”.
5. “A la Comunidad Internacional y Organismos internacionales en los que Guatemala forma Parte: continuar con la observación del proceso a fin de que se ejerza la alternabilidad del poder conforme la disposición popular manifestada en las urnas en las elecciones pasadas”.
6. “Al Pueblo en general: unir esfuerzos para exigir de las autoridades el respeto a la legislación nacional en materia electoral con acciones de resistencia pacífica sin caer en la provocación que en los últimos momentos ha estado buscando la fiscal general del Ministerio Público”.

Podrían salir a las calles

Patrocinio López presidente de las autoridades ancestrales Totonicapán, dijo en la conferencia de prensa que esta esa una advertencia para las entidades del MP y OJ, pues el pueblo siempre ha peleado sus derechos de forma pacífica.

“Queremos que sepan que estamos organizados y que si continúa la judicialización del proceso electoral se tomarán medidas de hecho, porque no se puede permitir abusos por parte del Estado”, comentó López.

Señaló que lamentablemente las luchas del pueblo se han ganado únicamente con medidas de hecho. “Nunca un gobierno nos ha regalado nada, todo se ha ganado con medidas de hecho, con manifestaciones pacífica… Estamos dispuestos a salir a la carretera, porque tenemos que paralizar el país si el gobierno no quiere respetar nuestro voto, entonces ese es el mensaje que hoy le damos a la población, si el gobierno no quiere respetar nuestro voto, tendremos que hacerlo valer con medidas de hecho”.

Afirmó que las acciones del MP son selectivas  y están al servicio de un sector y no de la ciudadanía.

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“Hay tantos partidos que han funcionado con anomalías y no se hace nada y eso significa que la política en nuestro país es interesada, no es una política que trabaje por la democracia.  La democracia es buena, pero el problema es cuando la política ambiciosa está haciendo mella en el proceso”, dijo el dirigente en relación a las acciones del MP y OJ contra el Movimiento Semilla.

“Solicitamos que la población haga resistencia pacífica, en virtud de que en Xela el Ejército estaba en las calles intimidando a la población y manifestantes, y eso no lo podemos tolerar. No queremos que el pueblo caiga en la provocación, porque al crear un desorden social los beneficiados son los del gobierno actual porque se justificaría un golpe de Estado y eso no queremos porque no es bueno para nuestra historia”, señaló.

Dijo que un golpe de Estado llevaría al país a un retroceso y que eso esas han sido prácticas de utilizan para mantener dictaduras en el país.

Señala que los corruptos quieren frenar a toda costa a Semilla, porque el presidente electo, Bernardo Arévalo, les ha dicho que tienen los días contados.

El pasado fin de semana distintas organizaciones indígenas y autoridades ancestrales informaron que las manifestaciones en la capital comenzarían a las 6 horas, y que saldrían caminatas desde la calzada Roosevelt, zona 18 y zona 15 con rumbo al Centro Histórico.

Sin embargo; este lunes las marchas arrancaron hasta casi las 9.30 horas y según información de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital hasta el momento se tiene reporte de que son dos manifestaciones, una que salió de zona 18 y avanza por la zona 6 y la otra que arrancó desde la zona 15.

En la calzada Roosevelt, se concentraron también una cantidad de manifestantes, pero luego dijeron que irían en autobuses hacia la zona 2 capitalina, para marchar desde allí al centro de la ciudad.

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Amilcar Montejo, de la PMT, afirmó que debido a las dos manifestaciones se ha complicado el tránsito vehicular en ese sectores y por eso pidió a los pilotos usar rutas alternas.

Demandas

Enrique Saquic, del Consejo de Principales de Santa Lucía Utaltán, Sololá, dijo: “estamos pegando el grito al cielo por el alto costo de la vida. Nos están ahorcando, y le estamos diciendo al gobierno que basta ya de altos precios”.

Se cuestionó también hacia dónde se han destinado los millones de quetzales que se han obtenido en préstamos.

El manifestante también recalcó que protestan contra la corrupción, puesto que esta está incrustada en el Estado.

“Dicen que tenemos 200 años de independencia, qué independencia… por favor digámosle a este Gobierno que basta ya de corrupción”, dijo Saquic.

Saquic refirió que el gobierno de Alejandro Giammattei ha estado cometiendo abusos de todo tipo y que seguramente serán otros cuatro años tirados a la basura porque serán otros cuatro años de hambre para la población.

Dijo que todo el país está seriamente afectado por el costo de la canasta básica, el costo de los combustibles, el costo del transporte, pero que los campesinos también tienen que lidiar con el alto costo de los insumos agrícolas, que este año se dispararon.

“Un quintal de fertilizante que costaba Q185, ahora costó Q485 y por eso venimos a manifestar nuestra inconformidad, pues apoya la corrupción”.

Contra el Congreso

Según los manifestantes la protesta también es contra el Congreso de la República, pues consideran que está aprobando leyes que van en contra del pueblo de Guatemala y daña a los pueblos indígenas, tales como los proyectos extractivos, que se llevan la riqueza y dejan sobras al país.

También protestan contra la Corte Suprema de Justicia, porque está criminalizando a los líderes indígenas y los envía a la cárcel, todo lo contrario, con lo que ocurre con los corruptos.

No hay libertad

Otro de los manifestantes, Miguel Cotí Itzaj,  dijo que en Guatemala en septiembre se celebra la independencia y la libertad, pero no es una libertad real. “No tenemos libertad en Guatemala… el despojo de nuestras tierras, la corrupción un Congreso que no está para el pueblo sino para el pacto de corruptos”, comentó.

Marvin Martínez, otro de los manifestantes, también dijo que la protesta es para que se respeten los derechos humanos, que no se criminalice a los líderes comunitarios que defienden los territorios.

Recordó que si bien es cierto la situación de conflictos a nivel mundial han complicado la situación económica en el mundo, también es cierto que varios países han tomado medidas que sí han beneficiado a la población, lo contrario que ocurrió en Guatemala.

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Explicó que se firmaron actas de compromisos para atender algunos de los problemas que aquejan a los pobladores de ese departamento.

Dijo que uno de los compromisos adquiridos, fue que el gobierno privilegie el diálogo y que se respete la decisión de los pueblos indígenas antes de tomar decisiones, pues previo a esto se debe consultar a las comunidades.

También se adquirió el compromiso de mejorar las condiciones del presidio de Totonicapán para reforzar la seguridad.

Otro punto fue que se respete el derecho de manifestación, la manera de vida de los pueblos y que se abra el diálogo con el tema de la energía eléctrica y que todo lo que se haga que sea en beneficio de la población y se impulse el respeto a los Derechos Humanos.

García Yax explicó que otro acuerdo es que se respete la convivencia y que el Estado proteja los recursos naturales “lejos de explotarlos y dar concesiones de minería”.

Resaltó que todo quedó plasmado en actas firmadas por las autoridades de gobierno y de las juntas directivas; además, ven con positivo este acercamiento entre los funcionarios y autoridades ancestrales.

“Vamos a monitorear el deseo de trabajar con las comunidades, que no quede en palabras y se conviertas en acciones”, argumento el dirigente.

Anunció que estarán pendientes de que los compromisos se cumplan, pues los pobladores de Totonicapán previo a manifestar en alguna carretera buscan agotar los mecanismos legales y de diálogo.

“Somo un pueblo en paz y armonía y no reprimimos, damos el diálogo”, afirmó García Yax.

Este sábado nos reunimos con las 5 Juntas Directivas que representan a los 48 Cantones de Totonicapán. Mantendremos un diálogo permanente para analizar y resolver los problemas que más les afecta. Son personas trabajadoras que buscan prosperidad y desarrollo para sus comunidades. pic.twitter.com/DQArOpAWVl

— Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) February 8, 2020

Otra necesidades

El dirigente hizo énfasis de que en Totonicapán falta trabajar en le creación de fuentes de empleo, asistencia al adulto mayor y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Según García Yax, a Totonicapán se le cataloga como un pueblo de campesinos, cuando en realidad no es así, pues para sobrevivir algunas migran hacia Estados Unidos y otros viven en extrema pobreza.

En el tema de salud, las directivas pidieron al gobierno atender el desabastecimiento de medicinas, mala atención en los servicios de Salud y mejorar las condiciones en la educación.

Según la agencia de noticias AGN, el vicepresidente Castillo asumió el compromiso de mantener un diálogo permanente con los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán para resolver los diferentes problemas que presentan las comunidades.

“Son personas trabajadoras, que buscan prosperidad y desarrollo para sus comunidades”, expresó el vicepresidente. Las peticiones fueron enfocadas en seguridad, educación, salud, empleo, desnutrición y migración.

En el tema de salud los dirigentes solicitaron que el Hospital Departamental de Totonicapán, centros y puestos de Salud sean dotados con medicamentos, equipo y personal.

En educación pidieron que se dé garantía a la gratuidad y calidad educativa y educativa.

También se solicitó que el Ministerio de Agricultura ejecute acciones para reducir la inseguridad alimentaria y nutricional.

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El diputado Amilcar Pop fue quien retiró la moción que había consensuado con los grupos a favor del artículo 3 del proyecto de reformas -203 de la Constitución- de esa forma surgió una nueva moción que pospuso la discusión.

Con 122 votos los diputados acordaron dar seguimiento al resto de artículos del proyecto. La moción indicaba que solo se pospone la votación hasta antes de discutir el artículo 22.

La iniciativa de ley que colocó en agenta las modificaciones a la carta magna ya contempla en su tercer artículo el reconocimiento de la justicia indígena, pero Pop había colocado una enmienda para reforzar lo que se estipula.

La moción para posponer la discusión fue planteada por el presidente del Congreso Óscar Chinchilla, y los diputados Juan Ramón Lau, Boris España y Marvin Orellana.

La sesión plenaria concluyó momentos después por falta de quórum, con la discusión del artículo 4.

Esperan avance

Las autoridades ancestrales presentaron un documento al Congreso, en el que manifestaron: “Hemos acordado retirar nuestra propuesta de reforma al artículo constitucional 203”, al mismo tiempo que responsabilizaron a varios sectores, sin especificar alguno, sobre una “campaña sistemática de ataques” en contra de la Cicig y el Ministerio Público.

“Ante los recientes acontecimientos de la coyuntura nacional y del papel que han desempeñado los diputados del Congreso de la República, quienes reiteradamente han demostrado estar en contra de cualquier proceso de democratización del Estado. Lo anterior lo calificamos  como actos de tácticas dilatorias, de manipulación”, refiere otra parte del documento.

Apoyan decisión

La alianza  por la reforma que integra Justicia Ya, Fundación Mirna Mack, entre otras, reconocieron la valentía de dignidad de las autoridades indígenas para retirar su propuesta del artículo 203, esto para desentrampar la discusión de la reforma constitucional; además, se resalta que es grave el que las autoridades indígenas hayan llegado a este extremo ante la fuerte oposición del Cacif y de muchos diputados para reconocer la jurisdicción indígena.

Con el retiro de la enmienda, se conocerá a votación el artículo 203 presentado por al Comisión Técnica y queda el camino libre para conocerlo.

Larga discusión

La discusión del artículo que reconoce la existencia de una jurisdicción indígena, ha fracasado al menos en cuatro sesiones en el Congreso.

En su momento, el presidente de ese organismo dijo, al posponer una de las discusiones, “de esta manera veremos si en verdad hay voluntad de continuar con el resto de la propuesta”.

“Que digan si quieren o no aprobar la propuesta, o mejor utilizaremos los miércoles para avanzar en otros temas”.

Posturas

En una declaración pasada el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González Campo, llamó “conjeturas” a las opiniones sobre el sector privado que señalaban de autor de una campaña que buscaba frenar no solo el artículo 203, sino otros cambios propuestos. “Tenemos clarísimo que es necesaria una reforma”, aseguró.

“Es una medida de prevención para que los crímenes que se cometen en departamentos cercanos como Quetzaltenango no se extiendan al departamento; además, favorece a la población de Totonicapán porque aún dependemos de la Deic de Xela para la investigación de casos”, manifestó Fidel Escun, presidente de la junta directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán.

Denuncia extorsiones

Escun mencionó que en febrero último se registró un secuestro en ese departamento, por cuya victima los secuestradores pedían Q250 mil de rescate. Afirmó que también hay extorsiones a pobladores, lo que debe ser investigado. 

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), uno de los delitos que más se cometieron durante el 2016 en Totonicapán, fue el robo de vehículos, principalmente en la cabecera departamental. En tanto, investigadores aseguran que no se puede investigar con precisión cuando no se cuenta con el equipo de investigación especializada.

“Nos hace fortalecer la parte de la investigación, es necesaria esta implementación para Totonicapán, porque hay delitos que necesitan una investigación correcta para tener éxito en los tribunales”, expresó Elmer Martínez, fiscal distrital departamental. 

Por su parte Stu Velasco, subdirector de investigación criminal de la PNC, afirmó que están anuentes a contar con una unidad de la Deic en Totonicapán, por lo que aseguró darán seguimiento a la petición, ya que consideran que conocer y atender las necesidades de la población, beneficia el trabajo de la institución.

“Esto es parte de una estrategia de seguridad compartida en la que los ciudadanos intervienen. Tener estos acercamientos facilita escuchar a los vecinos, ya que cuando trabajamos en conjunto la sociedad civil con la PNC, se beneficia en la prevención del delito”, afirmó.

Falta sede 

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) considera que hasta ahora, Totonicapán queda rezagado porque los casos son investigados por la Deic de Quetzaltenango, que tiene mucho trabajo.

“Es cierto que Totonicapán tiene los índices más bajos de delincuencia, pero hay que darle un seguimiento, necesita también atención para prevenir y no se le puede tener en el abandono”, dijo Karin Linares, auxiliar departamental de la PDH.