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Ley de Compras y Contrataciones: reforma enfrenta varios obstáculos, según analistas

Tue, 11 Nov 2025 06:10:00 +0000

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Ley de Compras y Contrataciones: reforma enfrenta varios obstáculos, según analistas

Trazar una reforma del sistema de adquisiciones estatales es complejo y requiere un proceso técnico extenso. Así lo señalan las observaciones a la propuesta que regularía las compras del Minfin.

Urias Gamarro

11 de noviembre de 2025

00:10h

El Ejecutivo prepara una ley que reformará el sistema de adquisiciones del Estado. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Aunque se reconoce la importancia de modernizar la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-95) y la necesidad de introducir cambios a la norma, analistas consultados anticipan que se trata de un proceso especializado y prolongado que el Minfin no estaría contemplando en la discusión actual en el Congreso de la República.

La celeridad con que el Gobierno Central impulsa la reforma y los tiempos políticos que se avecinan —sobre todo por el proceso de elección de segundo grado previsto para el próximo año— podrían representar obstáculos para lograr los objetivos que se persiguen con este cambio en la política fiscal.

Reforma de compras requiere alta especialización

Prensa Libre consultó a los analistas Erick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ambos con experiencia en el tema, ya que fueron viceministros de Finanzas. Ambos ofrecieron su perspectiva sobre la intención de las actuales autoridades de modificar el sistema de adquisiciones estatales.

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Coyoy señaló que se trata de una iniciativa ambiciosa, que implica una redefinición del modelo actual. Recordó que la ley vigente tiene 30 años, lo que hace necesaria su renovación; sin embargo, advirtió que se trata de un proceso muy técnico que requiere amplia discusión e involucramiento de los tomadores de decisiones, así como explicar con claridad los alcances del nuevo esquema propuesto, que calificó de “muy amplio”.

Además, afirmó que habrá que observar la postura que adopte el Congreso de la República, ya que se trata de un año preelectoral en el que también debe elegirse a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, a la fiscal general y al contralor general. “La agenda nacional va a estar muy cargada por las elecciones de estos órganos de control”, explicó, y agregó que será complicado abrir espacios de trabajo para conocer esta propuesta.

A su juicio, no es el momento más adecuado para presentar esta normativa, pues su discusión es “más técnica que política”, y por lo tanto se requiere “una amplia especialización para abrir esos espacios”.

Sugieren más tiempo para evaluar reforma de compras

Barrientos aclaró que la propuesta aún no está concluida y aunque hay un espacio de propuestas y discusión el proceso está un poco corrido, porque hay plazos bastantes cortos y se ha aconsejado que una iniciativa tan compleja se necesita un tiempo suficiente para ser evaluada y analizada.

Una de las recomendaciones es incluir en Guatemala la figura del Convenio Marco que eventualmente puede remplazar la figura actual de Contrato Abierto, que puede significar algunas ventajas.

También se han identificado las causas del porque no está funcionando el mecanismo de Subasta Inversa y en la propuesta habrá cambios a la ley como en el reglamento, para activar esta modalidad que se creó en 2015 pero que en la realidad no se ha utilizado pero que tiene grandes ventajas en términos de eficiencia.

Se trata de un proceso muy técnico que requiere amplia discusión e involucramiento de los tomadores de decisiones, así como explicar con claridad los alcances del nuevo esquema propuesto

Sobre los límites de lo que hoy es compra directa, se estaría proponiendo un límite de Q200 mil a Q300 mil pero que habría que esperar como queda la versión final.

Una de las preocupaciones, es que pueda incorporarse alguna de las exigencias de los alcaldes y no ceder sobre las presiones políticas, y que se mantengan dentro del ámbito técnico cuando ingreso a la discusión al Legislativo.

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“La discusión es técnica, pero hay una preocupación de que pueda haber una influencia política para satisfacer intereses de alcaldes”, consideró Barrientos.

Urge redefinir modalidades de compra

Sobre los cambios que deben introducirse a la normativa vigente, Coyoy insistió en que deben modificarse las modalidades de compra, ya que actualmente están definidas por montos y no por productos. Por ello, planteó que deberían establecerse estándares aplicables a todos los bienes en función de los montos.

Esta situación ha favorecido el uso extendido de la compra directa y la compra de baja cuantía, mediante las cuales las entidades públicas evaden los procesos de licitación y cotización, por lo que son pocas las instituciones que utilizan estas últimas modalidades.

“Las entidades prefieren acudir al fraccionamiento para eludir los procedimientos más completos, porque todo se hace en función de los montos, cuando debería existir un abanico más amplio de métodos de compra basados en los productos y servicios que se adquieren”, enfatizó.

Recordó que la nueva ley debe garantizar eficiencia y transparencia, para que las adquisiciones se hagan con calidad y precios adecuados, lo cual exige procedimientos diferenciados según el tipo de bien o servicio.

Una de las preocupaciones, es que pueda incorporarse alguna de las exigencias de los alcaldes y no ceder sobre las presiones políticas, y que se mantengan dentro del ámbito técnico cuando ingreso a la discusión al Legislativo.

Otro de los puntos que deben reformarse, agregó, es el funcionamiento de las licitaciones y cotizaciones. Señaló que actualmente muchos servidores públicos evitan integrar las juntas de licitación, ya que con frecuencia terminan involucrados en procesos penales.

“Se requiere definir con claridad cómo debe involucrarse el personal del sector público, sin trasladar la responsabilidad a personal operativo sin capacidad suficiente, lo que termina en adquisiciones ineficientes, sobre todo en proyectos de inversión pública”, añadió.

¿Por qué la PNC prefiere pistolas Beretta y por qué solo un proveedor tiene ventaja?

Tue, 08 Jul 2025 06:11:00 +0000

Guatemala

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¿Por qué la PNC prefiere pistolas Beretta y por qué solo un proveedor tiene ventaja?

El ministro de Gobernación asegura que desde el 2015 se estandarizó el tipo de armas que debe utilizar la PNC. Un especialista señala que existen otras marcas con características similares.

José Manuel Patzán

8 de julio de 2025

00:11h

Agente de la PNC practica tiro con pistola 9 milímetros en el polígono de la academia, zona 6 capitalina.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las pistolas Pietro Beretta continúan siendo una de las opciones más confiables y reconocidas a nivel mundial para cuerpos de seguridad, debido a su calidad, resistencia y precisión, según explicó Carlos Aquino, director de Táctica y Seguridad GT y especialista en armas y municiones, aunque recalca que hay otras opciones similares.

Luego de los cuestionamientos que hiciera la Contraloría General de Cuentas (CGC) respecto a la compra diez mil armas de fuego 9 milímetros, marca Pietro Beretta, a un costo de Q8 mil 499.68 cada una, para un total de Q84 millones, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó en conferencia de prensa que desde el 2015 se adoptó una política de estandarización del armamento que utiliza la Policía Nacional Civil (PNC) y porque las pistolas adquiridas son las más confiables.

Las características de estas armas, según Jiménez, son únicas y tienen buenas referencias en el mundo, debido a que una tolva sirve para varias armas y el entrenamiento para su uso es uniforme.

Como ejemplo para comparar este tipo de armas, el director de la PNC, David Custodio, dijo que, en el ámbito de movilidad, deben adquirirse vehículos que cumplan con las mismas regulaciones o que utilicen repuestos iguales al parque vehicular existente. Lo mismo aplica para las motocicletas.

“En el tema de armas de fuego y movilidad le hemos hecho requerimientos al ministro. Se van a comprar vehículos con marcas similares a las que ya se tienen, porque ya se tiene ese antecedente. En el caso de las armas, si ya se tiene un 80% de armas de una misma marca y modelo, tenemos que seguir esa misma metodología”, explicó.

“No estamos parcializados con una marca, lo que nos interesa es que los equipos sean de calidad”, precisó.

Según el portal Guatecompras, este tipo de armas cuenta con un sistema de disparo de simple y doble acción, corredera de acero y cuerpo de una sola pieza; tiene armazón de aluminio reforzado ultraliviano y número de registro correlativo en la caja del mecanismo, corredera y cañón, entre otras especificaciones técnicas.

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¿Tienen calidad?

De acuerdo con Aquino, las armas de esta marca italiana destacan por su fabricación con materiales metálicos de alta durabilidad, lo cual les otorga una larga vida útil, incluso con un uso intensivo.

“Son armas que tienen un muy buen entendimiento técnico, pueden durar mucho tiempo y han demostrado su desempeño históricamente”, indicó.

El especialista recordó que la Beretta fue utilizada durante décadas por las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de Estados Unidos, lo cual respalda su confiabilidad en operaciones reales.

“No se le puede achacar nada negativo al arma. Es una de las mejores históricamente”, afirmó.

Destacó que las pistolas Beretta utilizadas en Guatemala son de calibre 9 mm, semiautomáticas, y cuentan con mecanismos de seguridad física que permiten un manejo más seguro en condiciones operativas exigentes. Aquino explicó que estas características son valoradas especialmente en entornos donde no todos los usuarios tienen formación táctica especializada.

“La Beretta ofrece un nivel de seguridad operativa muy bueno. Por ejemplo, tiene seguro mecánico, lo cual da un nivel de control adicional que otras marcas no siempre ofrecen”, detalló.

Similares

Recalcó que solo una armería en Guatemala —Mundo de las Armas— tiene la representación y capacidad para importarlas, lo que también le permite ofrecer precios más bajos en comparación con otras marcas.

“Esa armería es la única que las trae, y al tener la exclusividad puede competir con precios muy accesibles para esa marca en específico”, comentó Aquino, al señalar que, aunque se trata de una pistola de alta calidad, no es la única opción en el mercado.

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El especialista indicó que existen muchas otras marcas reconocidas internacionalmente, como Glock, Sig Sauer y Smith & Wesson, que cumplen con las mismas especificaciones técnicas y estándares de calidad que las Pietro Beretta.

Aquino destacó que la elección de un arma por parte del Estado debería basarse en criterios amplios y técnicos, sin favorecer a una marca específica, para abrir espacio a la competencia y garantizar mejores condiciones en las adquisiciones.

“Lo ideal sería que las licitaciones permitieran que varias marcas participaran con armas 9 mm, bajo las mismas características generales, sin enfocarse en medidas tan específicas que solo una marca pueda cumplirlas”, puntualizó.

Sin marcas

Las bases de licitación en compras estatales no pueden incluir referencias directas a marcas comerciales, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Así lo explicó Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Quezada señaló que, aunque en algunos casos las instituciones públicas necesitan describir productos con características muy específicas —como sucede con equipos informáticos o armamento—, la normativa vigente prohíbe expresamente señalar marcas como parte de los requisitos de una licitación.

En su lugar, lo que sí está permitido es establecer especificaciones técnicas detalladas que aseguren la compatibilidad o funcionalidad de los bienes con el equipo que ya se posee. No obstante, estas descripciones deben estar debidamente justificadas para evitar que el proceso se incline en favor de una marca en particular, lo cual podría considerarse un sesgo.

“Este tipo de aproximaciones técnicas se utiliza, por ejemplo, en la compra de computadoras o software, donde es importante garantizar que los productos adquiridos sean compatibles con los sistemas existentes. Sin embargo, incluso en esos casos, no se debe mencionar directamente el nombre del fabricante o del programa comercial”, acotó.

Las preferidas

Por su alta demanda, las pistolas 9 milímetros son las preferidas por los delincuentes para cometer crímenes o ser ofrecidas en el mercado negro, según investigadores policiales y expertos en armas.

De enero a junio de este año, la PNC reporta que fueron robadas 371 armas de fuego a nivel nacional y se incautaron mil 800 en diferentes operativos, de las cuales mil 300 son pistolas calibre 9 milímetros.

Según los datos de la PNC, las principales víctimas de robo de armas son civiles que las muestran en la vía pública o las dejan en vehículos.

Los investigadores policiales recalcan que también se las roban a custodios de negocios o a agentes de seguridad privada, a quienes en muchas ocasiones les “cuesta la vida”. Una mayoría de denuncias por robo de armas de fuego proviene de la capital y Escuintla según los informes, esto podría deberse a que son departamentos con mayor movimiento económico y, por consiguiente, más personas portan armas para resguardar sus bienes.

Explicaron que las pistolas calibre 9 milímetros se ofrecen en el mercado ilegal a un costo de Q3 mil 500 o Q5 mil. La mayoría son robadas y han sido utilizadas en crímenes, por lo que los criminales buscan deshacerse de ellas.

Comunas y entidades de gobierno destinan Q2.8 millones para actividades de verano y Semana Santa

Sat, 19 Apr 2025 14:10:00 +0000

Comunitario

Comunas y entidades de gobierno destinan Q2.8 millones para actividades de verano y Semana Santa

Sardinas, toallas y gorras figuran entre los alimentos y artículos que adquirieron comunas y entidades gubernamentales.

José Manuel Patzán

19 de abril de 2025

08:10h

La comuna de Asunción Mita, Jutiapa, autorizó la compra de anilina para la elaboración de alfombras, por Q89 mil.(Foto Prensa Libre: foto ilustrativa hemeroteca PL)

Compra de golosinas, gorras, sardinas, alquiler de sanitarios portátiles y buses son algunos de los gastos en los que han incurrido municipalidades y dependencias de Gobierno por actividades de verano y Semana Santa, según el portal Guatecompras.

La sumatoria por la compra de alimentos y pago de servicios asciende a Q2 millones 803 mil 767 y algunas adjudicaciones se efectuaron desde febrero último.

De acuerdo con los registros, las municipalidades que han realizado estos gastos son las de Santiago, San Juan Ixcoy y la cabecera departamental de Huehuetenango; Antigua Guatemala, Sacatepéquez; San Pedro Yepocapa y Pochuta, Chimaltenango; Santiago Atitlán, Sololá; Santa Catarina Pinula, Guatemala; San Gabriel, Suchitepéquez; El Progreso y Asunción Mita, Jutiapa, y Pajapita, San Marcos.

Estos gastos han generado opiniones divididas entre la población. Mientras algunos vecinos valoran las actividades como espacios de recreación y convivencia familiar, otros cuestionan el uso de fondos públicos en estos eventos, especialmente en municipios con necesidades básicas insatisfechas, como agua potable, recolección de basura o infraestructura escolar.

Por lo general, las alcaldías argumentan que las actividades de verano ayudan a dinamizar la economía local y fomentan el turismo interno, lo que justificaría la inversión pública.

Se consultó al alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, sobre cómo se argumentan estos gastos y si son de beneficio para los municipios. Sin embargo, medio de mensaje de texto solo respondió que “son proyectos culturales”.

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula adjudicó en marzo último Q180 mil para la contratación de servicios artísticos, como parte del proyecto denominado Fomentando las costumbres y tradiciones de los vecinos del municipio de Santa Catarina Pinula a través de la promoción de actividades culturales de Cuaresma y Semana Santa.

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Con más gastos

En el caso de Antigua Guatemala, se registra un gasto de Q424 mil 779. Entre los desembolsos figura el alquiler de 20 buses eléctricos para actividades de Cuaresma y Semana Santa, por un monto de Q55 mil. La comuna argumentó que esta medida tiene como finalidad extender el servicio de traslado de visitantes a la ciudad colonial.

También se reporta el arrendamiento de 10 camiones de volteo por día, con piloto, para las actividades de Semana Santa, por un monto de Q40 mil, además del alquiler de grúas y sanitarios portátiles.

La comuna de Pochuta, Chimaltenango, reporta un gasto de Q89 mil por la adquisición de 2 mil 300 libras de chocolates y la misma cantidad de sardinas, destinadas a ser distribuidas entre la población.

El 9 de abril, la Municipalidad de San Juan Ixcoy adjudicó la contratación de 50 actores por tres días, para actividades “socioculturales de Semana Santa”, por un monto de Q52 mil.

La comuna de Asunción Mita, Jutiapa, autorizó la compra de anilina para la elaboración de alfombras, por Q89 mil. La comuna de Tectitán, Huehuetenango adjudicó Q179 mil 882 para la contratación de grupos musicales y un show de rodeo para festejar el verano y fundación del municipio.

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Entidades de gobierno

Los gastos por verano y Semana Santa no ocupan solo por las municipalidades. Los ministerios de Gobernación y Cultura y Deportes también han autorizado 497 mil 510 en diferentes artículos y actividades.

Departamento de tránsito de la PNC

Servicio de montaje y desmontaje para ser utilizado durante la ejecución de las actividades programadas para la campaña “Semana Santa 2025”, los días 14, 15 y 16 de abril de 2025. Q69 mil.
Servicio de montaje y desmontaje que será utilizado durante la ejecución de las actividades de la campaña “Semana Santa 2025”, los días 04, 09, 10 y 11 de abril de 2025. Q79 mil 840.
Toallas para ser distribuidas durante la campaña de prevención y sensibilización vial “Verano Seguro 2025” Q84 mil.
Ministerio de Gobernación

Gorras y viseras para uso de la PNC para el plan Semana Santa 2025, “Todos prevenimos” Q180 mil.

Ministerio de Cultura y Deportes

Impresión e instalación de dos mantas de lona mesh full color por la conmemoración de la Semana Santa, Q40 mil 680.
Alquiler de 30 unidades de servicios sanitarios portátiles, para cubrir la asistencia masiva de turistas durante la Semana Santa dentro del parque nacional Tikal, Q39 mil 990.

Mindef autoriza Q166 millones para la compra de maquinaria

Wed, 16 Apr 2025 11:00:00 +0000

Guatemala

Mindef autoriza Q166 millones para la compra de maquinaria

Camiones y tractores son para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, aunque se desconocen detalles de los proyectos que trabajan

José Manuel Patzán

16 de abril de 2025

05:00h

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha participado en despejar vías o rehabilitación de tramos, principalmente durante emergencias. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL.

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) ha autorizado este año un monto de Q166 millones 374 mil para la adquisición de maquinaria destinada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, según lo registrado en el portal Guatecompras.

La adjudicación más reciente se realizó el 28 de febrero por Q147 millones 940 mil. Entre las adquisiciones figuran 12 excavadoras, 12 retroexcavadoras, 12 motoniveladoras, 12 vibrocompactadoras, 24 camiones de volteo, 16 picops y 12 camiones cisterna de agua, entre otros equipos.

La compra fue justificada por el Mindef como parte del “presupuesto adicional asignado por el Congreso al Ministerio de la Defensa Nacional para compra de maquinaria e insumos para los nuevos frentes de trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, según respondió su oficina de comunicación social.

Aunque es de conocimiento público que el Cuerpo de Ingenieros ayuda en el despeje de vías o rehabilitación de tramos carreteros, la cartera no ofreció detalles sobre si se trata de la renovación del equipo actual o de proyectos nuevos, ni informó sobre los objetivos o ubicaciones de los trabajos a ejecutar.

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La empresa

La adjudicación se hizo a la empresa Class Equipos y Construcciones de Guatemala, Sociedad Anónima, la cual tiene contratos con municipalidades y el Estado desde 2017. Este año dicha entidad ha ganado Q210 millones en adjudicaciones, principalmente con municipalidades y con el Mindef. En el evento reciente de Q147 millones se recibieron cinco inconformidades de las empresas participantes, en las que se indica que la empresa beneficiada no cumplió con los requisitos descritos en las bases de licitación. Sin embargo, fueron rechazadas por el Mindef.

Se intentó obtener una postura de la empresa en mención por los señalamientos que le hicieron las empresas participantes, pero no respondieron en el número telefónico registrado en el portal Guatecompras.

El 22 de enero último, el Mindef también adjudicó Q18 millones 434 mil para la “adquisición de vehículos, camiones con equipo especial y maquinaria para el cumplimiento de la misión y desarrollo de las funciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”. De esa suma, Q14 millones se destinaron a dicha empresa y el resto a dos empresas participantes.

El evento se hizo para adquirir seis vehículos, entre los que figuran un autobús, un automóvil, dos camiones grúa, un camión cisterna, un equipo para manejo de carga y una excavadora de cadenas.

El 3 de abril, la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, aprobó adjudicar Q11 millones a dicha empresa para la compra de una retroexcavadora, tres máquinas de perforación y dos máquinas para picar, según la descripción de Guatecompras.

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Gastos millonarios del Mindef

En noviembre de 2024 se adjudicaron Q59 millones 389 mil 762 al gobierno de Estados Unidos para la adquisición de un helicóptero Bell 407GXi.
En octubre del mismo año se adjudicaron US$4.6 millones para la adquisición de ocho embarcaciones fabricadas en Colombia.
Se autorizaron US$412 mil —unos Q3 millones 296 mil— para el mantenimiento de otra embarcación.
El año pasado también se adjudicaron Q12.9 millones para la compra de 40 automóviles.
Ese mismo año, incluyendo al Mindef, siete carteras del Gobierno destinaron Q35 millones 291 mil 430 para la compra de 138 vehículos.
En agosto de 2023, el Mindef también adquirió cuatro vehículos militares denominados “Pitbull”, a un costo de Q24.8 millones.
En diciembre de 2022, el Ejército recibió dos helicópteros Bell 412 EPX provenientes de Estados Unidos, que compraron a Q213.8 millones.

Gobierno de Giammattei adjudicó Q59 millones para seguridad en 7 parques recreativos

Wed, 31 Jan 2024 11:00:26 +0000

Un contrato por Q59 millones para ofrecer seguridad a siete parques recreativos fue adjudicado a dos empresas por las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes del gobierno anterior. Las actuales autoridades no están conformes y rescindirán los contratos, se informó.

La descripción del evento, adjudicado el 12 de enero último, describe que es por “servicio de seguridad y vigilancia para parques y centros deportivos y recreativos, de la dirección de Parques y Centros Deportivos y Recreativos, de la Dirección General del Deporte y la Recreación”, según el portal Guatecompras.

Dos contratos, uno por Q14 millones 230 mil 800 y otro por Q15 millones 800 mil 400, fueron adjudicados a la empresa Security Professional Systems, Sociedad Anónima, y otro por Q29 millones 838 mil 600 fue adjudicado a la entidad V.I.P. Security, Sociedad Anónima.

Security Professional Systems, Sociedad Anónima, suma Q145 millones 358 mil 965 en adjudicaciones con el Estado desde el 2010, por servicios de seguridad en diferentes dependencias. En 2020 se benefició con un contrato de Q14 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) para la seguridad en diferentes sedes departamentales.

La entidad V.I.P Security, Sociedad Anónima tiene contratos con el Estado desde 2004 por Q306 millones 917 mil 946. En enero de este año obtuvo Q33 millones por contratos en seguridad para los ministerios de Cultura y Deportes, Salud, Educación, Economía y la Federación Nacional de Gimnasia.

Los contratos adjudicados el 12 de enero de este año, eran otorgar seguridad en siete parques ubicados en la Ciudad de Guatemala, Zacapa y Cobán, Alta Verapaz.

Las funciones de los agentes, según las bases del concurso era “mantener el control y brindar seguridad y vigilancia de los visitantes y vehículos que ingresan y egresan de los Centros Deportivos”.

Rescindido

Consultado el viceministro del Deporte y la Recreación, Francisco José Joaquín Aguilar, dijo que no avalan esa contratación y se hará otro evento.

“Estamos en el proceso de rescindir esa negociación. Era un contrato de 3 años, a nosotros no nos parecía coherente y uno de los oferentes impugnó la cotización”, acotó.

Parques

Según el contrato cada parque contaría con seguridad las 24 horas y se designaría cierta cantidad de guardias para cada lugar.

Érick Bernabé Barrondo García, ubicado en la 28 av. 14-02 Ciudad de Plata II zona 7, ciudad Guatemala, 90 guardias.
Al Centro Deportivo y recreativo Gerona ubicado en 15 av. 13-52 Zona 1, Barrio Gerona, ciudad Guatemala, 17 guardias
Centro Deportivo y recreativo Campo Marte 32 calle final esquina, 15 av. Zona 5, ciudad Guatemala, 59 guardias.
Centro Deportivo y recreativo Campos del Roosevelt 9 av. Entre 3ra y 4ta calle,
Zona 11, Ciudad de Guatemala. 31 guardias
Parque Deportivo y Recreativo de la Paz Zona 21, Guatemala. 23 guardias.
Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Zacapa. 26 guardias.
Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Cobán. 26 guardias.

Corrupción en Cultura y Deportes

El Viceministerio del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes ha sido una las dependencias que con el pasar los años ha acumulado más señalamientos por malos manejos de fondos que, incluso, ha hecho que varios casos lleguen a los tribunales.

En esencia, su función es desarrollar programas y proyectos deportivos y recreativos y masificarlos a toda la población. Sin embargo, con esta justificación, el viceministerio del Deporte y la Recreación con el paso de los años ha reducido estas funciones a comprar artículos deportivos y recreativo con el fin de obsequiarlos.

Así, en los últimos 10 años, a esa dependencia se le han asignado presupuestos que suman nada menos que Q2 mil 104 millones, un 38% más que a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, y 40% más que a la Dirección de las Artes.

A través del tiempo muchos sectores involucrados en estos dos ámbitos —cultura y artes— han exigido un redireccionamiento del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes para que se les destine a estos rubros más recursos; puesto que, entre otras responsabilidades, están a cargo de la conservación de los sitios arqueológicos del país, así como de las escuelas y el desarrollo de las artes.

Sin embargo, lo cierto es que esto solo puede ocurrir mediante una reforma constitucional. En otras palabras, el viceministerio del Deporte y la Recreación seguirá recibiendo millonarios recursos.

El MP reveló en el 2016 que durante la administración del Partido Patriota se adjudicaron contratos anómalos a la empresa Grupo Escorpión para que brindara seguridad en las canchas deportivas a cargo del viceministerio. Dicha compañía estaba relacionada con Miguel Ángel Martinez, quien fue subsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad en ese mismo gobierno.

En el 2015, el MP también dio a conocer un caso de corrupción por la contratación anómala de juegos mecánicos y la supuesta compra irregular de implementos deportivos sin que se evidenciara su recepción. El contrato de la feria era por Q16 millones. Por el caso fue involucrado el exministro Carlos Batzín.

En el 2013 también se denunció el caso de la contratación anómala por el alquiler de toros mecánicos e inflables, alimentos e implementos deportivos por un monto de Q850 mil.

Fundación Conguate, ligada a diputado Carlos Calderón, adjudica Q2.1 millones en nueve días

Fri, 12 Jan 2024 11:00:18 +0000

La Fundación Conguate, oenegé que maneja presupuesto del Estado, adjudicó en los últimos nueve días del año recién pasado Q2.1 millones a una misma empresa.

La organización no gubernamental está vinculada directamente con el diputado de la bancada Vamos por una Guatemala Diferente Carlos Roberto Calderón, reelecto para un segundo período.

Dos días antes de que finalizara el 2023, el 29 de diciembre, Conguate le compró a Grupo Construya, S.A., sillas, inodoros, pisos, azulejos, estanterías de metal y armarios, entre otros productos para la construcción y equipamiento de escuelas, por Q1.7 millones.

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Conguate ha recibido Q3 millones desde 2019 para dudosos programas del Mineduc

Qué se sabe del incidente entre el diputado Carlos Roberto Calderón, comerciantes y supuestos tramitadores afuera de un consulado en EE. UU.

La empresa, representada legalmente por Yalibat Mishell Aznaila Pineda Castellanos durante los primeros 11 meses de 2023, no participó en ningún concurso con la Fundación. Fue del 20 al 29 de diciembre que ganó 24 contratos y con ello superó en un cien por ciento lo adjudicado desde que se constituyó como proveedora del Estado en 2020.

Construya, S.A., ganó durante el 2023 un total de Q6.5 millones. La mitad de estos eventos fueron adjudicados a Conguate y la otra mitad al Ministerio de Salud. Además fue proveedor directo del Plan de Prestaciones Municipales.

Inconformidades

Sobre las adjudicaciones que se dirigieron al único proveedor de Conguate se presentaron inconformidades por parte de los demás oferentes que participaron en los eventos. Los cuestionamientos van desde las notas otorgadas por las juntas calificadoras hasta los precios altos con el que ofertó la empresa que ganó todos los contratos.

Entre las objeciones planteadas está que en las tiendas de materiales de construcción que venden láminas los precios oscilan entre los Q185 y Q255, mientras que Conguate adjudicó cada una a Q642.

“Grupo Construya ofertó con un sobreprecio del 321 por ciento”, refirió Regeplast, una de las empresas que participó en las licitaciones.

También el grupo DCER, en la compra de estufas de gas y eléctricas, identificado con el número de operación Guatecompras (NOG) 21819459, solicitó que se tomara en cuenta a la empresa, ya que cumplió con toda la documentación requerida. Lo mismo sucedió en el NOG 21820759, en el que Juan Fernando Radford mostró inconformidad por la puntuación recibida.

Prensa Libre se comunicó al número telefónico de Grupo Construya registrado en el portal de Guatecompras, pero la persona que respondió dijo que se había marcado número equivocado, y al preguntarle si era la representante legal de la empresa, de inmediato cortó la llamada.

También se buscó comunicación con el diputado Calderón, pero no respondió las llamadas ni mensajes.

La Fundación Conguate es dirigida por Suhelen Carolina Hurtarte Rivas.

Diputado polémico

Calderón fue electo en noviembre de 2013 como presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos, conocida hoy como Conguate, en sustitución de Marcos Yax, quien fue diputado de la banca Frente de Convergencia Nacional.

Al dejar Conguate, Calderón ganó en el proceso electoral del 2019 una curul legislativa y se convirtió en el principal defensor de la ministra de Educación.

El congresista también tuvo como asesor a Armando Rosales Izás, quien fue directivo de la mencionada fundación.

Durante los cuatro años de la legislatura que está por terminar, Calderón integró comisiones como Educación, Relaciones Exteriores, Migrantes y Cultura.

Dicho legislador tiene una carrera política cuestionada.

En abril del 2020, durante la pandemia, el Ministerio de Educación firmó el primer convenio por Q1 millón con esa asociación para instalar el taller de panadería y dibujo en el Centro de Usos Múltiples (CUM), en el instituto experimental de la colonia Nueva Montserrat, Mixco.

Un convenio similar, por la misma cantidad, se firmó en 2021, para acondicionar talleres en el Instituto Enrique Gómez Carrillo, zona 6 capitalina.

Los convenios establecen que la Fundación hará mejoras en centros educativos del departamento de Guatemala.

Calderón, además, es una figura polémica en el hemiciclo: protagonizó un incidente en las afueras del consulado de Los Ángeles, Estados Unidos, cuando señaló a un comerciante de vender citas para dicha sede diplomática y este le respondió que su hermana —del congresista— también vende citas.

En otra oportunidad se le involucró con la muerte de Maryori Noemí Yumán, de 21 años, quien cayó de un quinto piso durante una fiesta de Halloween, en octubre de 2022. Personas que estuvieron en la fiesta informaron que el inmueble era propiedad del diputado. En respuesta, Calderón lamentó el fallecimiento de la joven y rechazó las declaraciones que lo vinculaban con el suceso.
en declive

La Fundación Conguate tomó su nombre de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en EE. UU. (Conguate), un grupo de proyección social capitalizado por guatemaltecos en Estados Unidos. Sin embargo, la entidad se formó en el 2019 y desde entonces ha captado recursos de la cartera educativa, alejada del trabajo de atención al migrante.

Exmiembros de Conguate afirmaron a este medio que dicha fundación fue iniciativa del diputado Calderón y que el hecho de que comenzara a recibir recursos del presupuesto nacional causó su declive.

Después de que había logrado tener más de cien organizaciones afiliadas, Conguate conserva ahora menos de 10.

En la actualidad la Fundación no cuenta con un sistema de información y trabajo que realiza. “La páginas y las redes sociales están desactualizadas” indicó un trabajador de la oenegé.

Ataque cibernético impide las operaciones del Ministerio de Finanzas por segundo día consecutivo

Tue, 28 Nov 2023 18:21:27 +0000

Aparte de un breve aviso divulgado ayer por medio de redes sociales en el que el Ministerio de Finanzas informa que fue víctima de un ataque cibernético, aún no se conoce una posición oficial al respecto, a pesar de que los problemas informáticos pueden poner en riesgo el pago de la planilla del aparato estatal, así como a proveedores y acreedores.

Prensa Libre consultó a los exviceministros de Finanzas, Érick Coyoy y Ricardo Barrientos, quienes explicaron los efectos principales de una suspensión de todo el sistema y hay una coincidencia en que pueden presentarse atrasos de todo tipo, ya que ninguna operación puede autorizarse. Además, es la primera vez que se conoce que el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) permanece bloqueado por más de 40 horas.

Efectos inmediatos

Coyoy comentó que, al estar suspendido todos los sistemas, la Tesorería Nacional no puede autorizar ningún pago, por lo que la primera afectación está por el lado del gasto público, ya que las entidades públicas ejecutan su presupuesto mensual, principalmente en cuanto a sueldos y salarios, lo que perjudica principalmente a ministerios con fuerte peso de recurso humano como Educación, Salud y Gobernación, aparte del personal por contrato.

“Lo que está ocurriendo es que las entidades no pueden ejecutar sus requerimientos de pagos a la Tesorería Nacional ya que todo el proceso es electrónico. Para lograr las erogaciones, las entidades ejecutoras necesitan transmitir una solicitud de pago a partir de una asignación de gasto”, apuntó.

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Lo mismo sucede con los pagos a proveedores, cada entidad ejecutora también necesita autorización para realizar el gasto. En resumen, “lo que básicamente está detenida es la posibilidad de que las unidades ejecutoras soliciten pagos, ya que el sistema es único y todas operan en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)” y hasta el momento, este sistema no está funcionando.

Medidas de resguardo

Por su parte, Barrientos explicó que, una vez detectada la suspensión, las unidades usuarias del sistema tendrían que haberse comunicado con las autoridades para informar sobre el problema, de manera que se aplicaran las medidas adecuadas para el resguardo de la información. Esto, por tratarse de un supuesto boicot, así que tendrían que haber puesto fuera de línea sus principales sistemas de portales electrónicos.

“Las autoridades nos han dicho que las bases de datos y la información están en resguardo, pues los principales temores que se pueden tener son la pérdida o alteración de información contable, presupuestaria y de adquisiciones públicas. Entonces, creemos que la información está en total y completo resguardo, que es lo que más interesa”.

Alto tráfico

Los especialistas añadieron que, por tratarse de fin de mes, “son días muy críticos y con mucho tráfico en línea; sobre todo, en cuanto a ejecución presupuestaria”.

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Por ejemplo, se liquidan los comprobantes únicos de registro (CUR), para lo que se requieren accesos privilegiados con fines operativos. “Si estuvieran suspendidos o restringidos los accesos que manejan las unidades ejecutoras, habrá un retraso en las operaciones de pago y tendrían que agilizar sus sistemas para ponerse al día, cuando estos se reestablezcan”.

E indicaron que la principal preocupación de las autoridades y conociendo la dinámica de la institución, la medida principal es evitar ese escenario.

De enero a octubre, el gasto total del Gobierno Central fue de Q90 mil 232.4 millones y se proyecta un cierre de Q108 mil millones con una ejecución del 96.5%, según las autoridades.

La SAT, sin problemas

En tanto, funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dieron a conocer durante la mañana que el problema detectado en el Ministerio de Finanzas no afecta sus sistemas. No obstante, respecto a las compras y adquisiciones a realizar, se tomaron otras decisiones, ya que había vencimientos para presentar documentación por vía electrónica.

Ciberseguridad: en qué consiste el servicio informático por el que el TSE pagará Q19.1 millones

Mon, 30 Jan 2023 11:02:53 +0000

Esta es una de las 19 adjudicaciones que el TSE ha registrado este año en el portal Guatecompras mediante la modalidad de excepción, regulada en el artículo 44, inciso f, de la Ley de Contrataciones del Estado, que faculta al órgano electoral a esquivar los requisitos que son obligatorios para licitaciones o cotizaciones sin importar el monto, siempre y cuando la adquisición esté vinculada a los comicios.

De acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, la empresa deberá prestar el servicio de “procesamiento, almacenamiento, gestión y ciberseguridad de infraestructura en nube y en centros de datos del TSE”.

El TSE pagará a GBM S.A. 12 cuotas mensuales de Q1 millón 593 mil 837. Esto asciende en total a Q19 millones 126 mil 044.

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El sistema de justicia también será protagonista del proceso electoral

El proveedor también deberá presentar un plan de trabajo que incluya un cronograma de entrega de las fases del proyecto. Además, la licencia deberá tener soporte del fabricante por dos años que permita tener acceso a nuevas versiones y soporte.

Entre los requerimientos de seguridad, se indica que el servicio tendrá capacidad de proteger dos servidores de bases de datos y capacidad para detectar anomalías en las mismas. Estas anomalías pueden ser como un login de un usuario realizado en horario no laboral, por ejemplo.

Esta adquisición se suma a otra que se realizó el 12 de enero, mediante la cual se adjudicó un sistema de información y eventos de seguridad por Q1 millón 200 mil a la empresa Innova Outsourcing S.A.

Se consultó con el TSE por medio de su oficina de comunicación social cómo justifican la necesidad de este servicio, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta al respecto.

Presupuesto

Este año, el TSE tiene un presupuesto vigente de Q1 mil 262 millones para la “preparación y organización del proceso electoral”. Aunque en Guatecompras figuran adjudicaciones por Q45.4 millones, únicamente se ha devengado Q1 millón 033 mil. El resto de los recursos figura como comprometido, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, explica que el TSE sí tiene la potestad legal para hacer compras por excepción, es decir, sin cumplir con los requisitos de una licitación o cotización, pero la regla es que estas estén vinculadas al proceso electoral.

Si se pretende comprar un vehículo que será utilizado para otros fines, por ejemplo, no debería hacerse mediante este procedimiento sino cumplir con los controles ordinarios.

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En este sentido, lo preocupante es que algunas adquisiciones solo se están publicando en el portal del TSE, y no en Guatecompras, dijo Flores. La justificación del TSE ha sido que existen circulares del Ministerio de Finanzas que les permiten no publicar los procesos en Guatecompras sino hasta que ya fueron adjudicados.

“Hay un artículo de ley que dice que los procesos por excepción se pueden publicar al final, o sea, uno decide. Es la circular 1-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, artículo 13, literal b). Todo está en ley, no es una ocurrencia del TSE”, comentó la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, en una entrevista.

Sin embargo, para Flores esta no es una excusa válida, ya que el uso de portales de transparencia está regulado en varias leyes.

“A nosotros lo que nos preocupa es que el propio TSE, destacando normas como la Ley de Acceso a Información Pública, Ley del Presupuesto y Ley de Contrataciones del Estado, está pretendiendo publicar estos procesos solo en su página y no en Guatecompras. La modalidad de compra por excepción aplica, pero no los faculta a dejar de publicar en Guatecompras”, cuestionó.

Advirtió que la Contraloría General de Cuentas (CGC) podría realizar una auditoría y colocar una sanción administrativa a la autoridad responsable del TSE por este incumplimiento.

Necesidades

Alejandro Quinteros, consultor político independiente, considera que el TSE debe invertir los recursos del presupuesto electoral para mejorar la logística a lo largo del proceso. “Se debe tener listo un mobiliario, documentación e insumos necesarios para llevar a cabo procesos previos a la elección y el día de la elección. Las cajas electorales deben tener todos los insumos, así como las papeletas que utilizarán las juntas receptoras de votos”, dijo.

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Agregó que son necesarios también los servicios tecnológicos de seguridad y de transporte de mobiliario.

“Se debe mantener la publicación de los mismos para que ciudadanía pueda ver cuáles son las adquisiciones que se van haciendo, las que quedan anuladas o se repiten y que, a pesar que se pueden hacer compras directas, se tome en cuenta a varios proveedores para que proveedores que no han sido considerados puedan también observar estas publicaciones y presentar sus propios ofertas”, afirmó.

Cómo se equipará el centro de prensa por el que el TSE pagó Q9.3 millones

Sat, 07 Jan 2023 00:08:08 +0000

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adquirió mediante una compra directa equipo tecnológico para equipar el centro de prensa para las Elecciones Generales 2023. La empresa adjudicada fue Grupo ITD Sociedad Anónima por Q9 millones 296 mil.

Según el contrato, la empresa deberá entregar una propuesta visual del entorno en el Centro Nacional de Información, la cual deberá aprobarse 60 días antes de la fecha de las elecciones. La fecha para el montaje y desmontaje iniciará el 11 de junio y finalizará el 28 del mismo mes. Para la segunda vuelta, iniciará el 6 de agosto y culmina el 23 de agosto.

La compra incluye:

Una pantalla tipo LED fine pitch con audio de dimensiones sugeridas de seis metros de ancho, tres metros de alto y 40 centímetros de fondo.
Un sistema de audio con capacidad para cubrir todos los espacios
40 computadoras laptop con servicio de internet, mouse y teclado inalámbrico
Cinco impresoras de tinta continua con hojas
10 pantallas táctiles con dimensiones de 40 pulgadas, instaladas y en funcionamiento
10 televisores de 65 pulgadas 4k
Circuito cerrado de video vigilancia el día de las elecciones
Cinco técnicos de soporte permanente en sitio para atención de equipos tecnológicos
Red cableada de datos para todos los equipos de computación, garantizando el servicio de internet y seguridad
Internet con dos proveedores con ancho de banda de 200mbps
Un generador de energía, distribución y UPS para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica como mínimo por 72 horas
18 televisores entre 52 y 65 pulgadas 4k con conexión a cable
Siete pantallas táctiles con dimensiones sugeridas de 40 pulgadas

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La adjudicación se hizo mediante la modalidad por excepción que establece el artículo 44, inciso f, de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual regula que el TSE podrá prescindir de los procesos de cotización y licitación cuando se trate de bienes o servicios relacionados al proceso electoral, siempre y cuando las compras se hagan el mismo año de los comicios.

El año pasado, el TSE aplicó esta modalidad para realizar 355 compras que sumaron Q39 millones 656 mil 276. Se adquirieron servicios de monitoreo de redes sociales, compra de enseres, tintas, boletos aéreos y demás equipo tecnológico.

Contratación de supervisora del Puente Belice 2 permanece en el limbo

Thu, 05 Jan 2023 11:00:36 +0000

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) mantiene en un limbo la contratación de la empresa que supervisará los trabajos de construcción del Puente Belice II, obra cuya construcción ascenderá a Q1 mil 785 millones.

Inicialmente, la Dirección General de Caminos (DGC) pretendía contratar a la constructora D&D Ramírez para hacerse cargo de la supervisión. Sin embargo, el pasado 28 de diciembre dicha adjudicación fue anulada por el ministro de comunicaciones, Javier Maldonado, aduciendo que la fianza de cumplimiento se presentó fuera de plazo.

Esto ocurrió después de que organizaciones como Acción Ciudadana (AC) señalaran falta de experiencia por parte de la empresa contratada, ya que a la fecha no contaba con ningún proyecto de supervisión finiquitado con el Estado.

Juan Carlos Zapata, de Fundesa, considera que fue acertado que se anulara la adjudicación, ya que existían dudas sobre la experiencia de la empresa que había sido contratada en un inicio.

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“(La anulación) es algo positivo porque no era una empresa que cumpliera con las condiciones necesarias. Esperaríamos que el ministerio haga un proceso de forma abierta, transparente, que genere la mejor participación de empresas con la experiencia necesaria y haga un trabajo eficiente”.

Prensa Libre intentó contactar vía telefónica al director general de caminos, Luis Gabriel Jo, para consultarle de qué forma procederían ahora, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Por su parte, José Ramírez Andrés, representante de la empresa D&D Ramírez, comentó que averiguarán en el ministerio qué ocurrió, pero aseguró que no presentarían ninguna inconformidad contra la anulación.

“Nosotros vamos a averiguar en el ministerio cómo quedó…. Nadie es superior a la ley. Si fue culpa de nosotros para qué vamos a presentar inconformidad,”, dijo.

Escenarios

La Ley de Contrataciones del Estado (LCE) establece que, para poder realizar una obra pública, la entidad contratante debe contar con un supervisor que inspeccione que el proyecto se realizó conforme a los planos y especificaciones requeridas.

Marvin Flores, de AC, explica que hay varios escenarios al frente. La DGC podría realizar una nueva licitación pública, o bien podría realizar una contratación mediante hacer la contratación siguiendo lo que regula el artículo 44, inciso e), de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece las instituciones pueden contratar de manera directa servicios técnicos y profesionales individuales en general.

“Obviamente hay que poner los parámetros para contratar a una empresa que tenga las capacidades y cualidades para supervisar una obra de esa magnitud”, dijo Flores.

AC había presentado una denuncia el pasado 9 de diciembre derivado de la adjudicación inicial que se había hecho. Con relación a ello, Flores dijo que esperan que esta siga su curso y, de determinarse algún tipo de responsabilidad por parte de los miembros de la junta de licitación, estos deben ser sancionados, afirmó.

Puente

De acuerdo con la boleta del Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip), la construcción de esta nueva infraestructura es necesaria dado que el actual Puente Belice ya excedió su capacidad “y los niveles de carga han aumentado durante los últimos años, así como el tránsito procedente de la parte norte de la Ciudad Capital”.

La construcción del puente consiste en una armadura tipo Warren de 269.09 metros de longitud y dos niveles de carpeta de rotadura. La sección transversal del puente, en el piso superior, estará compuesta por dos pasos peatonales de 0.85 metros y cinco carriles de 3.65 metros para obtener un ancho total de 20 metros. Para el nivel inferior, el ancho será de 10.30 metros.

Esta infraestructura fue priorizada en la cartera de proyectos de la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, para la cual se aprobaron Q3 mil 100 millones en fondos extraordinarios, aunque posteriormente se le recortaron casi Q1 mil millones.

La aprobación de esta ley generó cuestionamientos por parte de diversos tanques de pensamientos, quienes aducían riesgos de corrupción y de sobrevaloración de obras. Además, se señaló que solo 480 metros, menos del 0.1 por ciento de los 719.1 kilómetro que cubrían los proyectos de infraestructura vial, correspondían a construcción de tramos nuevos.

El Puente Belice dos se construirá con los fondos que se desembolsaron al Civ como para de la Ley para el Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica. En un inicio ascendían a Q3 mil 100 millones, aunque se le han recortado casi mil Q1 mil millones.

La empresa a cargo de la construcción será Grupo Muratori S.A., cuya oferta ascendió Q1 mil 785 millones, la cual superó por Q127 millones 650 mil 439.68 el costo base que había estimado el Civ.

El contrato fue firmado el pasado 11 de noviembre entre el director de Caminos, Luis Gabriel Jo Lau, y el representante legal de la empresa.

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CIV anula adjudicación para cuestionada empresa que supervisaría construcción del puente Belice 2

Tue, 03 Jan 2023 21:59:09 +0000

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dejó sin efecto la adjudicación que se había otorgado a la constructora D&D Ramírez Hernández para que supervisara la construcción del Puente Belice II. La justificación fue que la empresa presentó la fianza de cumplimiento fuera de plazo.

El pasado 25 de octubre, el titular del CIV, Javier Maldonado, emitió una resolución mediante la cual avalaba la decisión de la junta de licitación de adjudicar a D&D Ramírez, propiedad de José Ramírez Andrés, un contrato por Q89 millones 600 mil para que supervisara los trabajos de construcción del Puente Belice 2.

No obstante, el pasado 28 de diciembre se publicó un oficio en el portal de Guatecompras en el que se indica que la empresa presentó el 19 de diciembre la fianza de cumplimiento. Dicha fecha se encontraba fuera de plazo y, según la resolución, ello impidió que el contrato se pudiera aprobar en tiempo.

El puente Belice 2 contempla la construcción de infraestructura de hasta 5.1 kilómetros que incluyen pistas de aproximación hacia la estructura principal, una planta baja para transporte público y una superior con cinco carriles. De estos, cuatro son para vehículos y uno para servicios.

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La construcción estará a cargo del Grupo Muratori S.A. y el contrato asciende a Q1 mil 785 millones.

Empresa sin experiencia

Según publicó este matutino el pasado 21 de noviembre, D&D Ramírez es contratista del Estado desde 2014, pero en su historial no hay un solo trabajo por supervisión de proyectos de carreteras o puentes vehiculares que estén finiquitados. A la fecha, su experiencia se limita a trabajos de mejoramiento de calles con distintas municipalidades, venta de materiales de construcción, trabajos de líneas eléctricas de distribución y algunos contratos privados de construcción de puentes y pasos peatonales.

No obstante, el pasado cuatro de octubre la junta de licitación, conformada por Ana Karina Zebadúa, Kellers Cecilio Recinos y Juan Pascual Hernández, decidieron adjudicarle la supervisión del puente Belice 2.

Lo paradójico fue que ocho días después, el 12 de octubre, esta misma junta de licitación rechazó adjudicar a D&D Ramírez un contrato para supervisar el proyecto de construcción de la carretera “Libramiento de Sayaxché”, en Petén.

En esa ocasión D&D ofertó Q2 millones 162 mil 500, pero el criterio de los integrantes de la junta fue que no cumplían con los requisitos establecidos en el numeral 9.5.2 de las bases de licitación. Este apartado establece que el oferente debe acreditar, como mínimo, que ha prestado servicios de supervisión en dos proyectos similares al que se pretende contratar.

Ocho días después de la publicación, Acción Ciudadana presentó una denuncia en el Ministerio Público donde señala la inexperiencia de la empresa y manifiesta su preocupación por los riesgos de corrupción en este evento.

“Lo preocupante es que la empresa supervisora que fue contratada por Q89 millones no tiene ninguna experiencia con supervisión y tampoco en construcción, de hecho, para este año esta empresa, con sede en una aldea en El Tejar, Chimaltenango, tiene contratos con el Estado por Q122 millones y de estos Q89 millones corresponden a la supervisión del puente”, dijo Marvin Flores, de Acción Ciudadana.

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TSE compromete Q110 millones del presupuesto electoral

Mon, 26 Dec 2022 12:00:24 +0000

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene comprometidos Q110 millones del presupuesto que se le asignó este año para preparar el proceso electoral 2023. Sin embargo, dado que la institución aún no publica los eventos en Guatecompras, no es posible saber en qué bienes o servicios se erogarán estos recursos.

Este año el Congreso de la República le asignó un presupuesto de Q500 millones al TSE para la preparación y organización del proceso electoral 2023. De esto, han erogado Q35.5 millones, los cuales equivalen al siete por ciento.

Otros Q110.8 millones ya fueron comprometidos por la, según consta en reportes del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas. Estos últimos eventos no figuran de momento en el portal Guatecompras, dado que se trata de compras directas por excepción.

Al consultar al TSE qué adquirirá con dicho presupuesto, se limitó a informar por medio de su oficina de comunicación social que el 90 por ciento de lo comprometido es para adquirir “insumos electorales y algunos materiales para arreglar mobiliario” para la Dirección Electoral. El resto sería equipo de cómputo, pero no se especificaron más detalles.

“Entre esos insumos electorales regularmente están los que se entregan a cada junta receptora de votas, como lapiceros, crayones, almohadillas, entre otros. Además de reparación de mobiliario que también se hace (atriles y mesas), por poner algunos ejemplos. Son procesos de compra que desde este año se han estado adquiriendo y que también el próximo, previo a la elección en junio, se deberán adquirir”, informó el TSE.

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Opacidad

Estas compras por excepción han sido objeto de críticas por parte de tanques de pensamiento y organizaciones de sociedad civil, ya que, a diferencia de las cotizaciones o licitaciones, no facilitan la competencia entre empresas proveedoras.

Además, el TSE no publica en el portal Guatecompras los bienes o servicios que requiere, sino hasta que ya fueron adjudicados, lo cual limita la transparencia en estos procesos.

Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE, ha justificado que el Congreso de la República, en la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, le autorizó al TSE aplicar el artículo 44, inciso f, de la Ley de Contrataciones del Estado. Este faculta al órgano electoral a realizar de manera directa adquisiciones públicas vinculadas a eventos electorales, pero la condición es que éstas se realicen el mismo año en que se celebran los comicios. Este no es el caso, ya que las elecciones serán durante el ejercicio fiscal 2023.

Para expertos en adquisiciones públicas, el TSE no debiera hacer compras bajo esta modalidad, sino realizar cotizaciones cuando el monto es superior a los Q90 mil o licitaciones cuando se superan lo Q900 mil, tal como lo regula la LCE.

“El tribunal está haciendo un uso incorrecto de la excepción que está contemplada en el artículo 44 de la LCE. La ley es clara cuando dice que (las compras por excepción) se pueden hacer únicamente durante el año electoral. Ellos podrían hacerlas a partir del 1 de enero próximo, pero ahorita no”, dijo Marvin Flores de Acción Ciudadana.

Considera que los magistrados podrían enfrentar responsabilidades de tipo administrativo y deberían ser sujetos a una sanción por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Si además de eso, se detectara que hay una sobrevaloración en ciertos bienes o servicios podría haber incluso una responsabilidad penal, explicó el entrevistado.

Por su parte, Guatemala Visible expresó que, aunque el TSE pueda no estar obligado legalmente a usar el portal Guatecompras, debiera hacerlo en aras de la transparencia.

“El TSE, como entidad autónoma, no está obligada a utilizar el sistema de Guatecompras. Sin embargo, en la carta pública de fecha 10 de noviembre, Foro Guatemala y otras instituciones sugieren que, a pesar de no estar obligados, el TSE si debe utilizar Guatecompras”, manifestaron.

Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), comentó que es lamentable que una institución pública interprete de manera antojadiza la legislación para justificar compras que a todas luces son ineficientes y atentan contra las buenas prácticas.

“El hecho que apliquen el caso de excepción en un año no electoral porque así se decidió en el presupuesto me parece una excusa. Las buenas prácticas y el deseo de hacer compras efectivas y transparente debiesen motivar a las autoridades del TSE a aplicar modalidades competitivas. Son con presión competitiva se adquiere el mejor servicio al mejor costo. Escudarse en malabares interpretativos de las leyes es poco transparente, sospechoso e inefectivo”, dijo Flores.

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Desisten de equipo biométrico

Recientemente, el TSE informó que desistió del equipo biométrico que pretendía adquirir para identificar a los votantes el día de la elección. Esta decisión la tomaron los magistrados luego de cuestionamientos de diversas organizaciones académicas, religiosas y de sociedad civil, que calificaron la compra de onerosa e innecesaria.

“Estamos viendo la incorporación de un aparato biométrico que pueda hacer toda la verificación de las personas que se presenten a votar”, explicó el 14 de julio pasado el magistrado Rafael Rojas, cuando aún era presidente del TSE.

Fue la primera vez que se conoció el tema del sistema biométrico, lo que generó dudas ya que este proceso de conteo estadístico puede hacerse cotejando los propios datos del Registro Nacional de las Personas (Renap), apuntaron en aquella ocasión las organizaciones sociales.

Las dudas aumentaron cuando los eventos de licitación se abrieron paso de manera inadvertida y sin un anuncio por parte de las autoridades electorales.

Libramiento de Chimaltenango: han transcurrido 1,363 días sin que el CIV liquide el proyecto

Wed, 21 Dec 2022 11:00:46 +0000

La constructora Conasa S.A. asegura que desde marzo de 2019 finalizó los trámites para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) recibiera la obra del Libramiento de Chimaltenango cuyo costo asciende a más de Q500 millones. Sin embargo, a la fecha el Civ no ha liquidado el proyecto.

Una de las implicaciones que genera la falta de recepción de la obra es que el Civ no ha podido realizar reparaciones tras los más de 20 deslaves que se han registrado en el tramo carretero desde que se inauguró.

De momento, los trabajos de reparación han estado a cargo de la constructora y el costo de estos ascienden a Q16.5 millones, según la empresa.

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Conasa asegura que desde el 29 de marzo de 2019 entregaron a la Dirección General de Caminos (DGC) un oficio con la solicitud para que recibiera la obra. Además, también entregaron las fianzas de conservación y la fianza de saldos deudores, junto con otros requisitos.

“(Sin embargo), se percibe desinterés por parte de los funcionarios para culminar el proceso de recepción que como se indica empezó desde el 2019”, manifestó la entidad en una respuesta institucional a consultas hechas por este medio.

Asimismo, manifestó que la omisión del Civ le podría generar cargos no previstos y no descartaron que en un futuro el Estado tenga que reintegrar el dinero invertido en las reparaciones.

“Las implicaciones de no recibir la obra consisten en que el Estado debe pagar más porque se generan cargos no previstos. La Contraloría General de Cuentas es clara en cuanto a que las obras deben ser recibidas posterior al plazo de ejecución, situación que no se ha he hecho efectiva en el caso del proyecto”, manifestó Conasa.

Omisión lesiva

Eddy Cux, de Acción Ciudadana, considera que hay varios elementos que analizar en el caso del Libramiento de Chimaltenango, empezando por la mala calidad de la construcción que ha provocado deslaves en múltiples ocasiones.

Luego, hay que advertir que hay una omisión sistemática por parte del Civ en no liquidar obras de construcción y esto resulta lesivo a los intereses del Estado.

“El Civ realmente ha omitido de forma sistemática recibir este tipo de obras. No es la primera vez que pasa, sucedió también con la carretera de Odebrecht. Ha sido una mala práctica que ha tenido desde los años 90. No se finalizan las obras y eso genera sobrecostos y ampliaciones de contratos. Hay carreteras que ni existen y se les paga mantenimiento, aunque no es este el caso. Pero el hecho que no se finalice con la entrega hace que no se tenga certeza sobre las obras y se provoca costos administrativos, financieros y operativos”, advirtió Cux

“Podrían existir responsabilidades administrativas y penales si se está retrasando la obra de forma maliciosa”, dijo Cux.

Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, considera que si bien hay un proceso penal donde se esclarecen responsabilidades de exfuncionarios públicos por las deficiencias en la construcción del libramiento, esto se debe separar de cualquier proceso administrativo.

“El tema penal es independiente del expediente de la obra. Imagino yo que, al momento de plantearse el cao penal, se hicieron peritajes y recolectaron demás pruebas. Pero una vez hecho esto, el Civ podría liquidar la obra. Creo que hay un retardo que es malo para los intereses del Estado”, dijo Ortiz.

Asimismo, advierte que, si existe una omisión intencional y maliciosa de parte del Civ para no recibir la obra, podría haber un incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios responsables.

Para esta nota se intentó consultar al Civ las razones por las que no se ha recibido la obra después de más de tres años, pero al cierre de esta nota no hubo ninguna explicación. En ocasiones anteriores, el ministerio se he negado a dar explicaciones aduciendo que hay un proceso penal en curso.

Excusas

Durante la temporada de lluvia el presidente Alejandro Giammattei dijo a medios de comunicación que no pueden hacer reparaciones en el Libramiento de Chimaltenango porque el caso está judicializado. Sin embargo, esto no es cierto.

Tanto el MP como la Contraloría General de Cuentas (CGC) negaron que haya una instrucción legal al Civ consistente en abstenerse a intervenir la obra.

“La Fiscalía contra la Corrupción está a cargo de esa investigación. Sin embargo, no existe una medida o alguna orden decretada por algún órgano jurisdiccional que impida al Micivi poder ejecutar algún arreglo o remozamiento. La obra aún no ha sido adjudicada por parte del CIV y al no estar adjudicada al ministerio sigue estando bajo administración de la entidad Conasa S.A., que es la que realiza las reparaciones cuando existe un derrumbe en el libramiento”, explicó el vocero del ente fiscal.”, manifestó el MP.

Debido a presuntos actos de corrupción en la construcción del libramiento, hay un total de 23 personas que enfrentan juicio, mientras que el exministro de comunicaciones José Luis Benito tiene pendiente la audiencia de etapa intermedia, donde se definirá si es enviado a debate oral y público por el delito de fraude.

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Compras sin controles sumaron más de Q2 mil 800 millones en 2022

Mon, 19 Dec 2022 11:00:08 +0000

Durante el 2022 las instituciones del Estado erogaron Q2 mil 855 millones en compras por excepción. Estas se realizaron al amparo de los estados de calamidad que decretó el Organismo Ejecutivo para mitigar la época lluviosa.

La estrategia del Ejecutivo para atender a la población afectada por los ciclones tropicales y las tormentas durante el 2022 consistió en decretar estados de calamidad mediante los cuales se restringían libertades civiles y se eliminaban controles de gasto para las dependencias estatales.

Esto, con la justificación de que era necesario atender con celeridad los daños en viviendas, centros educativos, puentes, carreteras, salud, economía y demás infraestructura. Sin embargo, en más de una ocasión los tanques de pensamiento advirtieron que los estados de calamidad facilitaban la corrupción y la malversación del gasto público.

Pese a las críticas, el Ejecutivo aprobó dos estados de calamidad a mediados y finales de año. El primero fue ratificado por el Congreso en junio mediante el decreto 35-2022 debido a los efectos de la tormenta Celia y el segundo se ratificó mediante el decreto 50-2022 por el Ciclón Tropical Julia.

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La institución que más recursos erogó en compras por excepción, sin sujetarse a los controles que establece la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) para contrataciones ordinarias, fue el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ), el cual adjudicó Q2 mil 583 millones.

Esto quiere decir que una de cada diez adjudicaciones bajo esta modalidad fue realizada por una de las dependencias del Civ.

Entre estas, figuran 24 adjudicaciones por trabajos relacionados a dragados y protección de ríos, las cuales suman Q317 millones 678 mil 333.43. Este tipo de obras han sido cuestionadas ya que la misma Contraloría General de Cuentas (CGC) ha reconocido que fiscalizar y supervisarlas es casi imposible.

Esto se debe a que cuando se hacen los dragados, los auditores de la CGC no suelen estar presentes. Días después, cuando se pretende verificar la calidad de los trabajos, ya han ocurrido lluvias u otros eventos climáticos que no permiten establecer la empresa contratada laboró o no.

Pedro Prado, consultor económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera a la fecha no ha habido una evaluación de la calidad del gasto público con relación a estas compras.

“Lo importante es mostrar resultados a la ciudadanía sobre dónde fueron ejecutados esos concursos y cuál fue la calidad de las obras. Como país, hay mucho qué hacer en el marco de la transparencia. La infraestructura productiva es fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico y desafortunadamente no se percibe una evaluación constante en relación con esos recursos”, explicó Prado.

Aseguró que en su momento se advirtió que estos recursos se estaban erogando sin respaldos técnico y sin planificación. Por ello, el riesgo de no alcanzar resultados óptimos siempre estuvo presente.

“En temas de infraestructura no solo se necesitan más recursos, sino que sean ejecutados de forma transparente. Visto desde esa perspectiva, Comunicaciones es un ministerio donde es urgente mejorar la calidad y la transparencia del gasto público”, enfatizó el entrevistado.

Ley de Infraestructura Estratégica

Además de los estados de calamidad, el Civ tuvo una ampliación presupuestaria de alrededor de Q3 mil 191 millones para erogarlos en infraestructura que el gobierno denominó “estratégica”. Posteriormente, se le recortaron Q400 millones para destinarlos al Fondo Emergente.

De estos se erogaron Q6 mil 577 millones. Desde que se aprobó el decreto, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió riesgos de sobrevaloración de obras y falta de planificación en la cartera de proyectos a priorizar. Asimismo, dijo que las preocupaciones se elevaban por la cercanía del proceso electoral y la amenaza en el uso clientelar de los recursos.

“El Icefi reitera que la importancia y la necesidad de recuperar y ampliar la infraestructura vial no debe usarse como excusa o cubierta para ampliar los caminos a la corrupción, la opacidad y la mala gestión de los recursos públicos”, advirtió el instituto.

El politólogo Jorge Aguilar Wong coincide con que estos gastos son demasiado recientes y por lo mismo no se ha hecho una auditoría que verifique la calidad del gasto.

“Sabemos que ese tipo de mecanismos que se aprueban por nacional como los estados de calamidad han servido para mover millones quetzales y generalmente no hay procesos de control que uno esperaría que liderara Contraloría General de Cuentas al respecto, pero no ha pasado y seguramente no va a pasar a estas alturas del año”, dijo el entrevistado.

Enfatizó que, al ser un año electoral, hay graves riesgos de que estos recursos hayan sido utilizados con fines clientelares para favorecer a determinados actores políticos. En ese sentido, también es importante el rol del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el encargado de verificar que los recursos públicos no sean malversados para estos propósitos.

Yo creo que lo que está fallando es el control ciudadano. Cualquier gobierno de cualquier estado del mundo va a ser feliz con que ciudadanos estén dormidos”, puntualizó Aguilar Wong.

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Inversiones en aeropuerto de Escuintla avanzan en medio de dudas de las aerolíneas

Wed, 14 Dec 2022 11:00:02 +0000

El Gobierno ha invertido casi Q571 millones en el aeródromo que se encuentra en Puerto San José, Escuintla, con miras a convertirlo en un aeropuerto de carga. Esta fue una promesa que hizo Alejandro Giammattei al ser electo presidente, pero por falta de transparencia el proyecto ha generado dudas en las compañías aéreas.

“Una de las acciones que vamos a hacer es trasladar los aviones de carga de Guatemala hacia la pista del Puerto de San José, el cual se habilitará como un aeropuerto de carga”, dijo Giammattei en 2019 tras ganar la segunda vuelta electoral.

Para cumplir esta promesa, el Fondo Social de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha erogado más Q570.8 millones en diversos trabajos, entre los cuales figura la ampliación de la pista de aterrizaje del aeródromo; construcciones y supervisiones de una torre de control, sala de abordaje y una estación de bomberos.

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Esta inversión millonaria ha despertado dudas por porque el Gobierno nunca ha socializado los estudios que respaldan técnicamente el plan de convertir el aeródromo en un aeropuerto de carga, dijo a Prensa Libre la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) por medio de un correo electrónico.

“El pasado 19 de octubre, la industria participó en una visita al proyecto. Luego se constató que el tiempo de traslado ida y vuelta puede llegar a superar seis horas. Por ello le solicitamos al gobierno guatemalteco nuevamente mediante un oficio del 25 de octubre al director General de Aviación Civil tanto el estudio de factibilidad como el plan maestro del proyecto. A la fecha no tenemos respuesta a nuestra solicitud”, informó la Iata.

Ante la falta de respuesta por parte del gobierno, Iata y los actores de la cadena de logística han reiterado su preocupación sobre la viabilidad económica y comercial del aeropuerto de carga, dado que, en promedio, dos terceras partes de la carga que se transporta por vía aérea va en las bodegas de los aviones comerciales de pasajeros.

“Separar el proceso natural de transporte de carga obligando a las aerolíneas cargueras a operar en el aeropuerto de Puerto San José tendría importantes repercusiones logísticas para las líneas aéreas que manejan carga en las bodegas de los aviones de pasajeros y las que manejan únicamente cargueros, ya que no permitirán generar economías de escala, encareciendo las operaciones, reduciendo la eficiencia y la competitividad del sector en el país”, afirmaron.

Por tal motivo, Iata considera que lo prudente es reenfocar los recursos para modernizar y ampliar el Aeropuerto Internacional La Aurora (Aila).

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla), coincide en que el proyecto no es viable en este momento por deficiencias en la infraestructura vial. “No decimos que más adelante, a un mediano plazo, esto pueda ser funcional. Pero en este momento no lo es dada la mala calidad de las carreteras y eso no se repara de un día para otro”, comentó.

Asimismo, contó que en la que hicieron junto con Iata y demás actores de la cadena de logística se percataron de que la construcción no muestra mayores avances.

“La posición de Agla es la de sus asociados, quienes nos han manifestado todas estas preocupaciones. Es una posición firme de que este no es el momento preciso para llevar a cabo ese proyecto”, comentó.

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Enfatizó que, como asociación, no pueden decirle al Estado qué hacer, sino únicamente hacen sus observaciones en pro de los intereses de la aviación comercial en Guatemala.

De momento, el Gobierno no ha dado marcha atrás a los trabajos. De hecho, el próximo 22 de diciembre se prevé que se reciban ofertas para la licitación y supervisión para construir infraestructura (urbanización) del aeropuerto de Puerto San José, Escuintla.

Defiende inversión

Francis Argueta, director general de Aeronáutica Civil, dijo que el objetivo no solo es convertir al aeródromo en un aeropuerto de carga, sino en un aeropuerto alterno.

También trasladar los vuelos de instrucción a Puerto San José, Escuintla, con el propósito de liberar la demanda en La Aurora.

“El principal beneficio que tendríamos es tener un aeropuerto alterno. Las aeronaves, al estar cerrado el Aila por el clima, tienen que volar hacia El Salvador, Cancún, Honduras o a veces hasta Costa Rica. Esto representa gasto enorme en combustible de operación para las aerolíneas. Al tener habilitado el aeropuerto de —Puerto— San José, podrían aterrizar en un vuelo de 15 minutos”, explicó.

Además, dijo que los vuelos de instrucción se trasladarán a este aeródromo para no sobrecargar a La Aurora.

“Hoy he tenido que habilitar la terminal aérea de pasajeros para atender aviones de carga, pero estamos creciendo en aviones en pasajeros y no tendremos más espacio para atender aviones cargueros en plataforma de pasajeros”, explicó.

Finalmente, comentó que se piensan atender vuelos privados y de cruceristas. “No se va a dañar la economía, se va a fortalecer la actividad económica del empresariado”, comentó.

Se consultó al Fondo Social de Solidaridad cuánto ascenderá la inversión total, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

MP adquiere 15 dispositivos para descifrar contraseñas y acceder a datos de dispositivos móviles

Wed, 07 Dec 2022 20:58:05 +0000

El Ministerio Público (MP) adjudicó 15 equipos de extracción forense para acceder a contraseñas, pines, mensajes, correos electrónicos y ubicaciones gps en dispositivos Android y iOS a la empresa Sistemas Aplicativos Sociedad Anónima. Cada uno costará Q138 mil 710.

En total la adjudicación asciende a Q2 millones 080 mil 650 y según datos técnicos incluiría un software con suscripción de actualizaciones por 24 meses sin costo adicional, capacitación para 10 personas sobre el uso del equipo y sus herramientas impartido por un ingeniero certificado en Cellebrite y con experiencia en la plataforma UFED.

Quienes operarán este equipo son miembros de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri). Entre las funcionalidades de los dispositivos está la decodificación del bloqueo por patrón, contraseña o pin en dispositivos, así como acceder a datos como mensajes y correos existentes y eliminados. También calendario, archivo de medios, desencriptado de registros de viaje de dispositivos GPS.

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En total, se presentaron tres ofertas por parte de las entidades Grupo ITD S.A., Grupo Daled S.A. y Sistemas Aplicativos S.A., aunque se adjudicó a esta última considerando que fue la que presentó la propuesta con el precio más bajo.

En países como Venezuela, organizaciones de sociedad civil han solicitado que el gobierno desista de comprar estos equipos ya que son utilizados para seguimiento de activistas, periodistas y opositores políticos.

“El gobierno de Nicolás Maduro muestra un interés creciente en el uso de la tecnología para vigilar y controlar a los venezolanos”, expresaron en un comunicado alrededor de 30 organizaciones en noviembre de 2019.

Consultado sobre el uso que se les daría a los equipos, el MP aseguró que se usarán exclusivamente para investigar fenómenos delincuenciales relacionados al crimen organizado, estructuras de narcotráfico, extorsionistas, trata de personas, femicidio y ciberdelitos, entre otros.

“Se hace necesario la utilización de herramientas forenses que permitan obtener información que constituyen indicios y/o pruebas para demostrar en juicio los hechos delictivos y la participación de personas determinadas y así no quedar en impunidad los delitos”, respondió el MP por medio de su equipo de comunicación social.

MP busca adquirir dispositivos para extraer información de celulares

Mon, 05 Dec 2022 11:00:56 +0000

El Ministerio Público (MP) lanzó una licitación para adquirir 15 equipos de extracción forense que permitan decodificar contraseñas y acceder a mensajes, ubicaciones geográficas, historial de llamadas y demás información de celulares con sistemas Android, iOSy Black Berry.

Tres empresas ya presentaron sus ofertas, las cuales oscilan entre los Q2 millones hasta los Q2.4 millones, según consta en el portal Guatecompras. Se trata de Grupo ITD S.A., Grupo Daled S.A. y Sistemas Aplicativos S.A.

El equipo será utilizado por la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) del MP. El proveedor deberá incluir un software que permita actualizaciones por seis meses y deberá capacitar a diez personas para el uso del equipo, según consta en las especificaciones técnicas.

Esta tecnología, además, permite decodificar patrones, contraseñas y pin, así como acceder a mensajes existentes y eliminados, contactos, calendarios, geotags e información de ubicación, entre otros.

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En un inicio, las bases pedían equipos UFED 4PC (Universal Forensic Extraction Device) y Physical Analyzer. Sin embargo, la empresa Grupo ITD presentó una inconformidad ya que estos eran producidos específicamente por la compañía israelí Cellebrite y la ley prohíbe que una entidad pública requiera una marca o modelo específico en las especificaciones técnicas.

Grupo ITD también incorporó publicaciones en internet donde se mencionaba que estos dispositivos y software que se pedían habían sido objeto de ataques. Finalmente, el MP aceptó la inconformidad y modificó las bases para que los dispositivos pudiesen ser de cualquier marca.

Dudas

En países como Venezuela, organizaciones no gubernamentales como FundaRedes han solicitado al gobierno que desista de comprar este tipo de tecnología, específicamente de UFED, ya que, según dicen, es utilizada para hackear y espiar a activistas, opositores políticos y periodistas.

Carlos Menocal, exministro de gobernación, considera que la compra de estos equipos es necesaria, ya que hay quejas de policías porque cuando investigan redes de crimen organizado, no pueden acceder a información almacenada en dispositivos móviles y ello retrasa la judicialización de los procesos.

“Creería que (el equipo que se adquirirá) estaría en manos de personas capaces y coherentes, que se dedican a la persecución de estructuras criminales. No existen denuncias de abuso de métodos especiales de investigación. Corresponderá a la ciudadanía la veeduría y la verificación de que el equipo se use de manera correcta. Pero que son (tecnologías) necesarias e importantes, totalmente”, dijo Menocal.

Walter Menchú, consultor en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica que estos dispositivos se utilizan contra demanda. “Están pensados para ser usados cuando hay incautaciones. Por ejemplo, se hace un allanamiento o la persona es capturada infraganti, entonces se le incauta dispositivo móvil. Ahí se hace el análisis forense. Estos equipos no tienen un sistema que pueda hacer un seguimiento de llamadas”, dijo Menchú.

No obstante, Jorge Santos, de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), cree que por los antecedentes del MP bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras cabe la suspicacia de que estas herramientas puedan ser mal utilizadas para controlar y vigilar a objetivos políticos.

“Uno esperaría que estas actuaciones y procedimientos sean autorizados por un juez. Pero surge la preocupación por el nivel de cooptación institucional del sistema de justicia. El MP debería adoptar medidas para que estas herramientas se utilicen dentro del marco legal vigente, pero en las actuales circunstancias, genera dudas”, dice Santos.

Un antecedente que preocupa es el último caso en el que se sindicó al exfiscal Juan Francisco Sandoval, dijo Santos. En esa oportunidad la fiscalía reveló un chat de Sandoval con su abogada defensora, conversación que estaba protegida por secreto profesional.

“La intención es dañar en el mal ejercicio de la investigación criminal. Es evidente la deficiencia que el MP ha adoptado en el último año. No hay una preocupación por elevar la capacidad en investigación criminal, sino de perseguir políticamente a la oposición. Estas herramientas pueden ser mal utilizadas”, dijo Santos.

Consultado al respecto, el MP respondió por medio de su oficina de comunicación que el equipo será utilizado para investigar redes de crimen organizado, como estructuras de narcotráfico, extorsionistas, trata de personas y ciberdelitos.

“El Ministerio Público es una institución seria, objetiva e imparcial. Su labor es investigativa, tal y como lo establece la ley. En ese sentido, deben existir expedientes fiscales debidamente identificados, así como control jurisdiccional. Es decir, autorización por juez competente de conformidad con el artículo 24 de la Constitución”.

Por último, indicaron que la evidencia se identifica debidamente y es custodiada por la fiscalía a cargo de la investigación.

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Fondo Social de Solidaridad ya ha ejecutado Q93 millones en remozamiento del aeropuerto La Aurora

Fri, 02 Dec 2022 11:00:54 +0000

El Fondo Social de Solidaridad (FSS) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) lanzó una licitación para trabajos de mejoramiento en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, aunque los reparos podrían ser insuficientes.

De acuerdo con el portal Guatecompras, el plazo para recibir ofertas fue el pasado miércoles a las 15 horas, aunque el FSS no ha revelado qué empresas presentaron sus ofertas ni por qué montos.

Las bases de licitación del evento contemplan la rehabilitación de la calle de rodaje oeste, la cual tiene la función de conectar hangares y la pista de aterrizaje. Con esto se espera tener una menor ocupación de la aeronave en la pista de aterrizaje, permitiendo optimizar la operación del aeropuerto, refieren los documentos.

“Se estará trabajando la pista existente. No se planifican trabajos de ampliación o modificación de la geometría de la pista. Se tiene también contemplada la construcción de algunos subdrenajes para evitar la concentración de humedad en el terreno de la pista, para lograr así un mejor comportamiento de la pista ante las cargas aplicadas por las aeronaves.

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Además, la empresa que realice la obra debe elaborar planos finales, donde indique los materiales que se usaron y en qué tramos; un diagrama que muestre los diferentes espesores finales de las capas de pavimento, subdrenajes y tuberías que haya colocado, entre otros detalles.

También debe encargarse del retiro total o parcial de estructuras, servicios existentes y obstáculos en el área de trabajo, así como construir el campamento en campo con una oficina, bodegas, herramientas, materiales, áreas de vestidores para el personal de trabajo con facilidades para guardar ropa y bienes.

Finalmente, se advierte que el Contratista deberá aportar todo el equipo, maquinaria, herramienta, materiales, mano de obra y personal técnico que, aunque no hayan sido requeridos en las especificaciones, sean necesarios para la ejecución del proyecto

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), considera que para la seguridad aeronáutica es indispensable tener una calle en buenas condiciones para que no cause ningún problema a las aerolíneas.

Sin embargo, esto no es suficiente. Se debe ampliar el aeródromo y extender la calle de rodaje de punta a punta. “Para eso tendrían que mover hangares, que no permite que esa calle se amplíe de forma extensa. Eso acortaría el tiempo para que los vuelos puedan despegar”, dice Rodas.

Rodas opina que el problema en la administración del aeropuerto es que se dan soluciones de forma reactiva, es decir, hasta que los problemas ocurren. Se necesita de acciones proactivas y que prevengan inconvenientes en la infraestructura aeroportuaria.

“No es que no haya fondos para hacer los trabajos, sino hay muchos trámites burocráticos y candados para hacer compras. Entendemos perfectamente que tienen que haber candados para que no haya despilfarro y corrupción, pero hay temas urgentes que deben hacerse con prontitud. Hay asuntos administrativos que también demoran demasiado. Las autoridades tienen la buena voluntad, lo reconocemos, pero sin acciones concretas se queda en eso, en buena voluntad”, dice Rodas.

Andreas Kuestermann, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), dijo que las mejoras en las vías de rodaje son esenciales para el buen funcionamiento de las aeronaves, razón por la cual la licitación es relevante en materia de seguridad.

“Hay una constante necesidad de invertir infraestructura del aeropuerto, no solo es un tema turístico, sino de movilización de personas. No solo es para que haya una buena experiencia, sino también una buena imagen. Por eso el mantenimiento se debe hacer adecuadamente en tiempo”, dijo Kuestermann.

Prensa Libre intentó consultar al director de la DGAC, Francis Argueta, sobre cómo identifican las necesidades a solventar en el Aeropuerto y cuándo podrían concluirse los trabajos, pero al cierre de esta edición no respondió mensajes ni llamadas telefónicas.

Presupuesto

Actualmente, el FSS tiene Q203 millones 027 mil 249 para construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria. De estos, ha devengado Q93 millones 018 mil 001, lo cual equivale al 45.82 por ciento.

Además, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tiene un presupuesto Q9 millones 547 mil 421, de los cuales ha ejecutado Q1 millón 777 mil 480.89 que equivalen al 18.62 por ciento de los fondos.

De total de los recursos que dispone la DGAC, los cuales ascienden a Q179.8 millones, solo el 5.3 por ciento se destinan a servicios de mantenimiento a la infraestructura aeroportuaria, según consta en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas (Minfin).

Una de las recomendaciones de las aerolíneas es que los impuestos que ellas recaudan, así como la tasa aeroportuaria a los viajeros, se reinvierta en los aeropuertos, ya que a menudo este dinero se destina para otros fines.

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“Cambios al sistema de contrataciones públicas son urgentes, deben hacerse despacio”: Pablo Hurtado

Sat, 26 Nov 2022 11:00:35 +0000

Durante este gobierno, se han presentado tres iniciativas para modificar o cambiar la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). El denominador común de todas estas es que van dirigidas al gusto y placer de los alcaldes, pues atienden su solicitud de flexibilizar controles en las compras y elevar los montos a partir de los cuales es necesaria una cotización o licitación.

Ninguna reforma ha tenido éxito. Esto se debe a que cada iniciativa solo busca atender situaciones coyunturales que arriesgan la transparencia y la calidad del gasto. Sin embargo, esto no significa que no se necesiten cambios al sistema de contrataciones públicas.

Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), asegura que las modificaciones son tan necesarias y urgentes como para hacerlas a la ligera. Estos son algunos aspectos que se deben considerar.

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La debilidad que se ha presentado en estos intentos es que se han planteado propuestas para atender situaciones coyunturales y no se realiza una revisión del sistema nacional de adquisiciones públicas. El problema con hacerlo de esa forma es que se continúa poniendo parches a lo que existe, y lo que existe ya no es del todo funcional por las modalidades y la tecnología existente.

Una de las justificaciones de las reformas que se han planteado hasta hoy es la necesidad de agilizar las compras en la gestión municipal, ¿cuál es la vía correcta para lograrlo sin poner en riesgo la transparencia y probidad?

Insisto en que lo que hace falta es un cambio del sistema de compras públicas. Por ejemplo, hay muchos bienes y servicios que las instituciones necesitan de forma recurrente. Con estos no hay por qué estar haciendo un nuevo proceso de licitación o cotización cada vez que se va a comprar. Si se tuviera un registro de proveedores del Estado que especificara la capacidad del proveedor, sus tiempos de entrega y productos que ofrece, eso debería bastar para que cualquier entidad pública compre sin llevar a cabo licitaciones o cotizaciones. Estos procesos serían para adquisiciones no frecuentes o bienes y servicios muy especializados.

¿Cómo interpreta la insistencia de los alcaldes y del gobierno por flexibilizar los controles en el sistema de contrataciones del Estado?

Este es el resultado de cómo se ha venido manejando el tema en los últimos 20 años. Se ha querido plantear la LCE como una ley anticorrupción en la cual se establecen límites y prohibiciones para que entidades públicas puedan adquirir lo que necesitan. Por su puesto, esto es motivado por escándalos de corrupción que se han presentado. Ante eso, se han ido implementado reformas que no necesariamente son enfocadas para agilizar y transparentar las compras, sino para prevenir corrupción. Por otro lado, hay una necesidad de las municipalidades de poder ejecutar y llevar a la población, buenos o malos, bienes y servicios, entonces es constante la solicitud de flexibilizar controles, pero se ha pensado en hacerlo sin asegurar que el uso de los recursos sea transparente. Por eso no han prosperado estos esfuerzos.

¿Cómo garantizar la eficiencia de los procesos, pero también la transparencia?

Solo con un enfoque de sistema en el cual la planificación sea un elemento básico. Se debe establecer qué se va a adquirir durante el año y luego se va ejecutando. Toda institución y las municipalidades tienen que saber qué quieren lograr, el resultado a conseguir y entonces decidir y establecer qué bienes y obras, productos o servicios son los que van a necesitar para alcanzar esos resultados. El gran problema que existe es que seguimos amarrados a un sistema en el que el precio es el que determina la modalidad. Por ejemplo, puede haber una compra donde se pretenda adquirir muchísimos cuadernos, pero no hay una complejidad (en el producto) que amerite a que se tenga que hacer mediante una cotización o licitación. Si ya hay proveedores para esos bienes y con qué calidad y precio los ofertan, la adquisición podría ser más ágil e inmediata.

Se ha atribuido la poca eficiencia en las compras a la burocracia de la LCE, ¿pero no tiene que ver también a debilidad en las capacidades institucionales?

Ese es el otro gran desafío que tiene nuestro estado: la profesionalización de los servidores públicos. No existe en el país una carrera de comprador público, son ocasionales los esfuerzos que realizan desde el Ministerio de Finanzas por dar capacitaciones y talleres de cómo aplicar adecuadamente la ley. Sin embargo, la gran rotación que existe en instituciones y la falta de un régimen adecuado de servicio civil hace que cada vez que hay cambios en personal, sea como volver a empezar y eso afecta la eficacia. En estudios que se han realizado hay gran cantidad de procesos de adquisición que se vienen abajo por no cumplir formalidades o requisitos que debieran de cumplirse en forma mecánica.

¿Qué tan urgente es realizar cambios a la LCE y al sistema de compras públicas?

Es tan urgente que hay que hacerlo despacio y hacerlo bien. Debe llevarse a cabo un proceso serio, de análisis profundo trayendo a colación las buenas prácticas que existen en otros lugares de cómo funcionan los sistemas de adquisiciones. Se debe hacer uso de la tecnología y la modernización; asegurar el oportuno pago a proveedores para que incremente competencia e incorporar modalidades que sean adecuadas a las necesidades del país. Y sobre todo, con un fuerte mecanismo de rendición de cuentas y responsabilidad para quienes intervienen en adquisiciones.

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Computadoras, servidores y equipo para un centro de prensa: las compras por excepción que el TSE realiza para las próximas elecciones

Fri, 25 Nov 2022 11:00:03 +0000

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene tres eventos vigentes para adquirir equipo tecnológico para el desarrollo de las próximas elecciones. Se realizan bajo una modalidad de excepción, con lo cual se limita la difusión y transparencia de las compras.

Estos tres concursos forman parte de una serie de adquisiciones que el TSE pretende realizar para modernizar con tecnología el funcionamiento del sistema electoral de cara a los comicios del otro año.

Se trata de equipo de cómputo para digitalización, digitación e impresión de documentos, servidores de centro de datos y servicio de instalación y equipamiento tecnológico del centro de prensa y otras áreas de difusión de resultados electorales.

Son compras directas realizadas por excepción, por lo cual las bases no se publican en Guatecompras. La información únicamente está disponible en el portal web del TSE.

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El TSE recibió ofertas de proveedores el pasado 17 de noviembre. Al consultar por las mismas, la magistrada Irma Palencia, presidenta del TSE, dijo que desconoce qué empresas participaron ya que esto lo conocen las juntas receptoras de ofertas. Sin embargo, adelantó que hoy podría conocerlas el pleno.

Inicialmente, también se pretendía adquirir infraestructura tecnológica para la identificación con biometría y software para la digitalización, transmisión y publicación de resultados preliminares. Sin embargo, estos eventos se anularon luego de que organizaciones de la sociedad civil cuestionara el hecho que en las bases se daba a entender que el proceso de registro de votos variaría y con ello se perdería la custodia del voto en las próximas elecciones.

Recomendaciones

Un grupo de 10 organizaciones académicas y de sociedad civil, entre las cuales figura Fundesa, Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, entre otras, presentaron ayer una serie de recomendaciones a los magistrados del TSE para los tres concursos que aún están vigentes.

En el pliego se indica que en uno de los procesos se prevé contratar sistemas satelitales B-GAN para la totalidad de centros de votación del país. Al respecto, las organizaciones manifiestan que este tipo de tecnología es más cara que otras alternativas disponibles en el mercado.

“Adicionalmente, el ancho de banda que proporciona puede ser limitativo para la transmisión de imágenes de las actas escaneadas lo cual resultaría en mayor tiempo de transmisión de resultados, (…) este tipo de tecnología tiene limitaciones de transmisión en lugares cerrados y techados, con lo cual generaría problemas en la ubicación de los Centros de Transmisión de Resultados en los Centros de Votación”, expresaron.

Por lo tanto, sugieren lanzar licitaciones para que oferten los distintos operadores de telecomunicaciones del país aceptando distintas tecnologías, como tecnología celular, inalámbrica, fibra óptica, cobre y satelital.

Respecto al sistema de digitación, transmisión preliminar y verificación de resultados que se rescindió, indican que las “bases modificaban el modelo electoral descentralizado” ya que se perdía la custodia del voto al no realizar la digitación y transmisión de los datos desde los centros de votación.

“Es fundamental preservar los sistemas y procesos de digitación, transmisión y verificación de resultados e imágenes que han funcionado en Guatemala y que tienen los chequeos cruzados que le han dado confianza y transparencia a los procesos anteriores”, manifiestan.

Finalmente, las organizaciones expresaron que implementar nuevas tecnologías como la biometría a pocos meses de las elecciones no es aconsejable y podría acarrear problemas, atrasos y conflictividad el día de la elección.

“No hay datos ni análisis concretos que demuestren el tamaño del problema que se quiere resolver para justificar la contratación de un sistema tan caro. Es muy riesgoso tener información tan detallada sobre los votantes el día de la elección ya que se puede prestar a generar presiones de distintos tipos.

Renzo Rosal, analista política, afirma que todas las compras deben responder una planificación. De lo contrario, se percibirá que son improvisadas y no forman parte de una estrategia.

“Un órgano electoral, cuando organiza elecciones, lo primero que tiene que presentar a la población, organizaciones políticas y a medios de comunicación son los hitos. Eso no se ha hecho”, dijo Rosal.

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Equipo de cómputo para digitalización, digitación e impresión de documentos

Se adquirirán 8,676 computadoras portátiles ocn disco duro de 256 gigabyte, memoria RAM de 256 gigabytes y pantalla de 15.6 pulgadas. También 1,325 monitores para computadoras de 23.8 pulgadas tipo led antirreflejo, base de soporte para instalación sobre escritorio y cable de conexión eléctrica.

Servidores del centro de datos

Tres servidores con almacenamiento de 10 terabyte, fibra óptica y usb. Deben contar con memoria ram de 128 gigabyte y un procesador con ocho núcleos, cada uno a 3.5 gigahercios. Deben cumplir con certificaciones del fabricante y dos fuentes de poder “hot-swap/redundantes”, entre otras especificaciones técnicas.

Equipamiento tecnológico del centro de prensa

El oferente debe presentar una oferta visual del entorno del centro de prensa en el Centro Nacional de Información. Debe incorporar una pantalla de video led fine pitch con de dimensiones sugeridas de 6 metros de ancho, 3 de alto y 40 centímetros de fondo. Además, 40 computadoras laptop con servicio de internet, mouse y teclado inalámbrico, así como cinco impresores, entre otros equipos.

Empresa sin experiencia supervisará construcción del puente Belice 2

Mon, 21 Nov 2022 11:00:28 +0000

La Dirección General de Caminos (DGC) adjudicó la supervisión del diseño y construcción del puente Belice 2 a la constructora D&D Ramírez Hernández por Q89 millones 600 mil, la cual tiene nula experiencia en inspeccionar trabajos de tramos carreteros o puentes vehiculares.

El puente Belice 2 contempla la construcción de infraestructura de hasta 5.1 kilómetros que incluyen pistas de aproximación hacia la estructura principal, que contendrá una planta baja para transporte público y en la superior habrá cinco carriles. De estos, cuatro son para vehículos y uno para servicios.

Por la magnitud del proyecto, distintas organizaciones y consultores en contrataciones públicas recomendaron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) que lanzara una licitación internacional para que más empresas con experiencia pudieran participar, tanto en los trabajos de construcción como en los de supervisión. Sin embargo, esta sugerencia no se acató.

Finalmente, la DGC del Civ adjudicó el diseño y construcción al Grupo Muratori S.A. por Q1 mil 785 millones y para supervisar los trabajos contrató a D&D Ramírez, una constructora propiedad de José Elías Ramírez Andrés.

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D&D Ramírez es contratista del Estado desde 2014, pero en su historial no hay un solo trabajo por supervisión de proyectos de carreteras o puentes vehiculares que estén finiquitados. Su experiencia se limita a trabajos de mejoramiento de calles con distintas municipalidades, venta de materiales de construcción, trabajos de líneas eléctricas de distribución y algunos contratos privados de construcción de puentes y pasos peatonales.

Prensa Libre consultó con el Civ, por medio de su oficina de comunicación social, por qué adjudicó los trabajos de supervisión del puente Belice 2 a una empresa sin experiencia, pero al cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta al respecto.

También se contactó vía telefónica a José Elías Ramírez, propietario de D&D Ramírez, para consultarle cómo justificaba su experiencia para realizar este trabajo. Indicó que devolvería la llamada, pero no lo hizo y tampoco volvió a responder mensajes y llamadas a su celular.

Preocupante

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, explica que el trabajo de la supervisora de proyectos es importante porque es la que verifica que los materiales que va a emplear la constructora cumplen con la calidad y cantidad requerida en las bases de licitación. Solo con este control se asegura que la obra esté bien ejecutada.

Por ello, resulta preocupante que la DGC del Civ haya contratado a una empresa que no acreditó experiencia previa.

“Esto es altamente preocupante porque muchos problemas de corrupción, o se dan al inicio al proceso de adjudicación o por falta de planificación, como sucedió en el Libramiento de Chimaltenango. La empresa supervisora debería tener una alta especialidad en supervisar esas obras. Como mínimo, debería haber supervisado puentes que ya estén construidos. (La magnitud) del puente Belice 2 es comparada solo con el puente de Río Dulce, ni siquiera con el puente Belice I ni el puente El Incienso. Este es un puente de dos niveles y no hay otro similar en el país”, dijo Flores.

Flores dice que en Guatemala sí hay empresas con experiencia en inspeccionar este tipo de obras, como las que han trabajado en Zacapa y Chiquimula tras las tormentas Eta e Iota. “Hay un gravísimo error y riesgo de corrupción en esta contratación (de D&D Ramírez). Muchas veces los actos de corrupción se cometen en el diseño del derecho de paso o en la fase de construcción por deficiencias. Esto es gravísimo porque la construcción del puente Belice 2 no implica solo un gobierno, son tres años”, dice Flores.

Juan Carlos Zapata, de Fundesa, confía en que la experiencia del Grupo Muratori bastará para que la obra tenga una buena calidad, aunque lo deseable sería que más empresas hubieran ofertado en la licitación pública que se lanzó para el contrato de supervisión.

“Hemos visto que la empresa que contrataron para el diseño y construcción de puente Belice dos tiene mucha experiencia. Creemos que va a ser una buena obra de ingeniería porque la empresa que contrataron es de las que más se dedican a hacer puentes en país. Definitivamente, lo que hubiéramos querido en la parte de supervisión es que participaran más empresa porque no participaron muchas. Ojalá se logre empezar con todos los estudios de preinversión iniciales y trabajar la obra en el campo”, dijo Zapata.

Fondos

A la fecha, se han ejecutado Q991 millones 372 mil 784.45, lo cual representa un 45.5 por ciento del monto total

La aprobación de este decreto generó cuestionamientos, ya que varias obras contempladas en la cartera de proyectos no tenían sustento técnico y además podían estar sobrevaloradas.

Otro de los cuestionamientos fue que solo 480 metros, menos del 0.1 por ciento de los 719.1 kilómetro que cubrían los proyectos de infraestructura vial, correspondían a construcción de tramos nuevos. Estos se distribuían en 240 metros en rutas centroamericanas, 40 metros en rutas nacionales y 200 metros en rutas departamentales. Todo a un costo de Q230.7 millones, según un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

No obstante, fue impulsada por el Gobierno de la República y aprobada por los diputados de la alianza oficialista.

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Organizaciones insisten en que compras del TSE deben ceñirse a la Ley de Contrataciones

Fri, 18 Nov 2022 11:00:43 +0000

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rescindió ayer tres eventos mediante los cuales se pretendía adquirir software y equipo tecnológico de biometría para las elecciones 2023, aunque los magistrados no descartaron la posibilidad de volver a lanzar los concursos.

Bajo la modalidad de excepción, el tribunal buscaba adquirir software e infraestructura tecnológica para la digitalización y transmisión de resultados preliminares, un modelo de biometría para la identificación de los votantes el día de las elecciones y servicio de comunicación satelital para conectividad con los centros de votación.

Desde un inicio, estas compras generaron sospechas en organizaciones académicas y de sociedad civil ya que se estaban realizando sin cumplir con los controles que establece la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) para las cotizaciones públicas, que son obligatorias cuando el monto es superior a los Q90 mil, y licitaciones, cuando se superan los Q900 mil.

Los eventos tampoco se publicaban en Guatecompras, el portal de adquisiciones del Estado. Su publicidad se limitaba a los anuncios que realizaba el TSE en su portal electrónico y a las invitaciones a ofertar en diarios de mayor circulación.

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Chrystian de León, consultor en soluciones de tecnología y seguridad, estima que, si las compras no se hubieran rescindido, lo más probable es que ninguna empresa de prestigio hubiera presentado sus ofertas ya que las bases no estaban claras.

Por ello, opina que lo más conveniente, si se vuelven a lanzar los eventos, es que estos se publiquen en Guatecompras, ya que es el mejor canal para que proveedores con experiencia puedan solventar dudas sobre los requisitos para ofertar.

“La razón por la que debe estar en Guatecompras es para que se hagan preguntas y que estas queden resueltas. El proceso (tal como lo había planteado el TSE) daba lugar a que se pudieran exigir arbitrariamente ciertos criterios propios del proveedor que se quisiera beneficiar”, dijo De León.

Agregó que cuando se lancen los eventos, el TSE debe privilegiar el historial de cada empresa y privilegiar a la que haya vendido equipo o prestado servicios en países con bajos índices de corrupción.

“Se debe buscar que el fabricante tenga experiencia en otros países implementando estos sistemas y que no exista una referencia negativa. Si el proveedor o fabricante es alguien que suministró un sistema biométrico en un país como Suecia, que tiene un índice bajísimo de corrupción, entonces eso es una buena referencia”, dijo De León.

Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), comentó que, si se lanzan nuevamente los eventos, debe hacerse un proceso de licitación abierta. Además, se debe verificar que el proveedor tenga un buen récord y sea competitivo, tanto por los precios que oferta como por su transparencia en el uso y manejo de este tipo de información.

“El espacio de Guatecompras facilita la transparencia del proceso y la aplicación de diferentes empresas. Hay varias empresas que tienen las competencias necesarias y que podrían participar en ese proceso de licitación que debe ser público”, dijo Dabroy.

Además, comentó que en las mesas de prevención de violencia y conflictividad electoral que coordina el TSE se están recibiendo recomendaciones para determinar qué se necesita para modernizar y tecnificar el evento electoral del próximo año.

“Se debe otorgar garantías tanto a la población guatemalteca que votará, como a los candidatos de que voluntad popular se va a respetar. Eso es la clave. Uno de los puntos más relevantes en la mesa es la importancia que tiene para el TSE garantizar elecciones transparentes y evitar cualquier tipo de cuestionamiento de fraude electoral”, dijo Dabroy.

Por su parte, José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), dijo que es positivo que el TSE haya desistido de las compras de equipo electoral con las que se podría haber variado la custodia del voto.

Conferencia de prensa en el Tribunal Supremo Electoral donde magistrados informaron del proceso electoral 2023. (Foto Prensa Libre: Roberto López)

“Es importante ejercer nuestro derecho y deber ciudadano de velar por la libertad y efectividad del sufragio y pureza de proceso electoral tal y como lo contempla el artículo 136 de la Constitución de Guatemala. Es un paso positivo para la integridad y confianza de las elecciones que se haya desistido de los procesos de adquisición que comunicó el TSE ayer, en donde se podría haber cambiado el modelo de votación que ha funcionado de forma correcta por décadas en Guatemala. Como ciudadanos estaremos atentos a las siguientes acciones del TSE”, dijo Echeverría.

Por su parte, el magistrado Gabriel Aguilera comentó que continuarán con el acompañamiento de diferentes organizaciones para escuchar sus sugerencias respecto a cómo se debe trabajar el día de las elecciones y determinar si se reformulan los procesos de compra.

“Vamos a tener el acompañamiento de diferentes organizaciones con la finalidad de establecer un proceso transparente, que ellas conozcan lo que impulsamos para que entiendan el concepto de lo que queremos para el día de las elecciones y tengan claro que se va a respetar el proceso normal”, dijo Aguilera.

Aguilera dijo que han tenido reuniones con varias organizaciones, como Guatemala Visible, MCN y Asies, por mencionar algunas, y a raíz de estas se tomó nota de sus observaciones y comentarios sobre las bases de los eventos que se rescindieron.

“Les aclaramos que el proceso electoral se mantiene tal como se ha hecho toda la vida, respetando la función primordial que tienen las juntas electorales en lo que respecta la custodia del voto”, comentó el togado.

Por su parte, la magistrada Irma Palencia dijo ayer en conferencia de prensa que se reformularán los proyectos. Al ser consultada sobre si podrían volver a lanzarse concursos para el modelo de biometría, no descartó la posibilidad.

Compras

A la fecha, el TSE ha realizado 156 compras directas por excepción que suman Q33 millones 986 mil 252.62. Entre las adquisiciones se encuentran boletos aéreos, servicios de capacitación, servicios de data center, combustible, insumos electorales, alimentos y servicios de monitoreo de redes sociales, entre otros.

Estas adjudicaciones se han publicado en el portal Guatecompras hasta que ya fueron adjudicadas, pese a que algunas alcanzan montos millonarios.

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Wed, 16 Nov 2022 11:00:01 +0000

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) insiste en adquirir un modelo de biometría que serviría, según dicen sus autoridades, para corroborar la identidad de los votantes el día de las elecciones 2023, aunque para expertos y observadores electorales no hay razones técnicas que justifiquen la compra.

La justificación que ha dado la magistrada Irma Palencia, actual presidenta del TSE, es que en las elecciones anteriores no ha habido un equipo tecnológico que permita garantizar la identidad que la persona que emite el sufragio.

De esa cuenta, Palencia dice que hay antecedentes de personas que han votado en más de una ocasión o muertos que también lo hacen, pero no ha proporcionado ninguna evidencia que lo demuestre.

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El concurso para adquirir el software e infraestructura tecnológico para registro, estadística e identificación biométrica se encuentra vigente y mañana a las 11 horas el TSE espera recibir ofertas en su edificio central. Treinta minutos después, no se recibirán más ofertas, según la comunicación oficial.

Sin embargo, distintas organizaciones de sociedad civil y exintegrantes de juntas electorales manifiestan que ya existen métodos como la tinta indeleble en el dedo que impiden a una persona votar dos veces.

Pero, pese a los cuestionamientos, el tribunal no da marcha atrás a la adquisición. Esta se realiza bajo la modalidad de excepción. El proceso no se encuentra en el portal de Guatecompras, sino únicamente en el portal del TSE.

Presidenta del TSE: “No se variará el proceso de registro y transmisión del voto”; la compra de software sigue en pie

Sat, 12 Nov 2022 11:00:05 +0000

La magistrada Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró que en las próximas elecciones no se variará la forma en cómo se han transmitido los resultados preliminares en procesos electorales anteriores.

Palencia se pronunció después de las preocupaciones que manifestaron organizaciones académicas, sociedad civil y exintegrantes de juntas electorales, quienes advirtieron que el TSE podría modificar el proceso de digitación de votos y con ello se perdería la custodia del voto.

Según exautoridades electorales, en las bases de un evento de adquisición de software e infraestructura tecnológica el TSE estableció cómo sería la digitalización de los resultados.

La principal preocupación es que, según dicho procedimiento, el escaneo del acta donde constan los votos se realizaría sin antes corroborar si existen errores en la misma. Cualquier corrección quedaría en manos de una empresa contratada, sin la presencia de los integrantes de la Juntas Receptoras de Votos.

Al respecto, la magistrada Palencia dijo que lamenta que las bases hayan dado a entender que se iba a modificar este procedimiento. Garantizó que esto no variará y en todo momento los integrantes de las JRV podrán asegurar que las actas escaneadas reflejen la realidad del escrutinio.

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“Garantizamos no tocar el procedimiento que para nosotros es un patrimonio nacional. (…) Los ciudadanos estarán a cargo de todo el proceso. En el centro de votación habrá un centro de transmisión con un escáner para que se digite en presencia del presidente o secretario, o ambos, de la Junta Receptora de Votos y ellos verifiquen que los datos contenidos en el acta son los mismos. Una vez esto, ya se podrá escanear el acta”, aseguró Palencia.

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La presidenta dijo que tendrán una segunda ronda de reuniones con exintegrantes de juntas electorales para escuchar sus preocupaciones y repasar las buenas prácticas de experiencias en procesos electorales anteriores.

“Haremos un focus group para analizar el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Creo que esto debería darles a estos sectores, a la sociedad civil y al resto de guatemaltecos, muestra de transparencia y de la garantía que ofrecemos de que el día de las votaciones habrá custodia del voto”, dijo Palencia.

Informó que estas reuniones ocurrirán el próximo martes.

“Parece ser que las bases arrojaron la presunción de que fuese a cambiar algo, pero lo lamentamos. Las bases que ellos vieron publicadas los llevaron a sacar estas conclusiones anticipadas, pero no es así. Yo les garantizo que no es así y para eso estamos, para reunirnos y aclarárselos”, puntualizó Palencia.

Compra por excepción

El software que se pretende adquirir se realizará mediante una compra directa por excepción. Aunque estas adjudicaciones solo le son permitidas al tribunal en años electorales, los magistrados aseguran que el Congreso les facultó para hacerlo en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

Esto también ha sido cuestionado por sociedad civil, ya que los eventos se publican en Guatecompras hasta que ya fueron adjudicados. Por su parte, el tribunal asegura que han cumplido con mecanismos de transparencia como publicar las bases en diarios de mayor circulación.

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Fri, 11 Nov 2022 11:00:52 +0000

Diversas organizaciones de sociedad y ciudadanos que han participado en juntas electorales en procesos electorales anteriores temen que en las próximas elecciones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) varíe la forma en cómo se digitan los votos.

Con esta nueva metodología, se corre el riesgo de que se pierda la custodia del voto y los resultados finales no reflejen la voluntad popular depositada en las urnas, explican entrevistados.

Salvador Biguria, quien ha presidido la junta electoral del Distrito Central en procesos anteriores, afirma que estas modificaciones que se pretenden realizar quedaron plasmadas en las bases de un evento en el cual se pretende adquirir “software e infraestructura tecnológica para la digitalización, transmisión, verificación y publicación de resultados finales”.

La diferencia es que, en elecciones anteriores, cuando se finalizaba la votación, la Junta Receptora de Votos (JRV) contaba los votos en una mesa junto con los fiscales de partidos políticos y los ingresaba a un acta. Luego, el presidente de la JRV la entregaba al operador del centro de cómputo y si esta contenía algún error, se enmendaba en presencia de los demás integrantes de la JRV y fiscales.

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Ahora, con los cambios que se podrían implementar, Biguria explica que el acta con los votos se escanearía en el centro de cómputo y se enviaría directo a los centros de digitación y verificación, sin ates corroborar si hay un error en las mismas.

Si fuera el caso que el acta tiene un error, en el centro de digitación y verificación un operador notificaría a un supervisor y este le autorizaría a realizar los cambios conforme a su mejor criterio. Sin embargo, esto ocurriría sin la presencia de la JRV y los fiscales de partidos, con lo cual se perdería la custodia del voto, comentó el entrevistado.

“En las mismas bases del evento que hacen ahorita se habla de cómo sería procedimiento. Aquí no hablan de errores, pero crean estos centros de digitación y verificación centralizados. Van a haber dos centros de digitación y verificación en la Ciudad Capital. Toda corrección no se realizará delante de la JRV. Ocurrirá en los centros de mando de la empresa contratada, siguiendo a saber qué protocolos”, dijo Biguria.

Al respecto, Palencia negó que se pretenda variar el proceso de captación y registro del voto. Lo único que se busca, aseguró, es adquirir equipo biométrico para garantizar la identidad del votante.

“Lo que vamos a hacer es garantizar la identidad del votante, no tiene que ver con el sistema de votación, ese lo consideramos patrimonio nacional y no lo tocamos desde ningún punto de vista. Eso es lo único que queremos hacer. Hacen un aspaviento de algo que no ha ocurrido, es un proyecto, es un plan. Estamos muy agradecidos con ellas (con las organizaciones) por preocuparse, reconozco su preocupación, pero también nos encantaría que se pusieran en la postura de quienes están en el tribunal y que no quieren pasar como quien se orilla en una cornisa y solo ve pasar las aguas.”, expuso.

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Retrocesos

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, considera que estas variaciones son preocupantes. “Es preocupante porque significaría un secuestro de la democracia. El tribunal está totalmente cooptado y eso es gravísimo”, lamentó Flores.

Comentó que, desde la firma de Los Acuerdos de Paz en 1996, hubo esfuerzos para instaurar la democracia en el país y esto implica graves retrocesos. La intención, dice, es allanarles el camino a ciertas candidaturas y obstaculizar otras.

“Costó que este país fuera democrático y ahora esta administración de gobierno ha secuestrado literalmente todo tipo de expresiones democráticas”, afirma.

Por su parte, el Foro Guatemala que reúne a organizaciones académicas, empresariales, religiosas y de sociedad civil emitió un comunicado en el que reconoce la importancia de modernizar los sistemas administrativos y tecnológicos en el TSE, sin embargo, aclararon que esto debe hacerse de forma técnica, progresiva y transparente.

“Es importante asegurar que las juntas electorales cuenten con las herramientas necesarias para hacer su trabajo el día de las elecciones. Esto no solo implica que puedan ser capacitadas con tiempo y que el TSE asegure los fondos necesarios. Además, implica que se preserve el modelo no centralizado en donde las juntas electorales puedan realizar a cabalidad su función de conteo, custodia y escrutinio de votos”, expresó el Foro.

Compras por excepción

Las adquisiciones del nuevo equipo tecnológico y demás software se pretenden hacer como compras directas, bajo la modalidad por excepción. Aunque esto solo es permitido para el TSE en año electoral, el pleno de magistrados asegura que el Congreso de la República los facultó para hacerlo al aprobar la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.

A la fecha, el TSE ha realizado 141 compras directas por excepción que suman Q33 millones 057 mil 637. Entre las adquisiciones hay boletos aéreos, servicios publicitarios, alimentos para talleres, toldos, servicio de manejo de redes sociales y renta de vehículos, entre otros bienes y servicios.

De forma paralela, la Contraloría General de Cuentas (CGC) inició una auditoría concurrente en el TSE para auditar todas las compras que se han realizado de forma directa para el proceso electoral 2023.

El objetivo es verificar que las adjudicaciones se realicen siguiendo las normas y legislaciones vigentes, pero a la fecha no se ha adelantado cuál es el resultado de esta. Por su parte, el TSE asegura que ha implementado sus propios mecanismos de transparencia, como publicar los eventos en un diario de mayor circulación y en el diario oficial, así como en su portal electrónico. Sin embargo, en Guatecompras se publica hasta que ya se realizó la adjudicación.

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Oficialismo activa a alcaldes e insiste en aprobar la Ley de Contrataciones del Estado

Fri, 04 Nov 2022 11:00:54 +0000

La Ley de Adquisiciones que propuso el Organismo Ejecutivo ya avanzó en primera y segunda lectura en el Congreso de la República, pese a que aprobarla significaría un retroceso en el sistema de contrataciones públicas, según lo han advertido centros de pensamiento.

Al momento, ni el Gobierno ni sus diputados aliados muestran intenciones de enmendar la iniciativa.

“Hay una ley a la cual les vengo a pedir apoyo porque es una ley que implica, para las municipalidades, una gran fortaleza para poder resolver problemas rápidamente. Es la Ley de Adquisiciones que se encuentra en el Congreso. Hay un capítulo especial para las adquisiciones por parte de las municipalidades, algo que es totalmente novedoso y que podría facilitar muchísimo la gestión de los alcaldes”, dijo el presidente Alejandro Giammattei en una gira presidencial en Chiquimula el 27 de octubre pasado.

El mandatario se refería a la iniciativa 6141, la cual pretende sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado. La propuesta ingresó a Dirección Legislativa el 21 de septiembre y apenas seis días después obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Finanzas.

Ni el Ejecutivo ni los diputados de la comisión dieron oportunidad a centros de investigación para que expresaran su opinión respecto a esta nueva ley y ahora solo falta que en sesión de jefes de bloque se agende su aprobación en tercera lectura.

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Aníbal Rojas, secretario de la Junta Directiva del Congreso, dijo que el lunes habrá reunión esta instancia, así como de jefes de bloque. Allí se definirá la agenda de las dos sesiones de la próxima semana, pero dijo que aún no se tiene definido si se incluye la discusión en tercera lectura de la iniciativa 6141.

No obstante, aseguró que es una ley prioritaria “no de ahorita sino de años atrás”. “Es urgente y debe conocerse, pero para que esto se dé debe haber consensos y eso no se ha discutido en estos días”, remarcó el legislador.

Deficiencias

Uno de los centros de pensamiento que expresó deficiencias sobre esta propuesta de ley fue el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Entre estas, señalaron que se establecen 24 métodos de compra, de los cuales solo cinco son modalidades competitivas y otras 13 son compras directas entre las cuales figuran, de baja cuantía, bienes y suministros importados, todos los casos de excepción, contratación de personal en renglones 029 y 081, así como servicios profesionales y estudios con cargo al subgrupo 18, entre otros.

Además, el Cien cree que debilita el Guatecompras, ya que, si bien la iniciativa requiere que las 24 modalidades se publiquen en este portal “el problema está en que no se define claramente la información que se debe publicar para cada una”.

Al Cien también se suma la Fundación Libertad y Desarrollo que al respecto de la iniciativa expuso: “En primer lugar, debe establecer modalidades de contratación en función al objeto y naturaleza de la compra. Hoy, la —iniciativa de— ley plantea modalidades en función del monto de la compra, algo inadecuado técnicamente y que nada hace por mejorar la eficiencia y transparencia del gasto”, expresó la Fundación.

Recomienda establecer métodos de evaluación al sistema de contrataciones, incorporar al marco legal los incentivos por buen desempeño del proveedor y sanciones al contratante por incumplimiento de pago y diseñar un sistema de apelaciones e impugnaciones a los procesos de adquisición en el que intervenga un órgano independiente de apelaciones, entre otros.

Irene Flores, investigadora del Cien, dijo que han realizado foros para presentar su postura sobre la nueva ley y también han expresado sus puntos de vista a diputados, pero hasta hoy no han sido convocados para una discusión sobre este tema.

“Hasta hoy como Cien no nos han llamado oficialmente del ente rector de la planificación que es el Ministerio de Finanzas para discutir o hacer comentarios a la iniciativa 6141”, aseveró.

Esta cartera dijo que es en el Congreso de la República donde se están recibiendo propuestas y dando audiencias, ya que la iniciativa está en segunda lectura y es la Comisión de Finanzas la que puede hacer las modificaciones.

El diputado Samuel Pérez, uno de los integrantes de dicha Comisión y quien opone a la propuesta del Ejecutivo, aseguró que al oficialismo y a sus aliados no les importa si la propuesta es viable o no, ya que lo que buscan es congraciarse con los alcaldes para obtener réditos políticos de cara al proceso electoral.

“No les importa si la propuesta no es viable técnicamente porque esta no lo es. No les importa si van a terminar arruinado el sistema de adquisiciones y procurar más opacidad porque ese su objetivo. Habría que regresar la iniciativa a la Comisión de Finanzas porque en realidad sí se necesita reformar el sistema de compras de Estado, pero esta iniciativa no lo hace. Quita controles, reduce transparencia para alcaldes y hace algunos cambios cosméticos, pero no hace un cambio profundo”, aseguró.

Al respecto, Rojas asegura que escucharán las propuestas sobre la ley, toda vez sean “propositivas y para bien”.

“Por supuesto que se toman en cuenta. Lo que pasa que aquí hay de todo. Hay mucha gente que sencillamente opina sin conocer iniciativas de ley, entonces, por supuesto, esas no se toman en cuenta, se toman en cuenta a las personas o grupos que hacen análisis verdaderos y no sesgados ideológicamente”, sentenció.

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Presidenta del TSE: “La transparencia es la adecuada, pero lo que ha faltado es que la conocieran”

Fri, 30 Sep 2022 11:00:54 +0000

Este año el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha hecho más de 50 compras directas por excepción que suman Q15.4 millones y hay más de 40 procesos en cola que próximamente se podrían adjudicar.

Diversos sectores empresariales, de sociedad civil, academia y religiosos han cuestionado en las últimas semanas al TSE ya que los eventos no se han publicado en Guatecompras sino hasta que ya fueron adjudicados. Además, se hacen de forma directa, sin cumplir con las modalidades ordinarias de licitación o cotización.

En entrevista con Prensa Libre, la presidenta del TSE, Irma Palencia, defiende la legalidad de estas adquisiciones. Asegura que se hicieron -y se continuarán haciendo- de forma directa porque hay desabastecimiento en los mercados y el tiempo no es suficiente para lanzar licitaciones o cotizaciones.

A la fecha hay 54 compras directas por excepción que suman Q15.4 millones. ¿Cómo justifica la necesidad de estas adjudicaciones?

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El año pasado, cuando hicimos la presentación del presupuesto ante la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, les planteamos una gran preocupación y era que derivado de la pandemia los proveedores ya no estaban haciendo entregas en tiempo normal porque no estaban abastecidos. Nos preocupaba que, hasta enero o febrero del año próximo, como es usual, nos dieran el presupuesto electoral porque en junio son las elecciones.

Derivado de eso, presentamos dos solicitudes de presupuesto, el de funcionamiento y el preelectoral. Nunca en la historia del tribunal le habían dado un presupuesto preelectoral como anticipo, pero dado lo que estoy mencionando el Congreso nos dio un anticipo con cargo a las elecciones 2023 de Q500millones.

En aras de la transparencia, generamos el acuerdo 121-2022 donde creamos los mismos procedimientos que están en la Ley de Contrataciones, pero con plazos más reducidos. Aun así, demoramos 64 días hábiles (en culminar los procesos de compra), entonces hubo atrasos en la ejecución y en julio no habíamos ejecutado casi nada. Entonces modificamos ese acuerdo y generamos el 386-2022, que acortaba aún más las mismas etapas.

Tenemos en cola más de 46 procesos de compra que están en gestión, pero tienen que cumplir todos los pasos que nosotros mismos nos impusimos.

Aunque a usted le parezca que son 10 y no sé cuántos millones, no es nada comparado con todo lo que necesitamos. Pareciera que adrede nos complicamos la vida, pero es por transparentar los procesos. La sociedad civil piensa que lo estamos haciendo mal y resulta que los estamos haciendo súper bien.

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Varios de estos problemas que usted menciona se pudieron solventar con planificación. ¿Por qué no se previó, desde un inicio, lanzar licitaciones y cotizaciones que hubiesen sido más transparentes?

Primero, porque si era presupuesto extraordinario, tenían que ser procesos por excepción. ¿Y sabe por qué otra cosa? Porque por vez primera, de manera obligatoria, Segeplan nos pasó a una ejecución por resultados para la que no estábamos preparados. Nosotros debemos tener códigos de insumo, así lo que queramos comprar sea un lapicero. Hay un catálogo que tiene finanzas, pero no tiene todo. La creación del código de insumos se tarda, aproximadamente, un mes.

El modelo electoral tecnológico empezó a gestarse en junio del año 21 y se aprobó en enero de este año derivado de la observación electoral en distintos países. La gente piensa que por qué salió ahorita, pero tuvo su etapa de maduración.

Hablemos de transparencia. Uno de los factores que más suspicacias genera es que estas compras directas por excepción no se han publicado en Guatecompras, sino hasta que ya están las adjudicaciones ¿por qué?

Hay un artículo de ley que dice que los procesos por excepción se pueden publicar al final, o sea, uno decide. Es la circular 1-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, artículo 13, literal b). Todo está en ley, no es una ocurrencia del TSE.

Pero estamos hablando de compras millonarias. Pareciera que el tribunal se limitó a cumplir los requisitos mínimos que exige la ley. ¿Por qué no publicaron estos eventos en Guatecompras en pro de la transparencia, considerando la magnitud de estos?

Si lo ponemos desde el principio en Guatecompras nos tenemos que sujetar a los plazos de Guatecompras. Y estamos por excepción. Nosotros mismos estaríamos saliéndonos del procedimiento por excepción, así que por eso es por lo que no es viable.

Recientemente, el TSE adquirió camionetas Toyota Prado para los magistrados, ¿no contradice esta adquisición principios de austeridad?

La flotilla de vehículos que encontramos aquí en el Tribunal está rebasada. Hay vehículos que, si yo le contara las historias, dan risa o no sé si dan ganas de llorar. Ahorita van a salir grupos a empadronar el fin de semana empujando los carros, sacando humo. Fuimos a hacer una jornada a Retalhuleu y tuvimos que pagar grúa porque ya no se pudieron mover. Entonces era necesario comprar una flotilla de vehículos. Los vehículos no son para los magistrados, yo no me lo llevaré a mi casa el día que me vaya. Y ya me queda casi la mitad de mi período. Son para el tribunal.

Cuando vemos a las organizaciones que expresaron su preocupación por las compras que el tribunal hizo en los últimos días, vemos que son diversas. Hay sectores académicos, empresariales, sociedad civil y religiosos. Ante esto, hay algo que queda claro y es que la comunicación y transparencia no ha sido suficiente. ¿Cómo enmendarán esto?

Creo que la transparencia es la adecuada, pero lo que ha faltado es que la conocieran. Asumimos la responsabilidad de que tenemos muchas deficiencias en comunicar por la desarticulación de nuestro departamento de comunicación. Y como no comunicamos, cualquier noticia que medio pescan, oyen o que alguien filtra de mala fe se tergiversas sin conocer el por qué.

Entonces, no, yo creo que los esfuerzos de transparencia son los adecuados. Lo que ha faltado, y lo acepto, es comunicarnos adecuada y oportunamente. Transparencia sin comunicación es como tener una lámpara debajo de la mesa, entonces siempre está oscuro. Pero esperamos ya despejar las dudas de todos estos sectores, con los que ya tendremos una cita.

Se ha generado un desgaste en la imagen del Tribunal en estas últimas semanas derivado de las compras por excepción. Esto puede generar consecuencias de cara al proceso electoral, ¿cómo piensan revertirlo?

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SAT sigue sin fiscalizar deuda millonaria de la municipalidad de Escuintla con Bienco S.A.

Mon, 12 Sep 2022 22:20:55 +0000

La municipalidad de Escuintla mantiene una deuda de Q40 millones con la entidad Bienco S.A. por un proyecto que data de 1997. A la fecha, la comuna ha pagado Q3.4 millones, pero no ha recibido ninguna factura por parte de la empresa.

Desde septiembre de 2017, las autoridades de la municipalidad de Escuintla solicitaron a la Superintendencia de Administración de Administración Tributaria (SAT) que fiscalizara la legalidad de 27 pagos a razón de Q150 mil cada uno -Q3.4 millones en total- que se hicieron durante la administración 2012-2016 del exalcalde Pedro René Escobar.

La comuna solicitó la auditoría porque al momento de hacer los pagos, Bienco S.A. no entregó facturas, sino únicamente recibos corrientes, según denunció el actual alcalde de Escuintla, Edgar Abraham Rivera.

En una citación con la bancada Victoria, el intendente de fiscalización de la SAT, Óscar Alberto Hernández, informó que no han podido localizar a los representantes de Bienco y ello ha impedido que avance el proceso.

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“Hubo varias direcciones proporcionadas por la municipalidad de Escuintla. Se buscó en el domicilio fiscal pero no fue posible -ubicar a los representantes-“, dijo Hernández.

Por su parte, la bancada Victoria considera que la SAT debe tomar acciones ya que al omitir entregar facturas, personeros de la empresa pudieron incurrir en delitos.

“Bienco, S.A. recibió cada pago del exalcalde Escobar Alvizures y solo entregó hojas de papel bond simples y no facturas contables para cumplir con sus obligaciones fiscales, incumpliendo con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros tributos aplicables. A criterio de los asesores jurídicos de esta bancada, figuran las conductas delictivas no solo por defraudación tributaria, sino por otros delitos que pueden surgir de la investigación a cargo del Ministerio Público”, manifestó la bancada Victoria en un comunicado de prensa.

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El caso

En 1997 la comuna de Escuintla firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de un sistema de conducción de agua para introducir nuevos caudales a la ciudad con la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima. El costo inicial fue de Q38 millones 132 mil y se pretendía beneficiar a 25 mil hogares.

Sin embargo, la municipalidad nunca pagó el contrato y esto provocó una serie de demandas entre la comuna y la empresa. En 2013, la empresa negoció con la administración edil del 2012-2016 un contrato de transacción para que se pagaran Q40 millones en 266 cuotas mensuales comprometiendo ingresos municipales como el situado constitucional, Iva-Paz y alumbrado público.

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Al consultarle al respecto, Boris García, representante de Bienco S.A. aseguró que la empresa no tenía que proporcionar facturas, ya que en el contrato de transacción se estableció que la municipalidad absorbería el pago del IVA y de cualquier otro impuesto.

“El domicilio -de la empresa- está ahí. Tienen memoriales y copias por escrito. En la SAT está el domicilio”, dijo García sobre las declaraciones de funcionarios de la SAT en las que aseguran que no han logrado ubicar a BIenco.

Asimismo, García dijo que recientemente la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución la que declara sin lugar una inconstitucionalidad que planteó la comuna dentro del proceso judicial que se sigue con relación a la deuda.

Por su parte, la SAT se comprometió a informar sobre las acciones a tomar el próximo lunes 19 de agosto, informó el diputado de la bancada Victoria, Juan Carlos Rivera.

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IGM ha pagado más por cartillas para pasaportes durante los últimos tres años

Fri, 08 Apr 2022 11:00:24 +0000

En el último año el precio unitario de las cartillas de pasaportes se encareció por Q12. Detrás de esto hay cuestionamientos de corrupción que podrían explicar el aumento y la falta de celeridad para renovar dicho documento de identificación, advierten analistas.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se encuentra evaluando una licitación pública para la adquisición de 1 millón de libretas de pasaporte. La fecha para presentar ofertas fue el 28 de marzo, pero solo la empresa Icard Solutions S.A. ofertó por Q35 millones 650 mil.

De concretarse la compra, el precio unitario de cada cartilla sería de Q35.65. Es decir, Q12 más caro al valor al que se adquiría previo al 2020, el primer año de gobierno de Giammattei.

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Icard Solutions S.A. comenzó a vender al Estado el año pasado, cuando el IGM le compró 500 mil libretas por Q17 millones 925 mil. Esto equivale a Q35.85 por unidad, monto similar al que ofertó en la última licitación.

Antes de 2020, la institución migratoria compraba los pasaportes a la empresa GSI de Guatemala Sociedad Anónima, que vendía cada libreta a Q23.56. Sin embargo, en el último evento de compra que lanzó el IGM el año pasado, que se realizó bajo la modalidad de proveedor único, la empresa presentó una inconformidad ya que, a su criterio, las bases estaban hechas para favorecer a una entidad en específico.

Entre sus inconformidades estaba un requisito que incluyó el IGM, que exigía a todos los proveedores contar con un capital cien por ciento extranjero durante los últimos 20 años, algo que pocas empresas podían cumplir.

“Requerir que los manifestantes de interés (las empresas) concurran acreditando que la fábrica es empresa estatal (con cien por ciento de capital estatal) (…) obstruye y vulnera la libertad de comercio e industria, libre competencia y concurrencia en perjuicio del artículo 43 de la Constitución Política de la República (…) en el mercado internacional existen prestigiosos fabricantes de libretas de pasaporte con capital público y privado que pueden cumplir y superar los requerimientos y necesidades del IGM”, manifestó la empresa.

Pero el problema no solo es el encarecimiento del producto, sino también lo engorroso que es para la ciudadanía renovar su documento de identificación internacional. Este trámite, incluso, puede durar hasta seis o siete meses.

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Corrupción

Edie Cux, de Acción Ciudadana (AC), considera que una de las razones que ha provocado el encarecimiento de los pasaportes es la corrupción. Recuerda que en abril de 2021 el mismo vicepresidente de la República Guillermo Castillo señaló al presidente Alejandro Giammattei de interferir en el IGM para que se destituyera al entonces director con intereses particulares.

Luego de que se destituyera al director, las nuevas autoridades, con el aval de la Contraloría General de Cuentas (CGC), anularon una licitación pública que estaba en marcha para adquirir más pasaportes y lanzaron un nuevo evento de compra, pero bajo la modalidad de “proveedor único”, con lo cual se restringió la competencia de otras empresas.

“Uno de los factores (que provoca el encarecimiento de pasaportes) es la corrupción. Este gobierno se ha caracterizado por imponer a los proveedores. Hay cambios de autoridades que se dieron en el instituto y parte de la protesta de exdirector fue que se le imponían a proveedores. No tiene que ver con crisis económicas”, dijo Cux.

El entrevistado explica que a nivel nacional e internacional hay empresas que proveen cartillas. Por ello, es importante que se lancen licitaciones públicas que favorezcan la transparencia en el proceso y el precio y la calidad del producto.

“Lo que sucede con estos productos (como el pasaporte) es que se adquieren de forma masiva porque la población necesita identificarse. Hay mucho dinero en juego y los funcionarios y personas particulares ven en estos negocios una mina de oro”, afirma.

María del Carmen Pelaez, investigadora de Diálogos, dice que es importante que la ciudadanía y organizaciones de sociedad civil se involucren en estos procesos de compra para propiciar la transparencia y frenar la corrupción. Para ello,

“Genera suspicacia que haya un cambio (de proveedor de pasaportes) y no haya sido para mejorar y mantener un precio estándar. El aumento es notorio. Valdría la pena poder revisar esto y analizar las relaciones que tiene el Estado con estas empresas y todas las posibilidades de negociación. Se debe ir más allá de la contratación y evaluar si el servicio se está prestando con efectividad”, dijo Pelaez.

IGM

Al ser consultadas las autoridades del IGM sobre el encarecimiento, respondieron, por medio de la oficina de comunicación social, que las adjudicaciones se han hecho con el proveedor que cumple los requisitos y condiciones de cada evento.

Sin embargo, no aclararon las razones por las que se encarecieron las cartillas y tampoco se refirieron a los motivos por los que en anteriores eventos se han utilizado modalidades de compra que restringen la competencia.

“En el evento de la manifestación de interés del año 2021 se adjudicó a la entidad oferente que cumplió los requisitos, por lo que el cambio de proveedor fue consecuencia de las ofertas presentadas y cumplimiento de requisitos y condiciones de cada evento, en cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado”, se limitaron a responder.

CIV ha gastado más de Q5 mil millones en carreteras con pocos resultados

Wed, 09 Mar 2022 11:00:16 +0000

En los dos años y poco más de dos meses de gobierno, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha erogado Q5 mil 405 millones en la infraestructura vial del país. Sin embargo, para la magnitud de este gasto, las mejoras en las carreteras del país son insuficientes.

Durante esta administración, el Fondo Social de Solidaridad (FSS), la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y la Dirección General de Caminos (DGC), unidades ejecutoras del CIV encargadas de la red vial, han erogado Q5 mil 405 millones 013 mil 809 en inversión física.

Actualmente, las tres dependencias suman un presupuesto de Q2 mil 342 millones 876 mil 443, según el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).

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Dichos recursos podrían aumentarse en más del 100 por ciento, puesto que una iniciativa de ley (6043) propuesta por la alianza oficialista en el Congreso de la República busca aumentar este presupuesto en Q3 mil millones con la justificación que es necesario construir, rehabilitar y dar mantenimiento a infraestructura estratégica del Estado.

Dicho incremento también alcanza a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), encargada de programar y planificar proyectos que los ministerios soliciten.

Sin embargo, fallas en la iniciativa, escasas competencias y riesgos de corrupción no dan garantía de que dichos recursos significarán mejoras en la vida de la población, advierten expertos en la materia.

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Fallas

Pese a los miles de millones que Guatemala destina anualmente para construcción y mantenimiento de carreteras, estas permanecen en mal estado. Ello provocó que Guatemala ocupara el puesto 132 de 141 países evaluados respecto a la calidad de carreteras en extensión y condición, según el Índice de Competitividad Global 2019.

Edgar Balsells, analista económico independiente, explica que hay procesos sumamente opacos en la DGC, Covial y consejos de desarrollo. “Hay un listado geográfico de obras en el presupuesto, pero no se conocen los avances de estos proyectos y no se tiene claridad de las preinversiones”, dijo Balsells.

Explica que en muchos proyectos de infraestructura son las mismas empresas las que cumplen con las etapas de la preinversión, supervisión y ejecución.

A ello hay que añadirle el factor de la corrupción, puesto que la construcción de infraestructura es una de las vías por medio de las cuales los partidos políticos afianzan financiamiento electoral, como quedó evidenciado en el caso del exministro de comunicaciones, José Luis Benito.

El economista considera que los diputados deben verificar cuáles son los proyectos que se quieren priorizar en la iniciativa que plantea la ampliación de Q3 mil millones, puesto que estos no están detallados.

“Si se va a autorizar algo, se debe tener la cartera de proyectos. Hay deudas atrasadas desde hace diez años en Covial. No sabemos cómo va cada proyecto, qué porcentaje de ejecución física y financiera tiene”, comenta Balsells.

Enrique Maldonado, economista de Laboratorio de Datos, considera que la iniciativa 6043 evidencia los pésimos sistemas de planificación de estas dependencias, puesto que recién se acaba de culminar el proceso de elaboración del presupuesto y no se consideró que era necesario incluir esta infraestructura.

“¿Cómo es posible que pasamos proceso de aprobación de presupuesto hace 3 meses y ahora se dan cuenta que tenían que incluir presupuesto para reconstrucción de infraestructura dañada por Eta e Iota? Es un oportunismo nada más. La infraestructura de carreteras está en malas condiciones, pero los mecanismos de justificación que utilizan no son los adecuados. Es como que fuero médico y no me diera cuenta de que voy a necesitar jeringas”, dice Maldonado.

Debate

El diputado Aníbal Rojas, de la bancada Viva, uno de los ponentes de la iniciativa 6043, asegura que lo Q3 mil millones se planean destinar a las unidades del CIV, pese antecedentes de corrupción en esta cartera, puesto que son las competentes para ejecutar la infraestructura vial.

“Son las que están constituidas para hacerlo. ¿A quién más se lo podemos dar? No se lo podemos dar a otro ministerio que no corresponda o a otro sector. Tiene que ir a instituciones que están designadas para eso, que son el CIV, y sus diferentes unidades ejecutoras”, defendió.

No obstante, para el diputado Rodolfo Neutze, de Creo, considera que aunque es importante invertir en infraestructura vial, debe evitar lanzarse la señal de que los fondos se utilizarán como un botín político.

“Se han visto algunos cambios en la infraestructura del país. Pero de alguna manera es claro que no se ha hecho lo suficiente. Tres mil millones de quetzales sería increíblemente positivo para nuestra economía, pero si no se hace de manera transparente los efectos negativos van a ser mayores que los positivos

Mientras que Carlos Barreda, diputado el Grupo Parlamentario de Oposición, cree que esta propuesta se debe debatir a profundidad, ya que no se justifica en este período de crisis.

“¿Por qué una ampliación de Q3 mil millones en el Civ cuando estamos arrancando el año y hay otros problemas más urgentes, cómo los hospitales o la crisis energética? Si hay bastante dinero usémoslo para que las familias no se vean tan golpeadas económicamente por el incremento de la energía eléctrica y el combustible”, dijo Barreda.

Cuatro empresas señaladas de pagar sobornos a Giammattei aumentaron sus contratos entre 2018 y 2021

Wed, 16 Feb 2022 11:00:06 +0000

El gobierno negó que el presidente Alejandro Giammattei recibiera sobornos provenientes de contratos públicos con cuatro constructoras para financiar su campaña durante la segunda vuelta, tal como lo aseguró un testigo cuya declaración fue revelada por El Faro. Sin embargo, hay un hecho irrefutable: las cuatro empresas aludidas en el testimonio incrementaron sus contratos públicos a finales del gobierno anterior e inicios de este.

“Testigo A” se le identifica a un exhombre de confianza del presidente Giammattei que, según una publicación periodística del medio salvadoreño El Faro, reveló ante un juzgado cómo el exministro de comunicaciones, José Luis Benito, pactó un aporte de 2.6 millones de dólares -unos Q20 millones- a la campaña de Giammattei en la segunda vuelta que disputó con Sandra Torres en 2019.

El trato era que Giammattei conservaría a Benito a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante un año más y así prolongar un esquema de corrupción en contratos de obra pública.

El dinero provendría, según el allegado de Giammattei, de 12 proyectos de construcción de carreteras adjudicados a empresas afines a Benito que suman más de Q1 mil 471 millones. Estas son: Coamco, Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), J.J.R.M. y Prourba.

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El gobierno reaccionó beligerante y calificó de “pseudonota” la publicación periodística, pero una verdad irrebatible es que, desde que Benito asumió el cargo en abril de 2018, hasta los primeros dos años del gobierno de Giammattei, las cuatro entidades aumentaron de forma exponencial los montos adjudicados en contratos de obra pública con relación a años anteriores, tal como consta en el portal de Guatecompras.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) bajo qué criterios aumentó las contrataciones con las cuatro constructoras, pero al cierre de esta nota no se brindó una respuesta.

También se intentó contactar a las empresas, pero ninguna accedió a dar explicaciones sobre estos contratos.

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Reparación de buques, artículos deportivos y remodelaciones ¿En qué más ha gastado el Gobierno durante la emergencia por el coronavirus?

Sat, 09 May 2020 13:00:06 +0000

Los ministerios y secretarias del Organismo Ejecutivo han incurrido en importantes gastos durante la emergencia por el coronavirus —cuyo primer caso se registró el pasado 13 de marzo—, que tienen poco o nada que ver con el control de la pandemia.

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Aunque el presidente Alejandro Giammattei anunció el pasado 26 de abril la conformación una comisión para contener el gasto cuyo objetivo sería ahorrar unos Q600 millones, parece que el aviso llegó tarde para algunas entidades que incurrieron en gastos que no dejan de levantar suspicacias.

El Ministerio de la Defensa, por ejemplo, gastó Q263 mil 174 en la compra de repuestos, así como el mantenimiento y reparación de unidades de transportes navales; Q83 mil en la instalación de equipos de aire acondicionado para la Dirección de Finanzas y Q20 mil 410 en tablets para personal del Estado Mayor de la Defesa Nacional.

Otra compra que hizo dicho ministerio, según consta en el portal Guatecompras, es la de piel para la elaboración de botas para el Ejército por un monto de Q3 millones 540 mil.

Al respecto, el coronel Juan Carlos de Paz, portavoz del Ejército, indicó que los gastos obedecen a la implementación del plan operativo anual de la institución en donde se establecen las prioridades y necesidades de la institución.

El Ejercito gastó en mantenimiento y reparación de equipo naval Q263 mil. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Expuso que la reparación de unidades de transporte, así como la elaboración de botas es “coherente con la emergencia” puesto que los primeros pueden utilizarse en tareas de apoyo a la población, mientras que los soldados, 23 mil efectivos disponibles y cinco mil de reserva, llevan a cabo “operaciones militares de salvaguarda de la soberanía y asistencia humanitaria durante la emergencia”, mientras que las tablets estarán disponibles para el Centro de Operaciones de Emergencia Militar.

Los ministerios y secretarías también han incurrido en gastos que son imprescindibles para su funcionamiento, así hay una gran cantidad de contratos para el servicio de internet, entre los cuales destaca el del Ministerio de Agricultura, por Q9 millones por la compra del servicio de enlace primario de internet de 715 megas para las sedes departamentales y otras oficinas.

También abundan contratos por arrendamiento de locales, espacios para parqueo de vehículos y pólizas de seguro.

Artículos deportivos y sombreros

Otro de los ministerios que ha incurrido en gastos que no tienen que ver con la emergencia es Cultura y Deportes que el pasado 21 de abril, cuando el coronavirus tenía un mes y una semana de haber ingresado al país, adjudicó un contrato por Q39 mil para la compra de artículo para hacer ejercicio.

Mientras tanto, Provial (Unidad de Protección y Seguridad Vial) del Ministerio de Comunicaciones compró 30 sombreros tipo “cuatro pedradas” para el uso de los brigadistas de la institución. El monto del contrato es por Q36 mil; es decir, cada sombrero costó Q1 mil 200 cada uno.

Provial adquirió 30 sombreros a Q1 mil 200 cada uno para sus agentes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Aunque la oficina de Comunicación de Provial, indicó que la compra se efectuó en febrero, según Guatecompras la misma se adjudicó el 16 de marzo, de hecho la factura tiene fecha 24 marzo, cuando el país ya registraba casos de coronavirus.

En el Ministerio de Economía adquirieron un seguro colectivo de vida para contratistas 029 por prestar sus servicios durante el Estado de Calamidad, por un monto de Q46 mil 851. Asimismo, una prima anual de seguro medico para el personal de Guatemala que permanece en la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, Suiza.

El departamento de Comunicación respondió que el primer seguro es para el personal de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) porque “constantemente hacen verificaciones de campo”. No respondió sobre la necesidad de adquirir el segundo seguro.

Entre otras compras que han efectuado otras dependencias del Ejecutivo se cuentan, la compra de líneas de telefonía celular y la reparación de un helicóptero, en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad.

El personal de la Diaco cuenta con seguro de vida que el Ministerio de Economía adquirió ya en plena emergencia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Así como materiales para el remozamiento de la terraza de la Vicepresidencia y bolígrafos para entregar en reuniones oficiales, también en esta dependencia.

Compras fueron antes de orden de contención de gastos

El ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, explicó que la circular que prohíbe la compra de compras que no tienen nada que ver con la emergencia comenzó a surtir efecto el 1 de mayo, con lo cual se justifica que entre marzo y abril se hayan registrado esas compras.

Y en efecto, ya en mayo, Cultura y Deportes planeaba comprar pelotas de futbol sala, gafas para eventos deportivos y bandas de ejercicios, pero estos concursos fueron anulados a raíz de una circular enviada el 6 de mayo. La única que quedó vigente es por la compra de 30 estanterías a utilizarse en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Las ofertas presentadas van desde los Q77 mil a los Q89 mil.

González Ricci indicó que la disposición de contención del gasto exceptúa de las medidas de control a ciertas instituciones que prestan servicios de seguridad y defensa, como es el caso del Ejército “porque garantizan” estas a los guatemaltecos.

“Todos los gastos que se realicen para la gestión de personal, así como cualquier otro gasto, deberá realizarse con estricto control de la autoridad superior de cada institución, implementando principios de transparencia y disciplina, que garanticen que el gasto público se ejecute con racionalidad y con uso apropiado e idóneo en los recursos”, resaltó el funcionario.

El ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, afirmó que las compras se efectuaron cuando no estaba vigente las normas de contención. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Añadió que ninguna institución del Ejecutivo podrá contratar personal para ocupar puestos vacantes, aunque sí podrán concluir los procesos que estaban en trámite antes del 1 de mayo; además, las nuevas contrataciones bajo los renglones 029 y subgrupo 18 están prohibidas.

El titular de Finanzas destacó que también está prohibida la impresión de libros y publicaciones, aunque se exceptúan los libros y textos escolares.

También el remozamiento de oficinas, toda vez no se trate de instalaciones que tengan que ver con la prestación de servicios de salud, seguridad ciudadana, defensa o agricultura.