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Codedes con fondos de arrastre automático: Riesgo de poca ejecución y poco control

La nueva aprobación del Congreso abre dos escenarios para los fondos de desarrollo departamental: obras cuestionadas o nula inversión, advierten analistas.

Fátima Najarro

5 de septiembre de 2025

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De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), 15 municipios registran menos del 10% de ejecución, y el monto multidepartamental registra cero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Por segundo año consecutivo, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) recibirán los fondos no ejecutados del año anterior, a pesar de no demostrar agilización en la inversión. Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos, podrían generarse pocos resultados por baja ejecución o bien, pagos cuestionados debido a los escasos controles de fiscalización, según los tanques de pensamiento.

Además, los entrevistados señalan que las fallas técnicas en la ejecución van a maximizarse en gran medida debido al silencio administrativo, lo cual pondría en riesgo a la población y a la calidad del gasto público.

El año pasado, ante la lenta inversión en los departamentos y un bolsón millonario destinado para dicha finalidad, se trasladó el dinero de arrastre. Nueve meses después, la ejecución sigue siendo lenta. De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), 15 municipios registran menos del 10% de ejecución, y el monto multidepartamental registra cero.

Para la misma fecha, el año pasado, eran 31 municipios los que presentaban menos del 10% de ejecución, lo cual causó que se trasladaran más de Q3 mil millones, es decir, cerca del 48%.

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Ejecutivo analiza decreto

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) señaló que los equipos técnicos y financieros del presidente, Bernardo Arévalo, analizan el decreto, aunque aún no ha sido recibido formalmente.

“El Ejecutivo aún no ha recibido el decreto aprobado por el Congreso. Sin embargo, su equipo de trabajo lo está analizando. Una vez sea recibido formalmente, el Presidente tomará una decisión en apego a la Constitución y velando por los intereses del país”, refirió la Secretaría.

En esa línea, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que si el decreto 7-2025 no es modificado, le propondrá al mandatario que no lo apruebe.

“Si el decreto 7-2025 no sufre cambios, mi recomendación al presidente Arévalo será vetarlo”, expresó el funcionario en declaraciones a Prensa Libre.

Asimismo, dijo que, en este momento, el equipo jurídico prepara un análisis para el gobernante, con los argumentos para el veto. Sin embargo, explicó que el decreto aún debe cumplir algunas fases en el Congreso, por lo cual podría  tener variaciones, y hasta que ese proceso concluya no será posible contar con un análisis completo de la ley.

Al ser consultado sobre qué efectos se tendrían en las finanzas públicas si el contenido del decreto no se modifica respecto del aprobado, el ministro indicó que consideran que los artículos del decreto 7-2025 contravienen normas constitucionales y que la próxima semana darán a conocer su opinión con mayor detalle.

Baja inversión o mala calidad del gasto

El coordinador de investigaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Jorge Ruano —quien brindó declaraciones a título personal—, opinó que la baja inversión también es intencional por parte de distintos actores.

“También la sociedad tiene que señalar a aquellos actores que no permiten que se ejecute el gasto público”, comentó.

A criterio de Daniel Haering, analista de Diálogos, los Codedes son un mecanismo que debe reformarse porque, desde su creación, no han logrado funcionar. Considera que es complicado y lento, además de estar sujeto a discrecionalidades.

“Ha sido un fracaso. Los Codedes son mecanismos malísimos de inversión pública, y lo demuestran una y otra vez: son lentos, ineficientes y con riesgos de corrupción”, aseveró.

Con dicha ley persistirá la baja inversión o, en algunos casos, esta se elevará; pero, por los pocos controles, se destinará dinero a pagos cuestionados o con fines político, resaltó el analista.

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Evitar el silencio administrativo

La ley establece que, si la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) o las instituciones encargadas de otorgar los avales no responden en cinco días, la obra se considerará aprobada. Este aspecto ha suscitado preocupación y críticas por ser poco transparente.

En ese sentido, la posición de Diálogos considera que, de sancionarse la ley, el Ejecutivo debería reforzar presupuestariamente a la Segeplán, para incrementar su capacidad instalada y evitar el silencio administrativo.

Si bien Ruano recomienda al presidente vetarla, reconoce que Segeplán históricamente ha enfrentado grandes obstáculos, pues se asignan grandes presupuestos para inversión, pero no para planificación.

“Segeplán está atrapada y sin salida. Es un órgano técnico fundamental, y el ejercicio público estatal es político. ¿Qué tan fuerte políticamente es Segeplán para resistir los embates de la política?”, añadió Ruano.

En la ejecución, algunos proyectos a cargo de los Codedes enfrentan dificultades técnicas que impiden su finalización y quedan inconclusos. “Por lo tanto, el silencio administrativo podría agravar ese extremo, concluyó Ruano.

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Por la baja ejecución se podrían condicionar aprobaciones de más presupuesto en el Congreso, pero los alcaldes buscarían apoyo de los diputados de sus distritos.

Fátima Najarro

14 de mayo de 2024

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Trabajos de expansión de agua entubada en jalapa. Los recursos que no ejecuten los Codedes este año les quedarán para el 2023 (electoral) y no tendrán que devolverlo al fondo común. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) no han recibido los fondos del presupuesto para los proyectos en las comunidades. Dos departamentos han recibido desembolsos y llevan algunas ejecuciones, pero el monto no supera los Q5 millones, de los más de Q3 mil millones para el total de municipios.

Solo en Guatemala y Escuintla se registran pagos en el portal Control de desembolsos y finanzas a los Codedes (Codet). El departamento central ha recibido cerca de Q20 millones de los Q421 millones que le corresponden, pero en el portal no reporta ejecución, mientras que a Escuintla se trasladaron Q14 millones y se han ejecutado Q5 millones por el momento.

Atrasos

Aunque los fondos que no se utilicen podrían permanecer en el presupuesto de los Codedes el año próximo, integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) consideran que al menos el 40 por ciento de estos recursos podrían quedarse sin ser ejecutados, lo que repercutiría en la aprobación del plan de gasto del 2025.

Linsleyd Tillit, representante no gubernamental ante el Conadur, dijo que es primera vez que el atraso en los desembolsos llega hasta mayo.

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“Esos proyectos se han visto afectados porque como cambiaron a los directores ejecutivos de los Codedes, no se han hecho las evaluaciones de avance físico y financiero de los consejos y no se ha terminado el proceso de registro de firmas que se tiene que hacer con el Ministerio de Finanzas”, indicó.

También hizo ver que al trabajar con el presupuesto del 2023, los proyectos nuevos se ven afectados porque no tienen fondos asignados. En cuanto a los multianuales, estos   pueden avanzar en ejecución sin problema.

Agregó que, por lo general, en un año la ejecución se acerca al 85 por ciento en los departamentos, pero ahora podría quedarse en un 60 por ciento. No obstante, hay casos como el de Quetzaltenango, que en años anteriores el Codede solo ha ejecutado el 55 por ciento de los fondos.

“Según lo que nos indicaron, solo cinco departamentos tienen integrada la propuesta 2025 de inversión por el Ministerio de Finanzas. Hay muchos proyectos que a la fecha no están en estatus de aprobado. Esto significa que no pueden subirse bases de cotización o de licitación”, expuso Tillit.

Por su parte, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) sostiene que solo los dos Codedes a los que se trasladaron recursos solicitaron las cuotas para las obras.

El titular de la SCEP, Víctor Hugo Godoy, manifestó que otros extremos que están influyendo son “la no aprobación del presupuesto inicial para los Codedes, el incumplimiento de los requisitos necesarios para las respectivas asignaciones por parte de estos, las nuevas autoridades en dichas instancias y los 233 nuevos alcaldes, todo lo cual implica retraso en la planificación y es lo que más está afectando”.

El funcionario añadió que su función es solo de coordinación y asesoría, y que cada Codede debe proporcionar su respectiva información sobre el estado físico y financiero.

No puede repetirse

El analista en temas ediles, Dámaso Rosales, hizo ver que parte de la falta de desembolsos está ligada a los atrasos en la elección de gobernadores, lo cual repercute de forma directa en la gestión técnica de las gobernaciones departamentales, además de que hay alcaldes nuevos, que a su vez genera una reevaluación de prioridades en los municipios.

“Creo que hay un atraso en las dos vías, no es que  un lado sea más responsable que el otro”, enfatizó.

El analista precisó que dicha situación no debería ocurrir en los siguientes meses o años de este gobierno, porque los Codedes están conformados por varias secretarías que deben cumplir con tiempos de programación para evitar retrasos.

“La planificación es básica para que sin importar de qué autoridad provenga, se puedan ir cumpliendo los plazos y que no suceda lo que tenemos ahora, que solo dos departamentos hayan logrado superar esos inconvenientes y se le estén asignando fondos. En todo caso, esto afecta a las diferentes regiones del país”, remarcó.

Sin embargo, dijo que se espera que, al ser resueltos estos problemas y cambios administrativos, no se registren más retrasos de este tipo.

Buscarán apoyo

En el segundo Conadur, por solicitud de los alcaldes que lo integran, se agregará un artículo en el proyecto de ampliación presupuestaria, para que el año próximo se permita que los fondos no ejecutados en este ejercicio fiscal permanezcan en los Codedes y no sean enviados al fondo común.

 Los jefes ediles consideran que de esta manera ellos pueden requerir apoyo a los legisladores de sus distritos para dicha aprobación. “Se convierte en un elemento de negociación con los diputados distritales”, afirmó Tillit.

Agregó que al presidente Bernardo Arévalo le beneficia que los alcaldes les pidan a los diputados que apoyen la ampliación presupuestaria.

“El gobernador de Guatemala nos dijo a la sociedad civil en una reunión que tuvimos que al presidente no le importaba mucho la ejecución. No es cierto, sí le interesa, va a depender mucho de la habilidad que tengan los gobernadores para agilizar firma de convenios, para la gestión que se tiene que hacer para subir la ejecución de los Codedes”, añadió la representante del sector de mujeres.

De la misma manera señaló que en algunos casos los fondos ya están en los Codedes, pero no hay convenios de obras firmados, por lo que los montos no se han trasladado a las municipalidades para avanzar con los proyectos.

En los primeros días de abril, cuando aún no se finalizaba la designación de gobernadores, un grupo de alcaldes del departamento de Santa Rosa acudieron a una reunión con el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada. Los jefes ediles aseguraron que era parte de los primeros acercamientos que realizaban en busca de apoyo para proyectos del año entrante.

En esa ocasión también el alcalde Iván Morales de Santa Cruz Naranjo aseguró que su prioridad es atraer financiamiento a las comunidades, por lo que también hacen acercamientos con actores alternos al Ejecutivo.

Política

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Alcaldes se quejan que atraso en elección de gobernadores repercutirá en obras de arrastre

En los últimos días se realizaron reuniones para programar proyectos del 2025, pese a que este año no se han iniciado las ejecuciones por falta de nombramientos.

Fátima Najarro

25 de abril de 2024

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Alcaldes advierte que los fondos locales del 2025 podrían verse afectados por obras sin terminar. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un mes después de la primera designación de gobernadores en ocho de 22 departamentos, aún no se concluye con el nombramiento del resto de funcionarios, debido a que el presidente Bernardo Arévalo devolvió más de la mitad de las listas recibidas, porque las personas “no eran idóneas para depositar la confianza pública”.

Esa situación llevó a atrasos en el avance de la ejecución por parte de los gobiernos locales. Al menos cuatro de ocho alcaldes representantes ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) señalaron que les afecta la falta de gobernadores.

El gobernador es quien preside el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), dirige las reuniones y es la persona, entre otras atribuciones, que firma los convenios de los proyectos que se ejecutarán.

Sin avances

“Los avances físico-financieros de los proyectos que están en ejecución no han caminado, no los han operado; entonces, llevamos tres meses de atraso”, aseguró el alcalde de Palencia, Guadalupe Reyes, quien es el representante de la región metropolitana en el Consejo Nacional.

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En el departamento de Guatemala, el gobernador es Diego de León Barrios, uno de los pocos nombrados en marzo, pero el jefe edil sostuvo que la elección tardía causó atrasos en las obras que deben ejecutarse este año. A ello se suma que aún faltan los nombramientos de dos directores.

“La verdad, —estamos— muy preocupados, porque primero hubo un nombramiento tardío del señor gobernador, quien no ha nombrado al director ejecutivo ni al financiero”, expresó Reyes.

También contempló los tiempos de los procesos de licitación y compra que deben efectuarse para ejecutar y luego firmar los convenios que se realicen.

La misma situación ocurre en las regiones Central, Suroccidental, Noroccidental y Suroriental. Los jefes ediles representantes confirmaron tanto los atrasos en la poca ejecución y en el nombramiento de directores.

Los alcaldes advirtieron de que repercutirá en proyectos de arrastre para el próximo año, pues ya están en desarrollo las proyecciones para el 2025.

“No se puede pensar ya en el 2025, porque todo va a depender de cómo avancen los proyectos en el 2024. Ahorita se está trabajando en la verificación de los expedientes”, refirió el jefe edil de Santa Apolonia, Chimaltenango, Selvin Pinzón.

A su criterio, eso les afecta, pues las obras que no se finalicen deben ser incluidas en el presupuesto del año entrante y comprometen los fondos que podrían utilizarse para otros proyectos. En el departamento, el director ejecutivo también se nombró de manera tardía.

Acumulan deudas

La alcaldesa de Aguacatán, Huehuetenango, Mirza Arreaga, coincidió con las declaraciones de los demás jefes ediles. Aseguró que en su municipio tampoco han comenzado a ejecutar. Además, manifestó que tienen pagos pendientes a contratistas, debido a la falta de gobernador y de director.

“Estamos parados —en la ejecución—, porque, como no hay quién firme, hay deudas con algunas empresas. No se pueden dar prácticamente los avances hasta que esté, y ahorita tampoco tenemos director de consejo”, aportó la alcaldesa. Consideró que aún podría recuperarse la ejecución, pero advirtió de que, de tener proyectos de arrastre, se afectaría la gestión de los gobiernos locales.

En esa misma línea se pronunció Carlos Say, alcalde de San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán, quien comentó que no han empezado a ejecutar los fondos, a pesar de que sí hay gobernadora en el departamento. El presidente Arévalo designó a Delfina García como titular.

“No hemos empezado a ejecutar nada, porque los proyectos presentados ahorita en el 2024 están todavía en evaluación en la secretaría del Codede, y cuando termine la evaluación, pues, ya firmaremos los convenios tal vez dentro de un mes y empezamos la ejecución”, detalló.

En el caso de Jalapa, Ricardo Sandoval, jefe edil de San Manuel Chaparrón, confirmó que están también a la espera de que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) nombre al director ejecutivo. En el departamento también ya hay gobernadora, y es Gladis Vásquez.

Se espera que la elección de los gobernadores se haga entre esta y la otra semana, aunque por el momento no hay fecha programada. También se consultó con la SCEP el motivo por el cual no han sido nombrados directores ejecutivos, pero no se obtuvo respuesta.

Cómo mejorar la confianza para hablar en público

Hablar en público no se trata solo de transmitir información, sino también de conectar con la audiencia.

The Conversation

8 de abril de 2024

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Practicar el discurso, conocer el tema a fondo y mantener una postura segura ayudan a proyectar confianza ante la audiencia. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Hablar en público es una de las actividades que más temor nos genera a los humanos. Voz temblorosa, sudoración excesiva, falta de respiración son, entre otros, los síntomas que experimentan las personas que pasan miedo hablando ante una audiencia. Además, está el temor a quedarse en blanco, a hacer el ridículo o incluso a no saber qué responder ante las preguntas del auditorio.

En cuanto a su prevalencia, los estudios al respecto dan cifras variadas, de entre el 20 y el 85 %, entre la población general. En un estudio realizado entre universitarios, un 49,3 % confesó tener miedo a hablar en público.

Esta realidad contrasta con un mercado laboral que prima a las personas que son capaces de comunicarse clara y eficazmente. Las empresas buscan abiertamente a profesionales con capacidad para presentar adecuadamente ante una audiencia los resultados de un proyecto, las ventajas de un producto o la implantación de una medida. Por tanto, la capacidad para hacer presentaciones orales de calidad es de elevada importancia tanto para el éxito académico como para el profesional de los futuros titulados universitarios.

Ante este panorama, en el contexto universitario urge encontrar formas de generar confianza entre los estudiantes y hacer que mejoren su competencia de comunicación oral.

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¿Qué aspectos influyen en la confianza del orador?

Con el fin de abordar esta cuestión, hemos investigado qué aspectos influyen en la confianza como orador del estudiantado para elaborar estrategias que mejoren su dominio de esta competencia. Y hemos detectado que, entre los factores que influyen en esta capacidad de expresarse en público, destacan la autoeficacia, la experiencia previa, la formación específica recibida, el género y la edad.

Concretamente, nuestro estudio revela que el principal determinante de la confianza para hablar en público es la autoeficacia, es decir, en qué medida la persona cree que es competente realizando presentaciones orales.

Mujeres y ansiedad social

El género del orador tiene también un peso en el miedo a hablar en público. Según nuestra investigación, las mujeres presentan menores niveles de confianza para hablar en público que los hombres. Este resultado es coherente con los estudios previos que señalan que las mujeres, en general, exhiben mayores niveles de ansiedad social.

Uno de los resultados más predecibles es el que relaciona la experiencia previa en presentaciones orales con la confianza como orador. Se confirma que los estudiantes que no tienen experiencia previa presentan menores niveles de confianza para hablar en público.

Formación en oratoria y edad

A pesar de que cabría pensar que haber recibido formación en oratoria puede incrementar la confianza del orador, en los datos no hay indicios de esta relación.
Tampoco se confirmó que la edad ejerza influencia en la confianza para hablar en público en la muestra analizada, pese a que en trabajos previos se había reportado una relación negativa entre la edad y la confianza, o más concretamente entre la edad y el miedo antes situaciones socialmente estresantes, como hablar en público.

Recomendaciones para mejorar la confianza del orador

Dado el papel que tiene la autoeficacia como elemento determinante, se deben potenciar las metodologías docentes orientadas a su mejora. Ello se puede plantear a través de cursos de habilidades de comunicación y de intervenciones puntuales, incluso de un solo día o unas horas de duración, apoyándose en realidad virtual, que se ha mostrado como una vía prometedora.

Además, practicar de una manera regular la competencia disminuye el miedo a hacer presentaciones. Esta intuitiva recomendación debería ser tenida en cuenta a la hora de diseñar los proyectos docentes desde la formación primaria, fomentando que, desde pequeños, los niños hagan exposiciones orales ante sus compañeros.

Orientación con rúbricas

Otro aspecto a considerar incluiría la utilización de rúbricas que orienten a los estudiantes respecto a los criterios para hacer una buena presentación oral. Las rúbricas son herramientas que describen los diferentes niveles de rendimiento en una actividad, comúnmente mediante descripciones de comportamiento.

Así, las rúbricas son útiles para orientar a los estudiantes antes de comenzar una actividad, contribuyendo significativamente a la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes y a la evaluación de su propio trabajo. Una rúbrica para evaluar la competencia de presentación oral proporciona criterios claros y concretos sobre los requisitos necesarios para hacer una presentación de calidad.

Perspectiva de género en la formación en oratoria

Por último, nuestros resultados sugieren que cualquier intervención orientada a la mejora de la confianza para hablar en público debe tener en cuenta el género. Esto es porque las mujeres presentan un menor nivel de confianza como oradoras, tanto en este estudio como en otras investigaciones.

En este sentido, y centrándonos en la relación entre capacidad de comunicación oral y éxito profesional, se propone que en la formación previa se presenten modelos de éxito. Es decir, mostrar a mujeres que ocupan puestos de alto nivel de cualificación realizando presentaciones brillantes. De esta manera, las estudiantes pueden establecer vínculos entre el éxito profesional y la capacidad de realizar presentaciones de calidad.

Alicia Bolívar Cruz, Profesora de Organización de Empresas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Domingo Verano-Tacoronte, Profesor de Dirección de Recursos Humanos. Área de Organización de Empresas. Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Diez estrategias para recuperar la libertad financiera

Contraer una deuda es una decisión que no se debe tomar a la ligera, ya que puede condicionar nuestra prosperidad y economía personales.

Redacción EFE

2 de abril de 2024

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05:00h

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Liberarnos de deudas también nos libera de muchas preocupaciones. (Foto Prensa Libre: EFE)

Aunque el aumento de la deuda contraída mediante créditos personales puede ser superior entre los mayores de 55 años de edad en algunos países, el endeudamiento en general no es exclusivo de una franja de edad, sino un fenómeno generalizado que se agudiza en momentos de inestabilidad económica y alza de intereses, según los especialistas en finanzas.

Un análisis de la fintech (firma de tecnología financiera) Go Bravo, constata que la inestabilidad en las fuentes de ingresos y una tendencia a reestructurar deudas existentes con nuevos préstamos llevan a muchas familias a un ciclo continuo de endeudamiento, y a menudo a endeudarse en exceso.

Los cambios en el nivel de ingresos y en los hábitos de consumo, así como carecer de un fondo de emergencia, son las principales causas por las que la población llega a problemas de sobreendeudamiento, según el estudio de esta fintech global, efectuado en España pero cuyos resultados y tendencias pueden extrapolarse en distintos grados a otros países de América y Europa.

“El sobreendeudamiento afecta a personas de todas las edades y niveles educativos, incluyendo a aquellos con estudios universitarios” explica Javier Velásquez, director ejecutivo (CEO) y cofundador de Go Bravo.

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Velásquez enfatiza la importancia de reajustar presupuestos y adaptar estilos de vida a las realidades económicas para evitar caer en este bucle de deudas.

Señala que para prosperar económicamente, resolver las deudas que ya se hayan contraído, evitar sobreendeudarse y tomar decisiones inteligentes en el futuro, son fundamentales “el conocimiento y la disciplina en materia de finanzas”.

Consultado sobre ¿Cuándo podría considerarse realmente imprescindible contraer una deuda (crédito personal) con una entidad bancaria o crediticia?, este especialista advierte que “contraer una deuda no es una decisión que se deba tomar a la ligera”. Señala que “una deuda, contraída desde el punto de vista de la necesidad y no desde el deseo, se convierte en una herramienta potencialmente útil”.

Velásquez considera que analizar la posibilidad de contraer un crédito personal puede ser realmente imprescindible “cuando se lo va destinar a inversiones que generan valor a largo plazo o a responder a necesidades vitales que no pueden ser cubiertas de otra manera”.

Por ejemplo, “un crédito personal puede ser adecuado para destinarlo a la educación, que es una inversión para prosperar en un futuro; a la compra de una vivienda, que proporciona estabilidad; o a resolver situaciones de emergencia que requieren una respuesta inmediata”, puntualiza.

Antes de contraer una deuda

Por otra parte, Velásquez consideran crucial realizar un análisis detallado de cinco aspectos clave, antes de decantarse por la vía del endeudamiento.

1. Evalúe la tasa de interés: “No todas las tasas son iguales. Busque las más bajas para minimizar el costo del préstamo”, recomienda.

2. Comprenda los términos y condiciones: “Cada contrato tiene su ‘letra pequeña’. Conocerla a fondo evitará sorpresas desagradables”, advierte.

3. Analice su capacidad de pago: “Examine su flujo de ingresos y gastos, para asegurarse de que podrá cumplir con las cuotas del crédito sin comprometer su bienestar financiero”, aconseja.

4. Tenga claro el propósito del préstamo: “Asegúrese de que la deuda contribuya a tu crecimiento personal o solucione una necesidad esencial”.

5. Explore distintas alternativas: Velásquez siguiere evaluar otras opciones, dado que “a veces, ahorrar o ajustar el presupuesto puede ser más beneficioso que endeudarse”.

Por otra parte, Javier Velásquez también ofrece algunas estrategias claves para negociar y liquidar las deudas en curso que hemos contraído con anterioridad y recuperar nuestra libertad financiera.

Después de haberse endeudado

No obstante, Velásquez aporta cinco claves y estrategias “para aquellos más atrevidos” que quieran negociar sus deudas por su cuenta.

6. Comunicación proactiva: “Contacte a sus acreedores antes de que los problemas se agraven. La disposición a negociar suele ser más alta cuando se muestra iniciativa”, señala Velásquez.

7. Reestructuración de la deuda: “Explore distintas opciones para modificar las condiciones de su deuda, como alargar el plazo o reducir la tasa de interés”, sugiere.

8. Consolidación: “Si tiene múltiples deudas, analice la posibilidad de consolidarlas (agruparlas en un solo préstamo o pago mensual), lo cual podría reducir su carga financiera mensual”, señala.

9. Prioridad de pagos: Velásquez recomienda enfocarse en las deudas más pequeñas y priorizar el pago de éstas. “Una vez liquidadas, dispondrá de más dinero para destinarlo a pagar las deudas de mayor importe”, apunta.

10. Fondo de Emergencia: “Crear un ‘colchón financiero’ le dará más flexibilidad y seguridad al negociar una deuda”, concluye Velásquez.

Política

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Presentan acciones contra el 55 por ciento de las ternas de gobernadores

En 12 departamentos la Asociación de Abogadas Chomija piden que se repita el proceso de elección de ternas a gobernadores

Fátima Najarro

14 de marzo de 2024

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Las ternas de gobernadores fueron remitidas al presidente hace casi 15 días. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La elección de gobernadores enfrenta un nuevo obstáculo. En 12 de los 22 departamentos se presentaron recursos administrativos contra la metodología con que se seleccionó las ternas de candidatos que fueron enviadas al presidente Bernardo Arévalo.

Los memoriales fueron presentados en la Secretaría General de la Presidencia y una copia fue enviada a la Secretaría Privada. La Asociación de Abogadas Indígenas Chomija´ accionó con base en peticiones de la sociedad civil de los distintos departamentos.

“Se violentó este principio de publicidad, así como el principio de idoneidad y honorabilidad”, manifestó la abogada Ana López, integrante de la entidad en mención. Agregó que se llevó a cabo una interpretación extensiva de la convocatoria y de la reforma del reglamento de la Ley de los Consejos Departamentales de Desarrollo, por lo cual decidieron accionar por la vía administrativa y no por la legal.

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Falta de criterios

Las juristas consideran que el proceso no tuvo la publicidad necesaria para que la sociedad civil pudiera fiscalizarlo. Además, no se siguió la lógica de la idoneidad para calificar candidatos; por el contrario, se hizo para favorecer o bloquear a ciertas personas, según el territorio.

Los recursos se presentaron en:

• Alta Verapaz
• Baja Verapaz
• Petén
• Izabal
• Guatemala
• Escuintla
• Sacatepéquez
• Chimaltenango
• Sololá
• Quiché
• Quetzaltenango
• Huehuetenango

López dio a conocer que se solicitó al mandatario que rechace las ternas que le fueron enviadas, que se reforme otra vez el proceso y que la metodología sea más específica.

“Lo que estamos pidiendo al presidente, en primer lugar, es rechazar las ternas, y segundo, dejar sin efecto ese proceso de selección. También pedimos que se repita la elección”, remarcó la abogada.

Ahondó en que el procedimiento que se lleve a cabo indique día, hora y lugar donde los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Codede) deben reunirse, criterios específicos que se deben calificar y punteos, así como aspectos sobre los cuales se pueden presentar reparos.

Otro señalamiento al que hizo referencia López es que los representantes no gubernamentales de los Codede, quienes proponen la terna, no representan los intereses de la población y comunidades.

Se preguntó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia si se solventarían estas demandas antes de efectuar la elección y cuánto tiempo más tomaría, pero al cierre de esta nota no se tuvo respuesta. No obstante, Arévalo dijo ayer en conferencia de prensa en Nebaj, Quiché, que se prevé designar gobernadores el lunes o martes de la próxima semana.

Intimidaciones

López expuso que se accionó en contra de las ternas en los 12 departamentos citados porque se recibió información al respecto, la cual se corroboró para presentar las acciones. Además, dijo que hubo algunos otros de los que se tuvo información, pero no se accionó debido a amenazas.

“Incluso nosotras empezamos a recibir llamadas; preferimos no meternos en más”, enfatizó.

No es la primera vez que se habla de intimidaciones o amenazas en este proceso. En el primer Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), algunos representantes no gubernamentales expresaron que durante el mismo se recibieron presiones.

En esa ocasión respaldaron el trabajo desarrollado al seleccionar a los postulantes y pidieron al mandatario que se respeten las listas depuradas.

 Por su parte, Arévalo ha indicado que las ternas que a su criterio no sean ideales, serán devueltas a los Codede.

Atrasos en la gestión

A juicio del especialista en gobiernos locales Edy Cifuentes, pensar en reformar el procedimiento es acertado, pero hay que tomar en cuenta que no se dará de manera inmediata, por lo cual hizo ver que la demora en la designación de gobernadores podría traer consecuencias.

“No es tan cercano en la lectura que uno puede dar en el manejo político de la de la agenda en el Congreso y las circunstancias que se plantean. Por lo tanto, es difícil pretender valorar una reforma ahora”, consideró.

Asimismo, estimó que con estas acciones que se presentaron es probable que la elección se prolongue hasta mayo, e insistió en que el aplazamiento puede repercutir en la inversión y gestión del presupuesto que manejan lo Codede.

“La obra pública va a sufrir esos atrasos”, anticipó Cifuentes. Ante ello, plantea que   Arévalo debería relevar a los gobernadores que fueron electos por Alejandro Giammattei y en la transición nombre a otros de manera interina, para no afectar la gestión pública.

Por último, dijo que la presentación de ternas para gobernadores pudo haber sido influenciada por los acuerdos a los que se llegó en el Organismo Legislativo con los diputados independientes electos por Semilla.

Ayer se publicó la nueva modalidad para la elección de gobernadores, tal como lo había anunciado el presidente, Bernardo Arévalo, la semana pasada. Según sus declaraciones, con este mecanismo se busca hacer más transparente el proceso.

Sin embargo, la medida ya es blanco de críticas por el riesgo de violentar procesos normados en ley y hay advertencias de que se emprenderán acciones legales si se insiste en cambiar el modelo de elección.

Dicha reforma presidencial incluye tres nuevos artículos, entre estos que la ciudadanía podrá presentar señalamientos en contra de los aspirantes y que quienes se postulen deben incluir en su expediente un plan de trabajo.

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Procedimiento

El artículo 36 Bis, adicionado al reglamento, establece que en la convocatoria que se publicará en el Diario de Centro América se especificará la documentación que los interesados deben presentar al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) correspondiente.

A los tres días, el Codede sesionará para integrar la comisión que le corresponderá la recepción de expedientes. Cinco días después vence el plazo y la comisión presentará la lista de aspirantes en la sede de la gobernación departamental y se publicarán en la página web del Ministerio de Gobernación. A partir de ese momento, la ciudadanía tendrá tres días para presentar objeciones en contra de los aspirantes.

“Las observaciones u objeciones deberán ser presentadas por escrito, en horario hábil en la sede del Consejo Departamental de Desarrollo o, en caso de no saber leer o escribir, de forma verbal, la cual deberá consignarse en acta”, se lee en el documento oficial.

El artículo 36 Ter, que también se adiciona, dispone que los aspirantes serán citados para conocer las objeciones en su contra y pronunciarse sobre las mismas. Para el efecto se integrará una terna que evaluará los expedientes y calificará conocimiento de la problemática del departamento, capacidad y experiencia en administración, liderazgo y visión estratégica.

Además de empatía con la participación ciudadana, plan de trabajo y que la persona domine un idioma nacional correspondiente a la comunidad lingüística dominante. En el último artículo, 36 quarter, que se añade a la norma, se centra en lo actuado por la terna, quienes cumplan con los requisitos, sus expedientes serán enviados al presidente por la vía de la Secretaría General.

Contraviene la ley

A pesar que el mandatario reformó el reglamento que norma a los Codedes, en la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo está contemplado otro procedimiento, lo cual no permitiría actuar bajo la nueva modalidad, señala el analista Luis Linares de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

“Es necesario interpretar bien la ley y aplicar lo que dice la ley”, insistió.

En la Ley del Organismo Ejecutivo, en el artículo 42 se contempla que los gobernadores serán elegidos por el presidente “ tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo”.

Según Linares, de seguirse la nueva modalidad podría haber una contradicción con la anterior normativa citada.

“Aunque pudiera ser más democrático, lo que está en la ley es lo que debe de seguirse, de lo contrario, van a ser impugnados los los nombramientos”, apercibió.

El analista considera que se debe de seguir con el proceso que manda la Ley del Ejecutivo hasta sea reformada.

“Para evitarse retrasos y que pasen semanas o meses sin gobernadores en firme, lo indicado es, como todo en el estado de Derecho, hacer lo que la ley indica, porque esa es la norma básica del estado de Derecho, el que ejerce una función pública solo puede hacer lo que le permite la ley”, arguementó.

En ese mismo sentido, el fin de semana los representantes de organizaciones no estatales acreditados ante el Conadur, pidieron al presidente Arévalo respetar el proceso ya establecido. Esto luego del anuncio del mandatario sobre los cambios al proceso de elección de los gobernadores.

Reasignarán fondos

Mientras se nombra a los nuevos gobernadores continúan en el cargo los designados en la administración de Alejandro Gimmattei. La semana pasada se conoció que buscaban redistribuir en proyectos los Q600 millones de los fondos del programa de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.

Por esa razón, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) ordenó a sus delegados que no acudan a las sesiones de los Codedes convocadas, donde fungen como secretarios y dan legalidad a la misma.

El mandatario se pronunció respecto al procedimiento y aseguró que no se han negociado contratos o plazas con el Legislativo. Además, que los fondos a las obras serán asignados conforme al plan de gobierno.

“Los contratos de obra pública son decididos en función de el plan de gobierno y de las necesidades establecidas en este, no están sujetos a una negociación”, aclaró ayer Arévalo, cuando se le cuestionó si habían negociaciones de cualquier tipo con los diputados.

El mandatario aclaró que los diputados distritales pueden ser parte del proceso de selección de gobernadores, pero dentro de las funciones que establece la ley.

Por ello públicamente exigen que se respete el marco legal y el debido proceso para el nombramiento de gobernadores departamentales.

Rechazan cualquier intento de vulnerar los derechos de los diferentes representantes de organizaciones no estatales acreditados ante los Consejos Departamentales de Desarrollo en los 22 departamentos del país y las funciones inherentes a su cargo.

Y, que desconocen el procedimiento presentado por el Presidente en la conferencia de prensa el día viernes 26 de enero, donde se involucra al pleno del Consejo Departamental de Desarrollo ya que, refieren no está apegado a lo establecido en la ley.

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Anuncio del mandatario

En el marco de una reunión con alcaldes el viernes 26 de enero, Arévalo reveló detalles del procedimiento que se utilizará para la selección de los 22 gobernadores departamentales.

“El martes estaremos publicando la convocatoria a los ciudadanos para que envíen candidaturas para la elección de gobernadores en todo el país”, mencionó el mandatario.

Añadió que luego se darán tres días para que los Consejos Departamentales de Desarrollo se reúnan en sesión extraordinaria para elegir a una comisión que recibirá los expedientes enviados por la población.

“Los ciudadanos van a tener, una vez que se forme la comisión, cinco días para presentar las propuestas y la lista completa va a ser enviada al Ministerio de Gobernación, va a ser publicada en el Diario de Centro América y en la sede de cada gobernación departamental para que las personas puedan ver quiénes son las personas que están aspirando a este cargo”, expuso ese día Arévalo.

También se podrán enviar objeciones, observaciones y comentarios sobre las candidaturas en el plazo de los tres días siguientes de la publicación de listado de aspirantes.

“El Consejo Departamental (de Desarrollo) convocará dentro de los cinco días siguientes a una sesión extraordinaria para la calificación de expedientes, consideración de las observaciones y las objeciones y elección de ternas tal y como lo establece la ley. Una vez integrada la terna va a ser enviada al presidente en los cinco días siguientes para que haga la elección”, finalizó el mandatario.

Señalan procedimiento

En el pronunciamiento divulgado en un comunicado el sábado 27 de enero,  quienes cuestionan el procedimiento mencionado por Arévalo, explican que en el artículo 42 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República se establece el procedimiento, refiriendo que el Presidente nombrará a los gobernadores departamentales considerando los candidatos propuestos por los representantes de organizaciones no estatales acreditados ante los Consejos departamentales de Desarrollo urbano y rural respectivos.

Además, exponen que en el artículo 9 del decreto 11- 2002 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se menciona la integración de los Concejos Departamentales de Desarrollo, en el cual se indica en las literales de la “e” a la “n” quiénes son los representantes de organizaciones no estatales.

En tanto en el artículo 10, se establecen las funciones del Consejo Departamental de Desarrollo, y en la literal K dice “Proponer al Presidente de la República las ternas respectivas de candidatos a gobernador titular y gobernador suplente, en esta función solo tendrán voz y voto los representantes a que se refieren las literales e a la n del artículo 9 de esta ley”.

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También se expone en el documento que la Corte de Constitucionalidad (CC), en el expediente 1539-2017, genera jurisprudencia del proceso de selección de Gobernadores Departamentales, y dejó claro que se violentó el principio jurídico del debido proceso en el trámite del nombramiento de los Gobernadores Departamentales, y se exigió realizar nuevamente el procedimiento de selección.

Representantes en el Conadur

En el comunicado de este sábado se adjunta la lista con los nombres de los Representantes Titulares y Suplentes de las Instituciones o Sectores No Gubernamentales, ante citado Consejo, y que fueron electos cuando el presidente Alejandro Giammattei era el coordinador del Conadur, para el período del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024.

• Pueblos Maya

Titulares:  Marcos Joél Santiago Cortez, María Herlinda Poyón Gámez de Toj, José Alberto Quel Xoy, Juan Gonzalo Méndez López. Suplentes: Pablo Choc, Brenda Patricia Subuyuj Guat de Gómez, Rodrigo Antonio Agustín y Agustín, Duglas Reginaldo García Motta.

• Pueblo Xinca

Titulares: José Urias Sánchez. Suplentes: Juan Alberto Sánchez Jiménez.

• Pueblo Garífuna

Titulares: Betzy Idonia Sánchez López. Suplentes: ND.

• Organizaciones Cooperativas

Titulares: Pablo Antonio Carrera Castellanos. Suplentes: Jorge Aníbal Macz Leal.

• Asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores de la manufactura y los servicios

Titulares: Manfredo Antonio Reyes Solares. Suplentes: Rolando Rubiny Orantes Pocasangre

• Organizaciones campesinas

Titulares: Marcos Antonio Guzmán, Nineth Maximiliana Florián Vásquez. Suplentes: Ricardo Vinicio Lobo Flores, Marta María Choc Tzi de Calderón

• Asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e industriales

Titulares: Alan Estuardo Ovalle del Valle. Suplentes: Angel Francisco Oliva González

• Organizaciones de trabajadores

Titulares: Rodrigo Eugenio Hernández Boche. Suplentes: Emilio Alberto Chiac Bol

• Organizaciones guatemaltecas no gubernamentales de desarrollo

Titulares: Hori Orlando Salanic. Suplentes: Noé Esteban López Gutiérrez

• Organizaciones de mujeres

Titulares: Linsleyd Vennetia Tillit Montepeque, Norma Karina Santos Sagché. Suplentes: Alva Benilda Batres Espinoza, Carmen Catarina Peneleu González

El pasado 24 de octubre, la Comisión de Finanzas del Congreso dictaminó de manera favorable el proyecto de presupuesto que llegará a Q128 mil 880 millones. Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, de lo contrario quedará vigente el de este año.

La Comisión no quiso aprobar un aumento de Q1 mil 800 millones que solicitaba el equipo de transición del gobierno electo.

En el presupuesto, de ser aprobado, son los departamentos de Guatemala, San Marcos, Quiché, Petén, Sololá y Chimaltenango en donde se concentraría la mayor cantidad de proyectos. En total, dos mil 164 equivalente al 40% del total. En recursos, estos seis departamentos acapararían Q3 mil 129 millones de los recursos destinados a inversión de obra física.

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El monto propuesto este año refleja un incremento de Q1 mil 838 millones en relación con el 2023, aunque la cantidad de obras refleja una ligera disminución —10 en total—. Esto se explica con que hay obras multi regionales que abarcan varios departamentos.

Entre estas, se asignan casi Q1 mil millones para la ampliación a cuatro carriles de tres tramos del anillo regional. Uno en Villa Canales; el segundo en El Progreso, y otro más en Escuintla.

Asimismo, se incluye una buena cantidad de construcción de puentes, hospitales, distribuidores viales y carreteras. También se contempla la continuación de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, que construirá el Ministerio de Gobernación para lo cual se asignan el próximo año Q374 millones.

Consejos de Desarrollo

El presupuesto también incluye un aumento de Q531 millones para los Codede, instancias departamentales que proponen proyectos desde los consejos comunitarios de desarrollo. Según la propuesta, se priorizarían proyectos relacionados a asuntos económicos, urbanización y servicios comunitarios, educación, protección ambiental y salud.

Los departamentos que concentrarán mayor cantidad de recursos asignados a los Codede —el 43% del total— son, en este orden:  Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché y Quetzaltenango, con Q1 mil 683 millones del total.

El incremento a los Codede ocurre, pese a las constantes críticas por la mala ejecución de estos recursos. Este año, hasta mediados de septiembre, el promedio de gasto llegaba al 35%, con varios departamentos que apenas rebasaban el 10%. Analistas atribuyen el atraso, año con año, a los trámites burocráticos, pero también a la escasa capacidad de las municipalidades.

Análisis

Carlos Gossmann, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que el aumento de la inversión no es algo malo; sin embargo, es importante establecer si los proyectos han sido planificados de buena forma, es decir, si se han costeado de manera justa, si no se sobrevalorarán o si se utilizará adecuadamente la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).

Añadió que habría que determinar si el listado de obras está enfocado a atender las grandes necesidades del país, y que a su parecer se centran en salud y educación, sobre todo en cuanto a puestos y centros de salud y edificios educativos de nivel medio y de preprimaria.

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A juicio de Grossmann, la corrupción es el principal problema que tiene el país al hablar de la ejecución de obras de infraestructura, tanto del gobierno como de los proveedores del Estado, así como la falta de capacidad de aplicar la LCE y la sobrevaloración de proyectos dadas las condiciones del mercado.

“Lo que se destina para inversión termina siendo poco. Si esta va orientada prestar servicios, se debe incrementar también el funcionamiento porque de nada sirve un hospital o una escuela si no hay plata para que funcione”, subrayó.

El Anillo Regional es una de las mega obras que se incluye en el listado geográfico de obras 2024

El promedio es considerado bajo por analistas y ciertas gobernaciones departamentales, algunas de las cuales apenas en agosto pasado recibían los convenios de ejecución por parte de las municipalidades, algo que se debió hacer desde inicio de año puesto que sin estos avales no se puede ejecutar un proyecto.

Los Codede tienen un presupuesto vigente este año de Q4 mil 230 millones, para invertir en tres mil 703 proyectos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip) de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan). Hasta el pasado 14 de septiembre, habían ejecutado Q1 mil 485 millones, el equivalente al 35%.

El monto de ejecución corresponde a dos mil 346 proyectos de inversión, lo que significa que hay mil 357 que ni siquiera han comenzado.

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Según este portal, los departamentos que llevan más avanzada la ejecución y que en consecuencia mejoran el promedio son: Petén (70%), Baja Verapaz (66%), El Progreso (63%), Sololá (55%) y Jutiapa (53%); sin embargo, hay otros que ni siquiera han superado la barrera del 20%.

Los peores ubicados son: Huehuetenango, Chiquimula, Izabal, Suchitepéquez, Totonicapán y Quetzaltenango, de acuerdo con el Snip. Algunas de las gobernaciones de estos departamentos accedieron a dar explicaciones o comentarios a Prensa Libre.

Explicaciones

En el caso de la Gobernación de Quetzaltenango, departamento cuya ejecución en el Snip refleja apenas el 1%, la oficina de Consejos de Desarrollo aseguró que la ejecución real es del 26%. No obstante, es un promedio bajo y que presenta a municipios con evidentes atrasos como Salcajá y San Francisco La Unión que van en el 9% y 11%, respectivamente.

La Gobernación de Suchitepéquez informó que el 12% que refleja el Snip corresponde a los desembolsos, pero que el avance físico va en un 33%.

El director ejecutivo del Codede, Andony Rodas, explicó que todavía esperan que algunas municipalidades completen la documentación para tramitar los desembolsos en el Ministerio de Finanzas, con lo cual aumentará el porcentaje de ejecución. Añadió que el atraso se debió a que los convenios se firmaron cuando el plazo estaba por vencer.

Con Izabal ocurrió algo similar ya que los convenios se firmaron el 14 de agosto, la fecha límite.

“El atraso proviene de las direcciones municipales de Planificación”, indicó Axel Aceituno, director ejecutivo del Codede del departamento, ya que estas son las responsables de gestionar sus proyectos en la Segeplan y hasta que esta los aprueba se pueden firmar los convenios.

“Lo ideal es que los firmáramos a inicios de año. En Petén, en enero o febrero ya estaban firmando convenios porque las municipalidades se apresuran para que Segeplan les apruebe sus proyectos, cosa que no pasa aquí”, señaló.

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Por su lado, el gobernador de Huehuetenango, Jorge de León, departamento que lleva una ejecución del 19%, de acuerdo con el Snip, aseguró que la ejecución física está por llegar al 50%, pero que se reflejará hasta en los próximos meses. “En octubre, noviembre y diciembre los avances se incrementan debido a que ya son reportados completamente”, aseguró.

Por Totonicapán, el gobernador José Pablo Ordóñez ofreció devolver una llamada telefónica para dar comentarios, pero no lo hizo. En el caso de Chiquimula no fue posible contactar a las autoridades de la Gobernación a los números de teléfono que aparecen en su página de internet.

No llega el desarrollo

Analistas coinciden en que el retraso en la ejecución de recursos de los Codede obedece a varios factores, desde cuestiones burocráticas hasta falta de capacidad de las municipalidades.

El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Luis Linares, afirmó que los procesos de ejecución de los consejos de desarrollo son complicados y deben de cumplir varios pasos antes de que se inicie con la construcción de una obra.

En primer lugar, los alcaldes deben identificar los proyectos, según lo que prioricen los consejos comunitarios de desarrollo, luego los consejos municipales (Comude) los avalan para luego pasar al Codede. Al contar con todos estos avales ya se gestiona la inscripción en el Sistema Nacional de Inversión Pública para empezar con la ejecución.

Aracely Martínez, directora de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle, expuso que hay un abanico de posibilidades que pueden explicar el retraso en la ejecución de los recursos de los Codede.

Entre estos, factores estructurales que tienen que ver con la asignación de los fondos o las barreras que pueda contar cada proceso en específico. Además, no descartó que el proceso electoral haya influido, si es que los funcionarios volcaron toda su atención a la campaña, o simplemente puede tratarse de una falta de capacidad de ejecución.

Martínez indicó que esta incapacidad impacta negativamente en el desarrollo de la población porque los impuestos no se transforman en obras de infraestructura o en el acceso de servicios públicos.

“Esas comunidades se quedan sin el servicio o sin el bien cuando sí hay recursos y cuando es una necesidad sentida. Son impuestos que ya no regresaron a las comunidades y se quedan en una estructura ineficiente y corrupta”, remarcó catedrática universitaria.

Evaluación

Linares cree que aparte del impacto sensible en las comunidades ya que no se concretan los proyectos, también está el mal uso que se han hecho de estos recursos.

Asies efectuó un estudio que está por presentar, en el cual se compila que desde 1994 al 2023 el Gobierno ha desembolsado más de Q44 mil millones para proyectos de consejos de desarrollo, sin que exista una medición de qué tanto ha impactado positivamente en la población.

“Esta es una cantidad extraordinaria y desmesurada y no se ha hecho una evaluación del impacto en el desarrollo”, subrayó el analista. “Muchas de estas obras no son prioritarias y otras, por ejemplo, son caminos que se les da mantenimiento y a los tres meses está igual”, señaló.

Según Leal, se prevé que la próxima semana la iniciativa de ley sea trasladada al Pleno y posteriormente, el 7 u 8 de septiembre den inicio las audiencias con entidades que representan a diversos sectores, de las que a la fecha, tiene anotadas 86, de manera que se lleve a cabo un buen análisis de las cifras de ingresos y egresos previstos.

Los Q124 mil 880 millones que se proponen, representan Q6 mil 706.6 millones más (5.7%) respecto al presupuesto vigente a agosto 2023, que se sitúa en Q118 mil 173.4 millones. Además, es superior en Q9 mil 437 millones (8.1%) a los Q115 mil 443.7 millones que fueron aprobados originalmente por el Congreso para el ejercicio fiscal 2023, mediante el decreto 54-2022.

El funcionario explicó, luego de entregar la iniciativa de Ley al Congreso, que el 89.6% del monto propuesto para el próximo año se concentran en seis rubros e instituciones, como Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (traslados a entidades Descentralizada y Autónomas), Ministerio de Educación, Servicios de la Deuda Pública, y los ministerios de Salud, Gobernación y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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Ingresos y gastos

Por tipo de gasto se contemplan Q81 mil 144.8 millones para funcionamiento (65%); Q22 mil 956.8 millones para inversión (18.4%); y Q20 mil 778.4 millones para deuda pública (16.6%). Estos egresos se financiarán con recaudación tributaria (78.9%), la que se ha estimado en Q98 mil 533.3 millones.

Además, deuda por Q13 mil 672 millones, de los cuales Q10 mil 587.2 millones se financiarían con Bonos del Tesoro; y Q3 mil 84.8 millones, con préstamos, aparte de una caja fiscal o recursos disponibles por Q7 mil 761.8 millones. De confirmarse esta última cifra en las aprobaciones y no haber cambios en estos cuatro meses, ese podría ser el monto con que inicie al próximo gobierno. El déficit fiscal se prevé que se sitúe en 1.7% del producto interno bruto (PIB) y la carga tributaria, en 11.7% del PIB

Las asignaciones

¿Cuánto tendrán las alcaldías?

El rubro más alto al que se le asignan fondos, es el de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, que incluye las transferencias de recursos que el Organismo Ejecutivo hace a las entidades descentralizada y autónomas. Para ello, explicó el ministro, se contempla un presupuesto de Q41 mil 132.9 millones, que es Q279.2 millones más (0.7% más) respecto al aprobado para 2023. Y, representa Q350.7 millones más, comparado con el presupuesto vigente al 31 de agosto.

El funcionario explicó, por ejemplo, que las municipalidades tienen una asignación de Q11 mil 452.6 millones para el 2024, con un crecimiento de alrededor de Q1 mil 382.1 millones, comparado con los Q10 mil 70.5 millones asignados para este año.

“Si a eso se le sumamos la asignación a los Consejos de Desarrollo de Q4 mil 16 millones, entonces las municipalidades van a estar recibiendo a través de aportes y Consejos casi Q15 mil millones”, refirió el ministro. La cifra en el documento es de Q15 mil 468.6 millones.

Los rubros más grandes

El Ministerio de Educación es la entidad que registra una mayor asignación, con Q23 mil 50.6 millones, equivalente a un incremento de 3.6% respecto a lo aprobado para el 2023, pero el incremento es de 4.7% respecto a lo vigente al 31 de agosto. El siguiente es para Servicios de la Deuda Pública, con Q20 mil 778.4 millones y el aumento es de Q4 mil 636.7 millones, el 28.7%.

En el caso del Ministerio de Salud se proponen Q12 mil 555.1 millones, el aumento es de Q501.7 millones, un 4.2% más que lo aprobado para el 2023.  Sin embargo, durante el año, según el Sicoin a este ministerio se le redujo el presupuesto en Q668.1 millones, por lo que al 31 de agosto le aparecen vigentes Q11 mil 385.2 millones, por lo que tomando como base ese dato, el aumento sería de Q1 mil 169.80 millones (10.3%).

Martínez comentó también que para el Ministerio Gobernación, serían Q7 mil 839.2 millones y el aumento respecto a lo aprobado es de 6.2%. En este caso el vigente es de Q6911.65 por lo que comparado con ello el crecimiento sería de Q13.4% (Q927 millones).

En tanto se prevén Q6 mil 580 millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Esta entidad también ha tenido modificaciones ya que para el 2023 le fueron aprobados en el Congreso Q5 mil 791.6 millones, según el Minfin al 31 de julio tenía Q6 mil 9905 millones y al 31 de agosto le aparece un presupuesto vigente de Q8 mil 122.39 millones. Por lo que el crecimiento respecto al aprobado sería de 13.6%, pero respecto al vigente al 31 de agosto, sería una baja de -19%.

Martínez argumentó que en general, se fortalece el gasto social, ya que en alimentación escolar se asignan Q3 mil 200 millones, el Programa de Adulto Mayor se le asignaron Q1 mil 175 millones, y al seguro escolar, Q350 millones.

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El diputado electo por el Movimiento Semilla, Jonathan Menkos, explicó el 29 de agosto último que según el plan de gobierno, para el primer año de gestión necesitarán Q127 mil 600 millones.

Menkos, economista y diputado electo por el Movimiento Semilla, dijo no conocer a detalle el proyecto de presupuesto. No obstante, explicó que los techos o montos máximos mencionados se alejan un poco de la idea que se maneja en el plan de gobierno.

Agregó que deberán a analizar la propuesta que llegue el Congreso, entender las razones macroeconómicas que sustentan ese proyecto de presupuesto ya que “el plan de gobierno que proponemos tiene otras prioridades, otras formas de entender las necesidades de la población, así que vamos a analizar la propuesta y haremos las recomendaciones necesarias”.

Entre algunas diferencias que menciona es que para iniciar el primer año de gobierno requerirán Q127 mil 600 millones, y parte de la diferencia puede estar en la meta de la recaudación; por el lado del gasto indicó que proponen un mayor esfuerzo en materia de seguridad, salud, educación y nutrición, no solo con techos presupuestarios, sino con programas, a la par de esfuerzos para aumentar y fomentar la producción nacional.

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Además, su proyección de inversión está entre 20% y 22% del total “y gradualmente se va a ir aumentando”, aunque explicó que eso tiene que estar acompañado de una reestructuración de gastos y de formatos de inversión.

En el caso del déficit, la mayor parte está vinculado a proyectos de inversión, los cuales se expondrán para plantearle a la sociedad la necesidad de endeudamiento adicional, a la par de una mejora en la recaudación. “En el plan se ha propuesto que el déficit se eleve a 2.9% al 2027, ante la necesidad de financiar proyectos de interés para el país”.

Respecto a la transición dijo que no es el vocero para el tema, pero se espera que inicie pronto el proceso, ya que estaban esperando la declaración del Tribunal Supremo Electoral, que ya hizo oficial al binomio electo, y ese es el punto de partida para el proceso.

Ciudad de Guatemala (Guatemala), Cartagena y Cali (Colombia), Fortaleza y Manaos (Brasil), Rosario (Argentina), Mérida y Hermosillo (México), Renca (Chile) y Ambato (Ecuador) han sido las ciudades de América Latina seleccionadas entre 129 candidaturas, señaló en un comunicado.

Figuran asimismo Montego Bay (Jamaica) y Freeport (Bahamas).

Todas ellas participarán en la iniciativa Ciudades en Movimiento (Cities Forward), lanzada durante la Cumbre de Ciudades de las Américas celebrada en abril de 2023.

El objetivo es ayudar a las ciudades a crear un entorno sustentable -a nivel ambiental, económico y social- inclusivo, beneficiando a las comunidades más pobres y subrepresentadas, y resiliente.

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Se hará conectando cada una de ellas con su contraparte en Estados Unidos para trabajar en conexión.

Es una de las promesas hechas por el presidente estadounidense Joe Biden durante la novena Cumbre de las Américas de junio de 2022 en sintonía con su agenda, muy centrada en el desarrollo sostenible y las energías limpias.

“Esperamos trabajar en estrecha colaboración con las ciudades seleccionadas, y también participaremos y apoyaremos a todos los municipios apasionados por construir un futuro más sostenible”, afirma el departamento de Estado.

Para este programa Washington se ha asociado con ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Resilient Cities Catalyst y el Instituto de las Américas.

Actualmente, la cantidad de oficios a los que puede aplicar una persona son numerosos, aún cuando se incluyen los que se crearon con la llegada de las herramientas tecnológicas.

El aprendizaje de un oficio, independientemente de la edad que la persona tenga, tiene múltiples beneficios, no solo para la obtención de un puesto de trabajo, sino a nivel personal y de desarrollo profesional.

De acuerdo a la tesis El Aprendizaje de un Oficio de la Universidad de Chile, obtener un oficio permite que una persona obtenga diferentes habilidades, lo que provocará la obtención de experiencia para su vida.

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“Más allá del interés por insertarse en el mercado laboral y acceder a un una remuneración digna, encontramos a un sujeto construyéndose a sí mismo dentro de la relación que establece con un saber, con un oficio y sus obras, y en ello es capaz de identificar cambios, de vivenciar una superación gratificante que le da sentido a la experiencia”, explica la Tesis.

Además, el estudio señala que la capacitación, al momento de aprender un oficio, forma una parte importante para el desarrollo de una persona.

“se vuelve una instancia para afianzar la relación con un oficio con el que algunos han entrado en contacto tempranamente, y que con el aprendizaje formal y la certificación se fortalece, nutriendo positivamente la autovaloración de las persona”, señala la tesis.

Oficios más comunes y accesibles

En un principio, el aprendizaje de un oficio podía llegar a ser una tarea difícil, sobre todo por la falta de información o gente capacitada que ofreciera su enseñanza.

Pero esto ha cambiado drásticamente en los últimos años. Con la llegada de internet y la posibilidad de compartir contenido y conocimiento, se ha facilitado la enseñanza de un oficio.

De acuerdo a Indeed, estos son algunos de los oficios más comunes a llevar a cabo y los más accesibles en cuanto a su enseñanza:

Carpintero

Además de ser considerado uno de los oficios más antiguos de la humanidad, un carpintero es bastante demandado por las personas, sobre todo por su capacidad de crear muebles o demás utensilios del hogar mediante la madera.

Mecánico

Conocer a profundidad el funcionamiento de un automóvil y poder manipular cada una de las partes que lo conforman supone uno de los oficios más comunes, así como uno de los más demandados por la cantidad de automóviles que recorren el país diariamente.

Electricista

La reparación e instalación de servicios eléctricos es uno de los oficios más demandados, aunque es de los que más riesgos presenta en cuanto a la salud del trabajador si no se conoce a profundidad.

Soldador

Este oficio consiste en la habilidad de operar equipo que permita la unión o corte de materiales.

Pintor

Muchas personas solicitan las labores de un pintor, ya sea para trabajar en los exteriores e interiores de un hogar como otras labores como la impermeabilizante.

Esta asignación de fondos ha sido etiquetada de manera histórica como un “botín político”, según analistas que aseguran que en el pasado estos recursos fácilmente pueden convertirse en fondos para actividades político – electorales.

Actualmente la Comisión de Finanzas del Congreso se encuentra afinando el dictamen del presupuesto nacional 2022, en donde la recomendación técnica de la mayoría de congresistas es incluir un artículo nuevo a favor de los Consejos de Desarrollo.

Básicamente les permiten contar con todos los recursos que no invirtieron este año, que se vendrán a sumar al dinero que el Congreso decida asignarles para el ejercicio fiscal 2022.

Autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) consideran que la estrategia es buena, además que ya había sido aplicada durante la administración de Jimmy Morales.

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Pero el dar más recursos a instituciones que trabajan obras en el interior de la república se puede prestar a actividades sospechosas a criterio de expertos, sobre todo porque el 2022 es un año preelectoral.

Independientemente de la opinión técnica que emitieron los diputados de la Comisión de Finanzas, la última decisión la tiene el Pleno del Congreso, que está bajo el control de la alianza oficialista que el año pasado aprobó un presupuesto de urgencia y en plena madrugada.

¿Pago de votos?

Hace algunas semanas el Pleno del Congreso eligió a la próxima Junta Directiva, que por tercer año consecutivo tendrá en la presidencia al partido de Gobierno. Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).

La oposición señaló que se acordaron negocios millonarios para aquellos que votarán a favor de la planilla oficialista, negociaciones que podrían estar en los fondos de los Consejos de Desarrollo, según las lecturas de Paúl Boteo, analista de Fundación Libertad y Desarrollo.

“La cuestión aquí es que como sabemos los Consejos de Desarrollo, los fondos que se le asignan usualmente son utilizados para negociaciones de aprobación del presupuesto; ya sea con diputados o gobernadores que son quienes están involucrados, además en un año preelectoral resultaría bastante sospechoso que se le permita esta excepcionalidad a los Consejos de Desarrollo”, señaló Boteo.

El analista independiente Mario Estrada, experto en gestión municipal, ve los mismos peligros. Él considera que técnicamente es correcto dejar a los Consejos los recursos no utilizados, para que de esa manera puedan seguir generando obras, pero no existe certeza que los fondos no se usan para campaña anticipada.

“Definitivamente estos recursos van a ser clientelares, toda asignación adicional al presupuesto en un año preelectoral siempre es clientelar. En este caso yo creo que si se van a asignar más recursos deben de seguir tomando como base los indicadores para cada departamento y municipio, existen normas que van a llevar a establecer las asignaciones”, enfatizó.

Artículo ilegal

El diputado Carlos Barreda, del recién auto nombrado bloque de oposición, considera que este artículo puede tener complicaciones legales, ya que no se estipula un techo presupuestario a dichos Consejos, además que tampoco se explica la metodología de distribución.

Algo similar ocurrió este año a opinión de Barreda, lo que hizo que se promovieran acciones legales que aunque fueron tramitadas no han sido resueltas.

“Este artículo lo que hace es responder a compromisos políticos y negociaciones que se vienen dando en el Congreso por la alianza oficialista, es la moneda de cambio para conseguir los votos para la Junta Directiva. Se habla y hay denuncias donde los diputados que han votado por Junta Directiva les han asignado hasta Q5 millones en proyectos para que los puedan ejecutar con empresas de amigos, familiares o vinculadas a estos diputados”, criticó el parlamentario.

Así mismo señaló que los recursos se concentran principalmente en dos departamentos, “hay diputados que se dedican a comprar estos proyectos a sus colegas y ejecutan grandes cantidades, el departamento de Quiche ha sido uno en donde se han acumulado grandes cantidades de recursos como en Huehuetenango, más de Q80 millones, habría que investigar la estructura y trama de empresas que están ejecutando y por qué se concentra los recursos en esos dos departamentos mientras hay otros sin un solo proyecto asignado”.

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No son botín político

Quienes no comparten los comentarios anteriores son las autoridades de Anam, por el contrario son de la opinión que este artículo tan solo vendrá a ayudar a las comunidades más vulnerables del país.

Marvin de León, Director Ejecutivo de Anam, manifestó que existe demasiada burocracia lo que impide invertir el dinero con velocidad, ya que todo el papeleo previo a los concursos de licitación tan solo complican la ejecución de las obras.

“Aproximadamente en los primeros cinco días de septiembre inicia la construcción, entonces si vemos un edificio escolar o un edificio para salud de dos niveles sabemos que en tres meses es imposible ejecutarlo, hay demasiada burocracia y sin duda al final del ejercicio fiscal quedará un saldo pendiente de entre el 30% al 40%, si la municipalidad no logra terminar debe de tomar fondos de la asignación 2022 para cubrir lo que no se pudo terminar de ejecutar”, explicó de León.

El representante de Anam fue contundente en indicar que estos recursos no serán utilizados para fines políticos, “al dar esas declaraciones hay una falta de conocimiento de los procesos. Los fondos de arrastre no se pueden contemplar como botín político, los fondos de arrastre sirven para completar el pago de las obras que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal anterior, eso es para que el municipio no pierda; lo que pasa que el tema se interpretan distinto pero una cosa es lo que interpretamos y otra lo que pasa, estos fondos jamás se prestan para botín político”.

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En Sacatepéquez, Jacinto Castro, Carlos Moreira Salazar, Edwin Marroquín y Andrea Gaytán han estado al frente de la Gobernación en este gobierno.

De las 22 gobernaciones, solo las de Baja Verapaz, Jalapa, Chiquimula, Guatemala y Chimaltenango no han registrado cambio de gobernador. En similar situación se encontraba la de Zacapa hasta que el 29 de agosto renunció del cargo Manuel Salvador Cordón por quebrantos de salud.

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Cambios afectan

Los constantes cambios de dirección en las gobernaciones departamentales coinciden con un escaso porcentaje de avance en la ejecución de los Codedes, hasta ayer no llegaba ni a cinco por ciento cuando faltan menos de cuatro meses para que concluya el año.

El presupuesto asignado para el 2018, de acuerdo con el portal del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es de Q2 mil 314 millones, de los cuales hasta el 10 de septiembre pasado apenas se había ejecutado el 3.8 por ciento, equivalentes a Q86.4 millones.  .

Eddy Cifuentes, experto en gestión pública, expuso que en 30 años que lleva de estar involucrado en desarrollo local “nunca había visto tanta incertidumbre” en las gobernaciones departamentales lo cual genera inestabilidad, e impacta en el nivel de ejecución de los proyectos de inversión.

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Recordó que el rol que juegan los gobernadores es muy importante puesto que es quien gestiona los recursos para financiar los proyectos y “si él no se preocupa por hacer una buena gestión para que los fondos estén a tiempo y que los supervisores vean el avance de las obras, se generan atrasos y obras de mala calidad”.

Dámaso Rosales, otro experto en gestión pública, consideró que los cambios recurrentes de gobernadores pueden obedecer a que no hay una formación en administración o gestión de los proyectos de Codedes lo cual no permite consolidar los procesos.

No descartó que los constante cambios puedan obedecer a que siempre existen “presiones por parte de otros actores propios de los departamentos para que llegue alguien afín”. 

De acuerdo con Rosal es necesario replantear la figura del gobernador porque es quien coordina los esfuerzos de todos los ministerios para los proyectos, pero al final son las municipalidades las que ejecutan. “Habría que hacer una revisión de la ley para que el gobernador no sea una figura decorativa sino algo más activo en el desarrollo de los municipios y departamentos”, añadió.

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Afinidades políticas

Eddie Cux, analista de Acción Ciudadana, refirió que muchas veces los cambios se dan por errores en el procedimiento de nombramiento porque muchos no cumplen con los parámetros que exige la ley, ya que se nombran a personas no idóneas por “compromisos políticos”.

Añadió, por ejemplo, que los nombramientos atienden al pago de favores y no por el interés de agilizar las obras públicas que manejan los Codedes.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) reconoció que los cambios sí afectan el desenvolvimiento de los Codedes, ya que, ante la ausencia de un gobernador se paraliza la gestión y administración de recursos.

En una respuesta a un requerimiento de postura, una comunicadora de la SCEP dijo que eso ocasiona “atrasos en la suscripción de convenios de obras programadas en el ejercicio fiscal con las unidades ejecutoras, así como el pago de obras de arrastre y del primer desembolso para las obras nuevas”.

Postura

El secretario del Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, expuso que los relevos en las gobernaciones departamentales se han producido por no convenir al servicio público, por decisión e inclusión en las ternas propuestas la sociedad civil, o por el cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 5 de julio del año pasado que ordenó el relevo de 16 gobernadores —por irregularidades en el nombramiento—.

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Brito reconoció que la ausencia de un gobernador influye en el desarrollo de las comunidades y municipios del departamento; además, consideró “imprescindible” la presencia de ese funcionario ya que muchas veces es mediador en la resolución de conflictos sociales.

No obstante, afirmó que ello no incide de manera significativa en el porcentaje de ejecución de los Codedes puesto que las políticas de desarrollo social “son coordinadas y dirigidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural”.

• Algunos Consejos Departamentales de Desarrollo llevan el 0% de avance en la ejecución de obras

Fuente: SNIP/Segeplan

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“El llamado al Congreso es para que cuando pongan candados a la plata de desarrollo del país… está bien que los pongan y se utilice el dinero a donde corresponde, de transparencia, perfecto, pero no candados malintencionados que no permitan la ejecución fácil de los recursos”, manifestó el alcalde de Nueva Santa Rosa, José Enrique Arredondo.

Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, pidió que se modifique el artículo 97 de la Ley del Presupuesto 2017, porque en él se incluyó un criterio en el que la Contraloría y la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia deben supervisar los proyectos elegibles para recibir fondos públicos.

Al respecto, el presidente Morales aseguró: “Desde el Conadur hacemos este llamado al Congreso para que haga los cambios pertinentes en la Ley del Presupuesto, ya que los artículos 100, 97, 68, 23 y 76 están frenando —la ejecución—”.

El gobernante culpó a esa normativa por el hecho de que “todos los temas” de infraestructura no se han podido ejecutar en el primer cuatrimestre del año.

El 100 fue otro de los artículos fuertemente criticados, porque incluye la integración de una comisión especial que hará un inventario de proyectos y obras que presenten obligaciones pendientes de pago, el cual debe ser presentado al Congreso.

En cifras

En la ejecución general, de los Q2 mil 159.8 millones que los Codedes tienen de presupuesto vigente para este año solo se han ejecutado Q108 millones; es decir, solamente el 5.04 por ciento, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin).

Existe una proyección preliminar para el 2018 del presupuesto de inversión, que por ahora será el mismo de este año, pero crecerá conforme el paso de los meses y se tenga más información de los ingresos en el período fiscal 2018, explicó Miguel Ángel Moir, Jefe de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

“La proyección definitiva estará por la primera semana de junio, porque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) define la meta fiscal de 2018, y se tendrá el análisis macroeconómico del Banco de Guatemala”, indicó Moir.

Prórroga riesgosa

Los sectores representados en el Conadur consensuaron solicitar una prórroga al presidente de la Répública para conseguir el estatus de “aprobado” en los proyectos del 2017. Hasta ayer estaba aprobado el 84 por ciento.

“Esto equivale para el país Q300 millones que se estarían dejando de ejecutar. Nos pusimos de acuerdo en que el 14 de julio sea el último día para poder nosotros lograr el estatus aprobado de estos proyectos”, expuso Arredondo.

Para llegar a ese estatus, un proyecto debe haber conseguido todas las licencias y permisos, pero muchos afrontan problemas con terrenos, agregó.

El gobernante, molesto, concedió el aval pero advirtió de que podría suponer que no se logrará el cien por ciento de la ejecución, y que podría afectar el presupuesto del 2018, por la deuda de arrastre.

“El año pasado tuvimos cuatro prórrogas. En diciembre dijimos ‘esta es la última prórroga’; de ahí, este año, ‘esta sí es la última de las últimas prórrogas’, y ahora resulta que venimos a pedir una prórroga más. Ya no sé si es la ultititimita. ¿Cómo le vamos a poner?”, expresó Morales.

Dichos proyectos representan Q142 millones, explicó Jorge Arreaga, director de Conadur. Además, la instancia determinó como prioridades las obras de este año relacionadas con agua y saneamiento, salud y educación.

De los dos mil 997 proyectos presupuestados en este período, el 49.6 por ciento corresponde a obras de arrastre desde el 2013 hasta el año pasado y suman Q700 millones, todas de la gestión del expresidente Otto Pérez Molina.

Las obras nuevas tienen Q1 mil 400 millones; sin embargo, según Miguel Ángel Moir, titular de la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia, pretenden incluir los proyectos atrasados para que sean ejecutados antes de los nuevos, con el fin de eliminarlos del listado.

Disponible

Los Consejos de Desarrollo tienen disponibles Q1 mil 893 millones, aunque esperan un traslado de Finanzas que sumará Q2 mil 997 millones en total.

El Conadur informó que de todos los proyectos, el 49 por ciento es de agua y saneamiento, el 30 por ciento de educación, el 9 por ciento de transporte, el 7 de salud y el 5 de otras obras.

Los bajos porcentajes se reportan pese a que varias autoridades del Ejecutivo, el presidente Jimmy Morales incluido, han afirmado que por la recaudación tributaria y políticas de contención los recursos se han trasladado a las instituciones para que puedan utilizarlos, y que los desembolsos se han hecho también a las municipalidades, que son las unidades ejecutoras de los Codedes.

El hecho que lo que reciben los Consejos no lo ejecuten supone que proyectos de inversión y obras no empiecen o se mantengan estancados.

Factores

Los primeros años de gobierno resulta recurrente que por el cambio de gobernadores, corporaciones municipales y personal administrativo y financiero de las comunas, el nuevo personal no está capacitado en todos los procesos para ejecutar.

El tiempo que llevan para capacitarse en la administración de los recursos influye en como empiezan a gastar en forma adecuada.

El vicepresidente Jafeth Cabrera considera que hay otra causa, la falta de una buena planificación en las municipalidades.

“Las planificaciones fallan y no se cumplen con las metas y objetivos que se trazaron. En el presupuesto que se plantea para el 2017 estamos insistiendo en prever temas como educación, salud, seguridad y medio ambiente, pero bajo objetivos y metas concretas”, expresó el vicegobernante.

“Se acostumbraron a que todo el mundo pide aumento de, por ejemplo, Q30 millones al presupuesto para ver que le den por lo menos Q15 millones y no los saben ejecutar”, añadió.

Los Codedes, dirigidos por los gobernadores, también deben dar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento, así como proponer la distribución del monto máximo de recursos de preinversión e inversión pública.

Según la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, es función de los Codedes “proponer al presidente de la República las ternas respectivas de candidatos a los cargos de gobernador titular y gobernador suplente departamental”.

El mandatario dijo el martes que había recibido expedientes de la sociedad civil, pero también de “grupos de alcaldes” y hasta de personas individuales.

Además, se había ofrecido que el gobernante haría públicos los nombres de los candidatos, pero no ha ocurrido.
Ayer, Morales afirmó que esta semana hará el anuncio de todos los gobernadores que serán nombrados. Explicó que hubo un proceso de selección y tienen al menos 300 expedientes.

Presiones locales

En San Marcos, “los Giordano y los Castañón” buscan poner a sus candidatos, explicó Eliú Orozco, de la sociedad civil del Codede local.

“Son los diputados los que han estado atrás de esto. Aquí hemos visto que usan su tráfico de influencias para anteponer sus intereses políticos. Esas presiones las descalificamos y nos reservamos accionar si se pone a un gobernador influenciado por ellos”, expresó Orozco.

El representante de la sociedad civil se refiere a los parlamentarios Juan Manuel Giordano, quien promovería a su padre, del mismo nombre, y Rodolfo Castañón, quien impulsaría a Óscar Leonel Barrios Flores, quien ya fue gobernador.

Ambos diputados son tránsfugas que se pasaron a la bancada oficialista del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

En Huehuetenango se habla de la influencia de la diputada Sofía Hernández, quien apoyó a Morales en la segunda vuelta. Además, se menciona a Oswaldo Reyna como uno de los candidatos fuertes, porque ha participado para cargos de elección popular.

Asimismo, en la terna de candidatos presentados al mandatario Jimmy Morales se encuentra Reynabel Samayoa, empresario que fue postulado por la sociedad civil y  FCN-Nación.

Al parecer, la fuerte estructura departamental que tiene Libertad Democrática Renovada (Líder), el Partido Patriota (PP) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no será suficiente para esas agrupaciones políticas, porque el oficialista FCN-Nación es el que más presiona para obtener gobernadores.

Apoyar esos nombramientos sería una de las motivaciones por las que el partido oficialista ha ganado diputados desde el 14 de enero último.

Los rumores en Quetzaltenango apuntan a que el oficialista Eduardo de Matta es quien intenta influir. Por si fuera poco, algunos representantes de la sociedad civil provocaron desconfianza por haber sido candidatos a diputados.

En Alta Verapaz, la terna propuesta por la sociedad civil para candidatos a gobernador departamental está integrada por Aníbal Marroquín García, secretario departamental de FCN-Nación; Irma Elizabeth Quiroa Cuellar, quien trabajó en la Secretaría Presidencial de la Mujer durante la administración de Otto Pérez Molina; y Francisco Ligorría, empresario hotelero que apoyó a FCN-Nación.

Chiquimula no es la excepción, en vista de que se menciona como favorito a Luis Molina, quien sería compadre de Samuel  Morales, hermano del gobernante; es decir, Morales habría apadrinado al hijo mayor de Molina.

Asimismo, otro de los candidatos es Adolfo Sagastume, licenciado en Zootecnia, que apoyó al exdiputado Baudilio Hichos.

Con información de corresponsales, J. Gramajo y M. Hernández.