Han pasado 34 meses desde que se aplicó la primera vacuna contra el covid-19 a un guatemalteco y desde entonces solo se ha alcanzado al 48.01% de la población con dos dosis. El país no logró el mínimo del 70% que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sugirió.

Dicha cifra no podrá superarse, ya que Guatemala no cuenta con más dosis contra el coronavirus. El último cargamento del biológico que ingresó y del que se tiene reporte oficial fue en diciembre del 2022, se recibieron 590 mil 400 dosis, y fue una donación.

Precisamente las donaciones permitieron llevar el biológico a la población, pues el 44.73% de las dosis que ingresaron al país fue gracias a la comunidad internacional. Mientras que el 55% fue comprado por el gobierno guatemalteco a través del mecanismo Covax y a Rusia, a este último se le pagó por adelantado 8 millones de dosis.

Se tuvo vacuna suficiente para proteger a toda la población contra el covid-19, sin embargo, se vencieron 7.7 millones de dosis, seis de cada diez fueron Sputnik V, las cuales permanecieron en bodegas del Centro Nacional de Biológicos, debido a que el Ministerio Público (MP) las pidió como anticipo de prueba, pues está en investigación la compra del biológico a los rusos.

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El ente investigador informó que dicha audiencia se llevaría a cabo el pasado 17 de noviembre, pero al ser consultado el MP sobre si esta se realizó no se atendió la solicitud.

Para la adquisición de las vacunas rusas el Ministerio de Salud no tomó la recomendación del Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (Conapi) de comprar dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, y por el contrario negoció las Sputnik V, que hasta la fecha no tienen el aval de la OMS para su uso de emergencia, según Laboratorio de Datos ha evidenciado en varios informes.

Desigual

De acuerdo con el documento Participación de actores son gubernamentales en la vacunación contra el covid-19 en Guatemala elaborado por Laboratorios de Datos y Oxfam, entre febrero del 2021 y el 31 de diciembre del 2022 en el país funcionaron mil 524 puestos de vacunación, pero estos se distribuyeron de manera desigual ya que se enfocaron en la capital y en las áreas urbanas, dejando al margen a la población rural.

Eso no solo limitó ampliar la cobertura, en otro análisis de Laboratorio de Datos se menciona que el modelo de vacunación que se aplicó no fue funcional a nivel comunitario, pues se esperaba que las personas se acercarán a los puntos a recibir las dosis, sin embargo, estos espacios estaban retirados de las viviendas y llegar representaba un esfuerzo mayor tanto físico como financiero. Además de que el registro se debía hacer en línea, y en el área rural la conectividad es limitada, principalmente para los adultos mayores.

Si bien, el Ministerio de Salud implementó brigadas de vacunación para intentar alcanzar a las comunidades, fue un esfuerzo que llegó “tarde” y el personal debió enfrentarse a población que se resistió a recibir las dosis, y una de las razones fue la desinformación.

La desigualdad en la cobertura de vacunación contra el covid-19 queda evidenciada en los números.  Mientras que en el municipio de Guatemala un millón 275 mil 449 personas tiene el esquema completo, en San Lorenzo, Suchitepéquez, solo el 612 persona tiene las dos dosis.

Si se habla de grupos por rango de edad, la población más alcanzada fue la comprendida entre los 60 y 69 años, aunque solo el 68.46% tiene las dos vacunas, pero en el otro extremo están los niños entre los 6 y 11 años, ya que solo se alcanzó al 19.19%.

El tablero de vacunación del Ministerio de Salud también reporta que el 44.46% de las dosis que se aplicaron en Guatemala fueron Moderna, el 22.81% AstraZeneca, el 17.6% fueron Pfizer y el 15.13% corresponden a Sputnik V, cuando la existencia de estas fue mayor.

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Teniendo en consideración que no se ha logrado avanzar en la vacunación contra el covid-19, Óscar Chávez, de Laboratorio de Datos, menciona que para los próximos años debe fortalecerse el programa ampliado de inmunización, pues no solo no se logró la cobertura contra el coronavirus sino también disminuyó el alcance de las otras dosis (infantiles), además de incluir de manera permanente la vacunación de adultos.

Mientras que con relación a la adquisición del biológico dice que será importante contar con vacunas bivalentes para proteger contra las últimas variantes que han aparecido de covid-19, pero también se deben tener dosis para niños, pues la vacunación de menores de 18 años fue una de las más rezagadas.

“La estrategia de vacunación que se planteó a inicio del 2021 era para una campaña muy directa a nivel nacional, muy agresiva para lograr cubrir a toda la población, ahora se tendría que trabajar un plan más permanente a mediano y largo plazo”, agrega.

• Presupuesto para vacunas

De acuerdo con Laboratorio de Datos, el Estado contó con fondos para atender la pandemia, pues en el 2020 la Administración Central tuvo Q12.4 millones. El monto se redujo considerablemente al año siguiente, al destinar Q5.1 millones; en el 2022 los recursos llegaron al Q1.9 millones.

Para la adquisición de vacunas en el 2021 se dispuso de Q1 mil 500 millones, el año pasado se contaba con más de Q1 mil millones. Mientras que en 2023, en el presupuesto del Ministerio de Salud se tenía una asignación de Q110.4 millones, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), aunque no hubo compra del biológico la cartera ha explicado que dichos fondos se utilizaron en las gestiones para el cierre de la participación del país ante el mecanismo Covax.

La pandemia por el coronavirus no ha terminado y países como Guatemala han relajado las medidas de prevención y eso genera cierta preocupación en varios sectores debido a que el territorio nacional tiene uno de los niveles de vacunación más bajos del mundo, por debajo del 40% de la población con esquema completo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que los países cumplan con el 70% de vacunación con esquema completo (dos dosis), pero Guatemala tiene un rezago.

E Laboratorio de Datos, en alianza con Oxfam, presentó este jueves 10 el estudio denominado Vacunación Covid-19 y poblaciones vulnerables: desigualdad y barreras institucionales de acceso a vacunación”.

En marzo de 2023 Guatemala cumplirá 3 años de haber detectado el primer caso de coronavirus y pese a los millones de quetzales que se invirtieron en compra de vacunas y las donaciones que se recibieron, el país solo ha alcanzado el 70% de vacunación con esquema completo en 5 municipios, todos urbanos, según lo aseguraron las organizaciones que presentaron el estudio.

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Las entidades informaron que el país fue dividido en 5 grupos de municipios, para estudiar cómo se desarrollaba la vacunación contra el covid-19.

El análisis permitió determinar que solo 5 municipios han alcanzado el 70% de la vacunación con dos dosis, principalmente en el departamento de Guatemala.

Los municipios que lograron este porcentaje son:

1. Guatemala, Guatemala
2. El Progreso, Jutiapa
3. El Tejar, Chimaltenango
4. San José del Golfo, Guatemala
5. Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Menos del 40%

En municipios rurales de Guatemala, según el estudio, la vacunación contra el covid-19 está en un 40%, con dos dosis.

Esta cobertura tan deficiente, aseguran, está atravesada por criterios de racismo y discriminación, como resultado de las decisiones del gobierno y el Ministerio de Salud qué estaban llamados a evitarlas.

El estudio señala que para alcanzar al 70% de la población guatemalteca vacunada con esquema completo aún faltan 9.15 millones de dosis y 3.64 millones para al menos cubrir una dosis de vacunas.

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Se estimaba qué para junio del 2022 solo existía alrededor de 1 millón de dosis de vacunas disponibles y en la actualidad el Gobierno ha suspendido toda compra de biológicos y para 2023 el panorama es aún peor.

Los datos arrojan que la estrategia de vacunación implementada por el Ministerio de Salud solo ha sido capitalino céntrico y urbano céntrico. Los municipios con mayor población indígena, rural y viviendo en condiciones de pobreza no fueron considerados adecuadamente y permanecen en el rezago.

En el análisis también se señala que se han replicado las condiciones de desigualdad a partir de “un sistema público de salud debilitado por políticas neoliberales imperantes en el país desde los años 90”.

Además, se señala que en los municipios con mayor desigualdad, el Plan Nacional de Vacunación no completó como prioridad ni siquiera a los pobladores con mayor riesgo de mortalidad, es decir aquellos cuya edad supera los 50 años.

El estudio también determina que la población vulnerable sigue sin acceso a vacunas.

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Vacunas vencidas

En Guatemala se han vencido ya 7.78 millones de dosis de vacunas.  Esta cifra incluye 1.53 millones de la marca Moderna donada por el gobierno de los Estados Unidos; 1.43 millones de dosis de Astrazeneca y 4.82 millones de Sputnik V, las cuales fueron compradas por el gobierno.

Esta pérdida equivale a unos Q471.4 millones para el país.

Las organizaciones señalan que una de las razones de esta situación son las decisiones tomadas por el gobierno al consentir la entrega tardía de la vacuna Sputnik  V y la falta de suficiente infraestructura de cadena fría para la vacuna.

Barreras en la inmunización

El estudio menciona que con el nivel de vacunación que se tiene en la actualidad en Guatemala es casi imposible alcanzar los estándares marcados por la OMS y que se han identificado barreras que dificultaron alcanzar los niveles mínimos, entre las que destacan la compra y acceso a las vacunas, el diseño del plan de vacunación y la implementación de la vacunación.

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Señala que además en un inició el Gobierno argumentó que la falta de vacunas era la limitante, pero el Laboratorio de Datos señala que esa excusa solo fue válida entre febrero y junio de 2021.

El estudio documenta que entre junio de 2021 y abril de 2022 hubo abundancia de vacunas pero no se implementaron las condiciones para acelerar la vacunación. Además, que pese a que había recursos financieros, no existió capacidad institucional ni voluntad para implementar estrategias multimodales adecuadas a un población heterogénea ni a la situación territorial.

El análisis también ha señalado que en lo que va la pandemia en Guatemala se estiman que hubo un 54% más de muertes de lo esperado.

Señala que al de segregar la mortalidad registrada, bajo criterios de etnicidad, se establece que a pesar de existir menor índice de mortalidad absoluta de población indígena, el exceso de mortalidad ha sido mayor entre este grupo de personas.

Postura del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud fue consultado sobre el estudio y respondió que se tiene un aproximado de 67 mil vacunas en el país, entre estas, AztraZeneca y Moderna.

Agrega que durante las últimas semanas se ha administrado un promedio 3 mil vacunas diarias.

“El Ministerio de Salud Pública está a la espera de vacunas tanto por donación y compra en las próximas semanas”, añadió la información oficial.

El Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 se inició por fases con la intención de poco a poco cubrir a grupos de guatemaltecos con mayor riesgo de enfermar, sin embargo, a 16 meses de que se aplicó la primera dosis el 26 de febrero del 2020, el alcance a personas vulnerables está incompleto. Es una amenaza pues los casos de contagios aumentan en el país, como también la hospitalización de gente no vacunada.

Las autoridades de Salud informaron el jueves pasado que del 6 al 15 de junio había 269 pacientes hospitalizados en áreas covid, de estos el 63% no estaba vacunado, y las personas con enfermedades crónicas presentaban un cuadro grave, lo que evidencia la necesidad de ampliar la cobertura de vacunación.

Pero un estudio de Laboratorio de Datos muestra que la distribución de las vacunas entre la población vulnerable es desigual, lo que impide que el país logre el nivel de cobertura poblacional recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que debe ser del 70%.

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Hasta este lunes 22 de junio, el Tablero Covid-19 del Ministerio de Salud reportaba que 42.8% del total de guatemaltecos a vacunar contaba con las dos dosis, es decir 6 millones 323 mil 41 personas. Cerca de la mitad de este grupo ya recibió la tercera vacuna, y tan solo el 1% tenía el segundo refuerzo.

Pero hay 1 millón 971 mil 484 de personas que están pendientes de completar el esquema, ya que solo recibieron una inyección, mientras que 6 millones 558 mil 482 no tienen ninguna dosis.  Es decir el 57.2% de la población sujeta a vacunación (14 millones 853 mil 007, de 6 años en adelante).

El inconveniente es que las vacunas están limitadas, hasta el 16 de junio la existencia de biológico en el país era de 433 mil 686 dosis de Pfizer con fecha de vencimiento entre septiembre y octubre.

Retos

Karin Slowing, de Laboratorio de Dato y una de las autoras del estudio Trabajo diagnóstico: distribución desigual de vacunas y tratamiento del covid-19 en poblaciones vulnerables, refiere entre las debilidades del plan es que se desarrolló con una visión urbano-céntrica, y para ciudadanos con acceso y compresión de la tecnología en línea -medio para registrarse e informarse de la vacunación-, además de que su adaptación a las dinámicas de las poblaciones ha sido lenta y poco flexible.

“La lógica de priorización de grupos de riesgo es epidemiológicamente correcta, pero no es la lógica en que funcionan las acciones de salud en el primero y segundo nivel de atención, en donde las personas buscan el servicio en simultaneo para la familia -la madre lleva al niño al centro de salud y aprovecha para ser atendida-, al segmentar por grupo de edad, se rompía esa lógica más grupal que acostumbran los hogares, lo que desalienta en las áreas rurales”, dice Slowing.

La primera etapa del plan era alcanzar a los trabajadores del sector salud y quienes están en hogares e instituciones de adultos mayores. Al 3 de mayo de este año, el 96%  de los que recibieron la primera dosis anticovid de este grupo ya tenían dos inyecciones, y de estos el 73% la tercera, según el informe de Laboratorio de Datos.

El análisis hace referencia a que el plan no define con exactitud la cantidad de personas a inocular en cada fase, sin embargo, para la primera etapa, que buscaba “mantener la integridad del sistema de salud”, se logró una cobertura positiva con el esquema básico -dos dosis- y un refuerzo.

Según el orden de prioridad, los adultos mayores era el segundo grupo a vacunar, para disminuir la mortalidad y la carga de enfermedad severa, dado que la letalidad del covid-19 se incrementa en esta población. Durante el 2021 siete de cada diez personas que fallecieron eran mayores de 50 años.

Los datos recopilados por el estudio hasta el 3 de mayo pasado indican que un millón 836 mil 614 de este grupo recibió la primera vacuna, un 11%  no tenía la segunda dosis, y la mitad de los inoculados no recibió el refuerzo.

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Dicha cifra varía considerablemente al ver la cantidad de guatemaltecos mayores de 50 años que deben ser inoculados, pues solo el 59% del grupo de 50 a 69 años tenía dos dosis, mientras que entre los mayores de 70 años el número era seis puntos porcentuales menor. En cuanto a la tercera dosis estaba por abajo del 35%.

La cobertura, entonces, entre las personas que están en la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación es baja, y el ritmo de vacunación en dicha población continúa lento, cuando desde un inicio se presentó como uno de los grupos con alta vulnerabilidad a enfermar de covid-19 y morir.

También están en alto riego quienes tienen enfermedades crónicas, pero no hay certeza de cuanta población presenta alguna comorbilidad, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, obesidad o cualquier otra. El informe señala que al 3 de mayo un total de 549 mil 326 guatemaltecos entre este grupo tenía una dosis, solo el 4%  recibió la segunda, mientras que el 18% no recibió el refuerzo.

En el área rural

Si bien la incidencia de casos positivos de coronavirus se ha concentrado en población urbana y ladina, es en las áreas rurales -vive el 61%  de población indígena- donde se observa un exceso de mortalidad del 61.1% durante el período de estudio y en personas mayores de 40 años, es decir, 18 mil 770 decesos.

“Aunque entre la población indígena se han detectado menos casos, el hecho que su porcentaje de exceso de mortalidad por cualquier causa sea mayor, es un fuerte indicio de su desventaja en el acceso a servicios de salud preparados para manejar los casos más graves”, señala el informe.

También está en desigualdad al hablar del alcance de vacunación, pues esta se ha centralizado en zonas urbanas.

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Edwin Montufar, viceministro de Atención Primaria indicó en la última conferencia de prensa del Ministerio de Salud, que se habían aplicado 4.14 millones de dosis a población indígena, lo que representa el 23.2% del total de vacunas administradas, que sumaban 17.84 millones.

Esa brecha deja sin cobertura a población vulnerable en el área rural, como los adultos mayores. Al respecto Slowing menciona que se requiere de un trabajo de hormiga, de conversación local -autoridades y lideres comunitarios, religiosos-, para acercar la vacuna a las comunidades, pero también para que las personas recuperen la confianza y disipar dudas sobre la vacunación.

“Estamos en otra etapa de la pandemia en donde no hay tanta mortalidad, pero vacunarse sigue siendo importante, hay más espacio para hacer esos procesos de diálogos, que son más lentos, pero son indispensables para que la gente eventualmente acepte la vacunación”, agrega.

Otros grupos marginados

Al comienzo las mujeres embarazadas no estaban contempladas en plan vacunación contra el covid-19, fue hasta agosto pasado que se comenzó a inocular con dosis de Moderna a quienes tenían cuatro meses de gestación, más adelante en los lineamientos se incluyó dosis de Pfizer y de AstraZeneca.

El registro del Ministerio de Salud que Laboratorio de Datos reporta es de 45 mil 412 embarazadas vacunadas con una dosis, el 63% de ellas recibió la segunda dosis y solo el 15% la tercera.

De acuerdo con Slowing se debe restablecer los programas regulares de control prenatal e incorporar en la norma de atención la vacunación covid-19 para las embarazadas. En las áreas rurales es importante que los prestadores de servicios de salud se apoyen en las comadronas, que atienden la mayoría de partos, para que sean ellas las que motiven e informen a las gestantes sobre la importancia de inocularse para protegerse de la enfermedad y a sus bebés.

Hay otros grupos que en el plan no fueron añadidos, como los privados de libertad, que pese a que el riesgo de contagio en las cárceles es alto por el hacinamiento que hay. Para el 2020 la población penitenciaria era de 25 mil 746 personas, y el informe menciona que únicamente el 5.7% de este grupo fue vacunado con la primera dosis, el 5.1% completó el esquema de dos dosis, y el refuerzo lo recibieron nada más el 2.4%.

Esta es una población que está concentrada y se sabe cuántas personas la conforman y quiénes son, por lo que la vacunación no debería representar un reto, como si lo es alcanzar a los migrantes indocumentados, que también están en alto riego de enfermar de covid-19, pues no tienen facilidad para acceder a los servicios de salud, a las pruebas diagnosticas y a recibir las vacunas anticoronavirus. Laboratorio de Datos indica que el Ministerio de Salud no tiene registro de vacunación de migrantes deportados ni en curso o que salen de Guatemala rumbo a otros países, y se mantiene un vacío en las cifras de esta población vacunada en el territorio nacional.

El covid-19 causó la muerte de miles de guatemaltecos, pero más allá de los decesos provocados por el virus, hay un exceso de muertes atribuidas a las enfermedades crónicas.

Lo esperado era que, por obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica y cáncer fallecieran 32 mil 150 personas en el período del 14 de mayo del 2020 al 5 de marzo de este año. Sin embargo, la cifra llegó a 54 mil 137, hubo 21 mil 987 muertes más, según el análisis Exceso de mortalidad durante la COVID-19 en Guatemala desarrollado por Laboratorio de Datos con el reporte de defunciones del Registro Nacional de las Personas (Renap).

En esas 92 semanas el incremento de muerte de pacientes crónicos se estima en 239 casos semanales, si se habla de un promedio diario este sería de 34 decesos.

De los cinco padecimientos analizados, la obesidad reportó el exceso de mortalidad más elevado. En los certificados de defunción se observó un incremento del 379.6 por ciento. Las muertes relacionadas con diabetes van por detrás con un 99.6 por ciento de aumento. En el otro extremo, el cáncer mostró la cifra más baja, un 23.2 por ciento, aunque eso no representa que los fallecidos por la enfermedad sean pocos, ocurrieron 10 mil 893 en total.

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Según el informe, este aumento de muertes por afecciones crónicas es evidencia del alto impacto que la pandemia ha tenido en el Sistema de Salud, y la debilidad de este para afrontar crisis como la del covid-19, que interrumpió la identificación de nuevos pacientes crónicos, así como el tratamiento y el seguimiento que necesitan para tener calidad de vida.

Un estudio previo de Laboratorio de Datos titulado Los costos humanos, sociales y económicos de no vacunar acelerada y equitativamente a la población daba cuenta de que en Guatemala uno de cada dos pacientes crónicos no había sido detectado durante el 2020 por el Sistema de Salud.

La razón: en los últimos meses los servicios de salud volcaron sus recursos, principalmente humano, en atender la emergencia del coronavirus dejando desprotegida a población vulnerable, con padecimientos que también matan si no se atienden a tiempo. Se esperaba que el primero y segundo nivel de atención fueran fortalecidos durante la pandemia, pero no ocurrió.

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La suspensión de las consultas externas de los hospitales durante varios meses, la intermitencia de atención en los centros y puestos de salud, las restricciones de movilidad, la sobrepoblación hospitalaria y el desabastecimiento de medicamentos impidió diagnosticar y tratar tempranamente a muchos de los casos que hoy se cuentan en las cifras de exceso de mortalidad, refiere Óscar Chávez de Laboratorio de Datos.

En el estudio también se evidencia la muerte de enfermos crónicos contagiados de covid-19, que al no tener una confirmación por prueba de laboratorio de que falleció por el virus , en el certificado de defunción aparece que el deceso fue por diabetes, hipertensión u otro padecimiento.

“En Guatemala si se muere alguien por covid, pero no tiene prueba positiva no se le contabiliza”, dice Chávez, es allí donde ocurre el subregistro de los decesos provocados con el coronavirus.

Chávez indica que los estudios de exceso de mortalidad permite ver el impacto de la pandemia, pues en Guatemala no se realizan suficientes prueba para detectar casos positivos de coronavirus. “El análisis de muertes en exceso nos hace entender mejor la realidad del país en la pandemia”, agrega.

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Las consecuencias del covid

El impacto del covid-19 se ha manifestado de distinta manera en los territorios del país. Si bien, durante el primer año, como indica el estudio de Laboratorio de Datos, fue el área metropolitana, el centro, suroccidente y nororiente los más afectados, al siguiente año la transmisión se tornó comunitaria, aunado a la variante delta y a la baja cobertura de vacunación anticovid, esto provocó que el exceso de mortalidad se trasladara a la provincia.

Totonicapán mostró un 59.1 por ciento de aumento, seguido de Quetzaltenango y Sololá, ambos con un registro del 53.4 por ciento. Los tres se ubican en el altiplano occidental de país. Con la presencia de ómicron y la inoculación estancada el incremento de muertes por distintas causas continúa.

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Decesos en el domicilio

Al hacer una revisión de los sitios en donde han ocurrido las defunciones, el informe muestra que el exceso de fallecimientos ocurrió principalmente en los domicilios de los difuntos. Las muertes fueron 40 mil 595, que representa un 45.2 por ciento durante las 92 semanas analizadas. Mientras que en hospitales hubo 15 mil 619, un 38.2 por ciento de incremento sobre lo esperado, y en parte se debe a la búsqueda tardía de atención médica de los pacientes.

Se concluye que el aumento de defunciones en domicilios se debe no solo a la falta de acceso universal a pruebas para detectar casos de covid-19, sino también a las escasa acción de rastreo de contagios a nivel comunitario. Esto al final alimenta el subregistro de mortalidad por coronavirus y de otras enfermedades, como las crónicas.

Desde hace varias semanas los casos positivos de covid-19 han ido en disminución, por lo menos así se ve en los números que el Ministerio de Salud reporta. Sin embargo, no es señal de que la pandemia esté controlada en el país.

Ya ocurrió en anteriores ocasiones. Los contagios se mantienen en cifras bajas por un período de tiempo y de pronto comienza una escalada, es allí cuando se habla de “olas” relacionadas con el coronavirus. En Guatemala vamos por la tercera, y se escucha que vendrá una cuarta.

Este es el comportamiento normal en toda epidemia: se tiene un pico de infectados, porque llega un momento en que el virus enferma a todo al que tiene a su alcance, y a partir de allí comienzan a bajar los casos. Pero, se corre el riesgo de que nuevamente se den las condiciones que le permitan propagarse e infectar a los más susceptibles.

Europa lo está viviendo. Los países se enfrentan a un repunte de contagios y vuelven a estar en el epicentro de la pandemia, según lo dicho por Hans Kluge, oficial regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La región se acerca a los 1.8 millones de nuevos casos semanales y de las 24 mil muertes por el virus. Es la cuarta ola de contagios para los europeos.

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Con sistemas de salud más robustos, ¿por qué tendría que ser diferente en Guatemala? Por esa razón, el médico Edwin Colgua, epidemiólogo del Hospital General San Juan de Dios señala que hay razones para elevar la alerta en el país, ya que se viene una temporada en la que aumenta el ingreso de turistas por las fiestas de fin de año, y esta podría ser la vía de entrada de nuevas variantes del virus, como la delta plus.

Eso pone a Guatemala en riesgo, pero hay otros factores a tomar en cuenta, como la lenta vacunación contra el covid-19 y el descuido de las medidas de mitigación -uso de mascarilla y la movilidad- por parte de la población.

Estamos en la tercera ola

De acuerdo con Laboratorio de Datos, el país ha vivido tres “olas epidémicas”, desde que se registró el primer contagio de coronavirus el 13 de marzo del 2020.

En su informe Los costos humanos, sociales y económicos de no vacunar acelerada y equitativamente a la población señala que la primera escalada de contagios comenzó en los primeros días de mayo y alcanzó el máximo en julio, para ese entonces se llegó a un promedio de casos positivos diarios de 1 mil 200. El descenso fue lento y se mantuvo entre los 400 a 500 casos por día, entre septiembre a la primera quincena de diciembre.

A partir de esa fecha el número de infectados volvió a aumentar. Comenzó la segunda ola, y tuvo su punto crítico en los primeros días de enero, con un promedio de 820 reportes positivos por día, para luego registrar una baja similar a la que se dio en la ola anterior.

Con los guatemaltecos volviendo a la normalidad, sin población vacunada, más que el personal sanitario, de nuevo los contagios se dispararon. El análisis de Laboratorio de Datos indica que la tercera ola de covid-19 alcanzó su primer máximo de casos en abril de este año, se reportó una media de 1 mil 300 infectados por día, hubo un leve descenso, y otra vez aumentaron hasta un promedio de 3 mil 800 al finalizar agosto.

El pico de la tercera ola se había superado y los casos detectados, como dice el informe, comenzaron a descender, y para el 11 de septiembre el promedio era de 2 mil 200 por día.

La cifra ha bajado más. A partir de esa fecha y hasta el 7 de noviembre pasado la media es de 934.

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Para Karin Slowing, investigadora y miembro de Laboratorio de Datos, hay una disminución de contagios tal como ocurrió el año pasado, lo que no se logra comprender es cómo y por qué sucedió de manera repentina.

“Ese no fue el comportamiento el año pasado, y los niveles de vacunación tampoco explican un descenso en picada de los casos, tan drástico como el que estamos viendo, prácticamente es una caída recta”, dice Slowing.

La vacunación y el descenso de contagios

Con la disminución de contagios reportados por el Ministerio de Salud “cualquiera diría que ya no hay covid-19”, agrega, lo que es poco creíble pues los niveles de vacunación contra el coronavirus en Guatemala son bajos.

En los ocho meses que lleva el Plan Nacional de Vacunación no se ha cubierto ni al 30 por ciento de población meta con esquema completo. Hasta el 7 de noviembre solo 42.91 por ciento de los 12.6 millones de guatemaltecos que se espera vacunar tenía una dosis, mientras que el 26.86 por ciento ya recibió las dos.

Por esa razón, Slowing menciona que no se puede atribuir a la vacunación el descenso tan marcado de contagios diarios de coronavirus reportados por las autoridades de Salud.

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El nivel de testeo también bajó, lo que dificulta conocer el alcance real de la pandemia. El registro oficial muestra que en agosto se realizaron en promedio 13 mil 441 pruebas para detectar el covid-19 por día, ya para septiembre la cantidad fue de  9 mil 699 y para octubre se hicieron 5 mil 66 por día.

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Los expertos en epidemiología han señalado que en el momento en que se deja de testear, también se deja de detectar casos positivos. Además, el testeo ha sido predominantemente urbano. En la ciudad de Guatemala es donde más pruebas se han hecho y donde la vacunación anticovid se ha concentrado.

“Hay un sesgo de testeo que se concentra en el capital, en las ciudades secundarias del país, pero no necesariamente refleja lo que puede estar pasando en términos de infecciones en la población rural. Hay que recordar que nuestra estructura de población es de gente joven, hay más casos leves o asintomáticos que no se detectan, y mientras menos se oferte el testeo, menos los van a identificar”, agrega Slowing.

La baja cantidad de hisopados que se realiza a la población tiende a ocultar la realidad de los contagios, y mantiene a municipios en niveles bajos de alarma en el Tablero de alertas covid-19. Cuando a principios de octubre eran 260 los municipios en alerta roja, a finales del mes el número pasó a 103.

¿Vendrá una cuarta ola?

Calgua indica que los epidemiólogos están atentos a cómo se comporta el virus a nivel global. Por ahora se ve un repunte de casos positivos en Europa, y no se descarta que suceda lo mismo en Guatemala.

“¿Qué tanto vayan a subir no lo sabemos?”, dice el epidemiólogo, pero es probable que el incremento se comience a ver a partir de la segunda quincena de noviembre, generando un pico en enero.

El lento proceso de vacunación, más la presencia de la variante delta -predomina en el 96 por ciento de los casos positivos-, y dejar de lado las medidas de mitigación serán determinantes en qué tan fuerte será la cuarta ola en el país.

Las enfermedades crónicas no se han desvanecido, aunque con la pandemia del covid-19 hablar del tema ha pasado a segundo plano. En los últimos meses la atención en los servicios de salud se ha concentrado en el rastreo de casos de coronavirus, y la detección de nuevos pacientes con diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades renales no ha sido prioridad. Esto tendría un impacto en el incremento de muertes por estos padecimientos.

Es un daño colateral que el coronavirus acarreó a nivel mundial, y comenzó a verse desde los primeros meses de la aparecido el virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo señalaba en mayo del 2020, en una encuesta a 115 países evidenció que el 53 por ciento había interrumpido parcial o totalmente programas de tratamiento para hipertensión y diabetes. En el caso del cáncer fue el 42 por ciento. El impacto era mayor en países de renta baja.

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El calvario de tener cáncer en pandemia y sin recursos para su diagnóstico

En Guatemala uno de cada dos pacientes crónicos no fue detectado durante el 2020 por el sistema de salud, de acuerdo con el informe Los costos humanos, sociales y económicos de no vacunar acelerada y equitativamente a la población, desarrollado por Laboratorio de Datos, documento que analiza los efectos de la pandemia más allá de los contagios.

El análisis de casos detectados en 2019 con respecto al 2020 muestra una severa caída en la identificación de nuevos casos de enfermedades crónicas. En Totonicapán el impacto fue mayor, ya que siete de cada 10 enfermos pasaron inadvertidos. Mientras que en Petén, Quetzaltenango, la capital e Izabal fueron seis de cada 10 los pacientes que no tuvieron un diagnóstico temprano.

Donde menos se ve el efecto negativo fue en Retalhuleu, con un descenso en el diagnóstico de casos del 24.3 por ciento. También están Escuintla y Jalapa, con 29.4 y 37.8 por ciento menos pacientes detectados, respectivamente.

Enrique Maldonado, de Laboratorio de Datos, señala que el análisis surge a partir de datos proporcionados por el Ministerio de Salud y se evidenció que en el 2019 se detectaron 29 mil 670 nuevos pacientes con enfermedades crónicas, mientras que en el 2020 la cifra se redujo a 13 mil 888.

La reducción se debe a que la pandemia ha minado la capacidad del Ministerio de Salud para atender a la población enferma, principalmente en la provincia. No solo es el déficit en la infraestructura, también pasa por el escaso personal en los servicios que ha tenido que redoblar esfuerzos para enfocarse en la emergencia sanitaria -visitar a pacientes con covid-19, hacer labor de promoción y sensibilización para prevenir el contagio, y ahora la vacunación-, y continuar con el resto de los programas de salud.

“No significa que las enfermedades crónicas disminuyeran, sino lo que se debilitó fue la capacidad del ministerio en poder detectarlas, es una caída aproximadamente del 53.2 por ciento”, indica Maldonado.

“Si no detectan el padecimiento en tiempo, se puede convertir en algo degenerativo y acarrear costos de salud mucho más altos, comparado con lo que traería la prevención y el control de la enfermedad”, agrega.

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¿Por qué disminuyó la identificación de pacientes crónicos?

Karin Slowing, del laboratorio, señala que parte del problema es que el Sistema de Salud volcó todos sus recursos, principalmente el humano, para responder a la pandemia y desatendió especialmente a la población más vulnerable. Si bien se suspendió las consultas externas de los hospitales de referencia, en los centros y puestos de salud, el servicio fue intermitente y es allí donde se da el seguimiento más cercano a los enfermos, donde la gente acude a medirse la presión, el nivel de glucosa en la sangre o por cualquier otro síntoma que puede alertar de la presencia de una enfermedad crónica.

“Al dejar de atenderlas pueden suceder varias cosas: no se diagnostica a tiempo (la enfermedad) y se agrava, dos, pueden dejar de recibir el medicamento, y eso puede explicar una mayor mortalidad, que no la provoca necesariamente el covid-19, pero sí la condición del sistema de salud”, agrega.

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El mayor descenso en la detección de nuevos casos de pacientes crónicos ocurrió entre junio y diciembre del 2020. Esto coincide en que en ese semestre se dio un incremento significativo de contagios de coronavirus y los servicios de salud estaban saturados, la posibilidad de atender casos no covid se restringió aún más.

“Creo que la prioridad del sistema cambio, lo cual es comprensible ante una amenaza como la del covid, pero también se debe a que el sistema no fue fortalecido, y lo vemos ahora con la vacunación. El mismo personal que atiende el primero y el segundo nivel, es el que ve el testeo, la vacunación, los programas regulares”, indica Slowing.

Pasa más por la escasa oferta del servicio que por la demanda de la población enferma, la falta de medicamentos también entra en juego, pero es algo que en el informe no se logró comprobar.

“Hasta que no se restablezca (la atención) aparentemente habrá menos enfermedades crónicas detectadas en el país, pero eso significará que cuando la enfermedad explote, va a traer consecuencias serias para el Sistema de Salud”, dice Maldonado.

Hay más muertes

La baja detección de pacientes con enfermedades crónicas pudo influir en el exceso de muertes ocurridas en Guatemala durante el último año por estos padecimientos. Este incremento se refleja en el reporte de defunciones del Registro Nacional de Personas (Renap) y que fue analizado por Laboratorio de Datos.

En el caso de diabetes, de junio a diciembre del 2020 se esperaba un total de 3 mil 962 muertes por esa causa. Sin embargo, en el registro se cuentan 8 mil 411 guatemaltecos por esa enfermedad, es un aumento de 112 por ciento de personas fallecidas.

Mientras que, en el siguiente semestre, de enero a junio 2021, fallecieron 3 mil 165 más de las esperadas. En un año, entonces, el exceso de muertes por diabetes fue 7 mil 600 personas.

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También ocurrió con la hipertensión. De enero 2020 a julio de este año se reportaron 4 mil 122 defunciones más de lo previsto para esos meses. El 57 por ciento de los casos ocurrió el año pasado.

El cáncer es otro de los padecimientos crónicos que ha cobrado la vida de guatemaltecos que no fueron tratados a tiempo. El Renap tiene 1 mil 171 muertes más de las esperadas.

Vilma Lázaro, presidenta de la Asociación Reconstruyendo Vida, que trabaja directamente con pacientes con cáncer, indica que el aumento de muertes por la enfermedad ocurre por la falta de atención integral, y que las consultas externas de los hospitales continúan suspendidas, cuanto las personas buscan atención, ya es demasiado tarde.

“Lamentablemente los hospitales han cerrado consulta externa a raíz del covid-19, situación que nos afecta al cien por ciento a los paciente oncológicos que nos han dejado abandonados. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el responsable de darnos tratamientos integrales y no lo ha hecho. Rogamos al Gobierno que abra las consultas externas para pacientes oncológicos que hemos quedado sin controles y se empiece a recibir casos nuevos de cáncer”, indica Lázaro.

El aumento de casos positivos de covid-19, y de muertes por la enfermedad, la saturación de hospitales, el ritmo lento de vacunación, se veían venir. Desde distintos sectores se anunciaba que la crisis sería mayor a la del año pasado, y la desigualdad para atender la emergencia ha sido evidente a lo largo de la pandemia.

Controlar la situación requiere de acciones drásticas de contención para reducir la transmisión del virus, fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud y acelerar la inmunización, esto es parte de la propuesta que surge desde Laboratorio de Datos, pero la visión cortoplacista que se ha tenido por parte de las autoridades nos tiene en un escenario desolador. Slowing señala que se necesitan medidas para frenar el aumento de casos, pero de la mano de un acceso equitativo a la vacuna contra el covid-19.

Se plantea una inmunidad poblacional del 70% de personas, para esto se debe garantizar acceso a dosis, y que se baje la edad mínima de vacunación a los 12 años -siempre respetando los criterios médicos-, pues al contemplar solo a los mayores de edad se llegaría al 62% de la población, es el análisis del laboratorio, al disminuir la edad se alcanzaría al 72% de los guatemaltecos.

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¿Cuáles son las principales falencias que ven en el Plan Nacional de vacunación?

Identificamos varias razones, la primera es el esquema de priorización por grupos de riesgo y de edad. No funcionó, no porque no fuera correcto priorizar a quién tenía más riesgo de morir, pues al darse cuenta de que sería difícil llegar a todos los adultos mayores para que se vacunaran, debieron buscar y diversificar las estrategias, en su lugar abrieron otros grupos de edad. ¿Qué solucionan con eso? Mejorar la cobertura de otros grupos, pero dejan fuera a la población con mayor riesgo.

Con eso complicaron el trabajo al personal de salud. En las comunidades es la mujer la principal usuaria de los servicios, salen los enfermeros de los puestos de salud a vacunar de casa en casa o hacen campañas locales, esas estrategias son las normales del sistema, acá no se priorizaron.

Centraron todo en que el ciudadano vaya a buscar la vacuna, en que se preregistre con un sistema informático que implica tener computadora y acceso a internet. Las personas mayores tienen problemas de movilidad física. Todos esos factores han hecho difícil la vacunación. En todos los grupos se está dejando gente sin vacunar y en particular a la de mayor riesgo.

Faltan metas claras, debe vacunarse un mínimo de 70% de la población, pero a nivel local las metas se fijan con relación al número de dosis a aplicar y dependiendo de quienes se registren. No se puede esperar una vacunación acelerada si no se multiplican los equipos de vacunación.

Ahora que ya no se respeta la priorización, que se habrá la vacunación para todos los de 18 años y más, y perfectamente podría abrirse a 16 toda vez se garantice acceso a vacuna.

Estamos alrededor de 70 mil vacunados por día, pero para que a final del año o a principios de 2022 la población de 18 años este vacunada tenemos que duplicar esa meta.

¿Qué propuesta hacen para frenar contagios y acelerar la vacunación?

Para manejar la situación hay que trabajar en tres frentes: uno son las medidas de contención y de apoyo económico a la gente, porque si les pedimos que se queden en casa tiene que haber un ingreso para esas familias y esas empresas, no se puede concebir de otra forma.

Segundo hay que reforzar la capacidad de respuesta de atención médica a la población, y tercero, reforzar la vacunación.

¿Cuál es el planteamiento qué hacen para lograrlo?

En junio planteamos tomar medias de contención, pensábamos en encierres de fin de semana, toques de queda y reducción de actividades sociales, ahora hay que hablar de un cierre total de unas dos a tres semanas para cortar la transmisión del virus, solo se puede hacer si hay soporte del Estado a la población, porque los costos que esta situación tiene en los empleos, los ingresos a las familias son tremendos, y hay que acompañarlo de otras medidas.

Hay que reclutar más personal, y simplificar los procesos, el Ministerio de Finanzas debe tener un papel más activo en la gestión de los recursos, dar cuota presupuestaria a tiempo, pero todo requiere de un Congreso dispuesto a facilitarlo, porque tiene que estar regulado. No es para hacer chiche el dinero sino para facilitar el reclutamiento del personal, hay que ofrecer estabilidad al personal.

¿Los cierres del país que se dieron el año pasado sirvieron de algo?

Mientras tuvimos medidas de contención fuertes y progresivas entre febrero y abril 2020, no había muchos casos en el país, pero se logró posponer en el tiempo la escalara de casos, ese fue el efecto. Se culminó con una encerrona en Semana Santa, pero después se relajaron las medidas y durante 14 semanas las medidas cambiaron, se liberaron algunas medidas que incubó la escalada que tuvimos en junio.

La ventaja de esas semanas fue que se ganó tiempo, si no se hubieran relajado totalmente las medidas, la escalada no hubiera sido tan fuerte el año pasado, esas medidas si sirven y hay evidencia internacional de ello.

El tema es que tiene un costo económico alto, pero hoy es un momento de balance, en donde hay que decidir si la gente seguirá saliendo y viviendo como que nada pasa o vamos a preservar la vida, esa es la gran decisión.

Hay dos formas atenderlo: vacunando aceleradamente y con medidas de contención temporales, pero indispensable.

A lo largo de la pandemia se ha cuestionado la concentración de pruebas y ahora de vacunas en las áreas urbanas ¿tiene eso alguna lógica?

El criterio donde hay más casos no es suficiente para decidir dónde deben ir las vacunas, primero porque hay un subtesteo, no se ha tenido en todo el territorio de Guatemala la misma oportunidad de testear que en el municipio de Guatemala y en una comunidad de Totonicapán, por ejemplo, porque la oferta de pruebas para detectar el virus es muy grande acá y la capacidad económica de la gente para ir a un laboratorio privado es mayor. Lo más probable es que se tenga un subregistro de casos en esos lugares, no puede decidir vacunar bajo ese criterio.

¿Esta falta de testeo lleva a que municipios que en el semáforo epidemiológico se mantengan en alerta amarilla?

Sí. Puede haber municipios que están en rojo, no porque haya miles de casos sino porque el testeo es insuficiente, porque la positividad y lo que le da el color al semáforo es el número de casos y la relación entre casos y pruebas. Se puede tener muy pocas pruebas y eso le dará una positividad más alta.

¿Se puede decir que la falta de pruebas nos llevó a esta situación sin control?  

Claro, por la poca vigilancia epidemiológica de los contagios, por eso se hacen las pruebas. Estas determinan si el individuo está enfermo o contagiado, pero también sirve a nivel de Salud Pública para saber dónde hay un posible brote, conocer hacia dónde se está moviendo la enfermedad. Es el gran fallo del semáforo.

¿El uso del semáforo es positivo en el contexto guatemalteco?

No es una estrategia para prevenir el covid-19, es una herramienta para monitorear la situación. El problema del semáforo es que depende de la calidad del testeo. El semáforo en sí no es el problema, este solo marca lo que se testeó. El municipio de Guatemala se mantuvo en naranja, porque se testea un montón, los caos se diluyen en un montón de pruebas. Entonces, la imagen será más o menos borrosa dependiendo del nivel de testeo.

¿El semáforo, entonces, puede ser manipulable para colocar a municipios en una alerta menor?

Es manipulable, la estrategia de testeo no ha sido manejada con toda la propiedad. Que un 30% o 40% de las pruebas sean hechas en laboratorios privados, quiere decir que mucha gente no la puede pagar, y no se va a testear y se tendrá un subregistro, además, las pruebas de antígeno le pueden dar falso negativo, también hay limitaciones de acceso en los hospitales, a veces solo se hace la prueba a quienes van con dificultad respiratoria y a los laboratorios móviles les dan pocas pruebas. Todos eso influye en que el testeo no sea confiable, y eso se refleja en un semáforo que es impreciso. Además, no hay mucha diferencia en las medidas entre alerta roja, naranja y amarilla, y no se cumplen.

¿Es válido el discurso de que si los sistemas de salud en países más desarrollados han colapsado en Guatemala no podemos esperar menos?

Todos los sistemas de salud han sufrido con el covid-19, eso es cierto. Cómo no iba a pasar eso en un país que tiene un déficit estructural en el sistema de salud, es una jugada cantada de que acá no nos va a ir igual, sino que peor.

El que todos los sistemas estén sufriendo y colapsados, no es justificación, porque en Guatemala no se ha querido adoptar la contención, no se ha trabajado la comunicación y la educación a la población, no hubo restricción a la modalidad, ni se fortalecieron con más personal y recursos. No fortalecieron los mecanismos de compra, se tardaron para negociar la vacuna.

Hay tanta evidencia de la mala gestión que acudir al armento de que todos los sistemas de salud están sufriendo realmente es una ofensa, es un insulto, porque sí, todos van a sufrir, pero acá ni siquiera se ha hecho lo mínimo para evitarlo.

Laboratorio de Datos ya había advertido de esta ola de contagios, ¿se pudo contener a tiempo esta situación?

Para junio ya estaba marcada la tendencia de escalada, porque esta comenzó después del Día de la Madre. Quince días más tarde, ya estaba instalada esa tendencia al ascenso, y en ese momento todavía no sabíamos que ya estaban circulando las variantes más transmisibles del virus. Si nosotros lo pudimos ver, el Ministerio de Salud, que tiene más información, debió anticiparlo ¿en qué andan?

“Hoy estamos en el paso de la tercera ola a la cuarta ola. Llevamos cuatro días seguidos de tener más de 20 por ciento de pruebas positivas. De cada cien 20 nos sales positivos”, afirmó este miércoles 8 de junio el presidente Alejandro Giammattei, quien, además, reconoció que hay escasez de medicamentos en los hospitales públicos.

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De acuerdo con el mandatario, en los peores meses del año pasado, julio y agosto, la positividad llegó casi al 40 % poniendo al borde de la saturación los hospitales en los que se atiende a pacientes con coronavirus.

“Hoy se nos están escaseando las medicinas, pero no porque el ministerio -de Salud- no haya comprado, sino porque todo el mundo está comprando las mismas medicinas”, dijo Giammattei.

Las declaraciones del presidente se dan cuando se reportan 1 mil 581 nuevos casos de coronavirus y 26 decesos a causa de la enfermedad. En total, Guatemala acumula 263 mil 836 contagios y 8 mil 331 fallecimientos.

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Crisis

El Ministerio de Salud reconoció en un comunicado que se enfrentan a desabastecimiento de algunos medicamentos y que los hospitales empiezan a saturarse, tanto por el aumento de casos de coronavirus, como por otras patologías que demandan atención en el sistema público de salud.

“Estamos en época de pandemia, con cantidades de casos cada día más numerosos de infectados por la COVID-19. A ello debe agregarse una saturación de las emergencias hospitalarias con pacientes graves por otras patologías, principalmente derivadas de accidentes de tránsito y hechos de violencia, los cuales también necesitan ser sedados y ventilados dentro de sus tratamientos obligados”, dice el comunicado.

Además, agrega: “También enfrentamos un alza en la demanda de medicamentos, no sólo local sino a nivel mundial, vinculada a la pandemia y que no solo ha generado escasez de algunos fármacos, sino que ha elevado los precios, por ley de mercado. Este proceso ha excedido la capacidad financiera del Ministerio, porque los precios superan los precios de referencia que la ley nos permite manejar”.

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Aseguran que la “crítica situación a la que ha dado lugar la pandemia” los obligó a implementar un sistema de préstamos de medicinas entre hospitales, pero por el “elevado número de contagiados que mantienen saturadas las áreas COVID-19 en todas las instalaciones públicas, ha debilitado este ensayo”.

“El desabastecimiento es real, pero solo de algunos medicamentos relacionados con la sedación y la analgesia, pues en el resto de los insumos estamos abastecidos en casi un 75 por ciento para atender a todos los ciudadanos que lo requieren”, concluye el documento.

Un ejemplo de eso es lo que ocurre en el Hospital General San Juan de Dios, donde sus autoridades informaron este miércoles que las áreas de atención de pacientes de coronavirus se están saturando, principalmente las pediátricas.

“Hace unos días tuvimos que buscar ventiladores donde hubiera para poder paliar esta situación, porque ya no teníamos más ventiladores para poderlos atender” indicó el director de ese hospital Gerardo Hernández.

Agregó que en el área de pediatría hay seis pacientes, de los cuales cuatro están entubados por su estado crítico.

“Esta ya es una enfermedad que ha pasado y ha ido evolucionando lo que actualmente nos estaba mostrando”, resaltó Hernández, quien añadió que más pacientes pediátricos están falleciendo a causa del coronavirus.

En Guatemala no ha habido olas

De acuerdo con el Laboratorio de Datos, en Guatemala no ha habido olas de contagio, puesto que estos se han mantenido en una meseta de más de mil diarios, al menos, luego de la Semana Santa, cuando hubo un repunte de hasta 1 mil 800 casos por día.

“Les encanta hablar de olas, pero eso no existe porque en ningún momento se ha dejado de tener más de mil casos diarios, y aunque todo abril y mayo fue disminuyendo la cantidad de casos, nunca bajo de mil”, dijo Óscar Chávez, integrante del Laboratorio de Datos.

Además, dijo que las pruebas han ido bajando desde abril y que la relativa disminución de casos “pareciera ser por la baja de pruebas”.

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Sin embargo, Chávez muestra preocupación, porque en las dos últimas semanas la cantidad de pruebas diarias continúa a la baja, pero se ha notado que la positividad sube considerablemente, lo que podría constituir un verdadero problema para el sistema de Salud, porque no están preparados para afrontar el impacto.

“No sé si en Guatemala se puede hablar de olas, nosotros hablamos de repuntes. No son olas que van y vienen, el virus siempre se queda y eso lo que hace es subir y bajar en esa meseta, y que el presidente diga que pareciera que es una cuarta ola hace creer que las semanas anteriores no ha habido casos; pero por ejemplo hoy hubo más de mil 500 casos nuevos”, señaló Chávez.

Agregó que “estamos a la puertea de otra crisis” en la que puede haber saturación de hospitales a escala general, pues desde abril último el departamento de Guatemala está al 100 % de ocupación en áreas de casos severos.

“El momento para detenerlo es ahora. Mire lo que pasó en la India y no sabemos hasta dónde puede llegar este repunte. Lo que sí es evidente es que no están preparados”, agregó Chávez.

En seis días, al menos 800 guatemaltecos se han registrado en la base de datos que levanta el Laboratorio de Datos respecto a los connacionales que viajan al extranjero, principalmente EE. UU., en busca de la vacuna contra el coronavirus, ante la falta de medicamento y el lento proceso de inmunización en el país.

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Óscar Chávez, integrante del Laboratorio de Datos, lamentó que los guatemaltecos se ven obligados a buscar la vacuna en otros países, cuando Salud tiene la obligación suministrar el medicamento a toda la población de forma gratuita.

Agregó que se evidencia cierto fracaso en el proceso de inmunización en Guatemala, porque las edades de la mayoría de las personas que están viajando oscilan entre 18 y 40 años, quienes ven lejos ser vacunados en el país.

Con 350 mil dosis aplicadas, Guatemala a escala regional va mal en términos de vacunación, comparado con El Salvador y Costa Rica que ya han aplicado más de un millón.

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Además, dijo que se han irrespetado las fases de vacunación y que con eso se pone en riesgo a muchas personas que, por su edad son vulnerables a la enfermedad.

Según Chávez, uno de los grandes retos que enfrenta Guatemala es evitar qué las dosis que actualmente se tienen se venzan, pues ente la lentitud del proceso eso puede suceder.

Agregó que es indispensable Salud tenga una base de datos de las personas que viajan al extranjero para ser vacunadas, pues el medicamento que serviría para ellas debe ser redireccionado a sectores donde haya necesidad, pero sobre todo se debe garantizar que el medicamento no se eche a perder.

Además, recomienda a Salud promover la vacunación, pese a que no se cuenta con el medicamento en masa, pero la población debe saber que esa es la mejor forma de enfrentarse a la pandemia.

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Natalia Uribe, guatemalteca que viajó a Miami, dijo: “si tuviera la oportunidad de vacunarme si lo haría, es una gran oportunidad de que otros países no abrán las puertas para que tengamos acceso a las vacunas, ya que acá no es tan accesible como se cree”.

Carlos Gonzalo Paiz, quien viaja a Chicago, donde vive desde hace 30 años, comentó que junto a él va su suegra de 79 años, quien se vacunará contra el coronavirus.

Francis Argueta, jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dijo que en la actualidad hay temporada alta de viajes y reconocido que algunos guatemaltecos se desplazan hacia Estados Unidos en busca de la vacuna, pues ese país abrió su proceso de inmunización para los extranjeros.

Se intentó conocer la versión de Salud sobre cómo llevan el control de las personas que viajan a otros países para ser vacunados, pero el Departamento de Comunicación Social no respondió los mensajes enviados.

Aunque el Gobierno asegura que el país enfrenta la segunda ola del covid-19, a la luz de los datos las opiniones no coinciden y algunos sospechan que en enero hubo más casos porque se hicieron más pruebas, pero no creció la positividad.

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Durante enero se practicaron 129 mil 253 tamizajes, la cifra más alta en los 10 meses de pandemia. De estos, 17 mil 365 resultaron positivos, más de un 10 por ciento de los cribados.

Las estadísticas muestran una tendencia al alza de contagios, aunque lejos de alcanzar el número que se reportó en julio pasado, que fue de 29 mil 737 hisopados positivos, con tan solo 92 mil 148 pruebas realizadas, lo que representó que un 32 por ciento estaban infectados.

En promedio, el promedio diario en enero fue de 560.2 casos. Esta cifra podría cambiar, porque quedan algunas que todavía no se han ingresado al sistema.

El aumento de casos este mes puede deberse, en primer lugar, a que se efectuó un mayor número de análisis. Otra de las razones sería que durante las celebraciones navideñas muchas personas no se hicieron la prueba, sino que esperaron hasta principios de año, explicó Óscar Chávez, del Laboratorio de Datos.

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¿Segunda ola?

Chávez manifestó que a menudo las autoridades de Salud suelen explicar la pandemia con base en el número de casos positivos, según la fecha en que el resultado de la prueba se ingresa al sistema.

Esto conlleva un error, porque con los exámenes PCR pueden transcurrir 10 días desde que se hace el hisopado hasta que el resultado se ingresa al sistema.

“El número de pruebas según la fecha de emisión de resultados representa la capacidad de los laboratorios para procesarlas, pero para medir la situación de la pandemia hay que fijarse en la fecha en que se tomó la muestra”, aclaró Chávez.

El entrevistado considera que Guatemala nunca superó la primera ola, por lo que es escéptico cuando las autoridades de Salud declaran que estamos viviendo la segunda.

“Los datos no permiten afirmar que estemos viviendo una segunda ola. De hecho, la primera ola nunca pasó. Tuvimos un pico en julio, de 1 mil 200 casos diarios, y luego bajó a una meseta de 700 al día, pero la pandemia nunca ha estado bajo control”, cuestionó Chávez.

El especialista en datos lo ilustró de la siguiente forma: “Es como meterse al mar. Pasa una ola, pero la persona sigue sumergida hasta la cintura. No se ha superado la primera ola”.

En esa línea, la supuesta segunda ola que padecemos no se debe a un incremento del contagio, opina Carlos Paredes, experto en asesoría empresarial.

“La segunda ola registrada en Guatemala se debe exclusivamente a un incremento en el número de casos tamizados. Si antes teníamos 3 mil 500 personas tamizadas y se registraban 500 casos nuevos diarios, al incrementar a siete mil los casos tamizados al día es lógico que los casos confirmados suban a mil diarios. Las matemáticas no mienten”, señala.

Datos débiles

El 26 de enero, en una citación del Congreso, la viceministra técnica de Salud Lucrecia Ramírez expuso que era el mes que reportaba más contagios desde el inicio de la pandemia, aunque los datos disponibles no permiten validar esa aseveración.

Entre el 1 y el 30 de enero, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó 22 mil 670 casos, pero casi uno de cada cuatro pruebas corresponden a hisopados llevados a cabo en meses anteriores, según el tablero covid de la cartera.

Lorena Gobern, jefa del departamento de Epidemiología del MSPAS, explicó que el lapso entre la fecha que se toma la muestra y el resultado se ingresa al sistema “depende de la capacidad de procesamiento de muestras y de digitación que tienen las instituciones”.

“Esto, por supuesto, tiene que ver con la disponibilidad de recursos humanos y del equipo de que dispongan. Se realizan grandes esfuerzos para que la brecha cada vez sea menor, pero todavía hay rezagos”, reconoció.

Asimismo, hizo ver que el incremento de casos se observa desde diciembre, por lo que el MSPAS hace un llamado a mantener la prevención sanitaria.

Sin sustento técnico

El retraso en la actualización del tablero covid se podría entender como un fallo técnico, involuntario. Sin embargo, los efectos de dicho rezago podrían tener efectos negativos si se usan esos registros para elaborar planes de acción o imponer restricciones para contener la pandemia.

Carmen Salguero, coordinadora del área de salud de Fundesa, destacó que no hay claridad sobre qué datos utiliza el MSPAS para fundamentar las disposiciones sanitarias que se emiten, lo cual dificulta evaluar si las medidas son acertadas.

“Desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Salud ha tenido dificultades serias en dos ámbitos críticos del manejo de la crisis sanitaria. Una es la gestión de los datos para tomar decisiones, y la segunda, su procesamiento para convertirla en información y comunicar de forma pertinente”, puntualizó Salguero.

Esto se debe a que no hay una cultura de administración de datos, lo que lleva a desconfiar de los números que se reportan, agregó.
Asimismo, Salguero manifestó su preocupación por el hecho de que gran parte de las pruebas que se realizan son de antígeno y estas, dependiendo del tipo, tienen un margen de error considerable.

Entre las disposiciones tomadas recientemente, la cartera de Salud dispuso prohibir las ferias en todo el país, limitar el horario de los mercados entre las 5 y 17 horas, y hasta las 19 para los supermercados, tiendas de conveniencia y de barrio.

De igual forma se permitió, mediante el acuerdo 13-2021, que los restaurantes operen en horario regular, y los bares y centros de diversión nocturna hasta las 21 horas. No obstante, si no se reduce el índice de contagios, los casos reflejados en el tablero no presentarán un escenario preciso de la pandemia y podrían ocasionar fallas en las acciones del gobierno para atenderla, coincidieron en señalar los entrevistados.

La pandemia del covid-19 ha representado un reto para los gobiernos del mundo y para sus poblaciones que tratan de entender la enfermedad y cómo reaccionar de la mejor forma para evitar mayores pérdidas humanas y económicas.

Pocos gobiernos lo han logrado, sin embargo, una de las primeras y grandes lecciones que ha dejado esta emergencia mundial es que es imprescindible el análisis certero de los datos para reducir efectos catastróficos.

Pero en un país como Guatemala, donde hay poca o nula cultura de datos, el reto se duplica. Ante la imprecisión de la información, el gobierno ordenó una auditoría en dos ocasiones. Aun así, las autoridades de Salud no logran presentar con exactitud cuál es la situación real de la epidemia en el país.

Óscar Chávez es un ingeniero en robótica graduado por el Tecnológico de Monterrey y que actualmente estudia una maestría en administración pública en la Escuela de Gobierno. Desde su cuenta personal de Twitter empezó a publicar una base de datos sobre el covid-19 que ahora es conocida como el Laboratorio de Datos.

¿Cómo nació la plataforma de Laboratorio de Datos?

Empezó casi por curiosidad personal. Yo escuchaba las conferencias de prensa y los casos, pero no lograba entender o asimilar cuál era la magnitud de la epidemia en Guatemala, si uno no apuntaba a mano las conferencias de prensa del presidente, no se podía llevar la estadística. Hemos ido creciendo muy rápido porque sí hubo bastante recepción en las personas de tratar de entender y tener un análisis alternativo de las fuentes. En aquella época era bien complicado porque todo tenía que salir de las conferencias de prensa y había muchas incongruencias en los datos. El presidente y, en aquella época, el ministro Hugo Monroy decían una cosa y resultaba que era otra. Nosotros nos teníamos que basar mucho en las solicitudes de acceso de la información que nos daba el Ministerio de Salud Pública, pero el problema más grande era que los datos que daba el presidente eran totalmente diferentes a los que teníamos por solicitud de información que eran los datos oficiales del Departamento de Epidemiología, había una diferencia del 60 por ciento entre los datos de casos y tamizados que en realidad había.

¿Quiénes conforman el equipo de Laboratorio de Datos?

Está Karin Slowing que su fuerte es administración pública; Carlos Duarte y Gabriela Guzmán trabajan el tema de análisis geoespacial; Aida Barrera es epidemióloga, Alberto Sibrián es economista y analista de riesgo y Enrique Maldonado que también es economista. Cuando empecé a compartir la base de datos desde mi cuenta personal de Twitter, vi que otras personas también estaban haciendo lo mismo, nos pusimos de acuerdo y tuvimos nuestra primera reunión para ver si podíamos coordinar esfuerzos y así decidimos formar el grupo. Con ellos nunca nos hemos reunido en persona, todo ha sido de forma virtual.

¿Cómo ayudan los datos a la población para el tratamiento de la pandemia?

En este caso los datos de la epidemia para la población tienen una doble función y no me refiero solo a los datos de casos, sino de fallecidos, de cómo se contagian, de cómo se previene, todo esto demanda de la población bastante para que la gente entienda cuál es el nivel de riesgo en un debido momento y en un debido lugar. Para eso le sirve a la población para tomar decisiones de cómo tomar precauciones y que tan vulnerables son.

¿Por qué para los gobiernos debe ser importante el buen manejo de los datos?

En un principio lo más importante para nosotros era transmitirle a la población los datos de la epidemia para que la gente se protegiera y entendiera la magnitud, pero la otra función es para la toma de decisión porque la política pública basada en evidencia todavía es muy limitada. El covid-19 es un gran reto para todos los gobiernos porque la única manera de tomar decisiones acertadas sobre el control de la epidemia es a través de los datos, no hay otra opción. Sino no se pueden priorizar los recursos, sobre todo en un país con recursos tan limitados como Guatemala se deberían de usar los datos para identificar las zonas prioritarias y saber dónde está creciendo más rápido la enfermedad. La doble función de los datos es esa, primero para que la población pueda entender la situación y tome sus propias decisiones y para que las autoridades puedan hacer política pública basada en evidencia.

Pero no solo es tener los datos, sino tenerlos de libre acceso para todos y no solo para los tomadores de decisión.

Para nosotros eso ha sido un gran reto y lo hemos sentido. Al principio cuando no estaba el tablero esa era nuestra batalla del día a día, era bien complicado conseguir los datos. Creo que nosotros sí nos atribuimos el haber creado esa presión para que el gobierno pusiera en práctica su tablero, eso fue un avance bastante positivo, pero todavía hay una gran cantidad de datos que no se liberan. Ahora nosotros estamos enfocados en la base de datos del Renap que son los fallecimientos por cualquier causa, porque con esa base de datos se puede hacer el análisis del exceso de muertes y determinar si en este periodo ha habido más muertes que el promedio histórico. Este es un análisis que se está haciendo en todo el mundo porque es el más apropiado para cuantificar la epidemia ya que no es susceptible al subregistro de pruebas, pero resulta que la base de datos del Renap es pagada y no es barata, esto es un problema para el acceso a la información. La información para la epidemia no solo debería ser pública, sino que de acceso inmediato y libre, no a través de solicitudes y esa es una de las deficiencias del tablero del gobierno porque pone a disposición los casos municipales, pero no facilita la información porque es muy complejo y complicado de entender y muchas alcaldías no tienen la capacidad técnica para usar el tablero. Puedo asegurar que el 99 por ciento de las alcaldías no lo ven como una herramienta para la toma de decisiones.

Con el análisis de datos que realizan, ¿Qué es lo que más les ha sorprendido?

Cuando sacaron el tablero lo que realmente pusieron a disposición fue una mirada directa con el departamento de epidemiología porque antes solo podíamos comunicarnos con ellos por la ley de acceso a la información y se tardaban de 10 a 15 días. Cuando uno lleva varios días analizando los datos, se da cuenta que hay mucho desorden, todavía hay mucho rezago, incluso ahorita que todavía tenemos un número de casos bajo todavía hay mucho retraso en los datos. Un domingo reportaron que había 35 fallecidos, pero habían fallecidos casi de junio, cuando hay un retraso tan grande, esos datos tampoco sirven porque cuando la gente ve eso cree que ya están subiendo los casos o las muertes cuando en realidad son casos tan atrasados que no nos sirven para entender la epidemia. De lo que más nos sorprende ha sido eso.

¿Por qué es importante integrar la base de datos del Renap con el tablero de Salud?

Con los datos del Renap nos dimos cuenta que en Guatemala el exceso de mortalidad comienza a los 40 años y solo en personas mayores de esa edad ha habido 10 mil 586 muertes en exceso, es decir, se han muerto 10 mil 500 personas más que en años pasados y en la semana pico, que fue la semana 28 del año el exceso de mortalidad llegaba al 80 por ciento, la epidemia pegó duro y eso no se pudo ver porque no habían suficientes datos. Estas son muertes por cualquier causa, pero cuando se habla de un exceso de muertes en la época de la epidemia, es muy probable que un alto porcentaje de estas 10 mil se atribuya al coronavirus. Nuestra recomendación es que este dato se empiece a usar, en muchos países ya lo están usando como México que tiene un Observatorio de exceso de mortalidad que es del gobierno, el ministerio de Salud de Colombia también publica el exceso de mortalidad y España tiene el MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad).

¿Qué información creen ustedes que es importante y que Salud está no está tomando en cuenta?

Hay varias cosas, el dato de pruebas por tipo de prueba. Es decir, ellos hablan de tamizajes y no dicen si es PCR o antígeno y ese es un dato importantísimo para entender la epidemia. Tampoco publican los fallecidos por fecha de inicio de síntoma solo se sabe la fecha de cuándo falleció, si tuviéramos estos dos datos juntos podríamos saber cuánto se tardan las personas en contagiarse y morir en Guatemala. Otra cosa es que aquí en Guatemala la base de datos del tablero tiene duplicados. Es decir, hay personas que se han hecho la prueba dos o tres veces y es posible que haya casos duplicados también, si una persona se tamizó y sale positivo y a los 5 días se volvió a hacer la prueba para ver si seguía positivo o no, es muy posible que ese caso esté metido dos veces en la base de datos. He visto en otros países cómo las gráficas dicen que ya se eliminaron los casos duplicados. Otro tema es que Coprecovid ha estado diciendo que ellos hacen rastreo, pero no hay información al respecto, cuántos rastreadores hay o dónde están y cuántos casos han encontrado ellos.

Los reportes oficiales dan cuenta que hasta este 13 de octubre se han registrado 99 mil 904 casos positivos de coronavirus, que le han costado la vida a 3 mil 430 personas, mientras que 7 mil 248 se someten algún tipo tratamiento médico por afrontar la enfermedad.

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Esta semana el doctor Edwin Asturias, director de la Coprecovid, reportó los resultados de un estudio practicado en Guatemala, en la que estiman que los casos positivos que está dejando la pandemia podrían ser mayores a los que alcanza a reportar el ministerio de Salud.

“Sabemos que el número de casos de COVID-19 probablemente es diez veces mayor a lo registrado como se demuestra en otros países, y en los datos iniciales que la Coprecovid ha recopilado de estudios sero-epidemiologicos”, informó el experto.

Si esta cifra llegase a ser acertada podríamos decir que en nuestro país la cantidad más cercana para hablar de casos globales por coronavirus rondaría por los 999 mil 40 contagios, mientras que la cantidad de pacientes que enfrentan la enfermedad podrían ser de 72 mil 480.

Aunque no todos comparten la proyección de la Coprecovid. El doctor José Ortiz, director del Observatorio Nacional de Salud, considera que el subregistro de casos podría ser casi del doble de lo estimado por la comisión presidencial.

“La cifra de Coprecovid está muy por debajo, como hemos dicho por cada paciente diagnosticado hay, en promedio, 18 más sin un diagnóstico y por cada fallecido estimamos que quizás haya uno más que no está registrado, esto lo planteamos nosotros hace algunas semanas”, refirió.

Los casos que estima el Observatorio dejarían a Guatemala con una tasa global de 1 millón 798 mil 272 contagios, durante los siete meses que nuestro país afronta la pandemia; los casos activos sería de 130 mil 464 y los fallecidos podrían ser 6 mil 860.

Faltan diagnósticos

A criterio de la Defensoría de la Salud, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la cifra que proyecta Coprecovid es alarmante, pero consideran que es una estimación apegada  la realidad.

“Para quienes hemos estado en la línea de la investigación es una cifra creíble porque la mayor parte de casos que han sido tratados en casa, hoy ni sabemos cuántos pacientes podrían ser, estamos conscientes de que el número es mucho mayor de lo que se está reportando”, señaló Zulma Calderón, defensora de la PDH.

Calderón añadió que uno de los principales problemas es la falta de pruebas, lo que obliga a reconsiderar la estrategia, “lo que es necesario es volver a evaluar qué nos funcionó y que no nos funcionó, sin perder de vista que esta apertura, prácticamente total del país y casi sin restricciones ha generado una serie de situaciones que han elevado el riesgo de contagios en todo el país, ante esta situación hay que tener un plan por si se puede dar un repunte”.

Sin las mejores pruebas

Investigadores en el campo de salud consideran que las pruebas de antígeno siguen siendo las predilectas por el ministerio de Salud, en donde se desconoce si se cumple con todos los protocolos anunciados, en las que se recomienda una segunda prueba, pero tipo PCR cuando la de antígeno ha dado resultado negativo.

“Solo utilizando la variante del antígeno que el gobierno está usando y que por no hacer una prueba de PCR de seguimiento a los falsos negativos, solo con eso, ya se podía venir y presumir un subregistro; como tampoco ha habido un rastreo de casos y una buena estrategia de testeo lo más probable es que si tengamos un subregistro bastante amplio”, fundamentó Karin Slowing, integrante de Laboratorio de Datos.

En un sentido similar opinó Adrián Chávez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), “debe garantirse la cantidad suficiente y la distribución equitativa de pruebas RT-PCR; fortalecer de las acciones de vigilancia epidemiológica activa y pasiva a nivel local y la correcta clasificación municipal en el tablero electrónico utilizado para la toma de decisiones y corregir los problemas identificados en el sistema de información”.

Falta vigilancia

Aunque la falta de pruebas y el tipo de diagnósticos se evidencian como uno de los problemas para un subregistro, el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui) añade otro factor: Médicos y laboratorios que no están registrados ni autorizados para correr pruebas.

Actualmente la Junta Directiva del colegio profesional manifiesta que es sumamente fácil comprar una prueba para la detección de covid – 19, que en ocasiones son practicadas por médicos que no cuentan con todo el equipo para el manejo de desechos, o en el peor de los casos hasta por particulares.

“Todos estos casos no van ante un reporte al ministerio de Salud, las pruebas…esto ya se salió de control, las venden en los condominios, a particulares, ya cualquiera se pincha un dedo y se hace su prueba y la interpreta, las pruebas ya no están exclusivamente en manos de los expertos que somos los químicos biólogos y todo esto, imagínese, alguien se hace solito su prueba y el resultado no lo reporta ante nadie”, manifestó Fabiola Zetina, integrante de la junta directiva del Cofaqui.

Por su parte el equipo de comunicación social del ministerio de Salud reporta que se han recibido siete denuncias por parte de la Comisión de Asesoría y Control del Ejercicio Profesional del Químico Biólogo (Cayceq) y detalla que cuentan con 14 supervisores para esta vigilancia, quienes se apoyan con el personal de las 29 áreas de salud y piden a la población denunciar cualquier venta de pruebas o laboratorio sospechoso que ofrezca diagnósticos de coronavirus.

Semáforo busca la salud

Otros de los datos preliminares que maneja la Coprecovid estiman que uno de cada ocho guatemaltecos se ha infectado en la región metropolitana, por lo cual estiman necesario que todos apliquen medidas preventivas para evitar la fuerza de un segundo golpe.

“En la mayoría de los países que han enfrentado una segunda ola, esta es más intensa porque se han existido aperturas no controladas y se han reiniciado escuelas y universidades que aumentan la probabilidad e intensidad del contagio.  En este momento, estamos en una meseta en los departamentos que ya pasaron la primera ola, y la segunda ola que consideramos inevitable, será tan intensa como los guatemaltecos nos apeguemos a las regulaciones y recomendaciones: uso de mascarilla, distanciamiento y no aglomerase”, comentó Asturias.

El director de la Coprecovid también añadió que el semáforo de alertas con el que funciona el país apremia por la salud pública, “el tablero fue basado en la mejor información epidemiológica y mejores prácticas usadas por países que han sido exitosos en el control de esta epidemia. Fue adaptado a la realidad de Guatemala con la premisa de proteger la salud de la población. Permite las actividades sociales y económicas en Guatemala con base en una regulación que prioriza la salud”.