Este es el plan de Salud para controlar las compras en los hospitales de la red pública

La cartera revisará las compras que hace cada unidad ejecutora, entre ellas, las realizadas bajo la modalidad de baja cuantía.

Ana Lucía Ola

25 de abril de 2024

|

05:00h

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El Ministerio de Salud supervisará las compras fraccionadas que hagan los hospitales de la red pública. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Alquiler de equipo y de insumos, servicios de desinfección y remozamientos a través de compras de baja cuantía, además de alquileres de equipo y de espacios físicos, son algunos de los actos anómalos que las autoridades del Ministerio de Salud han detectado en los hospitales de la red pública.

Este tipo de adquisiciones por parte de los centros asistenciales ha desfinanciado, en varios de los centros asistenciales, el presupuesto para adquirir medicamento e insumos usados atender a la población. El desabastecimiento que han tenido es parte del problema.

La viceministra de Hospitales, la médico Linda Valencia, indicó que los hospitales seguirán haciendo compras fraccionadas, pero para no caer en malas prácticas se conformó en el Ministerio de Salud una Unidad de Transparencia, y se tienen varias personas responsables de acompañar y de supervisar este tipo de adquisiciones.  

Para agilizar procesos agregó que solicitarán a los directores de los 48 hospitales de la red pública que envíen el respaldo de las compras de baja cuantía y el por qué las han realizado a fin de analizarlas, para luego hacer intervenciones de contraloría donde se detecten anomalías. Se hará de esta manera pues hacer supervisiones en cada unidad ejecutora llevaría semanas.

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“Había un vacío en la supervisión de los hospitales y nadie se daba cuenta de las compras fraccionadas. Encontramos que se hacían para temas de construcción o de remozamientos, una dinámica en una gran cantidad de hospitales”, dijo la funcionaria.

Al respecto se mencionan los casos del alquiler de computadoras de escritorio por parte del Hospital General San Juan de Dios, y la contratación de servicios de desinfección y sanitización que hizo el Hospital Roosevelt, mismo que remozó una bodega alquilada, todas las adjudicaciones fueron bajo la modalidad de compra de baja cuantía.

Denuncias

Estos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público para ser investigados. Son 17 denuncias las que se han presentado y están relacionadas con actos de corrupción o anomalías en las compras, como indicó la viceministra Valencia.

Resaltan los hospitales de Totonicapán, Chiquimula, Coatepeque (Quetzaltenango), Zacapa, Tecpán (Chimaltenango) y Cuilapa (Santa Rosa), cada uno con una denuncia. Mientras que el de Cobán y La Tinta, en Alta Verapaz, tienen dos. Con tres aparece el de El Progreso, y el de Quiché tiene cuatro.

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En curso están otras 10 investigaciones relacionadas con hechos de corrupción en los hospitales de Especialidades Rodolfo Robles (1), el Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva (3), el Nacional de El Progreso (1), Regional de Quiché (3) y en el Nacional de Amatitlán (2), según reporte del Ministerio de Salud.

Valencia mencionó que estos problemas se han detectado a través de las supervisiones y las auditorías que realizan en los nosocomios. A la fecha se ha inspeccionado el 52% de los hospitales. Mientras que se ha dado asistencia técnica al 48% de los centros asistenciales en el abastecimiento de medicamentos para que mejoren los niveles de estos recursos para atender a la población.

Agregó que con el acompañamiento con la Contraloría General de Cuentas se ha capacitado a los directores de los hospitales sobre cómo hacer las denuncias ante el Ministerio Público de las anomalías que han detectado en cada unidad ejecutora.

“Esperamos que los directores empiecen a poner las denuncias, porque eso nos ayudará a que el Ministerio Público pueda investigar”, dice la viceministra, y ellos como Salud pueden empujar la investigación por parte de Contraloría General de Cuentas.

Caso: alquiler de bodega

En diciembre del 2022, el Hospital Roosevelt arrendó una bodega a la empresa Productos y Servicios de la Industria y Construcción, Sociedad Anónima (Proseinco) para almacenar insumos médico-quirúrgicos y papelería. Esta se localiza en la zona 13 capitalina. El contrato fue por 36 meses con un monto de Q11.7 millones.

Además, el nosocomio pagó Q5.3 millones para remozar y dar mantenimiento a este inmueble que tenía en alquiler, de esta suma, Q150 mil se pagó al arrendante por dichos trabajos.

Por anomalías en el pago de los servicios en mención y otras en el contrato, este fue cancelado por parte de las nuevas autoridades del hospital.

Valencia mencionó que este caso es un ejemplo de hacia dónde se puede llegar con las auditorias de las adquisiciones que hacen las unidades ejecutoras, y de la necesidad de ser minuciosos en la documentación de los casos.

“En los papeles se ve bien hasta que se hacen las investigaciones. Hay tantas cosas que se mueven alrededor, ¿quién firmó?, ¿quién hizo la solicitud?, ¿quién avaló de satisfecho? El proceso a veces es lento, pero si no lo documentamos de manera adecuada, pasa lo que tuvimos al inicio de la bodega, que en la primera denuncia prácticamente dijeron que no había ningún problema y ahora vemos que se usó dinero del Roosevelt para hacer la remodelación”, dijo.

La denuncia ya fue presentada, y al Ministerio Público le compete hacer esas investigaciones de alto nivel y establecer quién es el dueño real de la bodega y si hubo algún vínculo de esta persona con quienes estaban en los departamentos de Compras y Presupuesto, y en la Gerencia Administrativa, agregó la funcionaria.

Los aparatos los arrendó por un lapso de 20 días, como compras de baja cuantía, y el 97% de los concursos fueron adjudicados a un solo proveedor.

Solo el 18 de diciembre pasado el nosocomio adjudicó 30 concursos para arrendar un total de mil 998 equipos, y se pagó un aproximado de Q1 mil 300 por unidad.

Las especificaciones que el Hospital General subió al portal del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), del Ministerio de Finanzas, indican que se trata de computadoras de escritorio.

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Son equipos con procesador Inter Core i7, con cuatro núcleos, ocho subprocesos, gráficos HD Inter 4600, cuarta generación de procesador con frecuencia básica de 3.4GHz, memoria 8Gb, disco duro de 500 gigas, monitor LCD Widescreen de 22 pulgadas, y demás funciones elementales.

Un especialista en informática señaló que se trata de un equipo de cómputo básico, cuyo precio por unidad oscila en Q8 mil 700.

Entonces, los Q7.2 millones que el hospital pagó por el alquiler durante 20 meses, alcanzaba para comprar 827 computadoras que serían en propiedad. Sin embargo, al adquirir varias unidades el costo descendería para comprar una cantidad mayor.

Debido al arrendamiento de estos equipos, que se hizo de manera fraccionada, el director del Hospital General San Juan de Dios, José Alfaro Barrera, fue destituido de su cargo por el ministro de Salud, Oscar Cordón, el martes 23 de enero. Bajo su administración, a principios del 2024 ocurrió un apagón en el nosocomio, que puso en peligro la vida de los pacientes.

Anomalías

El 97% de los concursos que el Hospital General San Juan de Dios subió a Guatecompras para alquilar computadoras fueron adjudicados a Mecánica Industrial y consultoría profesional, Sociedad Anónima, por Q7 millones, cuyo representante legal es Juan Carlos Cor Ajpop.

Según Cor Ajpop, durante una llamada telefónica a Prensa Libre el pasado 10 de enero, todas las funciones del centro asistencial están cargadas al equipo que da en arrendamiento. “Esas computadoras están en la red del hospital. No las podemos sacar ni para mantenimiento”, mencionó.

Mientras que Alfaro Barrera señaló en entrevista que por el tema de mantenimiento y de repuestos del equipo, era más beneficioso para el Hospital General arrendar los aparatos que comprarlos.

Durante el 2022, Mecánica Industrial y Consultoría Profesional, Sociedad Anónima, también ganó tres concursos para remozar distintas áreas en el Hospital Roosevelt por Q264 mil 641, y uno más en concepto de servicio de audio y sonido con la Municipalidad de Palencia por Q89 mil 100.

Se trató de abordar al ministro de Salud, Oscar Cordón, durante la firma de la Construcción del pacto de Salud que se llevó a cabo el martes 23 de enero en Sololá a fin de conocer las acciones que emprenderían por el caso del arrendamiento de computadoras en el Hospital General, sin embargo, no dio declaraciones. Se informó que este miércoles se hará una conferencia de prensa en la que se dará a conocer esta y otras denuncias sobre corrupción en la cartera.

El pasado 15 de diciembre los estudiantes hicieron sus prácticas en los hospitales Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez; y en el Regional de Cuilapa, en Santa Rosa se mantuvieron en asamblea por al menos cinco días hasta que fue pagada la beca.

Con un comunicado, los estudiantes dieron a conocer que entre el 18 y 20 de diciembre se realizó el pago a los médicos internistas de los demás hospitales, sin embargo a 80 que están en el San Juan de Dios no se les había hecho la transferencia de fondos.

“Nos vemos obligados a declarar un estado de asamblea permanente a partir de hoy 21 de diciembre a las 8:00 horas, lo cual implica la ausencia de estudiantes del EPS en todas las áreas ajenas a las Emergencias de este hospital, exceptuando las áreas de Labor y Partos, y consulta externa de Hemato-oncología”, se lee en el comunicado.

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A decir de los epesistas, se vieron obligados a tomar esta medida al ser los únicos internistas de los hospitales a los que aún no se les saldaba la deuda.

El Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) explicó que el atraso se debe a trámites administrativos. El Hospital San Juan de Dios es una unidad ejecutora, lo que implica que maneja su propio presupuesto, el pago se les realiza a través de un depósito bancario mientras a los demás epesistas en otros hospitales el pago es con cheque.

El departamento de comunicación del Ministerio de Salud aseguró que no se debe a una falta de presupuesto, más bien el nosocomio trasladó fondos propios de una entidad bancaria a otra para poder realizar las acreditaciones, pero por el monto transferido se dio un atraso.

Se esperaba que para el medio día de este jueves se empiece a liberar la cuota adeudada desde agosto a los primeros epesistas; sin embargo los estudiantes comentaron que esta no es la primera vez que reciben esa respuesta.

Refirieron que la semana pasada sostuvieron una reunión con la subdirectora y el Departamento de Tesorería del hospital quienes les afirmaron que ya se habían girado los fondos y que el pago se realizaría más tardar el miércoles 20, lo cual no sucedió.

“El contrato que ellos -los estudiantes- firman, hay una clausula donde dice que el Ministerio tiene pagarles hasta diciembre, esto no implica que deba ser así”, comentó el MSPAS por lo que no se incurre en ningún incumplimiento.

Este extremo fue confirmado por los epesistas que agregaron que la molestia se debe a que a los demás internos ya se les realizó el pago.

Estudiantes del EPS de Medicina del @HospigenGT se declaran en asamblea permanente a partir de las 8 de la mañana de este jueves, pues el hospital no les ha pagado la beca de estudios desde agosto, como lo establece el acuerdo gubernativo 357-2022. @prensa_libre pic.twitter.com/6eXnQMVcjj

— Ana Lucía Ola (@aola_pl) December 21, 2023

Beca estudiantil

El acuerdo gubernativo 357-2022 establece que a los estudiantes que realicen el EPS, el Estado les entregará una beca de Q2 mil 500 mensuales por un año. Los estudiantes recientemente criticaron que el monto no es suficiente para cubrir los gastos básicos como vivienda, transporte y hasta alimentación.

También recientemente comentaron que prefieren siempre agotar los canales de comunicación oficiales antes de manifestarse, pero no ha sido fácil obtener información sobre este pago. Esta es la tercera vez en el año que el Ministerio presenta un atraso de este tipo.

Llegan a acuerdo

Este jueves por la tarde, los epesistas informaron que habían llegado a un acuerdo con Salud para el respectivo pago.

Agregaron que la asamblea, que habían declarado permanente, fue levantada a las 16 horas, tras el trato.

El médico Ricardo Menéndez, jefe de la Emergencia de la Pediatría del Hospital Roosevelt, indica que el 10% de los casos que atienden son de niños con dengue, y en otros años para esta temporada la epidemia ya había cesado.

Son entre ocho y 10 casos diarios, de menores que provienen de lugares como Coatepeque, Mazatenango, Suchitepéquez, Zacapa, del sur de San Marcos, Ixcán, Petén e Izabal, menciona.

“Pensábamos que con el frío en algunas áreas el zancudo se iba a adormecer, pero sigue activo. La última tormenta (Pilar) dejó charcos y los mosquitos se continúan reproduciendo y el virus sigue circulando. Los casos continúan, aunque no al nivel de la temporada de lluvia”, menciona Menéndez.

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De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, hasta el 25 de noviembre iban 64 mil 316 casos con lo que ya se cuentan 13 mil 430 más de los registrados en todo el 2019, que fue el último año en que se dio un repunte de casos.

Pero al comparar el impacto del dengue este año con el causado en 2022, el incremento es seis veces mayor.

Incremento por lluvias

La médico Jubitza Madrid, epidemióloga del área de Salud de Escuintla, indica que cada cuatro años se ha visto un aumento de casos de la enfermedad en la región. En 2023 el mayor repunte se observó de junio a septiembre, que coincide con la temporada lluviosa en el país, luego ocurrió un descenso, pero con cada lluvia que se ha presentado se observa un nuevo repunte de contagios.

“Si vuelve a llover hay riesgo de que nuevamente se incrementen los casos, pues para salir del huevo el zancudo solo necesita una gota de agua”, dice la epidemióloga.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó varios frentes fríos para diciembre, los que estarán acompañados de lloviznas. Esto representa un riesgo para que haya de nuevo una subida de casos de dengue y se propague la enfermedad hasta final del año y principios del 2024.

Por otro lado, la epidemióloga indica que el comportamiento del zancudo ha cambiado. Cuando antes se movilizaba en lugares cálidos, ahora se localizan ejemplares en climas templados. Esto es un efecto del cambio climático.

El 85% de los casos reportados este año son sin signos de alarma (53 mil 846 casos), mientras que el 14% son con signos de alarma (8 mil 887), y es Zacapa el que presenta la mayor incidencia de estos últimos.

La población menor de 15 años es la más afectada, representan el 45% de los casos, con énfasis en el grupo de 5 a 9 años.

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Pacientes hospitalizados

En el caso del Hospital Roosevelt, Menéndez señala que ingresan a los niños que tienen signos de alarma o dengue grave. Las señales que presentan son moretones, sangrado de las encías, dolor abdominal, náusea, fiebre quebrantahuesos, dolor de ojos y alergia en la piel.

La mortalidad por dengue ha sido baja en la pediatría del hospital, han fallecido tres niños en lo que va del año.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud da cuenta de 97 defunciones hasta el 25 de noviembre. Los departamentos con más casos son Escuintla, Chiquimula, Guatemala Central, Suchitepéquez, San Marcos, Guatemala Sur, El Progreso e Izabal. Hay tres muertes más en investigación.

En lo que se refiere a Escuintla, Madrid reporta 16 defunciones y de estas el 25% son de menores de cinco años. Agrega que no se descarta un subregistro de casos, tanto de muertes como de contagios, pues la cantidad de pacientes que llegan a clínicas privadas no suele reportarse al área de Salud, a lo que se suma que muchas personas al enfermar no buscan atención médica.

En la región, la meta para el 2025 es que la letalidad por dengue esté por debajo del 0.05%. Para el 25 de agosto en las Américas esta llegó a 0.049%; pero el caso Guatemala está por arriba de ese número, ya que alcanza el 0.15%.

Riesgos

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el mosquito portador del dengue es el Aedes aegypti, el cual transmite los cuatro serotipos del virus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.

En el 2019, que fue el último año epidémico con más de 50 mil contagios, en Guatemala había mayor circulación del DENV-2, sin que se descartara la presencia de los otros tres. Sin embargo, el actual reporte del Ministerio de Salud indica que en el 2023 hay un 50% de predominio del serotipo DEN-3.

El riesgo es que una misma persona puede contagiarse hasta cuatro veces con dengue. Esto porque el cuerpo puede desarrollar resistencia —inmunidad permanente— para un serotipo, pero no para el resto.

Si un individuo se contagia con dos serotipos distintos, corre el riesgo de desarrollar dengue grave. Las personas en mayor riesgo son los niños, adultos mayores y quienes tienen alguna enfermedad crónica.

Varios son los factores por lo que el zancudo transmisor del dengue puede tener mayor presencia en ciertos espacios. El informe de Salud señala que el acumular agua en recipientes es la principal causa, y representa un 56.7% del riesgo, ocupar una vivienda cerrada figura con un 38.9%, el acumular chatarra representa 13.9%, mientras que estar cerca de un cementerio es de 8.9%.

Síntomas reportados

El Ministerio de Salud registra cuales son los síntomas más frecuentes en los pacientes con dengue. El 88% de los casos ha tenido fiebre, mientras que el 74.7% dolores de cabeza, el 44.4% dolor en articulaciones, el 44.1% reporta malestar muscular, el 37.9% sudoración, el 35.8% malestar detrás de los ojos y 33.6% dolor abdominal, entre otros.

Documentos a los que Prensa Libre tuvo acceso evidencian que hay facturas que no han sido canceladas con fecha de enero pasado, y hay deudas con empresas que superan el medio millón de quetzales.

Esto ha llevado a que proveedores frenen la entrega de productos al hospital hasta que sea haga efectivo el pago, es el caso de un proveedor de carne de res que tomó la decisión de parar todos los despachos a partir de este mes; semanalmente le facturaba al centro asistencial no menos de Q75 mil.

El representante de la empresa señala que durante el año mantuvieron las entregas de manera puntual, y mostraron disposición de apoyar al nosocomio hasta donde sus propios recursos lo permitieron. Sin embargo, ese impago les impide tener liquidez económica para comprar las cabezas de ganado que necesitan para poder abastecer de carne a otros clientes.

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“No he autorizado más despachos por la falta de pago, porque el hospital incumplió en el monto que habían indicado que pagaría”, dice. La semana pasada les cancelaron unas facturas, pero quedan pendientes otras que suman más de Q500 mil.

Destaca que es la primera vez, en lo que lleva proveyendo al Hospital Roosevelt de carne, que el atraso en los pagos se ha prolongado más de seis meses, pues lo usual son dos a tres.

En ese punto coincide otro proveedor de productos alimenticios como Incaparina, aceite, harinas, azúcar y huevos, entre otros, a quien hasta hace dos semanas comenzaron a abonar la deuda que se ha ido acumulado desde mayo.

“Este año ha sido el más cardíaco porque hay facturas que llegaron a cinco y seis meses de crédito, y en productos alimenticios eso no había sucedido”, agrega, y por dicha situación suspendió las entregas al hospital a mediados de noviembre, pero sabe que otros proveedores pararon el abastecimiento un mes antes.

La respuesta que han recibido los proveedores por parte del hospital es que no se le ha cancelado la deuda porque no cuentan con el presupuesto necesario para hacerlo.

Productos contados

Los productos cárnicos que ingresaron a la bodega de alimentación del hospital Roosevelt en noviembre fueron escasos. En las primeras tres semanas, por ejemplo, hubo salchichas, huevo, jamón, longanizas, algunos cortes de carne de res y cerdo. No hubo pollo ni lácteos.

Mientras que en los últimos días solo entraron salchichas y falda de res.

Además, entró limón, melón, naranja y papaya, también chipilín y cilantro, perulero, remolacha, tomate y zanahoria, de una lista de 17 productos de frutas y verduras.

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En diciembre solo han ingresado salchichas, arveja, cebolla, elote, güicoyitos y güisquil.

Pagos atrasados

Pese a que los proveedores de alimentos han dejado de abastecer al Hospital Roosevelt, el doctor Zagreb Zea, presidente de la Junta Directiva del centro asistencial, asegura que continúan alimentando a los pacientes y que se ha cumplido con los requerimientos nutricionales de las mil 100 personas que están en encamamiento.

Agrega que sí hay una deuda con los proveedores, incluso con los que suplen de medicamentos y otros insumos, pero esto siempre ocurre en los últimos meses de cada año, por la falta de cuota que debe entregarles el Ministerio de Salud. Pero es la primera vez que esta situación alcanza a quienes suministran de alimentos al hospital.

“A todas luces se sabe que hay deuda, pero no se ha visto así de comprometida la comida”, dice Zea.

De acuerdo con el médico, este jueves sostuvieron una reunión con las autoridades del nosocomio y les indicaron que esta semana se firmaron 75 cheques para hacer el pago a las empresas.

“Sí hubo un atraso en el pago a los proveedores de carne, pollo, huevos, pero esta semana esperamos que se subsane esto con los cheques que se firmaron a los proveedores en esos rubros”, dice el médico.

Menciona que fue a partir de septiembre que el pago de deuda comenzó a atrasarse más de lo habitual, de continuar esta situación y si las empresas dejan de suplir de productos al hospital, la alimentación de los pacientes se verá comprometida en los próximos días.

“Si llegamos a un punto en donde ya no despacharan nada, pues claro que afectará, pero no vamos a dejar que eso ocurra, porque siempre estamos pendientes de que se entreguen todos los productos. Estoy tranquilo porque esta semana ya se está pagando a los proveedores de alimentos”, agrega Zea.

Por otro lado, mencionó que en el Hospital Roosevelt también se han tenido inconvenientes con el abastecimiento de algunos reactivos, con insumos de laboratorio y de medicamentos, situación en la que se trabaja.

Se consultó al Hospital Roosevelt sobre la deuda con los proveedores de alimentos y Comunicación Social respondió que ya se comenzó a hacerles efectivo el pago.

Si bien el Viceministerio de Hospitales es una figura que se asocia como elemental en la administración de la salud pública, hay opiniones encontradas en cuanto a la necesidad de que haya un funcionario designado de manera específica, pues con o sin la presencia de este la mejora en el servicio a la población es cuestionable.

Según el acuerdo gubernativo 59-2023, quien ocupe el cargo de viceministro de hospitales es el responsable de “formular, dirigir, coordinar y evaluar la conducción, desarrollo y supervisión de la red hospitalaria nacional”, con el fin de mejorar el acceso a la población. Pese a que la ley norma las obligaciones del puesto, estas no se han cumplido a cabalidad.

El primero en asumir el cargo durante la administración de Alejandro Giammattei fue Miguel Ángel Borrayo. Tres meses ocupó el cargo y fue sustituido por Germán Ludwing Scheel Bartlett, quien estuvo ahí por casi tres meses. Ambos dirigieron las acciones iniciales para la atención de los primeros casos de covid-19 en los centros asistenciales, bajo la coordinación del entonces ministro de Salud, Hugo Monrroy.

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Fue el 19 de junio del 2020 que el presidente Giammattei cambió a toda la cúpula del Ministerio de Salud, en ese momento se nombró a Amelia Flores como jefa de la cartera. Francisco Coma fue designado como ministro de Hospitales.

Quince meses después, Flores presentó su renuncia y Coma ocupó su lugar y a la fecha se mantiene en el cargo. El vicedespacho de hospitales lo asumió Jorge Francisco Meneses, el 2 de noviembre del 2021. Seis meses más tarde dejó el cargo.

Gerardo Hernández llegó en sustitución de Meneses. Venía de dirigir el Hospital General San Juan de Dios, institución que padecía de desabastecimiento de medicamentos, principalmente antibióticos, y de quejas de compras fraccionadas de fármacos y servicios de remozamiento con sobreprecios.

La juramentación de Hernández ocurre el 18 de mayo del 2022, y 10 meses después Salud confirma su destitución por acusaciones de asociación ilícita y fraude por la adquisición de Q67.9 millones de equipo médico para el Hospital Nacional de Chimaltenango, mismo que no fue entregado.

Por este caso, la Fiscalía contra la Corrupción presentó un escrito formal de acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del exviceministro únicamente por el delito de fraude, según el Ministerio Público.

Desde la destitución de Hernández nadie ocupa el cargo, y es el ministro Coma quien, en paralelo a sus funciones, se encarga de atender los asuntos del caso.

“Se ha evaluado quién asuma el cargo como viceministro de Hospitales, pero debido a las fechas, nadie ha querido aceptar el reto, por lo que el ministro Francisco Coma, con la ayuda de la doctora Gabriela Rodas, directora de Gestión Hospitalaria, es quien ve el tema”, explicó el Departamento de Comunicación Social de la cartera.

Entre sombras

Son 45 hospitales los que conforman la red pública, mismos que durante la pandemia se vieron desbordados ante el aumento de contagios de covid-19. La falta de medicamentos, insumos y equipo, de personal y de infraestructura adecuada para atender la emergencia fueron la constante en los años álgidos del covid-19. Los problemas continúan y las carencias persisten en los centros asistenciales.

A finales de septiembre un análisis de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) señaló que el 30% de los hospitales nacionales habían gastado más del 90% del presupuesto asignado para adquirir medicamentos, y que 27 centros asistenciales comenzaron el último trimestre del año con riesgo al desabastecimiento.

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Por otro lado, médicos de nosocomios de referencia, como el Roosevelt y el General San Juan de Dios, han denunciado en varias oportunidades el abandono de la red hospitalaria, lo que compromete la atención a la población que acude a los servicios estales, que según el Informe marcando el rumbo, salud y nutrición, publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), estos deben cubrir a ocho de cada 10 guatemaltecos.

El atraso en pago de salarios a trabajadores de los hospitales es otro de los males que ha empujado al personal a realizar marchas para exigir el desembolso por parte de la cartera, pero no han sido los únicos. A los epesistas de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala también se les ha adeudo el dinero para realizar su práctica hospitalaria y rural.

Vaivén del viceministerio

Adrián Chávez, analista profesional de salud y seguridad social, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), indica que la figura de viceministro de Hospitales se creó en el 2005 como consecuencia de un paro nacional de médicos que demandaban mejores condiciones laborales y salariales en toda la red nacional de hospitales.

En 2016 bajo la gestión de la ministra Lucrecia Hernández Mack el puesto fue eliminado y las funciones fueron delegadas al director del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS), con lo que se demostró la necesidad de fortalecer los equipos locales y mejorar el acompañamiento técnico y administrativo desde el nivel central.

La figura del surge de nuevo y se oficializa en el acuerdo gubernativo 59-2023, que también da vida a la Dirección de Gestión Hospitalaria, que “ha mantenido el funcionamiento normal de la red, demostrando que el sistema puede sobrevivir incluso sin la figura de un viceministro de Hospitales”, agregó Chávez.

A criterio de Karin Slowing, analista en logística de salud, en esta nueva estructura el viceministro de Hospitales ocupa un lugar importante, pues los hospitales “se comen una significativa parte del presupuesto de Salud”, razón por la que se esperaría que el ministro tenga asignado a alguien en ese cargo para gerenciar esta porción del quehacer del ministerio, especialmente cuando el enfoque de la cartera es eminentemente curativo y asistencial.

Con relación al tema de compras y pago de planillas en hospitales, Slowing agrega que, si bien el viceministro del área da los lineamientos de lo que se requiere, es el Viceministerio Administrativo el que se encarga de hacer las gestiones para adquisiciones y pagos.

Para Slowing es comprensible que no se haya nombrado al nuevo viceministro de Hospitales cuando faltan pocos meses para el cambio de gobierno, y más aún cuando el puesto ha sufrido un serio desgaste durante esta gestión.

La primera inhumación en este cementerio se realizó el 2 de julio de 1881, desde entonces, miles de guatemaltecos han sido sepultados en este lugar; sin embargo, el deterioro del recinto es evidente.

El vandalismo y el abandono se hace evidente en casi todo el cementerio que tienen unos 50 mil nichos en el área de galerías y otros 31 mil en el resto de los mausoleos.

Guatevisión y Prensa Libre documentaron este miércoles 24 de mayo al menos cinco tumbas profanadas, tres de estas de niños.

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En los nichos profanados hay féretros color blanco y juguetes en su interior; además, las lápidas no están.

El área administrativa del Cementerio General afirmó que desde 2015 ya no se usa el sector donde se localizaron las tumbas profanadas, debido a que está en riesgo de colapso por deslaves en el barranco aledaño.

En el lugar hay basura acumulada y pareciera que nadie del área de seguridad o limpieza hacen visitas en el sector.

En otro sector, también público, se puede observar un ataúd con parte fuera de la tumba; también se percibe el olor a descomposición de cadáver.

En otras tumbas se observó destrucción de cristales o pintas con pintura en aerosol, algunas con símbolos de maras, también se observaron puertas forzadas.  En algunas tumbas han sido robadas imágenes religiosas.

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Otros mausoleos son usados como bodegas de herramientas por parte de personas que limpian tumbas, autoridades del cementerio aseguraron que algunos tienen permiso para hacerlo.

En el lugar, algunas personas que tienen varios años de laborar y aseguran que la delincuencia ha incrementado en el cementerio, donde se han robado piezas de mármol o cobre.

Afirmaron que muchas de las profanaciones se dan por el robo de objetos de valor.

Denuncias por profanación

Guatevisión y Prensa Libre intentaron obtener la postura del director del Cementerio General, Rafael Chiriz, pero al final atendió el asesor jurídico Byron Fuentes, quién reconoció que en lo que va del 2023 se han reportado cuatro denuncias ante al Ministerio Público (MP) por profanación de tumbas.

Agregó que desde marzo pasado no tenían denuncias, pero al mostrarle lo documentado, indicó no tener conocimiento y que mandaría a hacer una inspección de la tumbas, la cual terminó realizando él mismo.

El Cementerio General está bajo la administración del Ministerio de Salud junto al cementerio La Verbena y el de Las Tapias. Tienen Q24 millones asignados, pero el 70% del presupuesto está destinado a gastos administrativos y pago de personal.

El MP informó en un comunicado que en seguimiento a denuncia presentada por posibles anomalías en la adquisición de equipo médico para el Hospital Nacional de Chimaltenango, la Fiscalía contra la Corrupción, en coordinación con la Policía Nacional Civil,  capturaron a dos personas vinculadas al caso.

Se trata de Luisa Fernanda Villagrán Méndez, representante legal de la empresa Voltar Intermedia Sociedad Anónima y de Gerardo Arturo Fuentes Rubio, director del Hospital Nacional de Chimaltenango, ambos sindicados de la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y fraude.

Explican que se hicieron tres allanamientos de inspección, registro y secuestro de evidencia en dos inmuebles y en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para hacer efectiva la aprehensión de Gerardo David Hernández García, pero no pudo ser localizado.

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Según el MP, Hernández se encuentra prófugo de la justicia.

El comunicado agrega que a solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, declaró la rebeldía contra Hernández García y ordenó el arraigo correspondiente.

Desfalco de Q67 millones

Según el MP, la investigación de la fiscalía determinó que las tres personas sindicadas “posiblemente se concertaron para defraudar al Estado de Guatemala mediante la adquisición de equipo médico valorado en más de Q67 millones para el Hospital Nacional de Chimaltenango, inaugurado en febrero de 2023, valiéndose de acciones fraudulentas en detrimento de la administración pública”.

Este día, se llevó a cabo una reunión entre representantes del Ministerio de Salud, Procuraduría de Derechos Humanos, la enfermera afectada y el diputado Aldo Dávila, en donde se dio a conocer este caso y la exigencia que le está haciendo el gobierno a la empleada para que cancele los fondos. 

Mariflor Castro, enfermera del Área de Salud de Sololá, expuso que debido a la falta de aceptación de la vacuna por parte de la población, varias se les vencieron -5 mil 25 dosis de Sputnik V y 80 de AstraZeneca-, por lo que se está llevando un proceso dentro del cual pues se pretende que el personal de salud pague por esas vacunas vencidas.  

Expresó que el Área de Salud pretende que ella pague Q388 mil 900 por las vacunas vencidas, mediante un depósito que debía hacer a una cuenta del Estado este 11 de abril.  

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“Yo ya exterioricé de que bajo ningún término lo voy a hacer, porque no es mi responsabilidad el poder o el tener que pagar algo que no está en mis manos”, dijo Castro. 

Añadió: “Yo no estoy dispuesta a pagar ningún tipo de vacuna que se haya vencido, que no haya sido por negligencia, ni por incapacidad o por falta de acciones, porque se agotaron todas las acciones para poder ofertarle a la población”, comentó la enfermera.  

Reconoció que en Sololá se hicieron diferentes acciones para dar a conocer cuánto tenía disponible, cuánto era lo que iban a utilizar, pero no estaba en sus manos determina si la población iba a vacunarse o no, porque era una decisión de cada quien.   

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Vacunas casi por vencer 

Castro dijo que es inaudito siquiera pensar que el personal de salud sea el pague por esas vacunas vencidas, pues hay que tomar en cuenta que muchos de los biológicos tenían periodos muy cortos para que caducaran.  

“El personal de salud anda corriendo por todos lados para poderla administrar –las vacunas- en todas las comunidades, haciendo trabajo ampliado de horarios, ampliado en días también, porque se ha trabajado en fines de semana, se ha trabajado hasta las 22.00 horas tratando de ver que la población pues tenga acceso a la vacuna; sin embargo, las actividades y todas las acciones que se han trabajado para hacerlo no se pudieron realizar y no fueron bien recibidas por la población”, dijo Castro. 

La enfermera afectada afirmó que el Ministerio de Salud, a través de la auditoría interna, tiene un procedimiento para darle de baja a las vacunas; sin embargo, este procedimiento también debería estar regido para establecer que no se puedan aceptar insumos que no tengan menos de un año de vencimiento, pero las áreas de salud han tenido que aceptar vacuna que se vence en un mes o en una semana y que se ha hecho lo posible por aplicarlas incluso con esas fechas cortas de vencimiento.   

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“No podemos ser responsables de pagar lo que la población no quiere, debido a que la vacuna también tiene muchas situaciones por las cuales la población no la quiere verdad”, señaló Castro.  

La enfermera dijo que si el pago que se le está exigiendo no se hacía en el tiempo establecido, pasa a un proceso a nivel jurídico y luego pudiera haber otro tipo de sanciones.  

Agregó que en la reunión de este 11 de abril, se planteaba que se pudiera trabajar un tipo de proceso el cual sea diferente al proceso que normalmente se hace con el resto de vacunas, porque es una vacuna con situaciones muy diferentes a las de los biológicos que se usan en procesos en la inmunización que se hace de otras enfermedades en los servicios de salud. 

Responsabiliza a Giammattei

Aldo Dávila, diputado de oposición, expresó que recibió denuncias de lo que estaba ocurriendo en Sololá, en donde estaban haciendo responsable del vencimiento de las vacunas a la enfermera profesional de ese distrito.   

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Afirmó que esa situación no debería ser así, porque hay que tomar en cuenta que nunca hubo campañas en todos los idiomas para informar sobre la vacunación. 

“El gran responsable de esto es Alejandro Giammattei, por hacer esta compra que todo el tiempo sabe que se ha querido declarar lesiva y no avanza. Esta vacuna no debió haberse comprado y hasta el día de hoy no conocemos el sustento técnico del Comité de Vacunas sobre el por qué comprar esas vacunas”, expresó Dávila.  

Mencionó que las vacunas –Sputnik V- ya las pagó el Gobierno, se vencieron y ahora quieren que recaiga ese peso sobre los empleados de las diferentes áreas de salud.  

Expresó que se acordó tener una nueva esta reunión la semana próxima, para resolver y ver cómo se va a aclarar esta situación, “porque no se vale que ahora los empleados sean quienes paguen estas vacunas cuando se vencieron obviamente, porque no hubo campañas y porque traían una fecha próxima de caducidad”.  

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Dávila insistió en que Salud tiene manuales para este tipo de procedimientos, pues se pide que se respeten, pero no se respeta que allí dice que el personal de salud no puede recibir vacunas con una fecha muy próxima de vencimiento.  

Hizo un llamado a las autoridades para que no trasladen al personal de salud, pues son vacunas ya pagadas y que fueron compradas en un contrato lesivo.  

Según datos de Salud, para vencer en abril hay 3 millones 971 mil 470 dosis de distintas marcas. Las únicas que tienen una fecha de caducidad más prolongada son de Pfizer que se compraron a través del Mecanismo Covax, estas vencen el 30 de junio y suman 930 mil dosis.

Versión de Salud

Eliú Mazariegos, del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) del Ministerio de Salud, acudió a la reunión y dijo que en enero pasado la Unidad de Gestión Logística oficializó mediante un oficio que establecía que el manual del programa regular de vacunación iba a aplicar también para de coronavirus.  

Señaló que la responsabilidad de las vacunas es de las áreas de salud y de los distritos se asigna específicamente al nivel operativo que tienen que administrarla.  

Dijo que el caso de la enfermera Castro ya se tiene conocimiento y que se evidencia pérdida de vacuna y que deben cumplirse procesos administrativos como la suscripción de un acta.  

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Reconoció que el cobro de vacunas vencidas al personal de salud ocurre con cualquier otro biológico, no solo con las de covid-19, pero solamente si se deduce responsabilidad administrativa, según se establece en el manual.  

En dicha normativa se establecer que será la Dirección de Área de Salud la que determinará la responsabilidad administrativa y civil en contra de los responsables con forme a la ley aplicable vigente.  

Señala que derivado de eso se levantó el acta y que en esa reunión se estableció que la responsable del vencimiento de las vacunas es la enfermera.  

Reconoció que, a su criterio, en esa reunión se tuvo que haber establecido el grado de responsabilidad de los distritos en la pérdida de los biológicos.  

Hay 41 mil vacunas vencidas en áreas de salud 

Según Mazariegos, en el reporte más reciente a nivel nacional, se establece que se han perdido, preliminarmente, 41 mil 344 dosis, por vencimiento o pérdida de la cadena de frío. 

No requerirán reintegro, pero analizarán caso por caso

A eso de las 14.30 horas, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado de prensa en el que se abordaba el tema del cobro de vacunas vencidas al personal de los distritos del país.

En el documento se lee que los procesos administrativos y reglamentos han sido fundamentales en el cumplimiento de las acciones encaminadas a garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el covid-19 en todo el país, por lo que la supervisión y verificación de las gestiones realizadas en cada servicio de salud son de vital importancia para fidelizar y garantizar el cumplimiento de dichos procesos.

“Por esta razón se les informa que en caso exista vencimiento de la vacuna contra covid-19 las Unidades Ejecutoras por medio de la suscripción de un acta administrativa dejarán constancia del vencimiento de la vacuna. Asimismo, es importante dar a conocer que Auditoría Interna no requerirá ningún tipo de reintegro de recursos, le corresponderá al área jurídica realizar la evaluación y dictamen de cada caso específico“.

El documento también incentiva a  continuar con el esfuerzo de intensificación y poder salvaguardar la salud de los guatemaltecos, “teniendo la certeza que los procesos administrativos en caso de vencimiento de vacuna, se llevarán de forma transparente y garantizando el derecho de defensa”.

Reacciones

Luis Cuyún, del Sindicato de Médicos y Cirujanos de Salud Pública, dijo que esta situación es muy delicada y que está dentro de los ámbitos jurídicos y que asumir que el personal de salud es responsable de la de la pérdida de vacuna es tan discutible como la compra de las Sputnik V. 

Recordó que los centros de salud y las áreas de salud no tienen dentro de sus presupuestos fondos como para publicitar la vacunación. 

Explicó que cuando se pueda vencer un medicamento, y en este caso vacunas hay un proceso para determinarlo y a no ser que quede demostrada una verdadera y gran negligencia del personal, no se puede señalar o culpar a alguien sin haber hecho dicho procedimiento.  

Atribuye el vencimiento de las vacunas a la falta de confianza que tuvo la población y que no hubo plan para publicitar y convencer a las personas de la importancia de la inmunización contra el covid-19. 

“Atribuírselo al personal –el vencimiento de las vacunas- yo creo que es muy injusto, tomando en cuenta el poder adquisitivo que tiene, que son salarios miserables en comparación con los montos que les están tratando de cobrar”, dijo Cuyún. 

Citó un ejemplo que los médicos no pueden obligar a los pacientes a que ingrese a los hospitales a recibir consulta, y que igual les pasa a los empleados de centros y puestos de salud, pues no pueden obligar a las personas a vacunarse, porque la vacunación es voluntaria.  

También dijo que antes de señalar a alguien, hay que investigar si realmente las cadenas de frío se cumplieron, pues en muchos lados del interior del país hay apagones constantes y en muchos no tienen plantas eléctricas.  

Refirió que si no se tiene una planta de energía eléctrica en el momento de un apagón, es factor suficiente para perder la la cadena del frío de un biológico como lo son las vacunas.  

Zulma Calderón, defensora de la Salud de Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que hay diversos factores a considerar por la postura del Ministerio de Salud, pero no se debe perder de vista que quienes originaron esta situación son los funcionarios que avalaron la compra de vacunas con corta fecha de vencimiento.

Dijo que hubo un número considerable que directores de Salud que se opusieron a recibir las dosis. Señaló que ahora, Salud pretende enmarcar en este contexto diverso en el manual de procedimientos de logística.

A decir del Calderón, la adquisición de las dosis ha sido con falta de transparencia y el mismo plan de vacunación no contempla la situación que se esta dando.

Señaló que es “imperdonable” que a pesar de todo lo que el personal de Salud ha dado por la pandemia, ahora se les pretenda hacer el cobro por el vencimiento de vacunas, cuando fueron ajenos a la adquisición y distribución.

Indicó que las direcciones de área de Salud hicieron un traslado forzoso por medio de las unidades de logística.

Calderón informó que esta no es una situación que se puede evaluar caso por caso porque todos los meses han vencimiento de vacunas, lo que es repetitivo y repercute en el personal operativo.

Añadió que con el comunicado, Salud evidencia “que sigue improvisando sobre la marcha” y que siguen sin tener un documento que los respalde en esta situación.

Recordó que desde hace un par de meses han recibido denuncias en las que directores emitían las alertas y mostraban resistencia para recibir las dosis, porque se veía venir que estaban trasladado la responsabilidad de estas.

Afirmó que falta claridad y esperaban una postura más clara de Salud, porque lo que se ofreció fue una contra revisión, pero esta debe evidenciar el traslado numeroso de vacunas sin que las áreas las hayan recibido y por qué el manejo y vencimiento.

Dijo que están partiendo de la parte inversa al partir de la parte operativa.

Mencionó que este caso de Sololá la enfermera no recibió en ningún momento a nivel central que se le trasladara este número de vacunas y que era imposible administrarlas en un tiempo tan corto.

Advirtió que el riesgo sigue porque el hallazgo está presente y no se ofreció que se fuera a desvanecer, porque no se les dio a la enfermera la oportunidad  de defenderse.

En un comunicado de prensa del Ministerio de Salud, se menciona que con la publicación de la adenda, se habilita la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus en Guatemala para estos grupos de personas.  

Incluye todo el personal sanitario, personas de 50 años en adelante sin excepciones y los menores de edad de 12 años en adelante que tengan enfermedades crónicas o inmunosupresión. 

“Estas acciones son implementadas con el objetivo de velar por la protección de los sectores poblacionales considerados como grupos con mayor vulnerabilidad ante la enfermedad por covid-19.”, se lee en el comunicado. 

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La evidencia científica 

Según el comunicado, el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud seleccionó estos grupos priorizados de acuerdo a evidencia científica internacional avalada por instancias rectoras de la salud, quienes afirman que una cuarta dosis de esta vacuna resulta efectiva para mantener la protección contra enfermedad grave. 

 Además, porque “se ha demostrado que sus beneficios son principalmente en todos aquellos grupos en que pudo haber disminuido su inmunidad con el paso del tiempo por algún factor de riesgo o condición médica”, se menciona.  

Salud también menciona que continúa con su labor de revisar, analizar y actualizar los lineamientos de vacunación contra el coronavirus para minimizar su impacto en la población y procurar el retorno a la nueva normalidad.   

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Tiempo para aplicarse la cuarta dosis 

El documento menciona que para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra covid-19 las personas deben verificar que desde su última dosis hayan transcurrido como mínimo 4 meses y deben corresponder a alguno de grupos priorizados anteriormente mencionados.  

Las personas incluidas en estos grupos deben llevar su DPI, en caso de ser mayores de 18 años, y los menores de edad contar con su número de CUI e ir acompañado de un padre de familia o tutor legal, quien sí debe llevar DPI. 

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“En los casos en los que la persona cuente con alguna dosis administrada en el extranjero, debe registrarse previamente según los lineamientos ya establecidos, a través de la página web www.vacuna.gob.gt o bien presentarse con la constancia de vacunación original a cualquier puesto de inmunización habilitado por el Ministerio de Salud”, finaliza el comunicado. 

Un grupo de médicos del Hospital General San Juan de Dios de la capital, estudiantes de medicinas y jefes de las distintas áreas del centro asistencial salieron a protestar a las calles este martes 22 de febrero para exigir a las autoridades que los doten de medicinas en insumos, pues desde hace semanas han denunciado que están en una crisis de abastecimiento que dificulta su trabajo.

La caminata la hicieron del centro hospitalario, recorrió varias calles del Centro Histórico y luego enfiló hacia el Congreso de la República, en donde exigieron que fueran atendidos por la Comisión de Salud el Organismo Legislativo, que se reunía a las 10 horas en el Salón del Pueblo, para exponer las carencias que enfrentan para realizar su trabajo y atender a los pacientes que llegan al hospital.

Los manifestantes portaban pancartas en las que se exigía medicinas e insumos y en una de ellas podía leerse: Pueblo de Guatemala queremos sanarte, sabemos y queremos hacerlo pero no tenemos las medicinas y el equipo para hacerlo”.

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Otros médicos exigían también la renuncia del director del San Juan de Dios, Gerardo Hernández, a quien culpan de la crisis que se vive en el hospital.

Los recibe la Comisión de Salud

La Comisión de Salud, que estaba reunida en el Salón del Pueblo con varios funcionarios, entre ellos el director ejecutivo del San Juan de Dios, Gerardo Hernández, entonces la diputada Evelyn Morataya pidió que s alterara la agende de la reunión para escuchar las demandas de los médicos y se permitiera el ingreso de tres médicos para que expusieran la situación.

Luego de posturas encontradas por la petición, se autorizó el ingreso de los médicos al recinto.

Sin medicinas

El jefe de Emergencia de adultos, Napoleón Méndez, comentó en el Congreso que el mensaje que llevaban era el del paciente que está en la cama el hospital y que no se la puede contar y por eso lo hacen quienes ellos que han vivido esa crisis.

Citó como ejemplo el caso de un paciente que llega en una crisis convulsiva y que para atenderlo existen tres o cuatro opciones de medicamento, pero que lamentablemente en los últimos meses la crisis de desabastecimiento de medicinas ha hecho que no tengan la opción uno, que la segunda, la tercera y la cuarta se hayan acabado, lo que implica que el médico que está detrás solo observando lo grave del paciente y que no tenga el recurso para poder atenderlo. “Es como mandar a un soldado a la guerra sin armas”, dijo.

“Es realmente frustrante para nosotros como médicos conocer la literatura, la mejor literatura, saberla, saber qué hacer y tenerlas el deseo de hacerlo, pero no tener las opciones para darles los antibióticos de mejor calidad a los pacientes”, dijo Méndez.

Señaló que ante la falta de antibióticos han tenido que inventar protocolos con otros antibióticos que se dan para otras cosas.

Según el médico, por uno u otro motivo no han obtenido respuestas las cartas que se han presentado y que al paciente no lo pueden atender con excusas administrativas o con otras soluciones o con papeles firmados, pues el paciente necesita medicamentos y los médicos herramientas para atenderlos.

4 puntos críticos

El doctor Méndez dijo que hay cuatro puntos críticos en el San Juan de Dios y que es necesario que se solucionen cuanto antes.

1. Desabastecimiento de medicamentos
2. Equipo obsoleto
3. Lentitud en los procesos de licitación
4. Lentitud en los procesos de contratación de personal

Por eso pidió acompañamiento del Congreso para fiscalizar en los hospitales, pues puede ser que exista un buen abastecimiento de medicinas, pero si hacen falta medicamentos importantes no vale de nada, pues siempre alguien necesitará de ellos.

También dijo que tienen respeto por la administración del hospital, que este no es un problema de personas sino de procesos y que la presión social que se logre hacer es para evitar también que las casas médicas se aprovechen de esta crisis para vender.

Invitó a los diputados a modificar las leyes y permitir que las compras de medicinas se puedan hacer más fácil y en los lugares en donde sean más baratas.

Ejemplificó que en El Salvador los medicamentos son 40% más baratos y que por qué es obligatorio comprar a las empresas de Guatemala si hay otras opciones más baratas en otros lugares e incluso compras mediante la OPS, para comprar bueno, bonito y barato.

“Nosotros damos la cara cuando un paciente muere, no el ministro”

Nancy Vargas, jefe de residentes de medicina Interna del San Juan de Dios, dijo que el motor del hospital son los médicos residentes y que a diario con los pacientes. Reconoció que esta crisis en el hospital viene de hace meses, pero se intensificó en los últimos dos.

Les preguntó a los diputados y otras autoridades qué pasaría si fuera su papá o su mamá los que necesitaran comprar medicamentos de Q1 mil al día por unos 5 o 7 días y afirmó que los guatemaltecos promedio no tienen la capacidad de hacer esos pagos y si la tuvieran acudirían a un hospital privado.

“Estamos viendo que la gente compre medicamentos y el Estado debe tener la obligación de proveerlos. Todos los días fallece personas, no podríamos decir específicamente que el paciente iba a vivir si le poníamos el medicamento adecuado, pero no sabemos por qué no se le proporcionó”, explicó.

Dijo que un día les avisan que entró cierta cantidad de medicinas y en menos de 24 horas estos se agotan, pues hay 800 pacientes ingresados y en las emergencias de 50 a 70 diarios.

“Tenemos los mejores especialistas. De nada sirve el mejor neurólogo en el Hospital San Juan de Dios si solo le vamos a sonreír al paciente, si lo único que podemos hacer es decirle mire señora tiene que comprar su medicamento de terapia oncológica que le cuesta Q3 mil y en dos semanas le toca a su siguiente cita, otros Q3 mil”, dijo Vargas.

“Llegamos a un punto en el que tuvimos que hacernos escuchar, porque somos las personas que manejamos a los pacientes todo el tiempo y los que tenemos que dar la cara frente a la familia para decirle que sus pacientes falleció. Nosotros damos la cara cuando un paciente muere, no el ministro”, expresó.

Señaló que la crisis es tan grave, que no tienen una solución para tratar a pacientes con azúcar baja, cuando en una farmacia uno de estos cuesta Q20.

“Nosotros venimos aquí -al Congreso- a buscar una solución para que la gente no se muera, porque no es justo que las personas acudan a un hospital pensando que van a poder salvarse de lo que les está pasando y no podemos darles lo mínimo que una persona se merece”, finalizó Vargas.

El médico Napoleón Méndez concluyó diciendo que la reunión de este martes no resuelve la crisis, que de allí no se llevan medicamentos o insumos, pero que lo hacen para que de alguna manera se busque una solución.

Sin camillas

Los médicos también exigieron a las autoridades que doten al hospital de camillas, puesto que hay hacinamiento y los pasillos de la Emergencia de adultos está saturada de pacientes.
Fotografías a las que tuvo acceso Prensa Libre y Guatevisión evidencian que en esa área hay muchos pacientes ingresados. Muchos están en camillas, pero otros en sillones y otros en colchonetas tiradas en el piso.

Reacción del director del Hospital

El director del hospital, Gerardo Hernández, reconoció la cantidad de pacientes está sobrepasando cuatro veces el que normalmente se puede ver en un día.

Refirió que en enero del 2022 atendieron a casi 40 mil pacientes y en ese mismo mes en el 2021 se atendieron a 10 mil, entonces se está saturando en todas las áreas, pero señaló que esta no es la primera vez que sucede, pero que hay un equipo de médicos y personal muy ágil que trabaja en las emergencias.

Aseguró que con la Ley de Emergencia por el covid-19 lograron comprar casi 150 camillas para el hospital, pero que que hay momentos en que ya no alcanzan las que tienen.

Reconoció que las fotografías son verdaderas y que estas fueron tomadas en una emergencia en un momento de muchos pacientes en el Hospital General San Juan de Dios, pero que trabajan para tener un hospital ideal para los pacientes y para los médicos.

Crisis podría estar solucionada en semana y media

Hernández también refirió que para tener abastecido el listado básico de medicamentos en el hospital, él cree que más o menos en una semana y media ya alcanzando niveles óptimos.

Reconoció que es imposible decir que van a tener un abastecimiento al 100%, porque ningún hospital está así, nunca ha existido y cree que no existirá, pero van a tener un nivel óptimo en esas semana y media.

También dijo que ya fue autorizado un contrato abierto para los anestésicos y soluciones, así como otros 12 medicamentos que esperan que se puedan empezar a despachar en las próximas horas.

Tres problemas en el hospital

Según Hernández, el San Juan de Dios una la gran cantidad de pacientes que acuden, lo siguiente es que no hay oferentes paras la compra de medicamentos y las licitaciones no se pueden realizar sin oferentes y que tampoco pueden comprar si los productos están sobrevalorados por más del 20% y el terceo que no hay una planificación que soporte la cantidad de pacientes que acuden a dicho centro asistencial.

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Estos contagios corresponden a las 8 mil 825 pruebas realizadas de covid-19 que se han sido registradas por la cartera de Salud.

En las últimas semanas, las cifras de contagios han ido en constante aumento hasta llegar al punto de registrar en algunos días más de 2 mil casos positivos.

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Previo a los casos registrados este jueves 1 de julio, cuyos datos corresponden al miércoles 30 de junio, los días con más contagios positivos en las últimas semanas habían sido el 22 de junio, con un total de 2 mil 028 casos confirmados, y el 24 de junio, con 2 mil 273.

De los 2 mil 855 casos de coronavirus registrados la mayoría de ellos se presentaron en personas entre los 20 y 39 años. Asimismo, el 53% del total de los contagiados son mujeres y el 47% restante hombres.

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Actualmente, se registra un total de 21 mil 804 casos activos, 296 mil 438 casos acumulados, 265 mil 352 casos recuperados, 9 mil 282 casos fallecidos y un porcentaje de letalidad del virus de 3.1%.

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Según el comunicado, esta situación se debe a la saturación de emergencias hospitalarias con pacientes en estado grave por otras patologías, principalmente a causa de hechos de violencia y accidentes vehiculares.

Las autoridades de Salud también informaron que se tiene un aumento acelerado de casos positivos por covid-19 en Guatemala,  condición que complica aún más el panorama de los hospitales.

Otro factor influyente es la escasez de dichos fármacos a nivel mundial. “Enfrentamos un alza en la demanda de medicamentos, no solo local sino a nivel mundial, vinculada a la pandemia”, escribieron las autoridades del ministerio de Salud. 

Este fenómeno, “ha excedido la capacidad financiera del Ministerio de Salud, debido a que se superan los precios de referencia que la ley permite manejar”, señala el comunicado. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social #MSPAS informa: pic.twitter.com/nyKDDZ7uYb

— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) June 8, 2021

El MSPAS informa que su personal se encuentra laborando para obtener, lo antes posible, todos los insumos que los hospitales requieren para funcionar en óptimas condiciones y garantizar una buena atención para los guatemaltecos.

Asimismo, establece que no se ha dejado de atender a ningún ciudadano y se buscan alternativas oportunas para brindarle la mejor atención posible a cada uno de sus pacientes.

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El Ministerio de Salud asegura que cuenta con un abastecimiento de casi un 75 por ciento en el resto de los insumos médicos, los cuales no condicionan la atención y administración de los mismos a las personas que los necesiten.

Hospital San Juan de Dios

“Hay desabastecimiento”, asegura Gerardo Hernández, director del Hospital General San Juan de Dios. Según Hernández, esto se debe a varios factores. “Primero, por la planificación. Segundo, por el consumo. Tercero, porque no nos entregan el producto”, asegura.

El director del nosocomio asegura que muchas empresas proveedoras “ofertan, ganan el evento y luego no nos entregan”, explica. “Quiero explicarles que de medicamentos, en el primer cuatrimestre adjudicamos, más o menos, Q43 millones e ingresaron solamente Q6 millones”, asegura. Hernández explica que en las procesos de adquisición a veces solo reciben el 10 por ciento de lo que necesitan.

El director asegura que se han quedado  desabastecidos en medicamentos básicos, por ejemplo, para el dolor como el Dexketoprofeno, anestésicos, antibióticos.

Hay medicamentos tan básicos como aquellos suministrados para el dolor o para sedar de los cuáles ahora no se tiene en el Hospital General, pero estas es una realidad que se replica en otros hospitales del país. pic.twitter.com/lWyvUzk4oT

— Andrea Dominguez (@andread_gtv) June 8, 2021

Hospital Temporal del Parque de la Industria

El lunes 7 de junio, varios galenos denunciaron la falta de medicamentos para intubar pacientes en el Hospital del Parque de la Industria.

Según información brindada por médicos de este centro hospitalario, no es posible atender a pacientes que requieren intubación de urgencia debido a esta situación.

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La única alternativa, según los médicos que dieron a conocer la situación, es que los familiares paguen, de su propio bolsillo, las medicinas que los pacientes necesiten. El suministro de dichos fármacos, cada dos días, puede llegar a tener un costo de 3 mil quetzales.

Hasta este 7 de junio, los medicamentos que hacían falta  para atender a los pacientes con insuficiencia respiratoria debido a covid-19 en el Hospital Temporal del Parque de la Industria son fentanyl, propofol y succinil-colina.

Hospital temporal del Parque de la Industria se encuentra en estos momentos sin sedantes para poder intubar a los pacientes de covid-19 con cuadro clínico severo, denuncian los médicos. “No tenemos nada que ofrecerles a los pacientes que vienen", dice un médico – @prensa_libre pic.twitter.com/Yf2NWI5lY2

— Mariajosé España (@mespana_pl) June 8, 2021

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Pero a pesar de tener este nuevo lote de vacunas adquirido por el mecanismo Covax, el país sigue estando rezagado entre los países vecinos en cuanto al avance de la vacunación.

En dos meses, el gobierno de Guatemala ha vacunado únicamente a 166 mil 469 personas y solo 1 mil 898 han recibido su segunda dosis.

Durante este tiempo, se han evidenciado las grandes falencias en la planificación de las autoridades de Salud y cómo fue un “error” confiar plenamente en un mecanismo que también ha fallado a nivel mundial.

Asimismo, empiezan a surgir dudas sobre las vacunas Sputnik que el gobierno va a adquirir de Rusia. El gobierno de Guatemala reclamó el desembolso de los Q614,5 millones que hicieron al Fondo Ruso de Inversión Directa, que representa el 50 por ciento del costo total para las 16 millones de dosis que Guatemala piensa recibir pero que aún no tiene.

Covax no es confiable

Desde meses atrás, el gobierno de Guatemala confió plenamente en el mecanismo Covax para la adquisición de las vacunas contra el covid-19. Este mecanismo es una iniciativa global encabezada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza Mundial Gavi para las Vacunas y la Inmunización y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Pandemias.

Hablemos sobre Vacunación, #LasVacunasFuncionan https://t.co/Ee8ZRNTNIH

— OPS/OMS (@opsoms) April 29, 2021

Este mecanismo le permitiría a los pequeños países asegurarse de tener el 20 por ciento de vacunas necesarias para la inmunización de su población. El Salvador y Costa Rica son uno de los países que están dentro del mecanismo Covax, aún así, iniciaron negociaciones con diferentes farmacéuticas para adquirir tener otras vías de acceso.

Guatemala no lo hizo así y aunque el paso 30 de enero el presidente Alejandro Giammatte anunció como una “gran noticia” la llegada del primer lote de 800 mil dosis, a las pocas semanas empezó a hacer público su molestia porque “Covax no ha cumplido”.

El doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la salud (OPS), reconoció esta semana que Covax ha tenido deficiencias que se originan con los países de producción.

“El mecanismo Covax tiene la producción de Astrazeneca que tiene dos sitios de producción en el mundo, uno de ellos es India que tiene un problema para autorizar las exportaciones, entonces todas las vacunas de Astrazenca producidas por India para Marzo y Abril no tuvieron autorización del gobierno de India para exportar”, dijo en la conferencia de prensa semanal que da la OPS a los medios de comunicación.

Barbosa explicó que la OPS está en negociaciones con el gobierno de India para lograr un acuerdo y que permita las exportaciones de la vacuna, mientras anunció que si no logran resolver esto, habrán dificultades para los próximos dos meses.

¿La venta privada de vacunas es una opción?

Ante el atraso en el plan de vacunación en Guatemala, ha surgido el debate de si el sector privado podría tener mejores capacidades de distribución de la vacuna. La Fundación para el Desarrollo (Fundesa) empezó a apoyar a al ministerio de Salud en la habilitación de centros de vacunación, sin embargo, la venta de las vacunas no es opción hasta el momento.

Las farmacéuticas Astrazeneca, Pfizer y Sinovac ya informaron que la distribución de las vacunas será exclusivamente a los gobiernos. Cerrando la posibilidad de las empresas a poder tener acceso a ellas.

Ante esta realidad, el Comité Gremial de Productos Farmacéuticos (Cogrefarma), indicó que en lo único que podrían apoyar a las autoridades de Salud es en la instalación de cámaras de frío para apoyar la ejecución del plan vacunas.

“Lo que podemos hacer es apoyar con la experiencia que se tiene es asegurar la cadena de frío, aprovechando la experiencia y el conocimiento de las empresas y ponerlo a disposición del gobierno y así respaldar una buena ejecución dentro del plan de vacunación”, respondió Rubén Morales, director de Cogrefarma.

Un plan de vacunación deficiente

Para el mes de marzo, Guatemala apenas había vacunado al 0.13 por ciento de su población. Aunque los datos están sujetos a cambios cada día, la población ha resentido el rezago de este plan mientras los contagios y las muertes por covid-19 aumentan.

Karin Slowing, ex secretaria de Planificación Social de la Presidencia y colaboradora del Laboratorio de Datos, criticó a las autoridades de Salud por no haber planificado la necesidad de tener más personal y recursos para lograr la meta.

“El plan que hicieron es una especie de instrumento macro general que tiene algunas cosas buenas como que definieron prioridades por edad y la cadena de frío, pero todo el resto que es el plan operativo no lo tomaron en cuenta”, explicó.

Slowing menciona que no es justificable que en tres meses se haya logrado poner 166 mil dosis y aunque sean más, agregó que no hay suficiente personal para agilizar la vacunación.

Mientras tanto, el doctor y epidemiólogo Edwin Calgua indicó que el plan de vacunación no se ha respetado como debe ser y se ha “improvisado”.

“La debilidad más fuerte ha sido el registro de las personas que deben ser vacunadas, ahí está el talón de Aquiles, así que si se quiere fortalecer el plan se debe fortalecer este error porque ya iniciamos con un proceso masivo y que requiere una logística sumamente cuidadosa”, dijo Calgua.

A decir del médico, la fase 2 que está a punto de iniciar también tiene un reto que es la inclusión de los maestros del sistema púbica y privado, algo que no estaba contemplado en el plan.

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Solo en el peaje Palín-Escuintla transitaron aproximadamente 30 mil vehículos de los 22 mil que en promedio circulan por esa carretera.

Durante el fin de semana y para la próxima semana se espera una afluencia de aproximadamente 30 mil diarios, informaron la semana pasada las autoridades de Siva, parte de la empresa Marhnos que administra la Autopista Palín-Escuintla.

Uno de los lugares más visitados por los turistas nacionales y extranjeros son las playas pública y privadas de Puerto  San José en el departamento de Escuintla.

Como era de esperarse este fin de semana se empezó a recibir una alta carga de visitantes en las playas, y en un recorrido que llevó a cabo Prensa Libre y Guatevisión se observó que la mayoría de personas no portaba mascarilla.

Los vendedores de comida no usaban mascarilla o era utilizada de manera incorrecta, a diferencia de quienes venden plásticos y juguetes.

La Municipalidad de Puerto de San José reconoció que solo entre vendedores hay más de mil personas en la playa, “es imposible tener 100 personas”, dijo Oscar Hernández, concejal quinto de la Municipalidad del Puerto de San José.

El concejal refirió que han venido trabajando en las disposiciones para Semana Santa 2021, y resaltó que el aforo que permitió el Ministerio de Salud es imposible de manejar.

“Solo entre restaurantes, vendedores de alimentos, granizadas, quienes alquilan motocicletas, superan las mil personas”, enfatizó Hernández.

Hernández advirtió a los vendedores que si no cumplen con las disposiciones como el uso adecuado de la mascarilla les suspenderán los permisos.

Además, en la playa pública de Puerto de San José no se evidenció control en el ingreso de personas, por lo tanto, no se cumplieron con las disposiciones que el Ministerio de Salud Pública estableció para esos lugares.

En opinión del salvavidas municipal Juan Francisco Marroquín la pandemia ha sido difícil de sobrellevar, este fin de semana observó una menor cantidad de personas a diferencia de épocas pasadas, pero afirmó que es positivo que estén abiertas las playas por la economía de los pobladores.

“Tenemos temor de contagiarnos, pero no podemos portar la mascarilla si tenemos que entrar al agua a rescatar a alguna persona, es parte del trabajo”, resaltó Marroquín.

José Sicán, turista en el puerto de San José, dijo que aunque da miedo contagiarse de covid-19, su familia tiene tradición de visitar las playas en esta época, y afirmó que tratan de buscar lugares con menor cantidad de personas.

“Vemos personas que no portan mascarilla, no siguen las medidas y no estamos comprando comida a vendedores ambulantes, porque no sabemos cómo preparan los alimentos”, afirmó Sicán.

Vendedores se arriesgan

Rosa, vendedora de artesanías en la playa pública del puerto San José, dijo que en semanas anteriores hubo más movimiento de personas, y este fin de semana consideró que se observan menos visitantes.

“La pandemia nos ha afectado en nuestra economía, y si queremos seguir vendiendo debemos respetar las disposiciones y seguir las medidas de seguridad”, expresó la vendedora.

Miguel Caxaj, lleva 18 años de vender en el puerto y lamentó que la pandemia no permita levantar su economía, sin embargo, salió de nuevo con su venta de plásticos y sombreros, y afirmó que porta la mascarilla para evitar contagiarse de covid-19.

Yahir López Valladares, pescador y vendedor de mariscos consideró que las ventas han estado bajas en los últimos días, y seguirán así la próxima semana, porque en comparación con otros años no observa la misma cantidad de personas.

“Vamos a dejar en la gente la responsabilidad de cuidarnos todos”

El presidente Alejandro Giammattei participó el viernes pasado en la inauguración de los campamentos del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) 2021, en las playas de Puerto San José, Escuintla, los cuales entraron a funcionar ese mismo día.

El mandatario resaltó que el año pasado fue difícil para Puerto San José, y para todos los guatemaltecos, vivir una Semana Santa en medio de toque de queda y restricciones para visitar las playas.

Giammattei declaró que este 2021 gracias que la tercera ola de contagios de covid-19 no se ha hecho del todo presente no va haber más restricciones en Semana Santa que la de los aforos establecidos.

“Vamos a dejar en la gente la responsabilidad de cuidarnos todos y cada uno de nosotros”, dijo Giammattei.

Ese día el presidente entregó 10 mil mascarillas al alcaldía del Puerto de San José, con el objetivo de que las entregaran a todos los vendedores, en especial los que venden alimentos.

Puerto de San José se mantiene en alerta amarilla.

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El Tablero de la situación del coronavirus en Guatemala fue actualizado este domingo 25 de octubre del 2020, con los datos del 24 de octubre hasta las 23.59 horas.

Los datos detallan que en las últimas 24 horas hubo 155 casos nuevos de covid-19, pero murieron 35 personas, la segunda cifra más alta de muertes en los últimos 9 días.

El Ministerio de Salud reporta que el sábado solamente se realizaron 981 pruebas en todo el país.

El pasado sábado 17 de octubre se registró la cifra más alta de muertos por coronavirus de las últimas semanas, pues se contabilizaron 37 fallecidos.

Las semanas anteriores las cifras de decesos se mantenían en un promedio de 20 al día, y en los últimos días oscilaba entre 13 y 14 muertos.

Cifras totales

Guatemala llegó a 104 mil 787 casos de coronavirus, y van 3 mil 644 personas muertas por covid-19, 94 mil 217 son los casos recuperados estimados y hay 6 mil 926 casos estimados activos.

La incidencia acumulada de casos por cada 100 mil habitantes es de 621.7, la tasa de mortalidad por esa misma cifra de pobladores es de 21.6 con una letalidad de 3.5%.

Con el objetivo de minimizar los efectos de la pandemia, el Ministerio de Salud informó recientemente que el 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre todos los cementerios públicos y privados a escala nacional deberán permanecer cerrados.

Cifras del 24 de octubre

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Otros 730 contagios de coronavirus fueron diagnosticados en las últimas horas, para hacer un total de 104 mil 632 casos acumulados registrados.

El tablero de Salud indica que hay 93 mil 880 casos recuperados estimados.

La cifra de contagios activos es de 7 mil 143.

Respecto de las pruebas para detectar posibles contagios, se efectuaron 4 mil 607 en las últimas horas en laboratorios privados y públicos.

Este último reporte corresponde al 23 de octubre de las cero a las 23.59 horas.

El reporte diario de casos nuevos, fallecidos y recuperados se toma del apartado “datos últimas 24 horas” del tablero del Ministerio de Salud, aunque las cifras pueden variar durante el día.

OMS advierte de rebote exponencial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este viernes 23 de octubre sobre el “aumento exponencial de casos de covid-19” mientras la segunda ola de la pandemia embiste a Europa, al tiempo que en Estados Unidos se reanudaron las pruebas clínicas de dos vacunas.

“Demasiados países están viendo un aumento exponencial de casos de covid-19 y eso está llevando a que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos funcionen cerca o por encima de su capacidad”, dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual.

“Y apenas estamos en octubre”, añadió, al explicar que, con la llegada del invierno, el hemisferio norte se enfrentaba a un momento crucial en la lucha contra la pandemia.

En todo el planeta, el covid-19 ha infectado a cerca de 42 millones de personas y ha dejado 1.1 millones de muertos, de los cuales una quinta parte en Estados Unidos, el país más enlutado del mundo.

Información de la pandemia
Datos del 23 de octubre

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Según las autoridades de Salud, Guatemala tiene 73 mil 679 casos totales registrados desde el 13 de marzo último, de los cuales 757 se detectaron en las últimas 24 horas.

Con 19 personas más fallecidas, el país llega a 2 mil 728 víctimas mortales en total, que han sido diagnosticadas con la enfermedad.

Se llevaron a cabo 3 mil 546 pruebas de donde se detectaron los 757 nuevos casos.

Hay 9 mil 788 casos activos en el territorio nacional y 61 mil 163 personas se han recuperado, según datos estimados del Ministerio de Salud.

Durante mes de reapertura baja número de pruebas

El semáforo de alertas epidemiológicas comenzó a regir la apertura nacional desde el pasado 27 de julio y al llegar al 27 de agosto se documentan 104 mil 552 pruebas para la detección de covid – 19, según los datos del tablero de casos a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas).

Pero ha sido claro como los fines de semana existe una baja significativa en la cantidad de pruebas, por ejemplo, el pasado 2 de agosto únicamente se hizo 578 pruebas, convirtiéndose en el día con menos diagnósticos para la detección de coronavirus durante el primer mes de reapertura.

Guatemala hace pruebas de coronavirus desde febrero, mes que únicamente documento ocho evaluaciones, julio registra la mayor cantidad, hasta ahora, con 93 mil 233 exámenes, pero en agosto, donde ha operado mayoritariamente la apertura, aunque falten algunos días para el cierre de mes, existe una baja en las evaluaciones registrando 84 mil 115.

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Aunque la auditoría ordenada por Flores en las diferentes áreas aún no ha terminado, en once días la ministra ha logrado detectar una serie de anomalías en la cartera y aclaró en una entrevista con Fernando del Rincón que la auditoría que realizan no es únicamente relacionada a datos de pacientes, también abarca una revisión “profunda” de compra de insumos a nivel local.

Según indicó, encontraron que todas las unidades ejecutoras (hospitales y áreas de salud) cuentan con los recursos suficientes para ejecutar los fondos destinados para atender la emergencia del covid, además del presupuesto designado desde el año pasado.

Sin embargo, el personal administrativo manifestó que “sienten un bloqueo” burocrático que les obstaculiza ejecutar los recursos de forma rápida.

Tras varias reuniones con el Ministerio de Finanzas para conocer a detalle el presupuesto asignado para atender la emergencia, constataron “una compra indescriptible de reactivos de laboratorio e insumos de protección”.

Lo que les llamó la atención, dijo, es que las compras de estos reactivos e hicieron en lugares donde hay muy pocos casos detectados del nuevo coronavirus.

Además agregó que la administración anterior compró los insumos de protección en lugares no reconocidos “como en una ferretería”.

El exministro Monroy fue destituido junto a todos sus viceministros después de ser señalado por poca ejecución y falta de una atención adecuada ante la pandemia del covid-19, aunque el presidente Alejandro Giammattei los felicitó por su gestión.

Se espera que para el jueves las autoridades de Salud presenten los resultados finales de la auditoría.

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La renuncia fue aceptada por las autoridades de gobierno, según confirmó Sandoval Flores a Prensa Libre.

Sin embargo, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Carlos Sandoval, dijo que el viceministro fue destituido “a petición del ministro de Salud” Hugo Monroy.

A decir de Sandoval, la petición de destitución fue por “su ineptitud e incapacidad de manejar el área administrativa del Ministerio de Salud”, dijo en un video compartido a los medios de comunicación.

El secretario de la Presidencia agregó que investigarán la gestión de Sandoval Flores a través de la comisión presidencial contra la corrupción.

Las autoridades tampoco le dieron validez a la carta de renuncia que circuló por las redes sociales, indicando que la misiva no contaba con los sellos de Recursos Humanos del ministerio, ni por la Secretaría Privada de la Presidencia “debido a que su destitución ya había sido efectuada”, dijeron en un comunicado de prensa.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa a la población en general: pic.twitter.com/ITIaBKjOtc

— Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) March 20, 2020

Hasta el momento, Guatemala registra 9 casos confirmado y, entre ellos, un fallecido por el covid-19.

El primer caso se registró el 13 de marzo por parte de un joven de 27 años que llegó al país desde España y hasta ahora son 517 personas las que se encuentran en cuarentena como medida de prevención, la mayoría de ellos viajaron recientemente a países que reportan contagios.

Durante la emergencia sanitaria establecida por el Gobierno, Guatemala cerró sus fronteras a ciudadanos extranjeros y los guatemaltecos que ingresen al país deben permanecer en cuarentena. Las clases y las procesiones fueron suspendidas, y hay un llamado para que la ciudadanía evite las aglomeraciones y que permanezca en casa.

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Sin embargo, advierte de que en estos momentos de expansión del virus se mantiene la vigilancia epidemiológica y la implementación de medidas de prevención.

En las redes sociales circula este viernes un post sobre un supuesto caso de coronavirus en el IGGS de Pamplona. Se trata de una supuesta conversación por celular.

Salud solicitó a la población en general que “no se deje sorprender” por este tipo de informaciones.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa a la población en general: #MSPAS pic.twitter.com/zOtlb2fS9j

— Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) February 29, 2020

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Sin embargo, el país aún no estaba preparado para atender la emergencia del nuevo coronavirus identificado oficialmente como covid-19 y el cual ha provocado la muerte de más mil personas en el mundo.

El director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Manuel Sagastume, informó que enviaron a una especialista en Química Biológica a la ciudad de México para capacitarse en cómo detectar el nuevo coronavirus.

Después de estar varios días en México, esta persona regresa al país este 14 de febrero  para capacitar a los especialistas del Laboratorio Nacional de Epidemiología (LNS) y así poder empezar a realizar las pruebas para diagnosticar casos de covid-19 en el país y tener los resultados en pocas horas.

Sagastume explicó que actualmente, en caso de tener un caso sospechoso de contagio, tendrían que mandar las muestras a Atlanta, Estados Unidos para su respectiva evaluación.

La capacitación la recibieron especialistas de todos los países de Centroamérica, Cuba y República Dominicana y fue auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con la Secretaría de Salud de México y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidmiológica (InDRE).

La OPS informó que en la capacitación se realiza un ejercicio práctico de detección molecular de 2019-nCoV, además se les otorga un kit con materiales de diagnóstico (cebadores y controles positivos) para la detección del virus.

¿En qué consiste la prueba para diagnosticar el covid-19?

El diagnóstico se hará a través de un hisopado nasofaríngeo, una prueba que será un poco incómoda para el paciente ya que se debe introducir un hisopo especial por la nariz que deberá llegar hasta la garganta para recoger la muestra de mucosidad.

Esta muestra deberá transportarse en una cadena de frío hacia el Laboratorio Nacional de Salud en una cámara especial que permita su conserva.

Sagastume explicó que de esta forma se podrá tener el resultado en pocas horas para poder tratar al paciente de forma rápida y adecuada.

En caso el resultado sea positivo, se deberá ingresar en cuarentena al paciente de forma inmediata y ubicar a las personas con las que tuvo contacto para aislarlas por 14 días en espera que presenten algún síntoma.

El jefe de Epidemiología agregó que las probabilidades de contagio de este nuevo coronavirus en el país son muy pocas, ya que es un virus que ha concentrado sus casos en China y que solo a través de un viajero podrá llegar a Guatemala.

Aún así, agregó que a partir de la próxima semana podrán realizar las pruebas de laboratorio para descartar casos de covid-19.

Esta prueba se realizará únicamente a personas con los síntomas del coronavirus y que hayan arrojado un resultado negativo en las pruebas de influenza.

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“En el pacto se otorga licencias sindicales para no trabajar a nueve integrantes del comité ejecutivo del sindicato, así como a cuatro trabajadores más de cada filiar, tres de cada subfilial, dos de cada sección y dos más del consejo consultivo. Como empleados en verdad no sabemos cuántas personas gozan de este beneficio, pero haciendo cuentas creemos que son más de dos mil”, detalló Hernández.

La ministra de Salud indicó que desconocen a ciencia cierta cuál es el impacto económico en salario para este personal, ya que según el mismo pacto colectivo, estas personas ya no dependen de los permisos del patrono, sino que es de los mismos sindicalistas, así que no se sabe quiénes son los que gozan de este beneficio, ni cuanto devengan.

“El impacto no es sólo salarial, hay que tomar en cuenta que esas personas no están haciendo las tareas por las que fueron contratadas y seguramente se ha tenido que cubrir de alguna manera”, lamentó.

Grupos de choque

La titular de la cartera de Salud aseguró que tomando en cuenta esta situación, es fácil darse cuenta que los grupos de choque que han participado en las manifestaciones son personas que gozan de esta licencia sindical.

“Le Ministerio de Salud le está pagando a estos grupos de choque, y seguramente a varios netcenter, porque son muy activos en las redes sociales, eso no puede continuar así”, señaló.

La solicitud de ampliar la denuncia se hizo el pasado 28 de abril y el juzgado séptimo de Trabajo lo incorporó el dos de mayo en la audiencia que se efectuó en torno al proceso que se lleva contra el pacto colectivo.

El proceso contra este instrumento laboral inició en 2015 cuando el sindicato demandó al Ministerio de Salud por incumplimiento al pacto colectivo. La primera audiencia pública por este caso se programó en febrero de 2017.

Luego de ello el Estado se defendió planteando una contra demanda a través de la PGN y el MSPAS en donde se solicitó la nulidad del reglamento de viáticos, algunos bonos que generan privilegios y se solicitó que se retirara de las obligaciones del ministerio el pago del abogado de los sindicalistas.

Según la ministra Hernández, el abogado de los sindicalistas está exigiendo un cobro de Q21 millones, de los cuales ya se le habría hecho efectivo Q14 millones.

“No existe ni contrato, es triste ver cómo una compra de Q400 mil en medicamentos lleve un proceso largo, pero la contratación de este abogado no tiene ni siquiera un documento legal que respalde sus servicios”, lamentó la funcionaria.

Prensa Libre trató de contactar a dos representantes del Frente Nacional de Lucha, pero no respondieron las llamadas. También se dejó un mensaje en su página oficial de Facebook, pero no hubo respuesta.

Ante este panorama, la persona que no paga un seguro médico está a la deriva y expuesto a ir a parar a un hospital estatal, situación que podría convertirse en una verdadera pesadilla.

El deterioro de la sanidad pública —situación provocada o no— ha propiciado que los avorazados empresarios chapines hayan visto en el negocio de la salud una auténtica mina de oro, por la creciente demanda de servicios sanitarios. Sabiendo que todo lo relacionado con este tema genera ganancias millonarias; léase empresas que ofrecen seguros médicos, hospitales, farmacias, centros de diagnóstico y médicos.

La necesidad de la gente de adquirir un seguro médico a “bajo costo” ha hecho que la salud privada sea un negocio rentable y ha motivado la oferta de empresas aseguradoras que le están sacando partido a la situación, ofreciendo consultas externas y hospitalización. El problema es que cuando se hace uso del seguro, muchos usuarios se percatan de la baja calidad del servicio y la poca experiencia de los médicos que atienden.

Las pólizas vienen con letra muy pequeña, y si usted no aprende a leer entre líneas “ciertas condiciones”, claramente se llevará una gran sorpresa, percatándose de que este seguro no era lo que usted esperaba.

Si hablamos de los hospitales privados, es terrible la manera en la cual cobran, además de haberse convertido en un ámbito deshumanizado. Aunque es obvio que es un negocio y deben tener ganancias, existen personas que se han quedado en la quiebra teniendo que pagar la cuenta de un hospital, y aun contando con cobertura de un seguro, las facturas son exorbitantes, sin que nadie les ponga un límite o se rijan a un arancel, por lo que entrar a un hospital privado es un golpe duro para el bolsillo de cualquiera.

El paciente, ¿o deberíamos llamarlo “el cliente”? recibe una atención de parte del personal que trabaja en hospitales o clínicas de médicos que deja mucho que desear; en general son personas que se comportan con frialdad y poca amabilidad con el paciente, olvidándose de que están tratando con la “vida y salud de seres humanos” y que por encontrarse enfermos son más sensibles y necesitan un trato más humano.

Otro aspecto importante son los medicamentos, cuyos precios comparativamente con tarifas de otros países de CA son los más elevados de la región. Algunas medicinas vitales se duplican hasta en un 100% de su valor.

Por último, es terrible la actitud de algunos médicos, que en la práctica de su oficio han abandonado el Juramento Hipocrático, anteponiendo el dinero a la vida.

En situaciones de enfermedades graves, algunos facultativos hablan con mucha rudeza a la familia o incluso al enfermo. Pero esta actitud es cuestión de ética profesional y valores humanos, aplicados a una carrera profesional que necesita médicos que no quieran solo llegar a enriquecerse, sino a servir a la humanidad. ¿Será que se equivocaron de carrera? Debemos recordar que impulsar la dignidad humana de los enfermos y en especial la de los más necesitados es un deber de todos, más aún de los galenos.

La intermediación privada ha convertido los servicios de salud en inalcanzables, por lo que hacen falta regulaciones y controles del Estado para evitar cualquier tipo de abusos. Este es un tema urgente que nos concierne a todos, porque cualquier persona puede enfermar y ser una víctima más de este relativamente nuevo brutal sistema. El Ministerio de Salud debe regir y revisar a las empresas privadas que están prestando este tipo de servicios.

Desafortunadamente, la concepción actual del Estado dista mucho de ese mandato. Se le sigue viendo como una chequera a disposición del más listo. Tanto así, que ahora la principal función de un ministerio es la de compras y contrataciones; poco importa para qué sirve lo que compra o contrata. En salud, el caso más conocido —y del que más se habla— es el de las compras de medicamentos, pero no es el único. Hay otros suministros médicos igualmente importantes, cuya provisión está, además, en manos de muy pocos proveedores.

Cuando los mercados son muy concentrados por el lado de quienes ofertan, suele suceder que el proveedor principal (o único) del insumo tiene una ventaja, ya que sabe que la ausencia del suministro puede crear una crisis institucional o de gobierno muy fuerte, que debilita la posición del Estado para negociar. Esto termina por convertirse en razón (o excusa) para que, en reiteradas oportunidades, se prolonguen contratos abiertos que dan ventaja a ciertos proveedores; o bien, las autoridades de turno se ven presionadas a ceder en ciertas condiciones (como precios, condiciones de entrega de los suministros, y otros) con tal que se mantenga la continuidad del abastecimiento.

Vimos esta semana que esta situación posiblemente se repetirá nuevamente con el abastecimiento de oxígeno para los hospitales. El oxígeno es literalmente, la línea vital para muchos pacientes en estado crítico. Insumo imprescindible en contextos hospitalarios; su ausencia puede significar la muerte para una persona. Por el lado del mercado, no son muchos los oferentes locales de este crítico suministro; de hecho, con suerte hay más de un proveedor, por lo que este tipo de concursos públicos deberían ser, en realidad, licitaciones internacionales de amplio alcance y protegidas de acuerdos comerciales que limiten los derechos de los pacientes. Es más, debería ser hasta una negociación conjunta de los Estados de la región para así tener mayor fortaleza de compra y para romper cualquier cerco que pueda haber de parte de los proveedores.

Es terrible que hace unos meses, la anterior administración del MSPAS tuviera que recurrir a un amparo para evitar que el proveedor cortara el suministro de oxígeno. Quisiéramos ver aflorar la responsabilidad social de estas empresas frente a la población y el Estado que les hace el negocio año tras año. A veces se emplean estrategias mediáticas para poner a la opinión pública en contra del Estado y así, forzar las negociaciones. Esperemos que no se de en esta ocasión. Por el otro lado, no se vale tampoco que el Estado no pague al proveedor; toda vez éste pueda demostrar con documentos lo que se le adeuda, éstas deberían liquidarse de inmediato, especialmente habiendo sub-ejecución presupuestaria y disponibilidad financiera.

Procede aclarar frente a la opinión pública qué es lo que pasa. Es parte de una nueva ética de relacionamiento entre Estado y mercado que tanto se necesita.

“Con este monto podemos operar el sistema de salud el siguiente año”, afirmó la ministra durante el desarrollo de las audiencias públicas.

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Los miembros de la Comisión otorgaron un plazo de ocho días para que Hernández Mack presente un planteamiento de reasignación.

“Le van a bajar el presupuesto a organizaciones no gubernamentales para hacer traslados a la atención primaria de Salud y abastecimiento de medicamientos”, indicó Carlos Barreda, integrante de esa sala de trabajo.

La ministra explicó que realizarán los análisis respecto a qué unidades ejecutoras se les puede hacer un ajuste de gasto.

En todo caso, Barreda explicó que el margen que se puede asignar es de Q100 millones adicionales.

Educación

En el caso de Educación, el ministro Óscar Hugo López aseguró que la asignación del techo es de Q13 mil 862 millones, que equivale al 2.9% del producto interno bruto.

El gasto se empleará para el fortalecimiento de los docentes en los programas de preprimaria y primaria y creación del Instituto Nacional de Educación Alternativa a Distancia, así como la implementación de tecnología en las aulas, dijo.

El funcionario explicó que el gasto público en Educación debería ser del 7% del PIB, que equivale a unos Q35 mil millones.

El funcionario explicó que en Costa Rica y Nicaragua se invierte el 7% del PIB en Educación, mientras que en Honduras y El Salvador, el 5%.

El presidente Jimmy Morales comunicó la semana anterior a los periodistas el más reciente cambio de su gabinete, el relevo del ministro de Salud Alfonso Cabrera, quien renunció al cargo y fue sustituido por Lucrecia Hernández Mack, quien prestó juramento junto a sus viceministros técnico y administrativo, y de paso informó que se suprimirán los viceministerios de Atención Primaria y de Hospitales, para evitar la duplicidad de la burocracia.

El mandatario también aprovechó la ocasión para dar a conocer los escandalosos números que se refieren a las más de mil 200 citaciones que diputados han hecho a diferentes funcionarios, pero principalmente al responsable de la cartera de Salud, una de las que manejan millonarios recursos en la adquisición de medicamentos, lo que podría explicar en parte la insistencia de algunos legisladores.

Ese es el componente que se une a la incapacidad de algunos funcionarios por afrontar con carácter esas intenciones extorsivas que surgen desde el Parlamento y que hasta ahora muy pocos se han atrevido a denunciar, con lo que no solo le hacen daño al sistema sino que en cierto modo estimulan la continuidad de esa repudiable práctica.

En esa problemática tienen mucho que ver los políticos, principalmente quienes desde el Organismo Ejecutivo han ubicado piezas poco profesionales, por su incapacidad manifiesta para enderezar el rumbo y por la falta de carácter para asumir un cambio en la administración pública.

Eso es lo que hizo diferente en su primera comparecencia ante los medios la nueva ministra de Salud, al anunciar la supresión de oficinas que hasta ahora solo duplican las funciones y permiten que el clientelismo continúe facilitando la intromisión desde las altas esferas públicas.

Quizá no será fácil llevar a la práctica esas medidas, ya que cuestiones legales podrían entorpecer su materialización, pero si la nueva funcionaria está plenamente convencida de que es posible realizarlo, esto puede redundar en un sensible ahorro de recursos y en reducirle espacio a la corrupción.

Eso se pudo haber hecho mucho antes, y ahora se ha acentuado una crisis que encima se agrava con el acoso de los diputados, que es el segundo punto concreto que debe asumir la nueva funcionaria, denunciar a quienes conviertan las citaciones en actos de chantaje, porque esta ha sido una de las modalidades que muchos diputados se resisten a abandonar.

Suficientes problemas enfrenta ya el sistema de salud como para que a ellos se sume el hostigamiento de diputados como Luis Hernández Azmitia, quien no parece tener claridad sobre el efecto nocivo que su sospechosa insistencia provoca para superar la crisis. No es creíble que bajo el pretexto de la fiscalización se incurra en exageradas e inexplicables citas a funcionarios.

La designación de la doctora Lucrecia Hernández Mack, sin embargo, ha lanzado un soplo de aire fresco en esa nube gris. Muchos esperan que dada su juventud, su integridad, su experiencia profesional y su calidad de médica salubrista -todo lo cual permite suponer una visión holística distinta al enfoque tradicional sobre los retos y posibles soluciones- las decisiones emanadas de esta nueva administración logren resultados en corto tiempo.

Eso es imposible. La restauración de la funcionalidad plena de los puestos y centros de salud, de los hospitales, el abastecimiento básico de instrumental, medicinas y otros suministros indispensables para la atención sanitaria a la población, no dependen de la capacidad de una sola persona al mando ni se verán sus efectos en un abrir y cerrar de ojos. Lo que suceda en los próximos meses dependerá fundamentalmente de la voluntad de los equipos humanos comprometidos con esa misión, siempre y cuando sean capaces de dejar por un lado sus intereses particulares para embarcarse en la aventura de trabajar con el claro propósito de reparar los serios daños ocasionados por la corrupción enquistada en ese importante ministerio.

La fórmula ganadora, de acuerdo con algunas opiniones vertidas en los medios de comunicación y redes sociales, sería un apoyo irrestricto del Ejecutivo, del Congreso, de las organizaciones civiles y de la ciudadanía a este nuevo intento de recuperación del enorme complejo nacional para la atención en salud. El acompañamiento no solo deberá ser constante, sino también consciente e informado sobre el estado real de las instalaciones, las condiciones de trabajo del personal, los detalles del gasto y los planes para poner todo eso en condiciones de supervivencia, dado que actualmente se encuentra en riesgo vital.

La ministra Hernández Mack ha de ser muy valiente para haber aceptado un reto que otros consideran prácticamente imposible de vencer. Hoy será su primer día de trabajo, ya directamente desde el despacho ministerial, y enfrentará los innumerables retos dentro y fuera de la cartera. Desde la distancia resulta difícil imaginar la reestructuración de ese laberinto poblado de amenazas, pero no deja de ser esperanzador pensar en la posibilidad de que, durante esta administración, la población más necesitada encuentre la atención necesaria con sensibilidad humana en el sistema, cuando acuda a él.

La ministra podría echar una mirada a su alrededor y, como sugería algún Presidente anterior, “buscar en las gavetas”, donde quizá encuentre recursos de programas irrealizables por falta de capacidad de ejecución, otra de las grandes deficiencias de un Estado clientelista y poblado de burócratas poco o nada preparados para cumplir sus funciones. La ciudadanía observa con expectación los primeros pasos de esta nueva funcionaria, pero hay que tener la suficiente lucidez para no esperar milagros, sobre todo cuando algunos de los problemas más acuciantes han permanecidos irresueltos por décadas de abandono, malos manejos y presiones malintencionadas de sectores de poder que han usado al sistema de salud como una fuente de enriquecimiento personal.

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Por eso, cuando una persona o grupo intenta hacer modificaciones desde adentro del sistema, a costa de sumergirse en aguas negras, bastante ayuda es no estorbar. Los diputados, por ejemplo —en su mayoría crema y nata de la inutilidad—, no tardarán en citar a la nueva ministra de Salud para quitarle tiempo y marcar poder (Hace un siglo, habríamos escrito: “su ruin y envilecido poder”).

Hay un canto, por ahí, que dice: “Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara”. A veces, soy de los que cuando escucha algo como eso silba y voltea la mirada hacia la quietud del horizonte. Otros, en cambio, como la Batucada del Pueblo, salen a las calles a gritar al mundo que nos queda dignidad.

Muchos elogiamos la lucidez del juez Gálvez, la justedad de Yasmín Barrios; el trabajo de la Cicig y del MP; aplaudimos a la sociedad civil que nos representa. Es tan cómodo ser el público. Es maravilloso aclamar o abuchear, según corresponda. Queremos transformaciones, solo que meter las manos es difícil. No vamos a duplicar tareas, por supuesto.

Valiente decisión tomó la doctora Lucrecia Hernández Mack al abandonar la comodidad de la crítica para meterse a las profundidades del hundimiento. Su nombramiento como ministra de Salud sorprendió por venir de quien vino —Jimmy Morales— y porque ha sido fuerte crítica del gobierno al que hoy se integra. Habría sido más fácil para ella declinar la invitación que incluye enfrentar la corrupción, la resistencia de unos 60 sindicatos, el hacinamiento en los hospitales, las deudas y la desesperación ciudadana, entre otros conflictos.

Algunas columnas firmadas por la doctora, sus declaraciones y referentes sobre el sistema de salud indican que intentará hacer cambios estructurales importantes. Si algo podemos garantizar con su llegada a ese ministerio es que no amaneceremos mañana con los hospitales abastecidos, equipos en óptimas condiciones, médicos sonrientes e instalaciones adecuadas. Quienes la idealicen terminarán criticándola porque querrán resultados inmediatos, donativos, pintura fresca. Es más cómodo experimentar efectos instantáneos como los que proporcionan esas sopas cancerígenas que bullen y… a disfrutar se ha dicho.

Sentados al borde del abismo, en butaca preferencial, sorbiendo los fideos, vemos caer corruptos uno a uno. Aunque hagan falta cien mil, ya no hallamos la hora de empezar a experimentar los beneficios de la justicia. Hay ansiedad de ser felices como se nos pinta en los estudios de mercado. Se espera que quien se lanzó al agua salga rápido y con las algas hediondas en la mano. De lo contrario “se habrá vendido”. Pero la visión de Salud Pública que tiene Hernández es crucial y duradera. Al que no podemos esperar a perpetuidad es al gobierno por entero, dado que tenía obligación de llegar con un plan y ha ido improvisando.

Morales acertó al nombrar a Francisco Solórzano Foppa jefe de la SAT y ahora a Lucrecia Hernández Mack ministra de Salud. Sabido es que el primero es bien preparado; por cierto, nieto de Alaíde Foppa e hijo de intelectuales de izquierda; Lucrecia también es de izquierda, hija de la antropóloga Myrna Mack Chang. Su ascendencia no garantiza nada; pero no vamos a negar que los hijos de tigre nacen con rayas.

@juanlemus9

Lamento mucho que el gobierno actual haya perdido siete valiosos meses de su gestión dando “palos de ciego”. Recuerdo que desde el mes de diciembre 2015, desde varias instancias de la sociedad civil se les trató de apoyar para que definieran una agenda básica y minimalista, pero táctica y centrada en los detonantes de la crisis, con la cual enfrentar la primera etapa de la gestión. Se sabía que entraban a gobernar en condiciones muy adversas y la intención era apoyar. Pero, como suele ser cuando la soberbia abunda y el poder intoxica, se despreció el consejo y se satanizó a los mensajeros. Los resultados son lamentables. Los sigue padeciendo esa gente humilde cuya única libertad real que tiene es asomarse a un puesto de salud desabastecido.

Quiero pensar que el nombramiento de la doctora Hernández Mack refleja una mejor comprensión de parte de los poderes que conducen el país —tanto los formales como los informales— de que este gobierno se eroda a sí mismo si no estabiliza de una vez por todas este frente. Lo que se necesita es una persona que saque la casta por el Ministerio; que tenga la pasión, la convicción y la voluntad de sacar adelante la institución y liderar a su equipo de trabajo con absoluta transparencia y claridad de dirección. Eso lo ha demostrado la doctora Hernández Mack a lo largo de todo su ejercicio profesional.

Los retos no son menores: las primeras dotes a desplegar son las de administración y gestión, porque los problemas coyunturales detrás del desabastecimiento constante están en ese ámbito. Pero a la par, su habilidad para constituir un circuito de alianza estratégica vital, que fue lo que no logró el ministro anterior: Minfin, IGSS y la vicepresidencia actuando al unísono. Quienes quieran recoger los réditos políticos de superar la crisis deben entender que no lo lograrán solos.

La tarea urgente no termina allí. Le toca a la doctora Hernández reestablecer la gobernabilidad interna de la institución a partir de criterios sanos, explícitos y de negociaciones que se llevan a plena luz, no bajo la mesa. La gobernabilidad interna es indispensable para hacer frente a la dura tarea que significará ordenar y volver a hacer funcionar ese Ministerio para que le preste servicios decentes a la población.

Finalmente, deberá elevarse por encima de las miserias institucionales y ver hacia el sector: los intentos de privatización del IGSS son el tercer campo de batalla por enfrentar. Poca gente entiende el delicado equilibrio disfuncional que existe entre MSPAS, IGSS y sector privado de salud. Los efectos de semejante desatino de la avaricia reverberarán en múltiples instancias, comenzando por el propio MSPAS y el fisco.

Quedan apenas unos cuatro meses efectivos para hacer algo todavía, antes de que inicie el cierre presupuestario 2016. El tiempo apremia. Doctora, la tarea es fuerte, pero no imposible. Sé que hará todo lo que esté a su alcance por la salud de la gente. No hay mejor punto de partida.

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Sesenta y dos años después el tema de la creación de patronatos vuelve a cobrar actualidad. Aunque fueron creados para beneficiar a los pacientes, supuestamente desaparecieron por anomalías en su funcionamiento.

El nuevo reglamento apuntó en 1952 a la elevación de la calidad profesional y humana de los médicos y el personal del Hospital General San Juan de Dios. Parte de los cambios fue el nombramiento de Julio Roberto Herrera como director interino de la institución.

El MSPASS anunció, también que entre los aspectos contemplados por el nuevo reglamento se incluía la reorganización del personal y la creación de normas específicas para cada unidad del nosocomio.

Uno de los datos interesantes de la nota es que había “casi un empleado por enfermo”.

El patronato

Entre los aspectos que contemplaba el nuevo reglamento del San Juan Dios estaba la creación del patronato. Entre su estructura figuraba “la participación de dos damas interesadas en problemas asistenciales, médicos que no trabajen en el hospital, médicos con plaza en la institución, un representante de la APG, etc”.

El patronato surgió, entonces, como una instancia de verificación de la calidad de los servicios, y también como un ente auditor. Su espíritu, además, fue velar porque no faltara ningún insumo.

Herrera asumió en forma interina en aquella ocasión en tanto Salud nombraba al sustituto oficial del director saliente Guillermo Batz.

Recurso humano

En la nota también se incluyeron datos importantes, como la cantidad de empleados del Hospital. En 1952 había “107 médicos, 84 practicantes, 50 empleados de oficina, 30 Hermanas de la Caridad, 2 farmacéuticos, 72 enfermeras graduadas, y más o menos 925 empleados, entre laborantes, enfermeros, choferes, lavanderas, tortilleras, sirvientas, cocineras, ayudantes de cocina, porteros, etc”.

En total, había 1,090 empleados, para un promedio de 1,200 a 1,300 pacientes con estancia diaria.

Se desvirtúan

A raíz de la crisis hospitalaria que vive el país en el 2015, es necesario recordar el papel polémico de los patronatos de los hospitales públicos, concretamente del Roosevelt y el San Juan de Dios.

En una publicada el 17 de noviembre de 2015, los médicos del San Juan de Dios sugieron la implementación de los patronatos y fundaciones para captar fondos y brindar servicios.

Adrián Chávez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, opinó que los patronatos pueden ser armas de doble filo. Al respecto, indicó que cuando funcionaban en los hospitales “llegó un momento en que tenían mayor fuerza que la estructura hospitalaria”.
Además, dijo que los hospitales deben tener cuidado en pedir este tipo de cuestiones, debido a que podría ser una solución paliativa pero encarnaría un retroceso.

Permitir la entrada en vigencia de los patronatos podría permitir la anarquía en los hospitales y le quitaría al Estado la obligación y potestad de resolver los problemas de salud de la población, advirtió.

Caso histórico

En la década de 1990, los patronatos pasaron de ser instancias de apoyo, ayuda social y verificación de calidad de servicios a casi administradores de los hospitales. En mayo de 1995, los médicos Carlos González Quezada y Mario Montepeque interpusieron en la Corte de Constitucionalidad una acción de incostitucionalidad contra el Decreto 8-95, que autorizaba a los patronatos la administración de 38 hospitales nacionales y mil centros y puestos de Salud.

González Quezada argumentó en aquella oportunidad que el mencionado decreto trasladaba a los patronatos funciones, atributos y responsabilidades que le competían al Presidente de la República y al ministro de Salud Pública.

Quezada agregó que el Gobierno autorizaba a los patronatos cobrar por los servicios hospitalarios. Esto, dijo, unido a la crisis que afronta el país y el encarecimiento de las medicinas, afectaría a pacientes que no tienen capacidad de pago.

“La actitud presidencial y del Minsterio de Salud constituye el inicio de un proceso de privatización, que impulsa el Gobierno”, aseguró.

Montepeque dijo que entre las inconstitucionalidades planteadas se encuentra la facultad de los patronatos de contratar, transferir, remunerar y remover personal de los hospitales.

Versión presidencial

Ramiro de Léon Carpio, entonces presidente del país, salió en defensa de los patronatos. “Las impugnaciones son parte del juego democrático,pero pueden causar un daño a la población, como en el caso de la presentada al acuerdo de creación de los patronatos”, dijo.

De León Carpio indicó que González y Montepeque generalizaban el caso de los patronatos, y que había varios que sí funcionaban con alto rendimiento, “como los del Roosevelt”. Además, se refirió a los patronatos que controlaban las áreas de Emergencia y de Cirugía Cardiovascular. En la segunda unidad mencionada médicos extranjeros habían efectuado varias operaciones a corazón abierto, pero no por medio de gestiones gubernamentales. 

Según De León Carpio, los patronatos lograban mejor eficiencia en los servicios que cuando los hospitales eran administrados por el Estado, y afirmó que seguramente habían intereses y malos entendidos.

Anomalías en el Rooservelt

El sábado 22 de junio de 2002, el entonces Contralor General de Cuentas de la Nación, Marco Tulio Abadío, informó que enviaría dos auditores para que investigaran denuncias de anomalías y cobros ilegales en el patronato del Hospital Roosevelt.

El funcionario reveló que había recibido denuncias acompañadas de facturas y documentos en los que se sindicaba al patronato de efectuar cobros ilegales.

En ese sentido, dijo que el lunes 24 dos de sus mejores auditores trabajarían permanentemente en ese centro hospitalario. Señaló que si el patronato recibe dinero del Ministerio de Salud, debería ser fiscalizado.

Por su parte, el entonces director del Hospital Roosevelt, Elías Joel Zambrano, indicó que tiene conocimiento de que el patronato percibe ganancias por Q23 millones anuales más Q4 millones del Ministerio de Salud. “Por medio del patronato el hospital paga personal médico, de oficina y distintos servicios, ya que el presupuesto es insuficiente ante el incremento diario de la demanda de pacientes”, añadió.

Desorden

El ministro de Salud, Mario Bolaños, aseveró que “la Ley de Patronatos, tal y como está constituida, favorece el desorden y la corrupción”.
Informó que el Ministerio de Salud no tiene ingreso a las auditorías, pese a que el patronato maneja cantidades millonarias. En ese sentido, afirmó que presentó al Organismo Ejecutivo una nueva ley en la que el ministerio
es órgano regulador, rector y fiscalizador de los patronatos.

Pacientes molestos

 Ángela de la Cruz Herrera, una de las pacientes del Roosevelt, señaló en aquella oportunidad que “es injusto que cobren en un hospital público en vez de ayudar a los enfermos”.
Comentó que deberían pagar Q1 mil para que le colocaran un aparato a su madre, quien padecía de los riñones, en el denominado “hospital de día” que funciona en el Hospital Roosevelt y que estaba a cargo del patronato.
Ese año también se quejaron los taxistas, quienes dijeron que tenían que pagar hasta Q100 mensuales al patronato por ingresar pacientes al referido hospital.

Patronato se defiende

La presidenta del patronato del Roosevelt, Anabella de Sandoval, indicó también el 22 de junio de 2002 que los mismos señalamientos habían sido hechos por el contralor Abadío en febrero último, pero que habían sido aclarados.
Puntualizó que el patronato hacía “donativos voluntarios para cubrir los gastos de los pacientes que no podían pagar. No son cobros”.
“Los convenios hechos con el Ministerio de Salud establecen que los Q4 millones que nos otorga anualmente sean invertidos en obras que decida el director del Hospital Roosevelt. La mayoría es para compra de equipo”, externó.
Agregó que el patronato era respetuoso de los jefes de departamento y el director del hospital. Él es quien decide en qué se utilizan los fondos, puntualizó.

https://www.youtube.com/watch?v=Pixb_Os_4-c

Sistema hospitalaria vive la peor crisis de su historia (Video: tomado de Youtube)

Según las autoridades del ministerio, el viernes recién pasado recibieron lo correspondiente a septiembre, sin embargo fueron 24 días de atraso, ahora esperan que durante esta semana les depositen el dinero para el mes de octubre.

El viceministro de hospitales y atención primaria, Israel Lemus, explicó que priorizaran 13 hospitales, donde se concentra y son referidos muchos pacientes, entre ellos está el San Juan de Dios y Roosevelt, el de Amatitlán, Cuilapa Santa Rosa, Huehuetenango, Quiche; además el de San Benito Peten, Alta Verapaz, Antigua Guatemala, Coatepeque Quetzaltenango, Escuintla, Zacapa y Mazatenango Suchitepéquez.

“El desabastecimiento es en distintos niveles, en su mayoría en insumos mínimos. Las consultas  externas están siendo limitadas” detalló el viceministro.

La situación se complica si se toma en cuenta que con los recursos que asignen deben pagarle a los proveedores la deuda de meses anteriores y también la de otros años que no ha sido cancelada.

“Los trabajadores tienen el conocimiento total, saben que Finanzas no les ha trasladado fondos, tengo comunicación permanente con ellos y están pacíficos” afirmó el viceministro Lemus.

Por su parte Pablo Ramírez, ministro de Salud, indicó que la semana pasada sostuvo una reunión con las autoridades del ministerio de Finanzas, en la que acordaron que la conformación de una comisión técnica para buscar los mecanismos que garanticen los pagos de mensuales hasta fin de años. “Nos vamos a reunir esta semana. Estamos realizando las propuestas para presentar” afirmó.

Además indicó que solicitaron una modificación presupuestaria de Q470 millones de lo aprobado para este año, con el fin de ampliar el presupuesto de ocho hospitales que ya alcanzaron el límite de los recursos que tenían programados.

Problema histórico

“Hay que agregar que desde hace unos 25 años no se han construido más hospitales, ha aumentado notablemente la población, y están llegando a los mismos centros” afirmó Lemus.

Además agregó que los problemas de pobreza se han incrementado, junto con la demanda de atención, mientras que los presupuestos son los mismos.

Julio Figueroa, director del hospital San Juan de Dios, manifestó que tienen limitaciones todo el año, y se mantiene la incertidumbre con los recursos. “Lo que hicimos el viernes fue tomar la decisión que los recursos que tenemos se canalizan a emergencias” detalló.

Figueroa dijo que otro de los temas “álgidos” es de los anestésicos, que son priorizados en las emergencias.
“Debemos Q25 millones del año pasado y Q60 millones de este, si el ministerio viene y nos pone Q5 millones, ¿qué podemos hacer?” comentó el director.

Crista María González Pacay, expresó: “Es lamentable observar en qué circunstancias viven aquí nuestros hermanos guatemaltecos. Les recomendé que se lavaran las manos todas las veces que sea necesario para cuidar su salud.

Es formidable la grandeza de Dios de proteger a estas personas, en especial a los personas de avanzada edad y los niños, por lo que pido a las autoridades o personas de buen corazón que donen, botas de hule, pañales, agua pura, arroz, frijol, entre otras cosas, para estos vecinos”.

El anuncio que ilustra esta nota se publicó el 7 de abril de 1976 en la edición de Prensa Libre. El tema del día mundial de la salud de dicho año fue: La previsión evita la ceguera; el anuncio llamaba a utilizar herramienta para proteger la vista y su contexto era la reconstrucción del país luego del fatídico terremoto de dos meses atrás.

En una nota aparte se hacía referencia a las actividades que realizaría el Ministerio de Salud Pública, tales como un acto en la Dirección General de Servicios de Salud presidido por el ministro sanitario de la época, el doctor Julio Castillo Sinibaldi y otros funcionarios.

El tema del día mundial de la salud de este año 2015 es: La inocuidad de los alimentos.