Hasta ahora se estima que, en todo el país, el próximo 16 de junio, estarán instaladas unas 20 mil mesas receptoras de votos y las organizaciones políticas afinan la logística para poder tener igual cantidad de personas que vigilen el proceso y garanticen, a su favor, el proceso electoral.
Estas 20 mil personas son denominados fiscales de mesa y según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), tienen como principal función cerciorarse del correcto desarrollo del proceso electoral, hacer las observaciones y protestas que estimen pertinentes.
El tema es complejo y preocupa a los fiscales nacionales de los partidos políticos en contienda, que coinciden en la necesidad de tener representantes de sus candidatos que “defiendan el voto”, sugiriendo que en la emisión o conteo de votos puede haber manipulación y restar apoyo a sus candidatos en el día decisivo.
El tema es complejo y la logística mucho más, ya que organizar y coordinar a 20 mil personas por cada partido político significa la movilización de grandes grupos de personas que deben estar capacitados para entender el proceso electoral y vigilar desde la apertura de los centros de votación hasta el envío de las actas al centro de cómputo. Sobre ellos recae la legalidad del proceso a la vista de las organizaciones que representan, mucho más que en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), que son personas designadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El riesgo de perder el voto
Los fiscales nacionales aseguran que de no tener representantes en cada una de las mesas no se tiene la certeza de que se contabilicen de manera correcta los votos a su favor, por el contrario, se corre el riesgo de beneficiar a ciertos candidatos. También aseguran que se han identificado algunos municipios donde por la conflictividad electoral en eventos pasados, tienen mayor vulnerabilidad.
El fiscal nacional de Visión con Valores (VIVA), Rudy González, tiene clara la necesidad de contar con fiscales en cada mesa “porque muchas veces se pierden los votos al momento del escrutinio”.
El fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), César Romano, va más allá y asegura que el riesgo de manipulación de resultados comienza en las Juntas Receptoras de Votos, algunas integradas por personas afines o emparentadas con algunos candidatos de gobiernos locales, lo que obliga a los partidos a tener fiscales en cada mesa y comprueben la veracidad de los resultados que se transmiten al centro de cómputo y la elaboración de las actas.
“-Hay muchos municipios donde se sigue insistiendo con esta práctica -de nombrar gente afín a los candidatos en las Juntas Receptoras- no sé a qué está jugando el Tribunal ante estos señalamientos que se han hecho, es una situación de poner en riesgo la tranquilidad de algunos lugares conflictivos”, señala Romano.
Otra de las debilidades que los fiscales señalan es que el Tribunal no transmite la información de manera efectiva a sus Juntas Receptoras de Votos y, en algunos casos, los fiscales de los partidos políticos saben más que los encargados del proceso, lo que pone en riesgo la veracidad de los resultados.
“Hemos visto que hay municipios que tienen mucha conflictividad electoral (…) si no hay un fiscal que esté supervisando que el voto se lleve de la forma correcta y se contabilice, se corre cierto riesgo”, dice José David Prado, fiscal nacional de FCN-Nación.
Pagar o no pagar
Una investigación del Ministerio Público del 2018 señaló al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) de haber gastado alrededor de Q15 millones en el pago de fiscales de mesa el día de las elecciones, tanto en la primera vuelta como en el balotaje. Ese dinero no fue reportado al Tribunal, por lo que se sigue una investigación por financiamiento electoral no reportado.
En su momento, de acuerdo a las pesquisas hechas públicas por la Fiscalía, el entonces secretario general de FCN-Nación y ahora presidente, Jimmy Morales, habría solicitado este dinero para que el partido tuviera la capacidad de tener fiscales de mesa en cada junta receptora y defender los votos.
En el actual proceso electoral la necesidad de los partidos de proteger el voto es la misma. Sin embargo, algunos partidos políticos consultados aseguran que son personas que de manera voluntaria están dispuestas a participar como fiscales de mesas, aunque algunas agrupaciones políticas sí contemplan un gasto en alimentación o transporte.
Por ahora, FCN-Nación, cuenta con un grupo de personas que se está capacitando, aunque aún no definen si serán pagados o lo harán de manera voluntaria. Esto depende si los gastos serán tomados por el TSE como parte del gasto de campaña o se tomará como gastos permanentes del partido, explica el fiscal nacional, José David Prado.
“Se ha tenido acercamiento con las bases para que empiecen a hacer la selección de los fiscales de las juntas receptoras de votos. Aunque no tenemos la certeza de cuántas van a ser, estamos tomando un aproximado de 20 mil y queremos tener presencia en todas las mesas para poder defender cada uno de los votos”, dice Prado.
El partido VIVA fue uno de los pocos que en el 2015 sí reportó gastos de fiscales de mesa por un monto de Q4.9 millones. No obstante, para este año la organización cuenta con representación en la mayoría de los municipios y se espera un trabajo de voluntariado, explica González.
“Hay que brindarles desayuno, refacción y el almuerzo; en algunos casos el transporte. Por ahora no tenemos un monto específico porque aún estamos a la espera de saber cuántas mesas serán y cuántos fiscales necesitamos”, explica González, quien califica el gasto como “no representativo” porque ningún fiscal recibirá un pago por su trabajo el día de las elecciones.
De igual manera, la UNE asegura que ya comenzó con el trabajo de capacitación de fiscales de mesa y, al igual que VIVA, serán voluntarios quienes participen.
“Nunca se ha dado esa práctica de costear viáticos porque los compañeros dan de su tiempo porque están cerca. En las comunidades, como hay organización partidaria, se organizan y les llevan almuerzo a sus fiscales (…) en lugar de comprar tiempo de personas para que participen en actividades políticas hay más civismo y se evita que esto -el proceso electoral- se vuelva un mercantilismo”, explica el fiscal nacional de la UNE.
