El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) continúa trabajando en la elaboración del proyecto de Ley de Aguas, propuesta que fue anunciada en el 2024 por parte del Organismo Ejecutivo. En términos generales, busca regular la gestión adecuada y generar las condiciones necesarias para garantizar el derecho al agua.

La propuesta de iniciativa de ley que trabaja el Ejecutivo se sometió a socialización en noviembre del 2025 y distintos sectores han presentado sugerencias para el buen manejo del recurso.

El documento base aún se encuentra en fase de consulta pública y podría llegar al Legislativo este año, según confirmó una fuente del Ministerio de Ambiente.

Inicialmente, se había proyectado que la iniciativa de la Ley de Aguas sería presentada en el 2025, cuando se lanzó el Proceso Nacional del Agua, impulsado por la cartera de Ambiente para conocer y recopilar las propuestas de diferentes sectores de la sociedad, como el productivo, agrícola y comunidades del interior del país, entre otros, con la finalidad de conocer sus planteamientos y consensuarlos para incluirlos dentro de la iniciativa de ley.

La propuesta también busca la sostenibilidad de los ecosistemas naturales para evitar que estos se queden sin agua, así como garantizar la producción económica por medio del manejo adecuado de los recursos por parte del sector económico, industrial y agrícola, con el objetivo de crear las condiciones para la seguridad hídrica en el país ante los efectos del cambio climático, el crecimiento de la población y de la economía nacional.

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La propuesta en elaboración se sustenta en aspectos importantes, como la creación de la Superintendencia Técnica del Agua, entidad que tendrá autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Esta superintendencia será el órgano rector y máxima autoridad en materia hídrica.

Uno de los principales aspectos que abordará esta iniciativa de ley es el reconocimiento comunitario, por medio del cual se busca garantizar la validación de los sistemas de gobernanza que existen en distintas comunidades indígenas y locales del interior del país, por medio de los cuales realizan la gestión del agua.

Dentro de los principales aspectos en los que el Ministerio de Ambiente pone especial énfasis está la clasificación de los usos del recurso. En este aspecto se han tomado en cuenta sugerencias presentadas durante el Proceso Nacional del Agua, como la diferenciación de los usos ordinarios del agua, como el consumo humano y la agricultura, así como el aprovechamiento especial del recurso con carácter lucrativo, los cuales estarían sujetos a licencia y a un canon especial por el manejo.

En este último aspecto se busca el establecimiento de un sistema especial en el que los ingresos percibidos por medio del canon puedan ser reinvertidos en un 100% para el sostenimiento de las cuencas proveedoras del recurso, así como para la protección forestal, entre otros aspectos.

Con este marco jurídico el Ejecutivo espera dar certeza a los diversos usos del agua en Guatemala, ya que actualmente el Ministerio de Energía y Minas brinda concesiones para plantas hidroeléctricas y actividades agrícolas de riego, cuando no tiene las facultades legales para promover actividades de riego.

Propuestas presentadas

Al finalizar la tercera fase de socialización del Proceso Nacional del Agua, el Marn indicó que se recibieron 120 propuestas provenientes de distintos sectores a escala nacional:

• 26 del sector privado
• 57 de la sociedad civil (entre ellas personas individuales y actores comunitarios)
• 23 de pueblos indígenas,
• 6 de entidades académicas y multisectoriales
• 8 de Consejos Comunitarios de Desarrollo y actores municipales

Entre las solicitudes presentadas por los distintos sectores y que están siendo analizadas por el Ministerio de Ambiente para su inclusión dentro de la propuesta de ley destacan:

• Protección de los ecosistemas, asegurando un caudal ecológico mínimo para conservar ríos, lagos, humedales y otras fuentes de agua en todo el país
• Fortalecimiento de la seguridad hídrica mediante estrategias frente al cambio climático, crecimiento poblacional y demandas de una economía en expansión
• Garantizar el derecho humano al agua, priorizando el acceso seguro, suficiente y eficiente para consumo humano
• Conciliar el uso del agua mediante reglas claras para su aplicación en usos doméstico, agrícola, industrial, energético y cultural

Atención al contenido de la propuesta

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) considera que es de suma importancia la regulación de los recursos hídricos, fundamentales para el desarrollo sostenible del país.

Según indicó Enrique Font, presidente de la CIG, más que poner énfasis en los tiempos, se debe prestar especial atención al contenido de la propuesta para garantizar la gobernanza en la administración del recurso.

“Consideramos que cualquier iniciativa relacionada con una posible Ley de Aguas debe construirse a través de un diálogo técnico, responsable y con participación de todos los sectores involucrados y el cuál aún está abierto en este proceso. En este sentido, se debe tomar en cuenta la propuesta y no la fecha, porque más importante es el contenido de la misma y que lleve una solución en donde la gobernanza esté incorporada con todos los actores”, indicó.

También comentó que por parte de la Cámara de Industria de Guatemala se mantienen “atentos a los planteamientos que puedan presentar las autoridades competentes y, en su momento, analizaremos cualquier propuesta de manera objetiva y constructiva”

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Ley puede reducir conflictividad social

Mario Rivera, gerente del Marco de Programación de Resiliencia Comunitaria de World Vision, considera que la aprobación de la Ley de Aguas en Guatemala traería grandes beneficios para el país, por lo que considera de suma importancia su pronta aprobación. Según indica, el principal aspecto que se debe tomar en cuenta es garantizar el uso del agua para consumo humano ante cualquier otra actividad.

“Creemos que es muy importante garantizar el derecho de la niñez y de las familias al agua, que es un derecho humano, porque acá el tema es priorizar el consumo humano sobre otros usos. El tema del agua, si no se regula, empieza a causar conflictos sociales en las comunidades. Entonces creo que esta ley podría prevenir estos conflictos sociales si se estructura de manera clara”, afirma Rivera.

Según indica, desde World Vision se ha dado seguimiento a este proceso de integración y consenso de la ley junto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero admite que es complejo llegar a los acuerdos necesarios para que la normativa pueda ser consensuada.

Asimismo, afirma que desde World Vision se han identificado varias razones por las cuales debe ser aprobada esta ley, las cuales se han planteado a la cartera de Ambiente. Entre estas destaca garantizar el acceso al agua como un derecho humano, priorizando el consumo humano sobre otros usos; reducir la desigualdad entre el área urbana y rural, ya que en esta última se ha descuidado el acceso y el abastecimiento; regular el uso del recurso, debido a que actualmente distintos sectores utilizan el agua sin controles claros; evitar la sobreexplotación de ríos, lagos y mantos acuíferos, y proteger el medioambiente, ya que el agua está ligada a bosques, cuencas y ecosistemas.

También afirma que es de suma importancia mejorar la planificación y la gobernanza, ya que una ley clara en materia de agua permitirá una mejor coordinación entre el Ministerio de Ambiente, las municipalidades y las comunidades, lo que contribuirá a prevenir conflictos sociales.

Asimismo, el cambio climático es uno de los principales aspectos que se deben abordar en la normativa, ya que históricamente el corredor seco ha sido una de las zonas más afectadas por este fenómeno. Sin embargo, en los últimos años Alta Verapaz, que no está considerada dentro de dicho corredor, también ha presentado grandes sequías que limitan el acceso al agua para los pobladores, afirma Rivera, quien además explica que se deben considerar tres aspectos para una mejor gestión del agua en el país.

“Primero social, ver el agua como un tema de población, no solo de recurso. Territorial, para que la misma pueda ser administrada desde el territorio. Ambiental, en el contexto de la conservación y manejo del medio ambiente”, concluye el experto.