Durante los últimos días, los pagos y compensaciones para los exmilitares por sus servicios al país ha vuelto a tomar notoriedad, a raíz de varias iniciativas de ley que están siendo analizadas en el Congreso, encaminadas en este sentido.

Dentro de estas se encuentra la iniciativa de ley 6723, con la que se busca reformar el Decreto 51-2022, que contiene la Ley Temporal de Desarrollo Integral. Esta propuesta estipula la extensión, por un lapso de 36 meses adicionales, de la entrega del apoyo económico de Q1 mil para los veteranos militares inscritos en dicho programa.

En dicha iniciativa se propone la reforma del artículo 7 del citado decreto, con lo que se concretaría la ampliación del programa y se garantizaría que los beneficiarios que aún tienen pagos pendientes puedan recibir en su totalidad el aporte establecido en la ley.

Sin embargo, a criterio de analistas consultados, la extensión de este tipo de aportes o la creación de nuevos programas para beneficiar a los exmilitares en Guatemala tiene varias inconsistencias, principalmente de tipo técnico y financiero, además de otros aspectos como el uso clientelar y propagandístico, tomando en cuenta que estamos en un año preelectoral y que los exmilitares podrían representar un buen caudal de votos para los diputados que impulsan dichas propuestas de ley y que buscan reelegirse en los comicios del 2027.

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Connotación política y electoral

Según Carlos Gossman, analista y experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la ampliación de un programa como la Ley Temporal de Desarrollo Integral crea un “compromiso fiscal” que se trasladará hacia futuros gobiernos, todo esto con posibles connotaciones de “clientelismo político” en un contexto preelectoral.

“El hecho de que el propio Congreso, en su momento en el 2022, aprobara este programa, también podría especularse que tiene un tinte de proselitismo o clientelismo político. Sin embargo, es muy difícil plantearlo porque no existen pruebas; más bien es la tendencia y algo que es evidente en los espacios ya de las dinámicas electorales de cada cuatro años”, indica Gossman.

A criterio de Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), esta dinámica del Congreso es “doblemente demagógica” y está vinculada directamente con motivos electorales y clientelares, ya que, por un lado, impulsa iniciativas que “aumentan el gasto público”, como los pagos a exmilitares, pensiones y otros gastos. Mientras que, por otro lado, deroga otras fuentes de ingreso para el Estado, como los impuestos a las herencias y donaciones y el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

“Es una inconsistencia que no va a soportar en un corto plazo, porque están aumentando, sin ningún criterio técnico, el gasto. Todos estos meses han sido solo aumentos en gasto, no hay contrapartidas y además están reduciendo impuestos. Es un tema doblemente demagógico. Y este tema del aumento —al tiempo de la ley— significa votos. Este tema de los militares no son hechos aislados, sino que están yendo a buscar el voto a diferentes grupos”, asegura el experto.

Sin fuente de financiamiento

Según Gossman, la ampliación del plazo para la Ley Temporal de Desarrollo Integral, para beneficio de los veteranos militares, “no es viable” técnicamente desde el aspecto presupuestario, ya que el programa establecido en la ley se financia con “bonos del tesoro”, es decir, “con deuda”, por lo que carece de una fuente de financiamiento específica que permita llevar a cabo la ampliación por tres años más. También advierte de que la creación o ampliación de programas para indemnizar a los veteranos militares puede convertirse en un “chorro que nunca se va a cerrar”.

“Si cada cierto tiempo se vuelven a armar programas para seguir indemnizando a los veteranos militares, esto va a ser un chorro que nunca se va a cerrar y siempre va a tener cada gobierno que atender un compromiso de gasto para seguirles pagando indefinidamente”, asegura.

Gossman también indica que el programa temporal de desarrollo integral no tiene un fin de asistencia social como tal y ha venido a formar una “especie de clase pasiva” con los exmilitares que son sus beneficiarios.

“Esto, por el contrario, no tiene una finalidad de asistencia social como tal, sino forma parte, en todo caso, como una especie de clase pasiva para extrabajadores del Estado, que al final un miembro del Ejército termina siendo un servidor público que prestó servicios y que por eso se le está haciendo una indemnización”, afirma.

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Ciudadanía podría verse afectada

Por su parte, Francisco Quezada también indica que un aumento del gasto sin contrapartidas o criterios técnicos generará un desfinanciamiento para el Estado, por lo que tendría que recurrir a deuda externa o interna o incluso a una reforma tributaria, lo que además traería complicaciones para la ciudadanía, que podría verse afectada con estas decisiones, por lo que el Congreso debe “cerrar ese chorro”.

“Es muy delicado porque el Congreso, haciendo uso de su facultad legislativa, está poniendo a caminar la maquinaria electoral en el sentido de que son temas clientelares, evidentemente, ¿verdad? Y no solo lo que ya se está discutiendo, sino las iniciativas que vienen en camino. Entonces el Congreso tiene que cerrar ese chorro. Si no, toda la población va a tener que empezar a pagar esa carga extra, este agujero financiero que estaría generando el Congreso y, en contrapartida, tenemos una inacción por parte del Ejecutivo”, concluye Quezada.

Solventar pagos

El diputado Byron Tejeda, de la bancada Cabal, cuyos diputados son los ponentes de la propuesta de ley, explicó que la iniciativa busca solventar los pagos del primer grupo de beneficiarios de la ley, que concluyó en enero del 2024. Esto, debido a que hay varios de ellos a quienes aún se les adeudan entre uno y hasta veinte pagos, los cuales no pueden hacerse efectivos debido a que el Ministerio de Ambiente ya no continuó realizando las capacitaciones correspondientes, porque expiró el período establecido en ley, por lo que es necesario realizar la modificación correspondiente.

“Un primer grupo culminó en enero del año 2024; a raíz de ello, el Ministerio de Ambiente ya no siguió capacitando y esto hace que a ellos —los beneficiarios— no les paguen. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ellos mismos piden que se haga una reforma a la ley para poderle pagar al primer grupo”, afirmó Tejeda.

Actualmente hay registrados 47 mil 645 beneficiarios del programa, de los cuales hay activos 42 mil 895, a quienes se les adeudan los pagos. De esa cuenta, se hace necesaria la aprobación de la reforma, con el objetivo de cumplir con los 36 pagos estipulados, tal y como se establece en la ley, afirmo el congresista.