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Período de receso y año preelectoral complican acuerdos en el Congreso para aprobar la ley antilavado
Para este lunes se volvió a convocar a la Instancia de Jefes de Bloque para que de manera privada discutan un paquete de enmiendas para la redacción final.
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Diputados de la Comisión de Economía han participado en la evaluación de las enmiendas. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)
El escenario político en el Congreso para aprobar la ley antilavado no es el más adecuado, eso según analistas que han observado la dinámica de trabajo de la décima legislatura.
El proyecto de ley que busca actualizar a Guatemala en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo está detenido desde hace varias semanas, todo por una serie de modificaciones a último minuto que rompieron los acuerdos.
La discusión de la ley está avanzada logrando su paso en la primera, segunda y tercera lectura, pero la redacción final que requiere de 107 diputados, como mínimo, ha encontrado obstáculos.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, integrante del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), ha convocado a una serie de sesiones entre los Jefes de Bloque para alcanzar los acuerdos.
Estas sesiones, a diferencia de las habituales por el órgano parlamentario, han sido a puerta cerrada, sin que se conozca a detalle cuales son las dudas o inquietudes que tienen los diputados sobre el proyecto.
En los pasillos del Congreso se mencionan a algunas bancadas de oposición como las encargadas de complicar y dilatar su aprobación, pero públicamente todos aseguran estar a favor de la iniciativa que no ha conseguido respaldo para ser aprobada.
La semana pasada se desarrolló una primera reunión de Jefes de Bloque, donde diputados aliados y opositores emitieron comentarios opuestos sobre las enmiendas analizadas.
Para la oposición ya se tiene acuerdos en al menos cinco enmiendas, para los aliados ninguna de las propuestas ha reunido el respaldo y solo se han limitado a conversar sobre la redacción y viabilidad.
Receso y enmiendas
Para Guillermo Fuentes, analista político, las enmiendas de último minuto pueden ir encaminadas a dejar una ley más flexible para los diputados, políticos y futuros financistas.
“Tratan de modificar la ley para que no les afecten a ellos, y allegados, es lo que afecta a los diputados en temas de contratos, empresas relacionadas que trabajan con el Estado”, indicó.
Para él, es importante analizar que el parlamento ya llegó a periodo de receso, lo que puede limitar, todavía más, el poder de convocatoria para la aprobación final de una ley tan robusta como la antilavado.
“Quieren mantener la opacidad, por eso debilitan el proyecto inicial. La ley tiene una buena intención, sin contar que tiene presión internacional, se necesita que entre en vigencia, si no vamos a tener problemas hasta en temas de remesas”, dijo.
La Comisión Permanente convocó a una sesión extraordinaria para el 2 de junio, en donde vuelven a programar en su redacción final la ley antilavado, que aunque tenga posibilidades de ser aprobada, para Fuentes, hay que riesgo que lo aprobado no sea una norma robusta.
“Con una ley debilitada vamos a seguir viendo lo mismo, no habría cambios. Habrían muchos diputados distritales amarrando contratos con empresas relacionadas a ellos, es algo que se ha dado todo el tiempo, es un secreto a voces”, indicó.
Prioridad electoral
Pablo Roldán Guerra, coordinador de incidencia estratégica del Movimiento Cívico Nacional (MCN), espera que el Congreso cumpla con la aprobación de la ley, pero destaca que muchos políticos ya tienen los ojos puestos en las elecciones generales del próximo año.
“Estamos a meses de iniciar un nuevo periodo electoral, esto juega en contra, la convocatoria será en enero y los diputados, como otros políticos, ya se encuentran en modo de campaña, ya hay gestiones de partidos y comités alistándose para el 2027”, dijo.
Incluso por las implicaciones financieras y potenciales sanciones a actividades de lavado de dinero, puede que muchos diputados piensen más de dos veces apoyar ciertos artículos, porque podría jugarles en contra en materia de financiamiento.
“Esto influye que un diputado que ya tiene en vista la reelección no quiera votar por una ley que le trae costos políticos, contra él o financistas, votar por la ley puede tener un costo”, explicó.
El analista considera que, aunque se muestren buenas intenciones para aprobar la ley, en la realidad se ven otros elementos que han ido dilatando la aprobación final de la ley.
“Públicamente nadie se opone, hay narrativas sobre quienes están a favor y quienes, en contra, pero la práctica es otra. Ajustes, enmienda, pedir análisis y es una discusión que se extiende indefinidamente tratando de evadir la responsabilidad”, indicó.
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