La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó denuncias ante el Ministerio Público (MP), contra varias municipalidades del país por anomalías detectadas durante el ejercicio fiscal del 2025, así como de períodos anteriores. Las irregularidades se detectaron mediante auditorías especiales y los reportes se incluyeron en el Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del año anterior.

Entre las denuncias se encuentra una contra el exalcalde del municipio de Sansare, El Progreso, quien en enero del 2022 nombró a suplentes como titulares del Concejo Municipal, sin tener las facultades ni las acreditaciones debidas.

En ese periodo, los concejales señalaron que el secretario era contratista del Estado por lo que el alcalde declaró las plazas vacantes.

Nombramientos y gestión irregular

Según la CGC, la auditoría documental para establecer el hecho se realizó a requerimiento de la sociedad civil que denunció al exalcalde de la localidad, Alex Donaldo Castañeda, por la realización de los nombramientos de forma irregular. El período auditado abarca del 1 de enero del 2022 al 14 de enero del 2024.

Alex Donaldo Castañeda Mejía fue alcalde de Sansare, El Progreso, durante un solo período municipal: 2020-2024. Fue electo en en el 2019 por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El informe de la Contraloría indica que el nombramiento realizado por el entonces jefe edil ocurrió luego de que los concejales del primero al cuarto dejaran de asistir a las sesiones del Concejo Municipal. De esa cuenta, el alcalde, mediante el acta número 16-2021, del 6 de julio del 2021, declaró vacantes los cargos.

En la misma sesión en la que se aprobó el acta, Castañeda nombró de forma unilateral a los miembros suplentes Mateo Sánchez, Roberto Morales Marroquín y Jorge Mario Chamo como concejales titulares, para que tanto él como los nuevos titulares pudieran continuar operando.

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El informe revela que esta situación permitió que los suplentes, sin estar facultados legalmente, aprobaran fondos de la municipalidad de forma anómala y tomaran otras decisiones que no les correspondían, tales como modificaciones presupuestarias, contratación de personal, aprobación de contratos (contrato de auditor interno), órdenes de cambio, trabajos suplementarios y trabajos extras, modificaciones al Plan Operativo Anual (POA), exoneraciones de pago de agua, aprobación de actas de recepción de obras, la donación de un terreno al Ministerio de Salud, aprobación de los presupuestos municipales del 2022 al 2024 y aprobación de contratos administrativos correspondientes a dicho período.

Sobre esta situación, la CGC concluyó que el alcalde modificó ilegalmente la integración del Concejo Municipal sin seguir lo establecido en la ley y sin la aprobación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente encargado de realizar los nombramientos.

También concluyó que este Concejo Municipal integrado por suplentes —sin acreditar— aprobó ilegalmente el presupuesto, contratos y otros actos administrativos durante los años 2022, 2023 y 2024.

En su defensa, tanto el exalcalde como los otros sindicados argumentaron que “los hechos habían sido desvanecidos en una “auditoria” anterior – 2021 – y que el Ministerio Público había cerrado investigaciones al respecto”. Además, argumentaron que habían actuado de tal manera para “no paralizar el municipio”, ante la ausencia de los titulares.

La Contraloría indicó que “el desvanecimiento de hallazgos en el 2021 no aplica al periodo auditado (2022 – 2024). También indico que el hecho que el MP haya cerrado el caso no le quita competencia a la CGC para determinar responsabilidades administrativas y civiles. Además, afirma que el alcalde y los suplentes “no justificaron la legalidad de sus acciones” y que el acta del nombramiento no cumple con el requisito de mayoría calificada (art. 40 del Código Municipal) por lo que fue un acto arbitrario del alcalde”.

Ante los hechos, la Contraloría confirmó el hallazgo y presentó la denuncia correspondiente ante el MP contra el jefe edil y los tres concejales suplentes nombrados de manera irregular.

Plataforma inexistente

La Contraloría también presentó una denuncia ante el Ministerio Público por responsabilidad mancomunada contra el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias Sueiras, y otros siete funcionarios de la comuna antigüeña por un monto de Q20 millones 943 mil 935.84, debido a la contratación irregular y pagos anómalos para la implementación y diseño de la plataforma DAT-ANTIGUA PPM, destinada al registro del “Padrón Predial”.

La CGC estableció que la comuna antigüeña suscribió el contrato administrativo 05-2025 por Q36 millones 650 mil 518.90 con la empresa Consultora en Proyectos de Ingeniería Civiles y de Sistemas, S. A. (Gisystems), encargada de implementar dicho sistema. Según la Contraloría, al cierre del ejercicio fiscal del 2025 la municipalidad había pagado un total de Q20 millones 943 mil 935.84 —monto de la denuncia—, equivalente a casi el 60% del valor total, pero la plataforma no había sido entregada ni instalada en los servidores municipales. Tampoco se habían transferido los códigos fuente ni las credenciales de administración.

La Contraloría determinó que la comuna pagaba facturas mensuales bajo los conceptos de “administración de reportes” y “soporte técnico” de un sistema que no poseía, no controlaba y que no se encontraba en su infraestructura tecnológica.

Ante esta situación, la CGC consideró que esto “vulneraba los principios de transparencia, eficiencia y control del gasto público” y además exponía el patrimonio municipal “a un riesgo de pérdida total de la inversión”, por lo que interpuso la denuncia ante el MP para que investigue posibles delitos contra la administración pública.

En cuanto a los descargos presentados, según el informe, el alcalde Juan Manuel Asturias argumentó que “el contrato establecía dos modalidades de pago”. Los primeros tres desembolsos correspondían a informes cerrados. Del cuarto al decimocuarto pago se realizaría una retribución por “administración de reportes”, más un costo variable por predio levantado. También aseguró que la entrega final de la plataforma, el código fuente y la capacitación estaban previstas al término del contrato y no durante la ejecución.

Además, señaló que todo el proceso había sido “auditado” previamente por medio de una auditoría especial en la que no se habían encontrado hallazgos. Según se indica, el jefe edil negó que existiera incumplimiento y afirmó que la municipalidad “si recibió informes de avance, capacitaciones parciales y módulos en desarrollo” que estaban documentados en actas de recepción parcial.

Sin embargo, la Contraloría rechazó los descargos y consideró que tanto el alcalde como los otros responsables conocían o debían conocer que la plataforma “no había sido recibida materialmente” y que pagar por la administración de un sistema inexistente en la infraestructura municipal constituye una anomalía grave, por lo que confirmó el hallazgo y presentó la denuncia penal.

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Obra abandonada

La Contraloría también denunció al Concejo Municipal de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, por irregularidades en el pago de Q15 millones 965 mil 493.62 para el proyecto “Construcción de centrales hidroeléctricas en la finca municipal El Cubo”.

En el informe de la Contraloría se establece que la comuna pagó dicha cantidad sobre un supuesto avance físico del 76% de la obra, cuando el avance real era solo del 27%. La Contraloría constató que la obra fue encontrada abandonada y con plazo de ejecución vencido. Este hallazgo se realizó por medio de una Auditoría de Examen Especial a la Obra Pública, correspondiente al período del 28 de abril del 2021 al 4 de julio del 2024.

Por este hallazgo, la Contraloría presentó la denuncia penal contra José Benjamín Vásquez Reyes, exalcalde de San Miguel Pochuta (2020-2024), y nueve exfuncionarios municipales de dicho período. También contra Wilmer Menéndez Ibañez, propietario de la empresa Construcciones y Servicios de Guatemala (Consegua). A los once responsables, según la Contraloría, se les denuncia por un monto de Q1 millón 451 mil 408.51 y la suma total asciende a Q15 millones 965 mil 493.62, que es el monto de la denuncia.

En su defensa, el exalcalde José Benjamín Vásquez indicó que la modificación del contrato del proyecto solamente fue del 0.72% y que el avance físico del 76.29% lo reportó el supervisor Carlos Luis Huertas Robles —también denunciado—. También aseguró que dejó el cargo el 15 de enero del 2024 y que hasta entonces la obra seguía en construcción. Además, cuestionó la verificación física de un solo día, al aducir que es imposible determinar un porcentaje exacto en tan poco tiempo.

Por su parte, Carlos Luis Huertas Robles, supervisor de obras, indicó que solamente trabajó para la comuna en noviembre y diciembre del 2023 por contrato e indicó que “no tuvo nada que ver con las modificaciones al contrato” ni con las suspensiones previas. También aseguró que desconocía lo que pasó después de que venció su contrato, ya que él solamente emitió informes correspondientes a las estimaciones de la 10 a la 13. La CGC rechazó los argumentos y confirmó el hallazgo contra los exfuncionarios.

En cuanto a Wilmer Menéndez Ibañez, propietario de Consegua, la Contraloría indica que “no se presentó, ni envío ningún argumento”, pese a haber sido notificado oficialmente. De esa cuenta y ante la ausencia de descargos, la Contraloría consideró como una afirmación de responsabilidad por el hecho, por lo que confirmó el hallazgo en su contra.