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Guatemala
Datos sensibles de migrantes quedaron expuestos por aplicación contratada por el Minex
La Contraloría denuncia la compra de una aplicación que expuso datos de más de 38 mil migrantes guatemaltecos.
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Uno de los primeros grupos de guatemaltecos deportados de Estados Unidos en 2025. Fotografía: Prensa Libre.
El informe anual de la Contraloría General de Cuentas (CGC) expone detalles de las auditorías en el 2025 en el sector público. Uno de estos ejercicios derivó en la denuncia contra la Embajada de Guatemala en Estados Unidos por la compra de una herramienta digital.
Se trata de la aplicación “ConsulApp”, que el Gobierno presentó en abril del año pasado y que, durante las primeras semanas de uso, descargaron 38 mil 800 migrantes. El 29 de julio, tres meses después, el Gobierno anunció que la aplicación quedó deshabilitada.
La plataforma dirigida a los migrantes en los Estados Unidos ofrecía información sobre los 25 consulados, permitía programar citas, registrar tramites, recibir alertas y reportar emergencias como detenciones o u otro tipo de incidencias. Para algunas gestiones, la aplicación requería información personal de los usuarios.
La aplicación fue desarrollada por una empresa que carecía de experiencia en esa tecnología, lo que dejó vulnerables los datos de los migrantes guatemaltecos.
El informe de la CGC detalla que la empresa “7XPREZZ CORP” fue beneficiada con un contrato por 70 mil dólares para el desarrollo de la herramienta.
“Se comprobó que no existen documentos de especificaciones, requerimientos y criterios de aceptación de software, para el análisis, diseño, desarrollo y validación de la aplicación móvil y portal web, como tampoco existen acuerdos de confidencialidad que establezcan los términos y condiciones para el acceso, restricción y uso de la información de los connacionales”, señala el documento.
Esta herramienta estuvo activa en el marco de una creciente política antinmigrante, que fue impulsada durante las primeras semanas del segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El detalle de la auditoría especifica que la información sensible de migrantes pudo quedar expuesta. “Existe vulnerabilidad en la confidencialidad, integridad, disponibilidad, seguridad y monitoreo de los datos sensibles de los connacionales, comprometiendo los intereses del Estado de Guatemala y sus habitantes que residen en los Estados Unidos de América”, detalla.
Presentan argumentos
Antes de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentara la denuncia, recibió una comunicación de autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Guatemala en Estados Unidos.
Los funcionarios de ambas entidades indicaron, en su descargo, que no participaron en las negociaciones para adquirir la aplicación utilizada por los migrantes y explicaron que existen áreas específicas para ese tipo de herramientas.
Eduardo Antonio Escobedo Sanabria, viceministro de Relaciones Exteriores por el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2025, en su postura ante el equipo de auditores para tratar de desvanecer el hallazgo.
“En mi calidad de viceministro de Relaciones Exteriores, respaldo la propuesta de mejorar la atención de los guatemaltecos en el exterior por medio de diversos recursos, entre ellos herramientas tecnológicas, por lo que cada unidad, desde el ámbito de su competencia, lleva a cabo las acciones correspondientes para cumplir las directrices emitidas por el Despacho Superior”, indicó.
Por su parte, el embajador Hugo Beteta dijo: “Se cuenta con la opinión de la Dirección de Informática de dicho ministerio, donde consta la viabilidad técnica de la aplicación. De igual forma, la minuta del contrato fue revisada por el área jurídica del ministerio, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala”.
Otras denuncias
En el Congreso, una auditoría también derivó en una denuncia por aparentes anomalías en contrataciones. Una de ellas involucra a Carlos Bezares, quien fue secretario general del partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
Bezares aparece con una plaza en la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, con un contrato fechado el 13 de marzo del 2024, cuando la diputada Karina Paz, integrante de VOS, formaba parte de la Junta Directiva del Congreso.
Los documentos dan cuenta de que el salario de Bezares era de Q24 mil. También documentan una serie de llamadas de atención por aparentes ausencias, justificadas por el trabajador debido al libre ejercicio de la profesión de abogado.
Lo anterior, a criterio de los fiscalizadores, provocó una vulneración al Estado por Q240 mil, correspondientes a los salarios devengados a favor de Bezares. El abogado y exsecretario del partido indicó que la auditoría fue elaborada de forma incorrecta, porque los fiscalizadores no revisaron el contrato que sí le permitía ejercer como abogado durante ese período.
“El informe de la CGC, en mi caso, está mal hecho. Por un error administrativo se archivó un contrato que no nació a la vida jurídica. En su informe dicen que nunca encontraron un oficio, pero seis folios después del contrato que cuestionan está el documento donde se indica que yo trabajaría cinco horas”, indicó.
Bezares reafirmó que su contrato sí le permitía ejercer su profesión y espera solventar el problema legal a la brevedad. “El contrato vigente, con el cierre y reportado en la declaración jurada, es de cinco horas. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo contempla una excepción para quienes pueden ejercer la abogacía, que son los trabajadores con jornadas de cinco horas”.
La Usac también recibió denuncias, específicamente por la integración del Consejo Superior Universitario (CSU), cuestionado por falta de legitimidad.
Representaciones en la Usac
El informe de auditoría señala que la representación estudiantil ante el CSU no se respeta y añade que tres representantes estudiantiles ya figuran como egresados de la casa de estudios.
Se trata de Marvin Rodolfo Argueta Anzueto, Julio Armando Saavedra González y Óscar Eduardo García Orantes, lo que, a criterio de la CGC, constituye una violación de la normativa interna de la Usac.
Entre los argumentos de defensa, presentaron documentos extendidos por Registro y Estadística de la propia Usac, en los que se hace referencia a su supuesta calidad de estudiantes; sin embargo, los señalamientos no fueron desvanecidos.
Incluso, en el documento la propia CGC recomienda que el CSU convoque a elecciones de sus consejeros, petición que estudiantes y diputados han planteado por medio de amparos y que, hasta la fecha, continúa pendiente.
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