Campaña anticipada: TSE documenta 196 casos, la mayoría en redes sociales, y advierte sobre no inscripción
Las redes sociales concentran el 95% de los 196 expedientes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha documentado en lo que va del año por posibles transgresiones a la ley electoral, a pocos meses de la convocatoria a elecciones generales del 2027.
El Tribunal Supremo Electoral ha documentado en lo que va del 2026 un total de 196 expedientes relacionados con posibles actos de campaña electoral anticipada. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
A poco más de cuatro meses para la convocatoria a elecciones generales del 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) documenta 196 expedientes por posibles actos de campaña electoral anticipada.
Así lo confirmó el secretario en funciones de la institución, Pablo Portocarrero, en una entrevista con Prensa Libre, en la que detalló que la mayoría de estas investigaciones han surgido de oficio y tienen su origen en contenido difundido principalmente en las plataformas digitales.
Además, indicó que quienes incurran en estas prácticas antes de la convocatoria prevista para enero del 2027, corren el riesgo de “no ser inscritos para participar en el próximo proceso electoral”.
Según indica, “pareciera que falta mucho para las elecciones”, pero, conforme transcurren los meses, también aumentan los casos y los expedientes por posibles transgresiones a la ley electoral.
"De los 196 expedientes, 140 han nacido de oficio por parte del Tribunal Supremo Electoral que cuenta con la unidad especializada sobre medios de comunicación y con inspección general. La unidad especializada se encuentra en un monitoreo permanente de los diferentes medios de comunicación y de encontrar una posible transgresión a la ley electoral o publicaciones, donde ya hay actos propios de campaña, informa a la inspección general y ésta se encarga”, afirmó.
Portocarrero enfatizó que la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación desempeña un rol fundamental en la detección temprana de actos anticipados de campaña. Según explica, esta unidad “no se limita a navegar pasivamente en redes sociales”, sino que emplea técnicas avanzadas de monitoreo.
"Hay herramientas de transparencia que también nos dan las redes sociales, como por ejemplo la biblioteca de anuncios para saber si hay pago de pauta, también el uso de palabras claves", explicó el funcionario.
Añadió que esto les permite filtrar publicaciones e identificar posibles actividades de proselitismo, promoción de imagen o difusión de programas de gobierno o acciones que no están permitidas fuera del periodo electoral establecido.
Proceso administrativo
El procedimiento administrativo que sigue el TSE en la investigación de campaña anticipada consta de varias fases para garantizar el debido proceso. Primero, la Unidad Especializada emite un informe técnico que remite a Inspección General, que se encarga de la investigación de campo.
"Inspección General podría preguntarle a cualquier persona, cualquier tercero... quién fue la persona que pagó el estadio municipal o quién fue la persona que lo reservó" para alguna actividad, ejemplificó Portocarrero.
Luego, se otorga un plazo para que las personas investigadas presenten sus pruebas de descargo. Si la infracción se confirma, el expediente pasa al Registro de Ciudadanos, donde se corre audiencia a la persona y se puede emitir una advertencia para que cesen las acciones irregulares.
Sobre las sanciones, Portocarrero enfatiza que el artículo 94 Bis de la ley electoral "establece que no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual en cargos de elección popular", puntualizó.
También aclaró que, aunque las multas no se aplican en este momento, la documentación recopilada durante este monitoreo será clave en la fase de inscripción de candidaturas.
"Muchos preguntan por qué no se ha sancionado ahorita, pero por eso es que la unidad especializada se mantiene en ese monitoreo permanente, documentando todo lo que está pasando para hacer la decisión del Registrador de Ciudadanos", aseguró.
Además, el secretario en funciones recordó que, una vez iniciado formalmente el periodo electoral, la sanción cambia de naturaleza y se transforma en una multa tanto para la persona como para la agrupación política involucrada.
Origen de las denuncias
En cuanto al origen de las denuncias, la estadística del Tribunal Supremo Electoral revela que "el 95% de expedientes son de redes sociales", lo que significa que, de los 196 expedientes documentados, 186 han tenido su origen en las diferentes plataformas sociales y de contenido digital.
El secretario en funciones también explicó que, en años anteriores, el pago de pauta, incluso de montos tan bajos como US$10, era el principal detonante de las investigaciones. Sin embargo, ahora también se suman las publicaciones de actividades que pretenden ser de proselitismo, pero que, en realidad, constituyen actos de campaña adelantada, según el monitoreo realizado.
"Muchas publicaciones de actividades de proselitismo... más parecen un meeting político", indicó, señalando que la ley define claramente qué constituye una actividad permitida y cuál no.
Libre emisión del pensamiento
Finalmente, Portocarrero enfatizó que el TSE garantiza la libre emisión del pensamiento, que es un derecho constitucional, pero recordó el límite legal que impone la norma electoral.
"Siempre con el límite que nos da la ley electoral, que es una ley constitucional, de que no hacer actos propios de campaña electoral en tiempo que no es permitido", puntualizó.
También recomendó a quienes tengan interés en participar en los próximos comicios que acudan a la unidad especializada del TSE para recibir acompañamiento y evitar cometer infracciones involuntarias.
"Actualmente, Inspección General ya ha notificado a la mayoría de los implicados en estos actos, quienes han presentado sus pruebas de descargo, y se espera que a la brevedad los expedientes sean trasladados formalmente al Registro de Ciudadanos para su resolución definitiva en el momento de la inscripción de candidaturas", indicó Portocarrero.
Actos que son considerados como campaña anticipada
El artículo 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece:
“No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el reglamento.”
En este sentido, se consideran actos de campaña anticipada los siguientes:
- Promoción de imagen: aquellas acciones encaminadas a posicionar el nombre, rostro, símbolos o planes de gobierno de un aspirante antes de la convocatoria a elecciones
- Llamados al voto: todos aquellos mensajes directos o indirectos que solicitan el apoyo ciudadano para una figura u organización política
- Uso de símbolos: el uso reiterado de símbolos partidarios para dar a conocer a una persona o agrupación política
- Pauta y propaganda: la contratación de publicidad en medios de comunicación o redes sociales con fines electorales fuera del tiempo establecido
Denuncias anónimas y de adversarios políticos
Según indica Armando Castillo, secretario general del partido Visión con Valores (Viva), en procesos electorales anteriores se han visto prácticas de proselitismo fuera del periodo permitido en las que algunos políticos han ofrecido obras, se pide el voto y se presentan programas de gobierno fuera de tiempo, prácticas que, según indica, no son utilizadas por su partido.
También señala que muchas de las denuncias actuales por campaña anticipada son interpuestas por “adversarios políticos”, aunque hay algunas que pueden tener un fundamento real.
“No cabe duda de que en algunos casos muchas de esas denuncias que se mencionan son presentadas por rivales políticos. Y muchas son anónimas, que presentan estas denuncias. No obstante, algunas sin duda tienen fundamento”, aseguró.
En el caso concreto de Viva, menciona que han sido notificados de dos denuncias, entre ellas una en contra de Jorge Antonio Montufar, dirigente de la agrupación. Según explicó Castillo, la denuncia se derivó de una crítica que Montufar realizó en redes sociales en contra del accionar del gobierno, la cual asegura “realizó como ciudadano” y no como un acto de campaña anticipada.
“Cómo le digo, me parece que son denuncias anónimas que no tienen fundamento porque criticar el actuar de un gobierno, eso no es campaña anticipada, eso es realmente ejercer el derecho ciudadano que tenemos todos”, aseveró.
En este aspecto, Castillo cuestiona que el TSE abra expedientes basados en denuncias anónimas, ya que considera que esto puede saturar el sistema y, al mismo tiempo, desvirtuar el propósito de una sanción a quienes realmente infringen la ley.
También considera que el ente electoral debe establecer con mayor claridad “qué es y qué no es” campaña anticipada, ya que esto permitirá a los políticos ajustarse a los lineamientos y a las autoridades electorales desestimar aquellas denuncias que no tengan un sustento claro.
Ambigua y subjetiva
Jahir Dabroy, experto en asuntos sociopolíticos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que la norma electoral actual, pese a haber sido modificada, aún es ambigua y subjetiva, lo que genera riesgo de interpretaciones restrictivas que podrían limitar la libertad de expresión y el debate público, elementos que son “esenciales” para la democracia.
“Yo creo que sigue sin quedar exactamente claro qué vamos a entender por campaña anticipada y qué no. Se introducen cuestiones que puedan ser prohibitivas en acciones como, por ejemplo, planes de gobierno o hasta dónde posicionar una imagen individual puede ser tomado como campaña anticipada o no”, asegura.
El experto también considera que, en la actualidad, el uso de plataformas digitales por parte de actores políticos es un fenómeno “totalmente natural” y que facilita el contacto con la ciudadanía, así como el debate sobre asuntos coyunturales.
“Yo creo que es totalmente natural, creo que las redes sociales absolutamente a todos los ciudadanos nos facilitan el poder entrar en contacto con el resto del mundo, desde cuestiones electorales, posicionamientos políticos coyunturales y preocupaciones ciudadanas genuinas”, asegura.
Desde su perspectiva, Dabroy considera que la clave está en “regular sin caer en la censura” y centrarse en un criterio claro y verificable por parte de las autoridades electorales, como el llamado explícito al voto.
“Si no hay llamado al voto de manera explícita es muy difícil y subjetivo establecer qué puede entenderse por campaña anticipada o no”, concluye.
¿Quiénes han incurrido más en esta práctica?
Según datos de la Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral, hay tres personajes que han incurrido en el mayor número de posibles prácticas de campaña anticipada durante lo que va del 2026.
El primero es Johnny Josué Ayala Montenegro, conocido como “el Johnny”, quien en dos ocasiones ha buscado ser elegido diputado al Congreso de la República. En el 2019 se postuló con el partido Bienestar Nacional (Bien) y en el 2023, con el partido Podemos. En ambas ocasiones no alcanzó los votos necesarios para adjudicarse una curul en el Legislativo.
Le sigue Roberto Arzú García-Granados, precandidato a la presidencia por el partido Cabal. En el 2019 participó por primera vez por la Presidencia de la República por la coalición integrada por los partidos Podemos (cancelado) y PAN (cancelación en suspenso) y quedó en quinto lugar. En el 2023 buscó nuevamente competir por la presidencia con el partido Podemos, pero su inscripción fue rechazada por el TSE y la Corte de Constitucionalidad (CC) por señalamientos de campaña anticipada.
A estos dos personajes les sigue el diputado Julio César Portillo Paz, representante de Zacapa y elegido en el 2023 por el partido político Cabal para integrar la décima Legislatura en el Congreso.
En cuanto a partidos políticos específicos, aún no hay denuncias, sino únicamente en contra de personas que buscan posicionarse políticamente, se informó.



