Salvaguardar la integridad física de quienes lo practican es una elemental obligación ética, pero si alguien objeta el costo de un desfibrilador es mejor que sea legislado.

No se trata solo de la muerte de Keyla o de Nora, sino de las más de 500 mujeres ultimadas en el 2021, cifra que forma parte de los más de 2 mil 300 homicidios registrados hasta noviembre en agresiones, asaltos, riñas, ataques directos y violencia intrafamiliar, entre diversas manifestaciones de barbarie antisocial.

Toda carestía representa un inevitable costo político para las autoridades y, por lo tanto, deben prever desde ya posibles medidas de contención de gasto o alivio tributario para compensar los efectos de un escenario tan agitado e inédito.

El conflicto Nahualá-Ixtahuacán es la verdadera prueba de habilidad, madurez e inteligencia institucional para las autoridades actuales. Para atenderlo se necesita más que policías y soldados, pero por ahora ni eso hay.

En ciertos espacios de divulgación oficial se utiliza una frase referente a que las buenas noticias también se cuentan, pero en realidad los gobiernos, y en especial los políticos, deberían aprender que es al revés: los malos resultados también se deben divulgar y reconocer.

La dolorosa cruzada que Franco inició aquel infausto 16 de diciembre del 2001 incidió en la creación de la alerta Isabel-Claudina.

Decir que nadie triunfa solo entraña un doble mensaje: resaltar el valor de la unión familiar, de la solidaridad entre deportistas y del papel fundamental de los técnicos, nutricionistas y también de los dirigentes, que no deben aparecerse solo a la hora de las fotos en el podio.

El pueblo de Guatemala necesita y merece una nueva y transparente estrategia de prevención y atención al covid-19.

Es un honor para la historia de Prensa Libre que  su entonces presidenta, Teresa Bolaños de Zarco (1922-1998) —viuda de nuestro cofundador, Isidoro Zarco Alfasa, asesinado en 1970, en pleno conflicto armado— haya participado en los esfuerzos iniciales de diálogo.

Es lamentable el repunte de emergencias atendidas en hospitales públicos —y sin duda también en centros privados— en las cuales hay niños que sufren quemaduras, amputaciones y en ocasiones graves secuelas de vista y oído a causa de la manipulación de artefactos pirotécnicos sin la debida supervisión.