El nombramiento y la designación de equipos técnicos es lo que debe pesar en la próxima rotación de las autoridades monetarias y reguladoras del sistema financiero, expusieron analistas y un representante sectorial.

La reciente salida de ministros, viceministros y directores del Gabinete Económico responde a un desgaste natural. Sin embargo, coincide con una coyuntura marcada por un alza generalizada de precios asociada al incremento en el costo de los combustibles.

La inflación en Guatemala repuntó en julio por el aumento en los precios de las gasolinas y el diésel. El indicador se ubicó en 2.70%, por encima del 2.27% de junio.

Un incremento de la inversión portuaria y el fortalecimiento de la institucionalidad que crea la nueva ley forman parte del escenario que analizan los usuarios, quienes estiman que la etapa de implementación podría llevar tiempo.

Guatemala recibió US$15 mil 447.1 millones en remesas familiares entre enero y julio de 2026, un crecimiento interanual del 6.6%, según datos divulgados este jueves 6 de agosto por el Banco de Guatemala (Banguat).

El Congreso aprobó la nueva Ley General del Sistema Portuario Nacional, que crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), redefine la gestión de los puertos y establece un marco para impulsar su modernización mediante inversión pública, privada y mixta.

Las cámaras empresariales fijaron su postura, horas después de que el Congreso de la República aprobara el Decreto 20-2026, la Ley General del Sistema Portuario Nacional.

Cobros no regulados por operaciones y lentitud en los procesos del Registro de la Propiedad Intelectual conforman la crisis que denunció la Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual (Campi). Mientras tanto, el Ministerio de Economía (Mineco) aseguró que requirió un informe circunstanciado.

El sector privado organizado alertó de que el reacomodo político rumbo a las elecciones generales de 2027 podría verse influenciado por el crimen organizado, por lo que hizo un llamado a fortalecer la confianza ciudadana y blindar el proceso electoral.

El sector privado advierte que la capacidad portuaria del país ha sido rebasada por el crecimiento del comercio exterior y asegura que existen inversionistas nacionales y extranjeros interesados en desarrollar nuevas terminales, a la espera de un marco legal que brinde certeza jurídica.