Urias Gamarro
Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.
NOTAS DE Urias Gamarro
En el 2026, la deuda pública por habitante alcanzará Q15 mil 691, reflejo del constante aumento en el endeudamiento del Estado. Este crecimiento limita la inversión en salud, educación y otros servicios esenciales, advierten analistas.
El techo mayor al monto vigente, la contratación de deuda pública y la asignación de recursos a los Codedes, son las principales observaciones del Centro de Investigación Económica (Cien) al presupuesto del 2026 aprobado por el Congreso.
Aunque el Congreso aprobó un presupuesto estatal por Q163 mil 469 millones para ejecutarse en el 2026, este se incrementará hasta Q170 mil millones por ampliaciones preaprobadas.
La Junta Monetaria decidió por unanimidad, en la última sesión del año, reducir en 3.75% la tasa líder de interés de política monetaria, sustentado en parte porque se han disipado los choques de oferta en los precios y los arreglos internacionales en la política arancelaria.
Los envíos de remesas familiares cerrarían el 2025 con un crecimiento del 17% y superarían los US$25 mil millones, informó el Banco de Guatemala (Banguat).
Los integrantes de la Comisión de Finanzas plantearían leves cambios a la iniciativa del gasto, que quedaría en Q163 mil 469.3 millones, con reducciones para algunos ministerios y un incremento para Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Congreso conocerá esta semana la iniciativa del presupuesto por Q163 mil 783.4 millones, y el Cacif reiteró una serie de observaciones sobre las implicaciones del proyecto presentado por el Minfin.
Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) emitieron opinión favorable a un préstamo por US$50 millones (unos Q383 millones) destinado a la inversión en digitalización del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
La Junta Monetaria (JM) revisará la proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el 2026, tras conocerse la vigencia del régimen arancelario de EE. UU. con Guatemala, a partir de enero.
El Congreso aprobó una ley que establece mecanismos para agilizar el proceso y cumplir con el plazo de hasta 60 días hábiles para devoluciones de los impuestos. Se contará con un fondo para garantizar liquidez y agilidad en las solicitudes.