Durante una conferencia de prensa en la Plaza de los Derechos Humanos, en la zona 1 de la capital, el binomio presidencial se refirió a las acciones que encamina el MP y que, a su criterio, atentan contra los resultados electorales y cuyo objetivo sería impedir que Arévalo y Herrera asuman el poder el próximo 14 de enero.
De acuerdo con la vicepresidenta electa, lo que el MP busca con sus acciones es callar a quienes alzan la voz en contra de la corrupción; además, lamentó que muchas familias amanecieran este jueves con sus casas rodeadas de policías y fiscales, quienes “no estaba allí para dar seguridad”.
Por su parte, Arévalo señaló que las medidas “espurias” del MP evidencian que el “asalto contra la democracia” no termina, “pero sabemos que no tendrán éxito, porque detrás de esto está la voluntad del pueblo entero”.
“Las acciones del MP no van a cuajar, porque el sistema de justicia tiene que responder para hacer prevalecer el estado de derecho”, agregó Arévalo, quien dijo que, bajo cualquier punto de vista legal no hay manera de evitar que él y Herrera asuman el poder el 14 de enero próximo.
“Las medidas espurias del Ministerio Público evidencian que el asalto contra la democracia y el Estado de Derecho continúa. Nosotros tenemos la determinación de hacerles frente por los medios legales y políticos a nuestro alcance”, dice un comunicado del binomio presidencial electo.
Además, el documento señala que este jueves “amanecimos con una tristeza y rabia profunda ante la detención injusta de jóvenes, estudiantes, profesores y profesionales”, durante los operativos del MP y la Policía Nacional Civil (PNC).
“Personas que se han manifestado, marchado y resistido en contra de un pequeño grupo de corruptos que siguen intentando quitarnos el presente y el futuro. Como el ejemplo de Marcela Blanco, nuestra querida y joven compañera, cuya familia tuvo que recibir este abuso”, agrega, en referencia a la captura de la excandidata a diputada por el Movimiento Semilla, el partido que llevó a Arévalo a la Presidencia.
Agrega que las instituciones del país están en crisis y “el Ministerio Público de Consuelo Porras no busca la justicia”.
Además, reitera que con acciones como las de este jueves “ha quedado claro y confirman que están dispuestos a perseguir a personas inocentes por sus opiniones y posturas políticas. Sí, ya no hay duda, en Guatemala están fraguando una regresión autoritaria”.
“Se han anunciado medidas absolutamente ilegales, inclusive para amedrentar a la vicepresidenta y al presidente electos democráticamente. Medidas que además apuntan a diputados en ejercicio y que demuestran la desesperación y ambición de este pequeño grupo”, señala el comunicado.
“El grado al que han llevado su persecución política ya no puede ser tolerado, porque si ellos ganan, Guatemala es la que pierde”, añadie.
“Ya no basta con solo expresar nuestro repudio, ya que el dolor que sentimos es una señal alarmante de una peligrosa dirección a la que ellos quieren llevar nuestro hermoso país. Han decidido tomar este camino, y hoy alertamos a la comunidad internacional comprometida con la libertad a no quitar la vista de este proceso autoritario”, dice el documento.
Además, reitera que “la democracia en Guatemala está en peligro, pero no dejaremos que estas acciones impidan que el 14 de enero comience la Nueva Primavera”.
En el documento se le exige a los funcionarios del MP, a los magistrados de la CSJ y a todos los actores del Sistema de Justicia a asumir “responsablemente sus roles”, respetando la Constitución, los principios básicos de derechos humanos y el debido proceso.
“Presentaremos las acciones legales que sean necesarias para impedir que siga esta persecución política, porque ese es nuestro deber. Velaremos porque las instituciones correspondientes garanticen la integridad y bienestar de los detenidos”.
Mientras el binomio presidencial electo se pronunciaba, decenas de simpatizantes del partido Movimiento Semilla, con el que Arévalo ganó la Presidencia, gritaban consignas en contra de las acciones judiciales los funcionarios que las encaminan.
Las acciones judiciales emprendidas por el MP este jueves eleva la incertidumbre a menos de dos meses de que el binomio electo asuma el cargo.
El fiscal Saúl Sánchez dijo en conferencia de prensa que “el Ministerio Público presentará los antejuicios contra” Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos y llevarlos a juicio.
El anuncio provocó críticas de Estados Unidos, la ONU y la OEA.
Los delitos que se le imputan a ambos, además de a otros seis legisladores opositores, son “depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias”, indicó Sánchez.
La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, cuyos nuevos magistrados fueron elegidos el miércoles pasado por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019.
Antes del anuncio de Sánchez, la Fiscalía allanó varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios, incluida una aliada de Arévalo, por la ocupación de una universidad pública en 2022.
“Las redadas de hoy del Ministerio Público y otros esfuerzos en curso para socavar la democracia en Guatemala son inaceptables”, señaló el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, en la red social X (antes Twitter).
“Aquellos que intenten interferir con una transición pacífica hacia el presidente electo enfrentarán consecuencias”, advirtió.
Con el caso de la universidad, la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a su partido Semilla y de emprender varias acciones contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que validó el triunfo del opositor en los comicios.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala expresó su “preocupación por acciones que parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el Estado de derecho”.
El secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó por su parte que las nuevas acciones de la Fiscalía son de “carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo”.
“Resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”, agregó.
El Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo del organismo, había denunciado el miércoles los intentos de “impedir una transición pacífica del poder” en Guatemala.
Entre mayo y junio de 2022 la sede central de la Universidad de San Carlos estuvo ocupada por docentes y estudiantes.
Por este caso, al menos 27 personas tienen orden de captura, según fuentes oficiales, entre ellas líderes estudiantiles, académicos y activistas de otras organizaciones.
La ocupación fue llevada adelante en rechazo a lo que denunciaban como fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
En los operativos de este jueves fue detenida la estudiante y activista Marcela Blanco, excandidata a diputada por Semilla. La agrupación política fue inhabilitada por la justicia este mes, a pedido de la Fiscalía.
Con información de EFE y AFP
