Justicia
El control territorial de las pandillas en zona 7 con cámaras expone a autoridades, según analistas
La localización de cámaras clandestinas vinculadas a pandillas en la zona 7 desató fuertes críticas en Impacto Directo, donde expertos cuestionaron la capacidad del Estado para frenar el control territorial del crimen organizado.
La localización y retiro de 18 cámaras de videovigilancia presuntamente vinculadas a la Mara Salvatrucha en la colonia Sakerty, zona 7 capitalina, fue analizada en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde expertos señalaron que estos dispositivos forman parte de una dinámica de vigilancia y control territorial.
La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que las cámaras serían parte de anillos de seguridad utilizados por estructuras criminales. La institución también informó que el hallazgo evidencia un patrón similar al detectado en la zona 18, donde fueron localizadas 37 cámaras que, según investigaciones, estaban bajo el control del Barrio 18. Hasta ahora, la PNC no ha reportado capturas vinculadas a estos centros de monitoreo, pero aseguró que la investigación ha permitido identificar puntos de venta de droga al menudeo y reductos de pandilleros.
Uso de tecnología para vigilar
Durante el programa, los panelistas señalaron que las estructuras criminales mantienen coordinación para observar a quienes circulan en los sectores bajo su influencia. “Hay toda una coordinación para vigilar a sus víctimas”, se afirmó en el análisis.
Una de las participantes indicó que el hallazgo refleja el uso de tecnología por parte de estos grupos:
“Son bastante inteligentes porque lo que están haciendo es utilizar la tecnología a su favor”, y añadió que el equipo retirado “se mira que es un buen equipo”.
En ese mismo punto, sostuvo que, aunque el retiro representa un avance, se debe profundizar la investigación: “Qué bueno que ya se las quitaron… pero sí deberían seguirle la pista”.
Señalan “control territorial”
Una de las expertas describió el propósito de estos sistemas de vigilancia: “Aquí estás viendo justamente lo que se llama control territorial”. En su explicación, señaló que el uso de cámaras responde a intereses del comercio ilícito: “El crimen organizado quiere ejercer control territorial en donde ellos tienen su comercio ilícito”.
Agregó que el monitoreo no es para proteger a la población:
“Este control no es para seguridad, es para vigilar sus puntos de venta y para intimidar, para dar voz de alarma”. También indicó que, con ese mecanismo, “mantienen controlada la población, la pueden llegar a extorsionar”.
Debate por legalidad y señalamientos a autoridades
Durante la conversación se planteó la duda sobre si existe un vacío legal que permita colocar cámaras en espacios públicos. En el programa se respondió: “No hay vacío legal, es prohibido”. Uno de los analistas dirigió críticas a instituciones estatales: “Debería darle vergüenza al Ministerio de Gobernación y a la Municipalidad de Guatemala”, al referirse a que las cámaras oficiales para investigación y prevención deberían prevalecer en zonas con alta incidencia delictiva.
El experto también señaló que el retiro de estos dispositivos requiere un despliegue específico: “Va un grupo selectivo de policías a desarmarlas, no va solo un elemento”, y explicó el riesgo operativo: “Si llega un solo elemento, lo matan”.
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