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Iniciativa busca endurecer requisitos y evaluación de aspirantes en comisiones de postulación
Concluidas las elecciones de segundo grado, diputados oficialistas buscan abrir la discusión sobre el funcionamiento de las comisiones de postulación mediante nuevos requisitos para sus integrantes, cambios en la calificación de candidatos y medidas contra los conflictos de interés.
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En este año 2026 se conformaron tres comisiones de postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para elegir al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) y para elegir al Contralor General de Cuentas. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
Después de concluir los procesos de elección de segundo grado del 2026, que comenzaron con la designación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público, y finalizaron la semana anterior con la elección del contralor general de Cuentas, diputados del bloque oficial presentaron una iniciativa para reformar el decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación.
La diputada Victoria Godoy Palala, ponente de la propuesta, explicó que buscan fortalecer la transparencia, objetividad y participación ciudadana en la evaluación de aspirantes a cargos públicos, así como garantizar que las calificaciones tengan incidencia en la conformación de las nóminas.
La iniciativa plantea reformar el artículo 2 para establecer principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad, publicidad, participación ciudadana, motivación y razonabilidad.
Entre las medidas propuestas figuran la publicación de agendas, actas, expedientes, matrices de evaluación y criterios de selección. También se establece la transmisión en tiempo real de sesiones, entrevistas, deliberaciones y votaciones, con registros audiovisuales disponibles para consulta posterior.
Además, la ciudadanía podrá presentar objeciones y denuncias contra aspirantes y comisionados, que deberán resolverse antes de integrar las nóminas finales.
Nuevos requisitos
La propuesta establece que los representantes de colegios profesionales deberán acreditar al menos diez años de ejercicio profesional y presentar una declaración jurada sobre vínculos familiares, laborales, contractuales y afiliación política. Su elección se efectuará mediante representación proporcional de minorías, con cifra repartidora.
Para integrar las comisiones, las universidades deberán acreditar diez años de funcionamiento continuo, mientras que los decanos necesitarán al menos dos años en el cargo y sus facultades deberán contar con 300 estudiantes activos.
“Hoy es muy fácil crear una universidad exclusivamente para participar en estos procesos y necesitamos que, en estos procesos, estén universidades serias. Por eso ponemos estos requisitos”, indicó la congresista.
La iniciativa mantiene el voto favorable de las dos terceras partes para las decisiones de las comisiones, pero exige registrar las votaciones y la justificación individual de cada comisionado.
Evaluación y sanciones
Otro cambio es la reforma al artículo 12, que establece una tabla de evaluación de 1 a 100 puntos, distribuida entre méritos académicos (30%), profesionales (30%), éticos (20%), formación continua y aportes a la sociedad (10%), y proyección humana (10%).
Las calificaciones deberán ser individuales, escritas y justificadas con elementos verificables. Los resultados serán públicos y la tabla tendrá carácter vinculante para integrar las nóminas. Los interesados podrán presentar objeciones dentro de los cinco días hábiles posteriores a su publicación.
El nuevo artículo 12 Bis impedirá integrar las nóminas finales a quienes sean comisionados activos durante el mismo año calendario de su postulación o hayan incurrido en conflictos de interés con algún integrante.
La reforma al artículo 12 Ter contempla responsabilidades penales, civiles y administrativas para comisionados que oculten información, favorezcan aspirantes sin méritos, actúen con conflictos de interés o manipulen calificaciones. Sin embargo, no especifica penas ni sanciones concretas.
Los procesos convocados antes de la entrada en vigor de las reformas continuarán bajo la legislación anterior.
Presentación de la propuesta
Sobre los motivos para presentar la iniciativa después de las elecciones de segundo grado, Godoy explicó que pretendían evitar cualquier interferencia en los procedimientos.
“La presentamos ahora porque no buscamos intervenir para nada en los procesos que ya estaban establecidos o generar cualquier incertidumbre en torno a la legalidad de los procesos iba a ser contraproducente. No buscábamos que esa mirada de lo que estábamos próximos a elegir fuera intervenir en la objetividad que se necesita tener en una iniciativa y en una discusión sería de esta índole”, aseguró.
La diputada agregó que la bancada recopiló sugerencias de distintos sectores, aunque la propuesta fue elaborada directamente por asesores y diputados del bloque oficial.
Otras propuestas de ley y sus diferencias
Otras iniciativas también han buscado reformar la Ley de Comisiones de Postulación pero con distintos aspectos dentro de su contenido. Una de ellas es la 5413, presentada en el 2018 por los exdiputados Nineth Montenegro, Dorian Taracena y Héctor Lira. Fue remitida a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de Reformas al Sector Justicia para su dictamen conjunto, que nunca fue emitido.
A diferencia de la nueva propuesta, la iniciativa 5413 se centraba en tres objetivos: ordenar los procedimientos para evitar que quedaran a discreción de cada comisión, vincular las calificaciones obtenidas en las distintas etapas con la integración de la nómina final y fortalecer la independencia de los comisionados.
Además, prohibía la propaganda electoral de los candidatos a comisionados, exigía una calificación mínima de 70 puntos para que los aspirantes pasaran a votación y limitaba a cinco puntos el valor de las entrevistas. También establecía que las pruebas de descargo ante las objeciones no podían utilizarse para completar requisitos y exigía 10 años de ejercicio profesional, respaldados por las constancias correspondientes.
La nueva iniciativa, en cambio, prohíbe incluir en las nóminas a comisionados activos durante el mismo año y a personas con conflictos de interés. También contempla responsabilidad penal por ocultar información o manipular resultados, aspectos que no aborda la 5413. Asimismo, incluye disposiciones transitorias para respetar los procesos ya convocados.
Propuesta del 2022
En el 2022, el exdiputado Aníbal Samayoa, del bloque Humanista, presentó la iniciativa 6028, que fue remitida a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, pero tampoco recibió dictamen.
La propuesta planteaba reformar el artículo 12 para establecer una tabla de gradación que evaluara méritos profesionales y académicos, años de ejercicio, conocimientos, pruebas psicométricas y ética, entre otros aspectos.
También proponía modificar el artículo 23 para que las nóminas finales estuvieran integradas únicamente por aspirantes con calificaciones superiores a 80 puntos, con el propósito de evitar la elección de personas con bajas puntuaciones.
Por último, buscaba reformar el artículo 4 para que las comisiones se integraran al menos tres meses antes de la toma de posesión del funcionario por elegir. Entre los requisitos para los comisionados figuraban ser guatemaltecos de origen, tener 10 años de ejercicio profesional, ser colegiados activos y no registrar sanciones profesionales ni inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. También regulaba la participación de decanos extranjeros conforme a la normativa migratoria.
Es necesario abrir el debate
A criterio de Christa Walters del Movimiento Civico Nacional (MCN), una vez concluidos los procesos de elección, es necesario abrir un debate sobre el modelo de las comisiones de postulación y las mejoras que requiere.
“Creo que acá podemos abrir una conversación interesante respecto al modelo de comisiones de postulación y de cómo poder mejorarlo. Creo que la prioridad es mejorar los criterios de evaluación en este momento para que, en próximos eventos, pues, se pueda resolver un poquito más en si vamos a tener mejores perfiles o candidatos que van a ser evaluados de una forma rigurosa”, afirma.
Walters considera necesario reformar el modelo establecido en la ley para evitar que se repitan situaciones registradas en procesos de elección anteriores, como el incumplimiento de los plazos estipulados. Señala que esta situación no ocurrió en las elecciones de este año.
“Yo creo que es muy importante que se cumplan los plazos, es necesario y en esta ocasión en todas esas elecciones se dio, lo cual es básico que se cumpla y creo que también deja un aprendizaje bastante grande”, asegura.
Otro aspecto que destaca es la necesidad de fortalecer los criterios de evaluación y selección de los candidatos en cada proceso.
“Yo creo que es importante, pero ¿cómo robustecemos los criterios para evaluar a las personas que son candidatos? Porque no es solo llevar un expediente lleno de hojas y abultar un expediente, sino que verdaderamente se refleje que coincide con el perfil ideal que se está buscando”, concluye Walters.
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